A través de un comunicado de prensa, el Gobierno de Río Negro denunció que «10 policías rionegrinos, entre ellos, una mujer, resultaron con heridas de distinta magnitud como consecuencia de las agresiones recibidas ayer (26/09) por algunos manifestantes del gremio UnTER que quisieron irrumpir por la fuerza en el edificio de la Legislatura de Río Negro mientras se desarrollaba la sesión». Los efectivos sufrieron diversas lesiones físicas y debieron recibir asistencia médica. Se encuentran en buen estado de salud.

Detallaron desde el Ejecutivo que «mientras se desarrollaba la protesta encabezada por UnTER y otros gremios adherentes, el personal policial realizaba una cobertura de seguridad en las inmediaciones del lugar, haciendo cumplir la determinación de evitar el ingreso de los manifestantes al recinto. Ante esta situación, los efectivos fueron agredidos con botellas llenas de agua, palos y trozos de madera, lesionando a varios empleados y empleadas policiales y destrozando los vidrios del frente de la Legislatura».

«En consecuencia, el Grupo COER de la Policía de Río Negro intervino con acciones de disuasión para restablecer el cordón perimetral. Al mismo tiempo se resguardó a los heridos en el interior del edificio, para recibir asistencia médica por parte del médico policial», agregaron.

La fiscal Paula Rodríguez Frandsen dispuso el inicio de actuaciones por atentado, resistencia a la autoridad, daños y lesiones. Se solicitó la revisión médica de los 10 empleados y se determinó un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona para que trabaje el Gabinete de Criminalística.

Resultaron lesionados la oficial subinspectora Y. Pérez (Comisaría de la Familia), el subcomisario principal N. Kreiber (Automotores), el sargento ayudante J.J. García (Unidad 41), el subcomisario principal J. Victorica (Unidad 34), el sargento primero G. Espinoza, el sargento ayudante C. Palopoli (Unidad 38), el oficial inspector C. Oropel (Unidad 38), el subcomisario principal D. Amaya (Unidad 38), el agente J. Lebeau y el comisario inspector G. Yanca (Jefe Regional Primera).

La Legislatura provincial aprobó hoy (26/09), en primera vuelta y por mayoría, el proyecto de ley que declara la educación obligatoria como un servicio estratégico esencial. El proyecto, que contó con 35 votos a favor y 11 en contra, recibió el respaldo de los bloques PRO Unión Republicana -sin el apoyo de la legisladora Patricia Mac Kidd que votó en contra-, JSRN, CC ARI Cambiemos Primero Río Negro y UCR. Por su parte, los bloques de Vamos con Todos y PJ-NE se opusieron a la iniciativa.

En las puertas del Parlamento provincial, un grupo de docentes agremiados en UnTER, intentó ingresar al edificio para participar de la sesión y se vivieron momentos de mucha tensión y violencia. Desde el sindicato aseguraron que fueron reprimidos por la Policía de Río Negro.

El proyecto, que deberá se tratado en un segunda vuelta, generó un fuerte y largo debate en el recinto. La iniciativa, impulsada por el legislador Juan Martin (PRO), propone asegurar el funcionamiento mínimo de las escuelas en situaciones de paro docente. El proyecto establece que, ante una medida de fuerza, cada establecimiento educativo deberá garantizar que al menos el 30% de su planta docente y no docente continúe trabajando. Este porcentaje aumentaría al 50% en caso de que el paro se extienda por más de dos días consecutivos.

En la apertura del debate el legislador del PRO señaló, que a «todas luces la educación es un servicio esencial» y que no se trata de limitar el derecho a huelga sino armonizarlo con el derecho a aprender. «La educación es un derecho pero se defiende con las escuelas abierta», señaló y agregó que «este es sólo un punto de la emergencia educativa, el financiamiento forma parte de otro debate».

Apoyo al proyecto

El proyecto fue acompañado por la totalidad de los legisladores de JSRN. La legisladora Marcela Abdala señaló que el Gobierno entiende a la educación como algo «esencialísimo» y agregó que «de ninguna manera estamos en contra del derecho a huelga. Pero no vamos a permitir que la casta sindical le quite el derecho a nuestros niños por defender sus privilegios. Nuestros docentes rionegrinos están entre los mejores pagos del país. Así y todo, no podemos garantizar que nuestros niños estén en las escuelas como mínimo sus 180 días». Y señaló que en lo que va del año ya se perdieron 15 días de clases por paro.

Al cierre del debate el presidente de la bancada oficialista, Facundo López señaló «no queremos más alumnos rehenes de una decisión sindical, que estoy seguro que no representan a todos los docente. Vamos a debatir todo lo que sea necesario, pero con los maestros dando clase. Para eso, todos los rionegrinos y rionegrinas pagan los impuestos para que ellos cobren el sueldo los primeros días hábiles de cada mes. No estamos haciendo nada más que garantizar para nosotros uno de los principales derechos que se debe garantizar el Estado, que es la educación de cada uno de los chicos que viven en Río Negro».

Bloques UCR y CC ARI- Cambiemos, apoyaron con reservas

Ambos bloques decidieron apoyar el proyecto de ley en general pero señalaron que esperan continuar debatiendo y generar modificaciones la proyecto inicial ya que tiene dudas en la posibilidad de su implementación.

Ariel Bernate (UCR) destacó que el proyecto trata «un conflicto de intereses» y señaló que actualmente no se garantiza una educación de calidad. Su compañera de bancada advirtió que, si no se realizan ajustes en la iniciativa original, su bloque no apoyará la ley en la segunda vuelta.

Por su parte, Javier (CC ARI Cambiemos) criticó los paros docentes, afirmando que «perjudican principalmente a los alumnos más vulnerables» y destacó la importancia de priorizar el derecho a aprender y enseñar, subrayando que «la educación no es una guardería, debe formar» por lo que “acompañamos en general pero votaremos en contra de algunos artículos que creemos deben ser mejorados”. El bloque también manifestó el interés de su bloque en continuar el debate antes de asegurar su acompañamiento en segunda vuelta.

La oposición al proyecto

Por su parte, la legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos) expresó su firme defensa de las escuelas públicas y de sus trabajadores. Además, calificó el proyecto de ley como «inconstitucional». La legisladora sugirió que se legisle una nueva ley pero que asegure un mayor presupuesto, no solo para salarios, sino también para infraestructura, transporte y comedores escolares. El presidente del bloque, José Luis Berros, reiteró en el cierre del debate que el proyecto es «inconstitucional» y expresó su desacuerdo con la decisión de no permitir el ingreso de los docentes al recinto para presenciar la discusión.

Por su parte, Daniel Bellos (PJ-NE) destacó el desconocimiento sobre el trabajo en las escuelas de quienes plantearon el proyecto y además «no garantiza calidad educativa». Y se contundente en que se cercena el derecho a huelga.

También votó en contra la legisladora Patricia Mc Kidd (PRO Unión Republicana), quien señaló que la «educación en Río Negro requiere reformas no más parches». Y señaló, como docente, no puede acompañar este proyecto. Yo soy enemiga del paro docente, nunca paré cuando ejercía la docencia. Pero por mas que pongamos un grupo de docentes no se garantiza que se trabaje lo que estaba planificado».

En el marco de la concentración frente a la Legislatura provincial por el tratamiento del proyecto que declara a la educación como servicio estratégico esencial, el gremio UnTER denunció que la Policía rionegrina agredió «violentamente a compañeros docentes en momentos en que solicitaban ingresar al edificio para participar de la sesión».

«Repudiamos la desmedida represión del COER que incluyó golpes indiscriminados y uso de gas lacrimógeno contra los trabajadores de la educación», indicó al respecto la secretaria general de UnTER, Silvana Inostroza.

Justamente la titular del gremio detalló que «al intentar ingresar, fui golpeada por la Policía y resulté herida en uno de mis pies». Asimismo, aseguraron que otros docentes sufrieron descompensaciones y la reacción al gas pimienta.

«Denunciamos que la escalada de violencia desatada es exclusiva responsabilidad del gobierno provincial», añadió Inostroza.

«Los docentes continuaremos manifestándonos pacíficamente frente a la Legislatura y exigimos la suspensión del proyecto porque en un Estado de derecho resulta inadmisible que se legisle de espaldas al pueblo», concluyó.