Judiciales
Se escapó del Hospital cuando tenía Covid-19 y ahora podría ir preso
En menos de 24 horas huyó en dos ocasiones del Hospital de Cipolletti. Ahora enfrenta un juicio.
En una audiencia celebrada esta semana, un hombre que estuvo infectado de Covid-19 fue acusado de violar en dos oportunidades las medidas preventivas dispuestas por el Gobierno Nacional mediante el decreto de necesidad y urgencia 260/2020.
El primer delito que se le imputa ocurrió el 11 de julio pasado, alrededor de las 21.20 horas cuando el acusado se dio a la fuga del Hospital de Cipolletti donde se encontraba internado por haber sido diagnosticado como caso positivo de coronavirus, dirigiéndose a un domicilio ubicado en un barrio de emergencia de esta ciudad. Tras la intervención de personal sanitario, el hombre aceptó ser trasladado nuevamente al nosocomio cerca de la medianoche.
El día siguiente, el 12 de julio alrededor de las 8 de la mañana, el imputado volvió a darse a la fuga del centro de salud donde permanecía internado, retirándose del sector de internación destinado a los pacientes que se encuentran infectados con la mencionada enfermedad. Su paradero fue desconocido hasta las 14.45 cuando regresó a su domicilio y fue ubicado por personal policial, que en conjunto con personal de salud público volvió a organizar su traslado al nosocomio.
Según indicó el representante del Ministerio Público Fiscal, con su accionar el hombre violó las medidas dispuestas por las autoridades competentes del Poder Ejecutivo Nacional para impedir la propagación de la epidemia del Covid 19, ordenadas mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 260/2020 y sus prórrogas.
Cabe señalar que la respectiva de formulación de cargos no fue solicitada anteriormente puesto que el hombre debía afrontar el correspondiente tratamiento médico y que misma fue requerida una vez superado lo anterior y ya restituidos los plazos procesales.
La calificación legal en el cual la Fiscalía encuadró el caso como propagación de una enfermedad
contagiosa y peligrosa y violación de medidas para contener la propagación de una epidemias en dos hechos, figuras previstas en los artículos 202 y 205 del Código Penal. La calificación legal es provisoria puesto que resta confirmar si alguna persona sufrió algún contagio por el accionar del acusado y si esta situación es requisito indispensable para la configuración del delito de propagación de epidemias.
Siguiendo lo previsto por el Código Penal, las penas previstas según la calificación legal la pena mínima para el caso es de tres años de prisión, pero que como el imputado cuenta con antecedentes penales computables la pena a imponer en caso de ser hallado culpable sería de cumplimiento efectivo.
La defensa oficial que representa al acusado si bien no formuló objeciones al hecho ni a la calificación legal, adelantó que hará los planteos correspondientes en las próximas instancias procesales.
La Jueza de Garantías que intervino en la audiencia tuvo por formulados los cargos en los términos expuestos por la fiscalía y dispuso un plazo de investigación de cuatro meses de cara a la solicitud del control de la acusación previo al juicio.
Teniendo en cuenta que existen la posibilidad de vulnerar derechos constitucionales sobre la intimidad del imputado en base a exponerse su estado de salud, desde la Justicia aclararon que no se brindarán datos que permitan la identificación del mismo.
Judiciales
IPROSS denunció por estafas a un prestador y dos afiliados
Uno de los implicados es un establecimiento de salud mental de Roca, que informaba a la obra social que atendían a 43 afiliados cuando solo eran 5.
La titular del IPROSS, Marcela Ávila, presentó ante la justicia tres denuncias penales por defraudaciones realizadas contra la obra social de los rionegrinos. Las denuncias fueron radicadas personalmente al Fiscal General de la provincia, Fabricio Brogna, en la sede del Ministerio Público Fiscal de Viedma.
En los tres casos, las maniobras fraudulentas fueron detectadas luego de rigurosas auditorías llevadas adelante desde el inicio de la gestión. En dos de ellos, los pagos por parte de la obra social se concretaron hasta el mes de febrero pasado, por supuestos servicios facturados.
En uno de los casos un establecimiento de salud mental de General Roca, informaba al IPROSS que 43 personas afiliadas a la obra social estaban recibiendo prestaciones, como pacientes psiquiátricos, en esa institución. Fruto de la investigación realizada, el IPROSS, comprobó que solamente se efectuaba el tratamiento de 5 afiliados. La mayoría de los afiliados cuya internación se facturaba nunca ingresaron al establecimiento.
En otro de los casos, una enfermera, que actualmente vive en Mendoza, facturaba al IPROSS por el cuidado de una menor, hija de una afiliada con domicilio en El Bolsón. Los hechos se habrían realizado entre octubre de 2022 y marzo del presente año.
La última denuncia, fue realizada por los hechos ocurridos presuntamente entre mayo de 2022 (primera factura) y marzo de 2024, vinculados a la presentación de facturas falsas, recibo de haberes falsos y falsificación de firmas de profesionales médicos, cometidos presumiblemente por un afiliado de Cinco Saltos.
Los hechos descritos revelan una serie de acciones fraudulentas dirigidas a obtener un beneficio indebido a expensas de la obra social provincial. Provisionalmente, podrían constituir elementos característicos del delito de fraude agravado, dado que fueron perpetrados contra la administración (artículo 174 inciso 5 del Código Penal). Además, para llevar a cabo estos actos fraudulentos, los acusados incurrieron en falsedad ideológica (artículo 293 del Código Penal) al falsificar diversos documentos, como planillas de solicitud de reintegros y de asistencia diaria de la niña, declaraciones juradas de domicilio, datos de contacto, entre otros (artículo 292 del Código Penal).
Judiciales
Declararon culpable al periodista Emiliano Gatti
El periodista podría afrontar una pena de cumplimiento efectiva de más de 4 años de prisión.
Un Tribunal de Juicio de Roca declaró hoy (04/06) la responsabilidad penal del periodista Emiliano Gatti, de 53 años, por los delitos de «tenencia y facilitación de imágenes de abuso sexual infantil». Por tratarse de 50 videos descargados en momentos distintos y puestos a disposición de otros usuarios de la plataforma E-Mule, el Tribunal definió que se trata de 50 hechos de facilitación independientes, lo que jurídicamente se conoce como concurso real de delitos. En tanto que la tenencia y la facilitación integran entre sí un concurso ideal de delitos, todos los cuales están agravados porque las víctimas que aparecen en las imágenes son menores de 13 años de edad.
La próxima instancia del juicio será la cesura, para definir el monto de la pena que se deberá imponer al conductor de televisión, poseedor de las imágenes.
El juicio se desarrolló la segunda quincena de mayo, en un total de seis audiencias. Hoy se conoció el veredicto de culpabilidad que hizo lugar a dos de los tres delitos sostenidos por las partes acusadoras. No se declaró la culpabilidad por el delito de «tenencia con fines inequívocos de distribución». El juez Luciano Garrido dio a conocer el fallo y anticipó los fundamentos. Los argumentos de la condena se desarrollarán íntegramente más adelante, con la sentencia definitiva de la cesura.
El Tribunal estuvo integrado por el juez Garrido, el juez Emilio Stadler y la jueza Verónica Rodríguez, quienes fallaron por unanimidad. La acusación estuvo a cargo de la fiscal jefa Graciela Echegaray y por la querellante Gabriela Prokopiw, por la asociación civil “Madres que rompen el silencio”. La defensa del imputado fue de los defensores particulares Marcelo Hertzriken Velasco y Joaquín Hertzriken Catena.
Fundamentos
Entre sus fundamentos el Tribunal anticipó hoy que «los hechos de la acusación se encuentran certeramente acreditados, más allá de toda duda razonable. Destacamos que en este caso resulta contundente y decisiva la prueba científica y técnica que se ha producido en el juicio», se agregó.
Los jueces señalaron la gravedad de los delitos acreditados, al afirmar que la simple tenencia de ese tipo de videos «favorece el crecimiento de este mercado, dado que la demanda de material incentiva la comisión de más abusos».
El veredicto reseñó que la investigación comenzó en el área de Cibercrimen del Departamento de Investigaciones Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en agosto de 2022. Ese equipo realizó una pesquisa en las plataformas ICACCOPS y CPS para detectar usuarios que compartieron material de abuso sexual infantil entre junio de 2021 y agosto de 2022.
De esa búsqueda se identificaron 92 usuarios en Argentina, cinco de ellos en Río Negro, a los cuales se les asignó un número de objetivo. El objetivo F66 se asignó al imputado y se determinó que el 2 de febrero de 2022 se produjo desde su computadora la primera descarga. La última fue el 12 de abril del mismo año. Esa información llegó a la provincia a través de la Red 24/7, que se dedica a la persecución de casos de distribución de material de abuso infantil, y así se activó el protocolo de investigación local, que finalizó con el allanamiento del 15 de noviembre de 2022 en la vivienda del acusado.
El Tribunal evaluó que el imputado dijo en el juicio que no tenía conocimiento de la existencia de esos videos que estaban en su computadora, en un disco rígido en desuso, en un disco externo y en un pen drive. Sobre este último, que contenía únicamente la carpeta con los 50 videos, el imputado dijo que no le pertenecía.
Las pericias demostraron que los videos fueron abiertos y visualizados en la PC desde el mes de agosto de 2022 hasta unos pocos días antes del allanamiento. En ese lapso la vivienda estuvo vigilada por los investigadores, quienes confirmaron que el imputado fue la única persona que ingresó al domicilio por esos días. «Esto da por tierra lo sostenido por el imputado y su defensa técnica en cuanto a que no conocía la existencia de los videos», concluyó el Tribunal.
Finalmente el Tribunal rechazó los planteos de inconstitucionalidad que había presentado la defensa. Esa parte sostuvo que el mecanismo de identificación de usuarios de la red viola derechos fundamentales de la Constitución Nacional, como la intimidad. También cuestionó la legalidad del allanamiento y la constitucionalidad de los delitos de facilitación y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil.
Según el veredicto, la pesquisa se realizó en cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas para la protección de la integridad de niños, niñas y adolescentes, no se violaron garantías constitucionales ni se obtuvieron datos sensibles del imputado en forma ilegal.
Judiciales
Abonan recompensa a testigo clave cuyo aporte permitió resolver dos homicidios en Roca
El aporte de esa persona fue determinante en el caso de Javier Videla y permitió, además, esclarecer el homicidio de Claudia Alejandra Casmuz.
Un Tribunal de Roca reconoció el pago de la recompensa al testigo que aportó información clave para resolver los homicidios de Javier Videla y Claudia Casmuz. Cuando el caso del trabajador judicial estaba en investigación, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia ofreció una retribución monetaria a cambio de datos certeros.
En mayo de 2022, un tribunal de juicio de Roca homologó el acuerdo parcial de juicio abreviado que presentaron la Fiscalía, la querella y la defensa en el marco de la investigación del homicidio del trabajador judicial Javier Videla. Los tres jueces declararon culpable al imputado Gregorio Antonio Colicheo por los delitos de «homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal» (víctima Javier Alejandro Videla) y «portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal, en concurso real con abuso de armas». En la audiencia de cesura, el Tribunal le aplicó 24 años de prisión por esos hechos.
En noviembre de ese mismo año, un jurado popular declaró a Gregorio Antonio Colicheo culpable de los delitos de «homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego y con alevosía, y tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal, en concurso real». La víctima fue la joven Claudia Alejandra Casmuz. A raíz de aquel veredicto, un juez técnico fijó la pena de prisión perpetua.
Este 3 de junio, los jueces Gastón Martín, Alejandro Pellizzón y Fernando Sánchez Freytes, que intervinieron en el caso de Javier Videla, resolvieron otorgar la recompensa al testigo que demostró una colaboración decisiva en la investigación. El aporte de esa persona fue determinante en el caso de Javier Videla y permitió, además, esclarecer el homicidio de Claudia Alejandra Casmuz.
El Tribunal coincidió de manera unánime en que el testigo cumplió con las condiciones establecidas para recibir la recompensa, reconociendo así su responsabilidad ciudadana y compromiso social al aportar información valiosa que ayudó a esclarecer un hecho violento que conmovió a la comunidad. Por razones de seguridad, no se consigna aquí el nombre del testigo, los detalles de su aporte ni el monto del dinero.
