Gremios
Organizaciones sociales se expresaron frente a AFIP a favor del impuesto a las grandes fortunas
Realizaron una conferencia de prensa desde las afueras de la oficina del organismo nacional en Roca y a su vez se sumaron otros dirigentes por Zoom.
Con la presencia de referentes de organizaciones sociales y sindicales provinciales y locales de Roca, Allen, Cipolletti y Cinco Saltos, esta mañana (08/09) se desarrolló la jornada nacional en apoyo al impuesto a las grandes fortunas que pretende establecer el gobierno nacional en el actual contexto de emergencia sanitaria por la pandemia Covid-19.
La actividad inició de manera presencial frente a las oficinas de la AFIP, y posteriormente se realizó una conferencia de prensa virtual, que acompañaron la diputada nacional del Frente de Todos Ayelén Spósito, la directora nacional de Políticas contra la Discriminación del INADI Ornella Infante y la directora de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores Silvia Horne.
En parte de su alocución, el secretario adjunto de la CTA Autonóma Manuel Hermida, planteó que «frente a un contexto social y económico quebrado por los cuatro años de neoliberalismo y agravado por la pandemia, reivindicamos el proyecto de Ley para el impuesto a las grandes fortunas, como una herramienta fundamental para la redistribución equitativa de la riqueza, que permitiría sostener programas orientados al acceso a la salud, la educación, el trabajo y la vivienda digna».
Aclaró que, si bien, es un aporte único, «puede transformarse en el primer paso hacia una política tributaria que permitiría diseñar políticas públicas urgentes y necesarias para el pueblo, en particular para la protección de las infancias y los colectivos sociales excluidos desde siempre, marcados por una historia de discriminación y abandono, al servicio de quienes hoy son los dueños de todo. Situación que en Río Negro se refleja claramente, por la cantidad de territorio a manos de extranjeros o sus testaferros nacionales, destinado a la explotación extractivista y el turismo, mientras las comunidades son nuevamente perseguidas y estigmatizadas por la oligarquía local, con el apoyo de los medios hegemónicos», agregó.
Manuel Hermida secretario adjunto de la CTA Autónoma señaló que «se trata de 12 mil personas a nivel nacional. Significa un monto muy importante de divisas para paliar la pandemia. En Río Negro, Mendoza, Jujuy, Neuquén y otras provincias están atravesando una situación muy compleja en sus sistemas de salud».
El referente dijo que «en Río Negro planteamos que las exportadoras de fruta, las dos más grandes que han ganado mucho dinero paguen este impuesto por única vez. También los terratenientes de la zona como Lewis y Benetton que aportan migajas por las grandes extensiones de tierra», expresó.
De la conferencia participaron Somos Barrios de Pie, Movimiento Evita, Corriente Clasista y Combativa, CTA A Río Negro, ATE Río Negro, UnTER Río Negro, ADUNC (Asociación de Docentes de la Univ. Nacional del Comahue), Observatorio de Derechos Humanos Río Negro, UATRE Roca, UTEP Evita, CTA A Fiske, ADIUPA (Asociación de Docentes del IUPA), ATE Alto Valle Este, SEPURN (Sind. Emp. Pub. RN), SIDURN (Sindicato Docentes Univ. de Río Negro), UOLRA (Unión Obrera Ladrillera RA), Multisectorial de Mujeres de Fiske, FUC (Federación Universitaria del Comahue), Centro de Estudiantes del IUPA, Centro de Estudiantes de Agronomía, CTA A Viedma, Agrupación Universitaria Auge (Ciencias de la Salud Univ. del Comahue), Frente Barrial Pocho Lepratti, Dignidad Rebelde UTEP RN, Frente Popular Darío Santillan UTEP, CEPA Comahue, ATE Bariloche, CTA A Bariloche, PTP-PCR Río Negro, Juventud Comunista Revolucionaria RN, Mov. 23 de Julio, Mov. Popular La Resistencia, MTE (Movimiento de Trabajadorxs Excluidxs) Río Negro, FeNaT CTA A, y la Pastoral Carcelaria.
Gremios
El Gobierno respondió a ATE por su pedido de un examen médico a Milei
«Valoramos la respuesta oficial, pero la misma es incompleta y evasiva. La salud del Presidente no es un asunto privado, es un asunto de Estado», señaló Aguiar tras la respuesta de la Secretaría General de la Presidencia que conduce Karina Milei.
Luego de que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimara al Gobierno nacional para que brinde precisiones sobre el estado de salud mental y psicofísico de Javier Milei, la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei, respondió al pedido señalando que «ostenta un cargo de elección popular, conforme los términos y requisitos previstos en la Constitución Nacional» y «se encuentra competente» en relación a la Ley de Empleo Público. Ante esto, el sindicato insiste y exige que se den a conocer los documentos que acrediten su aptitud para el cargo.
«Valoramos la respuesta oficial, pero la misma es incompleta y evasiva. Desde el sindicato creemos que no cumple con los requisitos legales mínimos. Debieran adjuntarse estudios complementarios o certificados firmados por los profesionales intervinientes. La salud del presidente no es un asunto privado, es un asunto de Estado», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, Aguiar evaluó que «nosotros no alentamos especulaciones, pero una respuesta incompleta genera más rumores que certezas. Nuestro pedido es básico y razonable. Si la salud del Presidente está bien, que lo demuestren».
«Además de la demanda de información inicial, durante las últimas horas lo hemos visto inestable y con un aspecto preocupante en más de un acto oficial como los han sido el de Neuquén o los desarrollados en Madrid», apuntó el dirigente en referencia a las últimas apariciones públicas de Milei.
En este sentido, el referente sindical completó que «es preocupante la ausencia de frenos inhibitorios en sus discursos públicos. Las amenazas de quemar en la hoguera a periodistas muestra una notoria ausencia de capacidad para actuar racionalmente, requisito fundamental de quien ostenta la investidura presidencial».
«Cuando Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner o Mauricio Macri tuvieron afecciones, existieron partes médicos oficiales firmados por los equipos del Hospital Otamendi, del Austral o de la Fundación Favaloro con diagnóstico, tratamiento y pronóstico. No nos pueden responder con un papelito», agregó el secretario general de ATE Nacional.
Y concluyó que «si el Presidente está bien, que empiece a ir a la Casa Rosada a cumplir con su función».
Cabe destacar que la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 en su artículo 4, inciso c), detalla que «el ingreso a la Administración Pública Nacional estará sujeto a la previa acreditación de (…) aptitud psicofísica para el cargo». Sin embargo, dicha documentación no fue enviada como parte de la respuesta de la oficina que conduce Karina Milei bajo el número de expediente IF-2026-97081415-APN-SSL#SGP, ni en su informe adjunto NO-2026-96003891-APN-DGRRHH#SGP.
Ante esta situación, el sindicato enviará en las próximas horas un pedido adicional para que publiquen la documentación probatoria firmada por un profesional con matrícula y título habilitante que certifique la aptitud psicofísica de Javier Milei.
El pedido inicial de ATE se ampara en el artículo 88 de la Constitución Nacional, haciendo saber que conocer el estado de salud del presidente no responde a una mera curiosidad particular, sino a una cuestión de notorio interés público e institucional que hace a la transparencia y a la confianza ciudadana en el ejercicio regular de la primera magistratura.
El mismo fue remitido inicialmente a la Jefatura de Gabinete de Ministros con copia a Presidencia de la Nación. La misma, siguiendo los cursos legales y administrativos del pedido, fue derivada a la Secretaría General de Presidencia.
Además de insistir en el acceso a la información de importancia para el común de la ciudadanía, ATE impulsará una iniciativa para que a partir del 2027 quienes se postulen a cargos electivos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un apto psicofísico para ejercer sus cargos.
Gremios
Río Negro pagará el aumento del 4,18% a docentes pese al rechazo de UnTER
El sindicato exige una nueva convocatoria a paritaria y advirtió que podría realizar medidas de fuerza.
El Gobierno de Río Negro confirmó que liquidará el aumento salarial del 4,18% para el sector docente con los haberes de octubre, pese al rechazo de la propuesta por parte de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER).
Con esta actualización, los salarios docentes acumularán un incremento nominal del 25,9% durante 2026, según informó el Ejecutivo provincial. La política salarial contempla actualizaciones periódicas calculadas a partir del promedio de la inflación nacional y la registrada en Viedma.
El Ejecutivo también anticipó una nueva actualización para diciembre, calculada sobre la base del índice de inflación de octubre, y señaló que continuará con las instancias de diálogo para abordar las demandas del sector educativo. Desde el Gobierno cuestionaron el rechazo sindical y sostuvieron que «la decisión de la dirigencia de UnTER no modificará la liquidación del incremento».
Por su parte, el Congreso de UnTER, reunido en Fernández Oro, resolvió rechazar la propuesta salarial por amplia mayoría. El gremio exigió que las ofertas se calculen al valor índice y que el resultado represente un aumento del salario bruto de, como mínimo, el mismo porcentaje que el Índice de Precios al Consumidor (IPC). También reclamó que la recomposición se aplique exclusivamente sobre los haberes remunerativos.
Entre las resoluciones, el sindicato exigió una nueva convocatoria a paritaria antes del 15 de noviembre y advirtió que, si no se concreta, activará un paro de 24 horas.
Gremios
ATE se moviliza mañana a Olivos y denuncia que el Gobierno se endeudó por 300 millones de dólares para pagar los retiros voluntarios
«Los vamos a ir a buscar a Olivos porque a la Casa Rosada no van nunca a laburar. Este Gabinete está lleno de vagos. Ningún país del mundo se endeuda para achicarse, sino para tener un mejor futuro. Estos se endeudan para destruir», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Gobierno se endeudó por 300 millones de dólares para pagar los retiros voluntarios en la Administración Pública Nacional y se movilizará este miércoles (21/10) a la Quinta Presidencial de Olivos a las 17.00, bajo la consigna ‘No se aguanta más’.
El programa de retiros voluntarios en el sector fue confirmado a través del Decreto N° 1023/2026, publicado en el Boletín Oficial. A su vez, el Gobierno publicó el Decreto N° 1177/2026 que habilita la toma de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiarlo. «Se endeudan en dólares para despedir en pesos. Esto es un disparate, una maniobra completamente ilegal», señaló el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
El dirigente sindical aseguró que «ningún país del mundo se endeuda para achicarse, sino para construir rutas, escuelas, hospitales o para abrir fábricas y tener un mejor futuro. Estos se endeudan para destruir». Agregó que «desde ATE desalentamos cualquier tipo de adhesión a este régimen extorsivo. Estos retiros son una estafa».
«Esta medida es completamente ilegal. Está prohibido tomar deuda en dólares para gasto corriente. Además, vulnera la Ley de Presupuesto, ya que esta deuda no fue aprobada por el Congreso», dijo.
Aguiar subrayó que «están aumentando la deuda externa para dejar sin empleo a los estatales y sin prestaciones y derechos”. “Con esto, los únicos que ganan son los bancos extranjeros y perdemos todos los argentinos», agregó.
«Los vamos a ir a buscar a Olivos porque a la Casa Rosada no van nunca a laburar. Este Gabinete está lleno de vagos», aseguró.
El Decreto N° 1177/2026 autoriza al Gobierno a firmar un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta 300 millones de dólares, primer tramo de una línea de crédito de hasta 800 millones de dólares.
El préstamo se desembolsa en cuatro años y se devuelve en 25, con los primeros cinco años y medio sin pago de capital. La tasa de interés está atada al mercado en dólares (SOFR) más un margen del BID, por lo que es variable y el costo final del préstamo es incierto.
El programa de retiros voluntarios lanzado por el Gobierno afecta a alrededor de 21.187 trabajadores y, quien decida adherirse, no puede reingresar a la Administración pública Nacional por un plazo total de 8 años. Además, confirmaron que los cargos dados de baja no serán reemplazados y quienes tengan un cargo sindical vigente o sean candidatos a elecciones, deben renunciar para anotarse al retiro.
Además, ATE se movilizará en reclamo por la pérdida del poder adquisitivo; caída del salario real; paritarias por debajo de la inflación; deterioro de los ingresos; pluriempleo y endeudamiento; desvalorización de la carrera estatal; despidos y no renovación de contratos; incertidumbre laboral; reducción de puestos de planta; y cierre y vaciamiento de organismos públicos.
