Política
Desestimaron la imputación contra Barreno: «Se cayó la denuncia berreta de Piccinini»
El legislador y dirigente sindical había sido acusado por violar la cuarentena en una inspección al Poder Judicial.
Tras la acusación de la Fiscalía, el juez de Juicio de Viedma Guillermo Bustamante resolvió revocar la imputación contra el legislador del Frente de Todos y dirigente judicial, Pablo Barreno, quien fue denunciado por la integrante del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Picchinini, por violar la cuarentena en una inspección sindical en el Poder Judicial.
Bustamante fue contundente en su consideración al considerar que «la evidencia que trajo la Fiscalía a la formulación de cargos y de la que se valió para acusar al imputado, es una evidencia endeble», opinó sobre la teoría del caso planteada por la fiscal Maricel Viotti Zilli y la decisión del juez Juan Pedro Puntel que imputó al dirigente.
Barreno fue imputado por haber violado el decreto nacional que impuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio, por la pandemia del coronavirus, a partir de una denuncia planteada por la entonces presidenta del STJ ante el Procurador General, Jorge Crespo.
En la audiencia de ayer (22/03), el juez de Juicio argumentó que no todos los hechos pueden ser llevados a una acusación, «porque para que ese hecho tenga esa significancia que el Ministerio Público pretende, ese hecho tiene que ser jurídicamente relevante y en ese punto radica el principal problema que tiene la Fiscalía en este caso».
Los cargos se formulan cuando el tipo penal que se escoge para subsumir la conducta de la persona acusada están debidamente probados, sino no se pueden tener por formulados los cargos
«Creo que el principal déficit que tienen los cargos formulados están dados porque la Fiscalía no pudo acreditar aspectos objetivos y subjetivos de la conducta que le enrostra al señor Barreno», aseguró y para luego argumentar que «este es un delito doloso. No dudo de que Barreno conociera la medida (de aislamiento), pero no me queda claro si al momento de formular los cargos se encontraba debidamente probada la voluntad de no acatar la norma. Y esa circunstancia al eliminar el tipo subjetivo, nos deja sin dolo».
«Los cargos se formulan cuando el tipo penal que se escoge para subsumir la conducta de la persona acusada están debidamente probados, sino no se pueden tener por formulados los cargos», consideró Bustamante.
El juez manifestó, además, que «jamás un derecho constitucional internacional ejercido regularmente puede configurar un ilícito penal. Su presencia estaba vinculada con su derecho constitucional a peticionar a las autoridades y ejercer su rol gremial». En este sentido, añadió que «la situación en la que estaba Barreno en el edificio de tribunales, no es la misma situación en la que se encontraban las 4 mil personas infractoras que se mencionó desde la Fiscalía, porque el imputado no tienen la mismas condiciones, porque además de ser legislador, es dirigente gremial».
Bustamante consideró que «no podemos permitir que se elasticen los tipos penales, porque si lo hacemos corremos el peligro de criminalizar el reclamo gremial. Y en este país, nosotros como ciudadanos, no podemos permitir eso. El derecho penal tiene que tratar de evitar todas esas cosas».
Finalmente, el juez manifestó que «no puedo pensar que el dolo del señor Barreno era incumplir las normas. En todo caso el dolo del señor Barreno era controlar si las condiciones de trabajo que se ofrecían para los compañeros suyos, que representa, eran las óptimas o no. No se le permitió hacerlo y se retiró».
En diálogo con Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3), Barreno consideró que «a un día del 24 de marzo se cae esta denuncia berreta de la jueza Piccinini. Claramente una persecución hacia mi función como dirigente sindical». Agregó que «no creo que tenga un problema personal conmigo, si no con el gremio».
Política
Por faltas graves en el Estado, 4 agentes provinciales exonerados y 51 cesanteados
Además, la Junta de Disciplina ha impuesto suspensiones de entre 10 y 30 días a 160 empleados por diferentes irregularidades, incluyendo faltas injustificadas y conflictos laborales.
El Gobierno Provincial dispuso avanzar en 51 cesantías y 4 exoneraciones de agentes estatales por diversos tipos de faltas e incumplimientos de sus funciones en la Administración Pública. «Nuestro compromiso es defender a los trabajadores que cumplen con su labor. Este ordenamiento es necesario para reconocer a quienes asumen su tarea con responsabilidad», explicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
Las cesantías se aplican a trabajadores con faltas repetitivas o de indisciplina grave, mientras que las exoneraciones están relacionadas con denuncias penales, que implican la imposibilidad de reintegrarse a la Administración Pública provincial.
«Estas acciones son el resultado del trabajo de la Secretaría de la Función Pública, con las áreas de Recursos Humanos y la Junta de Disciplina, con el objetivo de garantizar un servicio eficiente en el Estado», destacó Lastra.
«Este año hemos trabajado mancomunadamente con las áreas de Recursos Humanos para asegurar que se sigan los procedimientos disciplinarios adecuados ante casos de faltas graves, como el abandono de servicio, ausencias injustificadas y denuncias penales. La Junta de Disciplina, conformada por representantes del Gobierno y los gremios estatales, ha procesado más de 130 expedientes desde marzo», añadió.
Además, la Junta de Disciplina ha impuesto suspensiones de entre 10 y 30 días a 160 empleados por diferentes irregularidades, incluyendo faltas injustificadas y conflictos laborales, con el propósito de fortalecer la responsabilidad y el compromiso laboral dentro del Estado.
«Nuestro compromiso es defender a los trabajadores que cumplen con su labor. Este ordenamiento es necesario no solo para proteger los recursos económicos del Estado, sino también para reconocer a quienes asumen su tarea con responsabilidad. La eficiencia en la administración es una prioridad que los rionegrinos merecen y por la que trabajamos día a día», agregó la funcionaria provincial.
«Esta serie de medidas responde a la demanda ciudadana de una gestión transparente y eficiente del Estado, en beneficio de toda la comunidad rionegrina» concluyó Lastra.
Política
Gatti: «Estamos terminando con los abusos en las licencias estatales»
«Era un descontrol en la cantidad de días que se otorgaba ante pedidos de licencias concretos vinculados a patologías sencillas», aseguró el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo.
Desde la puesta en marcha de controles más rigurosos, el ausentismo de los trabajadores del sector público provincial disminuyó considerablemente, marcando en septiembre y octubre una disminución del 20% del otorgamiento de licencias respecto al mes de agosto, cuando comenzó a implementarse el nuevo régimen de solicitud de las mismas.
En relación a los datos que se dieron a conocer recientemente, el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti, manifestó en Radio Noticias que «estábamos en una instancia donde había un abuso permanente de todo el sistema de licencias, un descontrol en la cantidad de días que se otorgaba ante pedidos de licencias concretos vinculados a patologías sencillas».
Por otra parte, el funcionario provincial destacó que «al analizar octubre nos encontramos con una sensible baja en la cantidad de licencias solicitadas, marcada especialmente por el sector docente que es más amplio, y pasamos del 38% alcanzado en agosto a un 18%, lo que significa un mejoramiento en los sistemas de control, lo que nos da una mayor eficiencia y una mayor concurrencia a los puestos de trabajo».
Asimismo, Gatti sostuvo que «está en evidencia que si no hay control, o no es estricto, la asistencia al trabajo se relaja. Se otorgaban muchas licencias de manera ilícita, lo cual estaba tan naturalizado que todos se creían en derecho a usarlo de forma indiscriminada, generando una estafa al contribuyente provincial, pero a partir de la puesta en marcha de un mejor sistema de control los resultados quedan a la vista».
Política
De 11 oradores en la audiencia pública, 9 eran de la Libertad Avanza
«Desenmascaramos el gasto público del kirchnerismo roquense», aseguró uno de los oradores libertarios.
Ayer (13/11) se llevó adelante la Audiencia Pública para tratar el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 2025 en el Concejo Deliberante de Roca. En total, hubo 11 oradores, de los cuales 9 eran militantes de la Libertad Avanza (LLA).
Uno de los oradores fue Julián Goinhex, ex funcionario de la gestión municipal de Carlos Soria, quien fue muy crítico de las políticas aplicadas por la intendenta María Emilia Soria. Además, también representando a LLA, participaron Mónica De Gregorio, José Núñez, Yanina Vidal, Gonzalo Barbero, Luciana Díaz, Gabriela Carmona, Mariela Vadillo y Saúl Paillafel. Además, tuvieron su palabra también Federico Vasches Vázquez, trabajador universitario, y David Morales, referente barrial de Fiske Menuco.
«Desde LLA General Roca desenmascaramos el gasto público del kirchnerismo roquense. Asimismo, exigimos el cumpliemiento de las obras comprometidas hace muchos años», destacó Barbero, finalizada la audiencia pública.
«Entre otras cosas, expusimos el gasto desmesurado del dinero de los contribuyentes, obra pública, ordenamiento del tránsito, gestión de los residuos y becas estudiantiles», sostuvo.
«Vamos a seguir trabajando en General Roca y nos enfrentaremos con todos los que se opongan a la libertad de los ciudadanos. Esperamos que se respondan nuestras demandas y se cambie el rumbo de nuestra ciudad para volver a ser la ciudad pujante que una vez fuimos», concluyó Barbero.
