Política
Denuncian que hijos de un intendente rionegrino cobran el IFE
También el presidente del Concejo Deliberante y las esposas de importantes funcionarios del gabinete municipal.
El diario Clarín publicó una investigación donde asegura que en Sierra Colorada, Río Negro, tres de los hijos del intendente del Frente para la Victoria Fabián Pilquinao, el presidente del Concejo Deliberante, Daniel Cheuquepal, y las esposas de dos de los principales funcionarios del gobierno municipal cobran los 10.000 pesos del IFE. Los datos fueron confirmados por el medio nacional a partir de datos del ANSES.
Los hijos del intendente son: Fabricio, Silvio y Lautaro Pilquinado. La esposa del funcionario también postuló al IFE, pero fue rechazada porque no reunía las condiciones requeridas. El grupo familiar de 5 personas posee la misma dirección en Sierra Colorada, indican los registros. Las otras receptoras del IFE son: Carina Mile, esposa del secretario de Hacienda del Municipio, Daniel Pichón, y Alejandra Baez, esposa del secretario de Obras Públicas municipal, Dante Rodríguez.
Solo Lautaro y Silvio deben acudir a la sucursal 387 de Los Menucos (Buenos Aires 615), ubicada a 45 kilómetros de Sierra Colorada, para cobrar el monto. Los demás reciben el dinero en sus cuentas del Banco Patagonia, según el sistema del ANSES.
La situación de estos beneficiados es llamativa porque no cumple con la normativa exigida por el ANSES. En el caso de los hijos del intendente, estos figuran bajo el mismo domicilio paterno en distintos registros. Por su lado, el presidente del Concejo Deliberante ya obtiene una mensualidad debido a su actividad política. Finalmente, las mujeres señaladas son pareja de funcionarios municipales a sueldo.
“El Ingreso Familiar de Emergencia está destinado para argentinos/as nativos/as o naturalizados/as, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años, que tengan entre 18 y 65 años. Que sean a su vez desempleados, trabajadores/as informales, de casas particulares, monotributistas sociales y monotributistas solo de las categorías A y B”, indican el protocolo del ANSES.
Entre los requisitos excluyentes figuran: “Que ni el titular ni su grupo familiar tengan ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado, una prestación de desempleo, planes sociales, salario social complementario, programas “Hacemos Futuro”, “Potenciar Trabajo” u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, que no perciban jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asimismo que no sean monotributistas de categoría C o superior, o del régimen de autónomos”.
El intendente Pilquinao fue reelegido en Sierra Colorada, ubicada en la Línea Sur y a unos 431 kilómetros de Viedma, por tercera vez consecutiva el 23 de junio de 2019 por el 51% de los votos. “Yo soy un simple changarín, soy plomero de profesión. Cuando se acabe la vida política volveré a lo mío. No tengo dinero y tampoco le di trabajo a ninguno de mis hijos en el Municipio. En esta ciudad hay un tremendo nivel de desocupación. Si ellos tramitaron el IFE lo hicieron por su cuenta, porque no viven conmigo”, explicó a Clarín el intendente Pilquinao. “No tengo conocimiento de que los funcionarios o sus esposas cobren. Acá los funcionarios ganan una cagada de plata, 20 mil pesos o por ahí”, agregó.
“Si la persona no tiene ingresos y reúne las condiciones, le corresponde. Este es un sistema cerrado, nosotros no designamos a dedo quien lo tiene que recibir. La persona anota su DNI, coloca un mail y listo. Luego el sistema confirma si está ok o no”, le dice a Clarín una alta fuente del ANSES en Río Negro.
Gremios
Mientras UnTER asegura un 70% de adhesión al paro, el Gobierno informa un 65% de presentismo en las escuelas
En el primer día de protesta, los docentes se movilizaron en los puentes Cipolletti-Neuquén y fueron reprimidos por efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura.
La primera jornada del paro docente de 48 horas en Río Negro estuvo marcada por cifras contrapuestas entre el gremio UnTER y el Gobierno provincial, y por momentos de tensión en los puentes carreteros que conectan Cipolletti con Neuquén.
Desde el sindicato aseguraron que la medida de fuerza alcanzó una adhesión cercana al 70% en toda la provincia. En contraposición, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos informó que el presentismo docente superó el 65%, lo que, según indicaron, «permitió sostener el dictado de clases en gran parte de las escuelas».
En paralelo, la protesta tuvo su punto más crítico en la zona de los puentes interprovinciales sobre la Ruta Nacional N° 22, donde docentes se manifestaban en el marco del paro de 48 horas. Durante la mañana, la actividad se había desarrollado con entrega de folletería y tránsito lento, sin mayores inconvenientes.
Sin embargo, la situación escaló cuando un grupo de manifestantes intentó avanzar sobre la calzada. En ese momento, intervinieron efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura, quienes utilizaron gas pimienta para dispersar a los docentes.
El accionar generó corridas, momentos de tensión y desconcierto entre los presentes. Algunos manifestantes resultaron afectados por los gases, aunque fueron asistidos en el lugar y continuaron con la movilización.
Desde UnTER señalaron que la intención era movilizarse hacia la rotonda sin cortar totalmente el tránsito, dejando al menos un carril habilitado para la circulación.
Por su parte, el Gobierno provincial cuestionó la medida de fuerza al considerarla injustificada y remarcó que, «en los últimos años, los salarios docentes se ubicaron por encima de la inflación».
Gremios
Paro docente: Sin llamado del Gobierno, UnTER confirmó medidas de fuerza para este martes y miércoles
El sindicato docente reclama una nueva oferta salarial y denuncian incumplimientos del Ejecutivo provincial.
El gremio docente UnTER ratificó el paro de 48 horas previsto para esta próxima semana, luego de que el Gobierno de Río Negro no realizara una nueva convocatoria a paritaria antes del 30 de abril, tal como había sido exigido por el sindicato en el último Congreso. La medida de fuerza se llevará adelante a partir del primer minuto de este martes (05/05) y se extenderá hasta las 23.59 horas del miércoles (06/05).
El paro había sido definido en el CCCXCIII Congreso General Extraordinario realizado el pasado 22 de abril en Fernández Oro, que estableció un plazo para retomar la discusión salarial. Al no concretarse ese llamado antes del comienzo del mes de mayo, el gremio confirmó la continuidad del plan de lucha, que incluye un paro de 48 horas con acciones provinciales y locales para mañana y pasado.
Desde UnTER reclaman una nueva propuesta salarial que contemple una recomposición real de los haberes, con actualización por inflación y un salario mínimo de $2.000.000. Además, exigen la incorporación de sumas no remunerativas al básico y cuestionan la utilización del índice de inflación de Viedma, en lugar del de la región patagónica.
En paralelo, el gremio reiteró críticas a distintas políticas del Gobierno provincial, como la aplicación del presentismo, las auditorías médicas y reformas educativas que consideran inconsultas.
Asimismo, se ratificaron medidas de visibilización del conflicto, entre ellas movilizaciones, clases públicas y una marcha de antorchas en cada localidad, además de la posibilidad de profundizar las acciones en caso de no haber respuestas oficiales.
Política
Cesantearon a 6 agentes y sancionaron a otros 36 por incumplimientos
Se registraron casos de abandono de servicio y conductas indebidas.
El Gobierno de Río Negro dispuso 6 cesantías, 33 suspensiones sin goce de haberes y 3 apercibimientos tras las últimas reuniones de la Junta de Disciplina, en el marco de sumarios por incumplimientos graves dentro de la administración pública.
Según se informó oficialmente, «las sanciones son firmes y buscan garantizar el correcto funcionamiento del Estado, así como el uso adecuado de los recursos públicos».
Entre los principales motivos se encuentran casos de abandono de servicio, con agentes que se ausentaron de sus puestos durante períodos prolongados sin justificación, incluso tras ser intimados a retomar sus tareas.
También se detectaron situaciones que afectaron directamente la atención a la comunidad, como la ausencia de un trabajador encargado de otorgar turnos para tomografías en un hospital público, lo que impedía el acceso a estudios médicos de alta complejidad.
En la misma línea, se dictó la cesantía de un agente de salud por maltrato reiterado a compañeros y pacientes, quien además abandonó su puesto dejando a personas internadas sin el cuidado correspondiente. También se aplicaron suspensiones sin goce de haberes por conductas inaceptables, como el uso de una ambulancia oficial para participar de una manifestación o presentarse a trabajar en estado de ebriedad y acosar a una compañera.
Cabe destacar que el sistema es progresivo: si un agente acumula sanciones que superan los 30 días de suspensión, el estatuto prevé la aplicación de la cesantía.
Desde el inicio de la gestión en enero de 2024, se procesaron más de 1.200 expedientes disciplinarios, destrabando trámites que antes sufrían grandes demoras. Este ordenamiento integral resultó en un balance de 102 cesantías, 6 exoneraciones y 492 suspensiones. También se dictaron 91 sobreseimientos y el archivo de 245 expedientes donde no se comprobaron faltas.
El control que realiza el Gobierno es transversal, más allá de que la mayor cantidad de sanciones se concentra en el Ministerio de Salud, debido a su gran densidad de empleados y a la sensibilidad crítica de servicios como guardias hospitalarias. Durante este año se aplicaron sanciones también en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), IPROSS, IPPV, Desarrollo Humano, Deporte, Cultura y Educación, entre otros.
«Este proceso es riguroso y transparente: las sanciones no son arbitrarias, sino el resultado de sumarios donde instructores especializados reúnen pruebas y garantizan el derecho a defensa. La decisión final recae en la Junta de Disciplina, integrada por representantes del Ejecutivo y los gremios ATE y UPCN», sostuvo la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra..
«Río Negro está en marcha y eso nos exige un Estado eficiente. Tenemos la responsabilidad de usar las herramientas legales para poner orden. No hacerlo sería fallarle a la gran mayoría de los empleados que cumplen con orgullo y a los rionegrinos que sostienen el sistema con sus impuestos», afirmó Lastra.
