Policiales
Trasladaron a uno de los policías que descubrió a sus compañeros cazando ilegalmente
Fue dispuesto ayer por la Jefatura de la Policía. Ahora cumplirá funciones en la Subcomisaría 56° de Allen.
El pasado domingo (13/09) a la noche, personal de la policía del Destacamento de Paso Córdoba y de Fauna secuestraron armas y un guanaco que había sido faenado por un grupo de efectivos policiales que cazaron de manera ilegal en la zona ubicada al sur de Paso Córdoba, en Roca. El procedimiento se realizó sobre la Ruta Provincial N° 6.
El hecho se produjo cuando alrededor de las 22 horas, efectivos detuvieron la marcha de dos vehículos que circulaban en dirección sur-norte; uno de ellos era conducido por una mujer de unos 48 años, retirada de la Policía de Río Negro, y una camioneta Ford Ranger en la que se trasladaban dos uniformados activos de la fuerza de seguridad provincial.
Los policías y el personal de Fauna encontraron en la parte posterior de uno de los autos dos paletas, dos cuartos, una carcasa y un corazón de guanaco. Y en el interior del rodado también hallaron dos armas largas; un calibre 308 con mira telescópica y trípode; y una carabina automática calibre 22 largo.
Las causas se tramitan en la Unidad Fiscal Temática N° 5 de Roca a cargo del fiscal Gastón Britos Rubiolo.
Sin dudas el hecho generó muchísima repercusión dentro de la misma fuerza y hasta muchos prefirieron no hablar del tema y llamarse al silencio. Pero, en las últimas horas y como arte de magia, se publicó la orden del día 171, donde el jefe de la Policía, Comisario Daniel Jara, dispuso a través de la Resolución 7388 el traslado de un sargento primero del Destacamento Especial de Seguridad Vial de Paso Córdoba a la Subcomisaría 56° de Allen. Justamente ese agente fue uno de los que llevó adelante el operativo que motivó el secuestro de armas y el animal faenado, además del inicio de causas en la Justicia para dos uniformadas y una retirada de la Policía.
Policiales
Robaron en una vivienda y fueron atrapados
Un joven de 29 años fue visto caminando con un TV y un microondas, lo que llamó la atención de los policías.
Un trabajo en conjunto entre dos unidades policiales permitió, durante la noche del martes (01/07), recuperar elementos sustraídos en un domicilio de la calle Urquiza. La colaboración entre empleados policiales permitió detener a una persona y recuperar los objetos sustraídos.
El hecho ocurrió cuando efectivos de la Comisaria 21° tomaron conocimiento que autores ignorados rompieron un portón y sustrajeron elementos de una vivienda. En ese momento, informaron desde la Subcomisaria 69° que habían detenido a un joven de 29 años que transportaba electrodomésticos sin poder acreditar propiedad.
El trabajo conjunto permitió identificar rápidamente al sospechoso y recuperar los elementos robados, un televisor Philips de 32 pulgadas y un microondas Peabody digital.
La Fiscalía de turno dispuso las medidas necesarias para que se realice un acta de reconocimiento y entrega de los elementos a la denunciante.
Policiales
Detuvieron a un hombre que tenía pedido de captura
El sujeto circulaba en un automóvil por la zona norte de la ciudad. Al ser identificado, fue detenido inmediatamente.
Un hombre fue detenido en General Roca por personal de la Comisaria 31°, mientras los efectivos realizaban tareas de prevención.
El joven de 31 años fue identificado mientras se desplazaba en un automóvil Renault 19 junto con otros dos sujetos.
Al consultar la base de datos policial, los uniformados se informaron con que el hombre tenía un pedido de captura vigente requerido por el Juzgado de Ejecución Penal Nº 10 de Roca, por lo que se procedió a su detención de manera inmediata.
La magistratura fue notificada de la detención y se realizaron las actuaciones correspondientes.
Judiciales
Cuatro policías fueron imputados por torturas cometidas contra dos adolescentes en Roca
Los hechos ocurrieron en junio del año pasado en J.J. Gómez. Los jóvenes fueron llevados a un descampado, donde fueron amenazados y golpeados.
Tras un cuarto intermedio, ayer (02/07) al mediodía se conoció la resolución del juez de Garantías interviniente y cuatro empleados policiales quedaron imputados por delitos que incluyen tortura, lesiones leves calificadas por el carácter de funcionario policial, privación ilegítima de la libertad, omisión de denunciar tortura y amenazas con armas. Además, tal lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, se establecieron medidas cautelares para preservar a 16 personas, entre ellas varios adolescentes.
Según la acusación fiscal, «el 15 de junio del año pasado, entre las 2.05 y las 4.30 de la madrugada, los imputados, que se movilizaban a bordo de un móvil policial tipo pick up prestando funciones en la Comisaría 47° de J.J. Gómez, arribaron a un playón deportivo del barrio Alta Barda y a partir de ahí habrían desplegado una serie de acciones contra dos adolescentes«.
«Uno de los policías habría efectuado disparos al aire para que los jóvenes que allí se encontraran se dispersaran. Luego de identificar a las dos víctimas de este legajo, el mismo empleado policial frente a sus tres compañeros, los hizo subir a los menores al móvil», describió el fiscal.
«Una de las empleadas manejaba, la otra estaba en la cajuela, y el otro se ubicó en el asiento trasero junto a los dos chicos», explicó el representante fiscal.
«Los llevaron a un descampado privándolos ilegítimamente de su libertad al no haberlos conducido a la unidad policial, y una vez allí -siempre el mismo empleado policial- les pegó, las dos mujeres policías les decían que frenara su accionar, mientras el otro hombre observaba callado«, mencionó el Ministerio Público Fiscal.
«Este hombre les siguió dando órdenes, esta vez les dijo que corrieran y volvió a efectuar detonaciones hacia los pies de los dos adolescentes, causándole a uno de ellos una herida en el muslo izquierdo producto del impacto de un perdigón», agregó el fiscal.
El accionar habría continuado con una frase que el mismo empleado policial les dijo a ambos menores: «qué pasa si yo te mato y te desaparezco?», mientras habría tenido el arma cargada.
«Todo culminó cuando los chicos pudieron escapar hacia la zona de las sierras, donde permanecieron ocultos», concluyó la acusación fiscal.
Entre la evidencia con la que se cuenta para esta instancia, el representante fiscal mencionó: las denuncias penales de las familias de ambos adolescentes, las múltiples entrevistas realizadas en sede fiscal, los certificados médicos de las víctimas. Así mismo se encuentra el parte diario de la guardia de la Unidad 47°, el informe solicitado a la Regional IIda., la identificación del vehículo involucrado, las Cámaras Gesell y los informes concretados por las profesionales del Cuerpo de Investigación Forense (CIF). La pericia del médico forense CIF respecto de las lesiones, entre otra prueba.
La defensa penal pública que asiste a dos de los imputados se opuso a la calificación legal como a las medidas cautelares, proponiendo que el hecho se enmarcara en vejaciones. Lo mismo hicieron los otros dos defensores privados de los otros empleados policiales.
Finalmente, tras la resolución del juez de Garantías interviniente hoy uno de ellos quedó imputado por ser el autor de los delitos de: «torturas en concurso ideal con lesiones leves calificadas por el carácter de funcionario policial, privación ilegal de la libertad con abuso de función y amenazas con arma».
Las dos mujeres por ser partícipes necesarias del delito de «privación ilegal de la libertad con abuso de función» y ser autoras del delito de «omisión de denunciar tortura».
El otro empleado quedó imputado como partícipe necesario de «torturas en concurso ideal con lesiones leves calificadas por el carácter de funcionario policial, privación ilegal de la libertad con abuso de función y amenazas con arma».
El plazo de investigación preliminar preparatoria y la medida cautelar de prohibición de acercamiento, de contacto a 100 metros y de hostigamiento tanto a las víctimas como a las demás personas mencionadas por la Fiscalía tiene el mismo plazo, hasta el 2 de noviembre de este año.
