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Política

Así votaron los senadores en la histórica sanción del aborto legal

Al igual que lo que pasó en Diputados, los tres representantes rionegrinos en la Cámara Alta votaron a favor del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

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Foto: Agencia Télam.

Los 38 votos afirmativos que en el Senado determinaron la histórica sanción de la legalización del aborto de la Argentina fueron aportados en su mayoría por legisladores y legisladoras del Frente de Todos, con 26 respaldos, en tanto otros 10 fueron aportados por Juntos por el Cambio y los restantes 2 por partidos provinciales.

Tras largas horas de debate, por la negativa se pronunciaron 29 senadores y senadoras, y a esos votos se sumó una abstención, lo que mostró un resultado mucho más contundente del esperado.

Semanas de negociaciones y el compromiso de modificar un aspecto de la ley cuando llegue el momento de la reglamentación permitieron construir una holgada mayoría a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Los 38 votos a favor de la interrupción legal del embarazo se conformaron con 26 senadores del Frente de Todos y del peronismo, 10 de Juntos por el Cambio y 2 de partidos provinciales.

Los senadores Jorge Taiana (Buenos Aires), Alfredo Luenzo (Chubut), Nora Giménez (Salta), Oscar Parrilli (Neuquén), Roberto Mirabella (Santa Fe), Silvia Sapag (Neuquén), Mariano Recalde (CABA), Norma Durango (La Pampa) y Matías Rodríguez (Tierra del Fuego) votaron por la aprobación del proyecto.

En la misma lista, de votos provenientes del peronismo que se volcaron por la legalización del aborto, se anotaron Nancy González (Chubut), María Pilatti (Chaco), María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), María Eugenia Catalfamo (San Luis), Eugenia Duré (Tierra del Fuego), Beatriz Mirkin (Tucumán), Ana Almirón (Corrientes), Carlos Caserio (Córdoba), Mario Pais (Chubut), Martín Doñate (Río Negro), Ana María Ianni (Santa Cruz), Daniel Lovera (La Pampa) y Silvia Larraburu (Río Negro).

Entre las filas de Juntos por el Cambio, los senadores que apoyaron la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo fueron Laura Rodríguez Machado (Córdoba), Ernesto Martínez (Córdoba), Humberto Schiavoni (Misiones), Guadalupe Tagliaferri (CABA), Luis Naidenoff (Formosa), Martín Lousteau (CABA), Eduardo Costa (Santa ruz), Pamela Verasay (Mendoza), Gladys González (Buenos Aires), Stella Olalla (Entre Ríos) y Oscar Castillo (Catamarca).

A esos 33 votos se sumaron para llegar al contundente número final de 38 el aporte de legisladores que cambiaron su voto respecto del que habían expresado en el debate de 2018, como el caso de Lucila Crexell (Neuquén), quien giró de abstención hace dos años a voto positivo.

También se sumó a la aprobación del aborto el senador Sergio Leavy (Salta), quien dos años atrás y como diputado había votado en contra.

También emitieron un voto favorable a la legalización del aborto los senadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Edgardo Kueider (Entre Ríos). Con esta sumatoria, los votos positivos para el proyecto de legalizar la IVE llegaron al número -impensado hace semanas- de 38 positivos.

Los ausentes fueron Carlos Menem (La Rioja), en grave estado de salud; Jorge Alperovich (Tucumán), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis) y Clara Vega (La Rioja).

La lista de 29 senadores que rechazó el proyecto que llegaba de Diputados incluía representantes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. Estuvo integrada , para arrancar, por Pedro Braillard (Corrientes), Juan Carlos Marino (La Pampa), Magdalena Solari (Misiones), José Mayans (Formosa), María Belén Tapia (Santa Cruz), Silvia Giacopo (Jujuy), Juan Carlos Romero (Salta) y Claudio Poggi (San Luis).

En la misma nómina se ubicaron Esteban Bullrich (Buenos Aires), José Uñac (San Juan), Silvia Elías de Pérez (Tucumán), Inés Blas (Catamarca), Jorge Blanco (Tierra del Fuego), Roberto Basualdo (San Juan), Carlos Reutemann (Santa Fe), Dalmacio Mera (Catamarca), Antonio Rodas (Chaco), Maurice Closs (Misiones) y Julio Cobos (Mendoza).

También, Alfredo De Angeli (EntreRíos), Carlos Espínola (Corrientes), Mario Fiad (Jujuy), Claudia Ledesma (Santiago del Estero), Cristina López Valverde (San Juan), Julio Martínez (La Rioja), Gerardo Montenegro (Santiago del Estero), José Neder (Santiago del Estero), Víctor Zimmerman (Chaco) y María Teresa González (Formosa).

La única abstención correspondió a Carlos Snopek (Jujuy).

Agencia Télam.

Política

Aporte adicional de $12.347 millones al año para los Municipios rionegrinos

Roca percibirá $608.587.677.

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El Gobierno de Río Negro destinará más de $12.347 millones anuales adicionales a 14 municipios a través del convenio de Compensación Financiera Transitoria. A valores iniciales, el esquema representa un aporte provincial de aproximadamente $1.029 millones por mes, financiado con recursos del Tesoro Provincial, sin reducir los fondos que reciben las demás localidades por el régimen vigente de coparticipación.

La medida busca reconocer las diferencias surgidas a partir de la actualización de los datos utilizados para la distribución, manteniendo al mismo tiempo los índices establecidos por la actual Ley de Coparticipación.

De esta manera, la Provincia cubrirá con recursos propios la diferencia correspondiente a los 14 municipios alcanzados por el esquema, mientras los otros 25 continuarán recibiendo los recursos que les corresponden actualmente.

«Tomamos esta decisión porque entendemos que el crecimiento de nuestras ciudades también exige más capacidad de respuesta. Queremos municipios fuertes, con herramientas para sostener servicios, hacer inversiones y acompañar las necesidades de cada comunidad. La Provincia va a hacer ese esfuerzo con recursos propios», señaló el gobernador Alberto Weretilneck.

Los nuevos recursos estarán orientados específicamente a sostener y mejorar servicios públicos esenciales, ejecutar infraestructura asociada a esas prestaciones y adquirir bienes de capital que fortalezcan la capacidad operativa de los municipios. El convenio establece, además, que esos fondos no podrán utilizarse para financiar gastos de personal.

«Esta compensación permite actualizar la distribución sin perjudicar a ningún municipio. Es una decisión de equilibrio y de responsabilidad: reconocer las nuevas realidades de cada localidad, fortalecer la gestión municipal y garantizar que los recursos lleguen donde hoy son necesarios», agregó Weretilneck.

El impacto será concreto en cada localidad. En términos anuales, Cipolletti incorporará $3.832.872.960; San Carlos de Bariloche, $2.350.831.387; General Fernández Oro, $1.796.179.764; El Bolsón, $1.653.996.966; Dina Huapi, $1.071.083.602; Catriel, $464.844.798; Cervantes, $260.679.049; Los Menucos, $194.190.821; General Roca, $608.587.677; Comallo, $37.907.144; Ramos Mexía, $32.121.394; Darwin, $26.851.276; Guardia Mitre, $12.316.523; e Ingeniero Huergo, $4.708.773. Todos los montos expresados corresponden a pesos argentinos.

El esquema tendrá carácter transitorio y contempla actualizaciones semestrales vinculadas a la evolución positiva del IVA y de Ingresos Brutos. Por eso, los $12.347 millones constituyen una proyección anual realizada sobre los montos iniciales: el esfuerzo efectivo del Tesoro Provincial podría incrementarse a medida que se apliquen esas actualizaciones.

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Política

Compensación financiera: Roca plantea modificar la distribución de fondos entre municipios

El Municipio propone elevar del 40% al 60% el componente poblacional y ampliar los indicadores utilizados para medir la actividad económica de cada localidad.

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El Municipio de Roca planteó dos modificaciones concretas al esquema de compensación financiera transitoria propuesto por la Provincia, con el objetivo de que la fórmula de distribución tenga mayor relación con el crecimiento poblacional y con la actividad económica de cada localidad.

Actualmente, el esquema distribuye los recursos considerando tres componentes: un 40% correspondiente a la recaudación provincial, otro 40% vinculado a la población y el 20% restante distribuido en partes iguales entre los 39 municipios.

La propuesta de Roca consiste en elevar al 60% el componente poblacional y reducir al 20% tanto el componente de recaudación como el reparto en partes iguales.

La intendenta María Emilia Soria sostuvo que, «si la compensación tiene como objetivo acompañar a las ciudades que más crecieron y que enfrentan mayores dificultades para sostener sus servicios, el factor poblacional debería tener mayor incidencia».

El segundo planteo apunta al componente de recaudación provincial, que actualmente considera Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario e Impuesto Automotor. Para el Municipio, esos indicadores no reflejan de manera suficiente la actividad económica de cada localidad.

Por ese motivo, Roca propone incorporar variables como empleo registrado, habilitaciones comerciales y superficie productiva, entre otras.

El Municipio puso como ejemplo a la fruticultura, una actividad central para la economía local que está exenta de Ingresos Brutos. Según el planteo, esa situación hace que su peso económico no quede adecuadamente reflejado dentro del componente de recaudación.

De acuerdo con los datos del Censo 2022 utilizados para elaborar el esquema, Roca registra un crecimiento poblacional del 5,93623%, Bariloche del 7,40257% y Cipolletti del 5,73437%.

El esquema provincial estima una compensación mensual cercana a los $50,7 millones para Roca y de $319,4 millones para Cipolletti. La intendenta señaló que «el dato no constituye una disputa entre ciudades, sino un ejemplo de los resultados que genera la fórmula actual».

Soria indicó además que «estos planteos ya habían sido realizados durante la instancia de consulta provincial de comienzos de año, cuando había solicitado revisar el componente de recaudación por considerar que no contemplaba adecuadamente la realidad frutícola regional».

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Política

Anuncian una inversión de $7.000 millones para iniciar obras en las Rutas 22 y 151

Los fondos provendrán del Aporte al Desarrollo Territorial que recibirá Río Negro por el Proyecto Duplicar Norte. Las primeras intervenciones comenzarían en noviembre.

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El gobernador Alberto Weretilneck anunció el envío a la Legislatura de un proyecto de ley que establece el destino de unos $7.000 millones generados por una nueva inversión energética para iniciar las obras de reparación y mantenimiento de las Rutas Nacionales N° 22 y N° 151.

La iniciativa establece que el aporte que recibirá la Provincia por el Proyecto Duplicar Norte tendrá un destino exclusivo: financiar las primeras intervenciones sobre ambos corredores fundamentales del Alto Valle. Los fondos no podrán ser utilizados para gastos corrientes.

«Decidimos que este dinero será invertido automáticamente en las primeras obras, a partir del mes de noviembre», anunció Weretilneck, quien además impulsó el acuerdo con Nación para que Río Negro asuma la gestión de las Rutas Nacionales N° 22 y N° 151.

El gobernador remarcó que la decisión forma parte del compromiso de hacerse cargo de corredores fundamentales para la provincia y transformar los nuevos recursos que genera Río Negro en infraestructura.

La nueva energía empieza a verse en obras

El acuerdo entre la Provincia y Oldelval se enmarca en el Proyecto Duplicar Norte, una nueva infraestructura petrolera que conectará Neuquén con Allen. Como contraprestación por su desarrollo en territorio provincial, Río Negro recibirá un Aporte al Desarrollo Territorial estimado en aproximadamente $7.000 millones.

El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, con Acuerdo General de Ministros, establece que la totalidad de ese aporte será destinada al financiamiento del inicio de las obras de reparación y mantenimiento de las rutas nacionales 22 y 151.

El Proyecto Duplicar Norte contempla la construcción de un nuevo oleoducto de aproximadamente 207 kilómetros, de los cuales 146 atravesarán territorio rionegrino. La obra permitirá ampliar la capacidad de transporte de petróleo de la Cuenca Neuquina y Vaca Muerta.

Además del aporte inicial, Oldelval abonará una tasa anual de U$S 200.000 destinada a las tareas provinciales de control y fiscalización. El proyecto también declara la obra de interés público e incorpora su ejecución al régimen provincial que prioriza la contratación de mano de obra local.

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