Se fue de viaje a Buenos Aires. Durante la estadía, utilizó la tarjeta de crédito para comprar ropa. Al regresar a su rutina laboral, advirtió que le habían clonado el plástico y que el resumen incluía consumos millonarios.

El Juzgado Civil de Villa Regina hizo lugar a la medida cautelar presentada por la titular de la tarjeta de crédito. El fallo ordenó al banco BBVA Francés y a Mastercard que se abstuvieran de debitar las cuotas de las compras desconocidas por la usuaria. También resolvió que dichas entidades no ingresaran los datos a la base de morosos del Banco Central.

La mujer se sorprendió al encontrar consumos por 407 dólares provenientes de la plataforma de reservas de alojamiento Booking, gastos $320.000 de pasajes Unibus y $130.000 en concepto de impuestos por consumos en dólares.

Inmediatamente realizó los reclamos correspondientes en la página web del banco. La entidad dio de baja las tarjetas y envió nuevas a su domicilio. La mujer recibió un correo electrónico confirmando su reclamo, pero, de todas formas, se le debitaron los gastos desconocidos.

Días después, la situación se agravó. Ingresó al homebanking y advirtió 28 consumos totalmente desconocidos de las tarjetas ya denunciadas y dadas de baja. Esta vez, los consumos superaban los 18 millones de pesos.

Se dirigió directamente a la sucursal del banco y desconoció cada uno de los consumos. En respuesta, comenzó a recibir correos con resoluciones desfavorables y rechazos a los reclamos realizados.

El fallo entendió que, en una relación de consumo, prima el principio protectorio, en este caso a favor de la clienta del banco, quien desconoció las compras efectuadas en Buenos Aires, cuando ya no se encontraba en esa ciudad.

Respecto de la medida cautelar, quedó acreditada la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, que podría ocasionarle un perjuicio al tener que afrontar los pagos.

Este miércoles (4/06) comenzó el cronograma de pago de sueldos a trabajadoras y trabajadores de la Administración Pública. Hoy percibieron sus haberes los agentes Salud Pública, junto a las guardias y horas extras; además del personal policial y penitenciario.

Por su parte, el jueves (5/06) será el turno de las y los docentes y porteros.

El cronograma finalizará el viernes (6/06) con el pago a quienes están nucleados en la Ley 1.844, trabajadoras y trabajadores de Vialidad Rionegrina, Pensiones de Bomberos Voluntarios, Poder Legislativo, Judicial y Órganos de Control.

Cabe recordar que, el pago de salarios este mes tendrán un aumento del 1,5%, como parte del acuerdo firmado en febrero que incluyo sumas fijas según categoría y escalafón, más una serie de incrementos salariales con carácter acumulativo.

Legisladores que integran diferentes comisiones debatieron ayer martes (03/06) una iniciativa orientada a penalizar a los conductores que hayan ocasionado siniestros viales bajo los efectos del alcohol, estupefacientes o por «conductas irregulares graves», exigiéndoles reintegrar al Estado provincial los gastos incurridos en su atención médica, asistencial y en la logística de fuerzas de seguridad y bomberos.

Fernando Frugoni (ARI-Cambiemos), impulsor del proyecto, enfatizó que «lo que se propone es que esos costos que el Estado asume, es decir, toda la sociedad con sus aportes, los pague quien los provocó», y que «quien conduce un vehículo alcoholizado o drogado, o ambos, se haga cargo de los gastos que le provoca al Estado, el despliegue de de la fuerza policial y los bomberos».

El legislador propuso modificaciones a su proyecto original que incluyen la especificación de que los Ministerios de Salud y Seguridad fijarán los costos correspondientes, y la obligatoriedad de realizar capacitaciones en seguridad vial para los infractores.

Ante cuestionamientos de Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos), Frugoni refutó el argumento de que los responsables son siempre «enfermos» adictos, destacando que muchos siniestros son causados por personas que simplemente exceden el consumo ocasional de alcohol y drogas.

Delgado Sempé expresó su preocupación por la «puerta» que podría abrirse para cobrar a los ciudadanos por afecciones autoinducidas, comparando el alcoholismo con la obesidad y «la posibilidad de que se cobre a un obeso por un atracón que lo lleve al Hospital». También cuestionó hasta dónde se extendería esta lógica: «La adicción es una enfermedad, el alcoholismo, las drogas. Digo, ¿hasta dónde lo vamos a abrir?».

Aunque manifestó estar «totalmente de acuerdo» en cobrar a quienes tienen la capacidad económica, expresó su preocupación por los más vulnerables. «La persona que no tiene recursos le está dejando un problemón a la familia también», temiendo que una deuda pueda dejar a las viudas o familias en la calle.

Otros bloques también manifestaron sus reservas y la necesidad de un estudio más profundo. El legislador Ariel Bernatene (UCR) señaló dudas conceptuales, argumentando que las sociedades «generan sus propias patologías» y que las adicciones son «producto del malestar en la cultura». Cuestionó si la ley no sería un «parche» que busca cobrar «dos veces» a los ciudadanos cuando el Estado ya ha fallado en la prevención y la Justicia.

Por su parte, el legislador Pedro Dantas (PJ-Nuevo Encuentro) propuso que la responsabilidad del conductor sea establecida por la «autoridad judicial competente».

La legisladora Yolanda Mansilla Primero Río Negro), desde una perspectiva legal, sugirió que la Provincia debería tener la obligación de presentarse en cada expediente judicial para recuperar los fondos, reconociendo la dificultad de cuantificar ciertos gastos y la imposibilidad de cobrar en muchos casos.

Ante las propuestas de modificación y las diversas dudas planteadas, se resolvió dejar el proyecto en estudio de la comisión.