Judiciales
Seis meses de prisión preventiva para Retamal por intento de femicidio y por matar a un hombre
Se complica el estado de salud de la mujer atacada ayer en Allen. Hoy fue imputado el sujeto de 51 años.
El Ministerio Público Fiscal imputó a un sujeto de 51 años la tentativa de femicidio de quien era su pareja y el homicidio de un hombre, además solicitó la prisión preventiva por el plazo de 6 meses. El juez de Garantías resolvió asistiendo en razón al pedido fiscal en su totalidad.
La calificación legal por la cual quedó imputado es la de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer en un marco de violencia de género, en grado de tentativa, en concurso real con homicidio”, según los Artículos 80 inc 1 y 11, 42 55, 75 y 49 del Código Penal.
Según la acusación fiscal, los hechos por los cuales se le formularon cargos fueron dos.
El primero sucedió ayer, 11 de marzo, alrededor de las 5 de la tarde, en el domicilio que compartían la víctima y el agresor, cuando “éste en un marco de violencia de género, usando un arma blanca tipo cuchillo, y con intención de dar muerte, le asestó a la mujer cortes que le afectaron la yugular; para luego darle dos puñaladas más en el hombro izquierdo”.
“El hombre no logró su cometido ya que se fue del lugar con la convicción de que ella se encontraba sin vida”, explicó el fiscal del caso Luciano Garrido.
El segundo hecho fue 30 minutos después del primero, en la zona de la Isla 16 de Allen, en los predios de Farmacéuticos y Asociación Civil Aukan.
“El imputado llegó en moto, con un cuchillo, y después de discutir con José Dagoberto Ramirez Delgadillo, le dio al menos tres cortes punzo cortantes. Ramirez salió caminando al predio Aukan, y el imputado lo siguió, haciéndole recriminaciones para luego asestarle dos puñaladas más, una en la zona media del esternón y otra en el hemitorax derecho. Tras este ataque Ramirez Delgadillo falleció en el lugar”, describió Garrido.
Como sustento probatorio, el Ministerio Público Fiscal mencionó: el acta de procedimiento policial de la Unidad 33 de Allen, también cuando el imputado informa al 911 que hay una persona herida de arma blanca en su casa, que era su pareja.
“La mujer fue trasladada al hospital y como pudo, a pesar de las heridas en su cuello, indicó a su pareja como autor”, explicó Garrido.
Además se cuenta con el informe confeccionado en ambos lugares por el Gabinete de Criminalística, la intervención de personal de prevención, las entrevistas realizadas a testigos presenciales por el Área Judicial de Investigaciones de la Policía de Río Negro, entre otra prueba.
Se suma a lo anterior el informe del Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial como del médico policial, de las lesiones de ambas víctimas.
Por su parte, el Defensor Público Penal Luis Carrera, que asiste al imputado en este legajo, explicó que se oponía a los hechos y calificación legal en relación al primer hecho.
“No comparto la tentativa de homicidio agravado del hecho 1, esto no es así, mi asistido se puso en contacto con la policía para decir que su mujer estaba con heridas, y que fueron calificadas como leves por el médico policial. Se encontraba bajo los efectos de una emoción violenta y lo que pudo haber hecho en el marco de esa alteración debe ser analizado”, dijo el defensor.
En cuanto al segundo hecho, Carrera no tuvo objeciones formales y el imputado, asistido por el defensor público, no prestó declaración.
La Fiscalía solicitó el plazo de 6 meses de prisión preventiva teniendo presente la gravedad del hecho. y los delitos cometidos en el marco de violencia de género, tal como lo indica la Convención de Belem do Para.
El juez de Garantías Maximiliano Camarda tuvo por formulados los cargos tal como lo realizó la Fiscalía y estableció 6 meses de preventiva solicitada por el representante del Ministerio Público Fiscal.
Judiciales
Solicitó la baja del servicio de TV y le debitaron 14 facturas más: Condenan a la empresa de cable
La compañía reconoció que el hombre solicitó la baja, pero alegó que, a los pocos días, pidió la reactivación del servicio.
Un hombre solicitó la baja del servicio de televisión por cable. Lo hizo de manera personal en la sucursal de Roca. En esa ocasión tomó nota del número de trámite y se retiró del local. A pesar de las gestiones, la empresa siguió debitando el servicio. Desde ese momento, el hombre persiguió el reclamo por el reintegro de 14 facturas abonadas sin su consentimiento. Ante la falta de respuestas, recurrió al Poder Judicial.
El fuero Civil hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios contra Telecom Argentina S.A. El Tribunal consideró que la empresa no brindó un trato digno al cliente ni proporcionó la información necesaria. Esta situación demoró la resolución del conflicto, lo que derivó en el reclamo judicial.
La empresa reconoció que el hombre solicitó la baja, pero alegó que, a los pocos días, pidió la reactivación del servicio. Según su versión, el vínculo contractual continuó durante un año y dos meses más.
La jueza consideró que la proveedora del servicio no presentó el contrato actualizado ni documentación suficiente sobre la presunta recontratación. La empresa, finalmente, también reconoció un saldo a favor del cliente, correspondiente a ajustes por facturación indebida.
La magistrada explicó que «el incumplimiento de la carga probatoria constituye una presunción en contra de los proveedores, en tanto es la parte fuerte de la relación de consumo quien se encuentra en mejor posición para aportar una evidencia que acredite la finalización de la relación de consumo y la presunta renovación del servicio».
Un peritaje informático reveló una solicitud telefónica de anulación del servicio, lo que despejó dudas sobre la supuesta reactivación. Incluso en su sistema interno, la empresa consignó «no lo quiere», en referencia al servicio.
Judiciales
Condenaron a 10 años de prisión al cuarto acusado por el homicidio de Oscar Ripari
El brutal hecho ocurrió en diciembre del año pasado en la zona norte de Roca, en una vivienda ubicada lindante a una carnicería.
El último imputado por el homicidio de Oscar Ripari, ocurrido en diciembre del año pasado en General Roca, fue condenado a 10 años de prisión tras reconocer su participación en el hecho, al igual que los otros tres coautores ya sentenciados.
La calificación legal aceptada fue la de homicidio en ocasión de robo, según los artículos 45 y 165 del Código Penal.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía en el acuerdo abreviado se destacan los procedimientos realizados por el personal de la Comisaría 21°, múltiples allanamientos, entrevistas testimoniales, informes del Departamento de Informática Forense del Poder Judicial y de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (O.I.Tel.) de Procuración General, además del análisis de celulares secuestrados y las imágenes captadas por las cámaras del 911.
El hecho ocurrió el 10 de diciembre de 2024, minutos antes de las 4.20, en una vivienda ubicada sobre Cardenales casi San Juan, margen sur, lindante a la carnicería La Familia.
Según la investigación, el imputado -junto a los demás condenados- ingresó sin autorización al domicilio de la víctima con fines de robo, tras violentar varias puertas. Una vez dentro, golpearon a Ripari, provocándole una hemorragia interna por desgarro del bazo, lesión que le causó la muerte horas después.
Posteriormente, los agresores sustrajeron la billetera del hombre, dinero en efectivo, tarjetas, su celular y mercadería de la carnicería, entre ellas unos 10 costillares de carne y varias cajas de pollo, que fueron trasladadas a una vivienda alquilada por uno de los involucrados.
Tras un cuarto intermedio, y con el acuerdo de las partes de renunciar a los plazos procesales, el Tribunal Colegiado condenó al hombre de 32 años a 10 años de prisión, más las accesorias legales, costas y la declaración de reincidencia que ya registraba.
De esta manera, el condenado comenzó a cumplir la pena desde este viernes (17/10).
Judiciales
Imputaron a la dueña de una agencia de viajes que vendía traslados a Italia que nunca se realizaron
La mujer está bajo investigación del Ministerio Público Fiscal. Se ordenó la inhibición de bienes y la presentación diaria ante la Justicia.
Ayer (17/10) por la tarde, el Ministerio Público Fiscal de General Roca solicitó la aplicación de estrictas medidas cautelares contra una mujer investigada por presunta estafa en la venta de viajes al exterior.
Según la acusación, el hecho bajo investigación habría ocurrido entre octubre de 2024 y agosto de 2025, en un local ubicado sobre calle Mitre 930 de Roca, donde la imputada -representante de una empresa de viajes Lola Tour se habría ganado la confianza de un grupo de personas a las que ofreció paquetes turísticos a Italia.
De acuerdo con la Fiscalía, la mujer emitía comprobantes falsos y aparentaba tener la capacidad para brindar el servicio. Sin embargo, nunca gestionó los pasajes ni las reservas de alojamiento, y llegada la fecha del viaje, éste no se concretó.
Las víctimas, integrantes de un grupo de estudio, habrían abonado la totalidad del paquete, sin recibir el reintegro del dinero pese a los reclamos reiterados. «De esa manera, les ocasionó un perjuicio patrimonial significativo», explicó la representante fiscal durante la audiencia.
Entre las pruebas reunidas por el Ministerio Público se encuentran 15 denuncias formales, testimonios, el allanamiento de la vivienda de la acusada y el secuestro de documentación vinculada a las operaciones.
Tras el pedido del Ministerio Público Fiscal, la jueza interviniente ordenó la inhibición general de todos los bienes de la mujer, el bloqueo de sus cuentas bancarias y la obligación de presentarse diariamente en la Fiscalía.
En caso de incumplir las medidas impuestas, la Fiscalía podrá solicitar una nueva audiencia para evaluar sanciones más severas y garantizar el avance de la causa.
