Judiciales
Se realizó en Roca el juicio político al juez Dalsasso
El Fiscal General del Poder Judicial solicitó al Consejo de la Magistratura que imponga al magistrado la sanción de destitución.
El Consejo de la Magistratura realizó ayer (27/04) el juicio político al juez de garantías de Villa Regina Federico Dalsasso, quien afronta un proceso por presuntos desarreglos de conducta. Tras escuchar un total de 16 testimonios en el debate, el Fiscal General del Poder Judicial, Fabricio Brogna López, solicitó al Consejo que imponga al magistrado la sanción de destitución. En tanto que el abogado defensor, Ricardo Mendaña, pidió la absolución. La sentencia del Consejo de la Magistratura se conocerá el próximo martes (04/05).
La audiencia se realizó en el Auditorio de la Ciudad Judicial de Roca, cumpliendo un estricto protocolo sanitario. Comenzó alrededor de las 9.30 con la lectura del requerimiento de juicio político del Fiscal General y continuó con planteos preliminares de la Defensa. Luego se escucharon los testimonios, las palabras finales de descargo del juez Dalsasso -quien negó las agresiones verbales que se le atribuyen- y a partir de las 19:30 las partes expusieron sus alegatos.
La acusación respecto del magistrado, quien se encuentra preventivamente suspendido de sus funciones a raíz del presente sumario, lo señala como presunto responsable de dos hechos puntuales que habrían incluido tratos inapropiados e intimidantes hacia dos niños de Villa Regina, ocurridos en 2018, fuera del ejercicio de su cargo como juez.
Para resguardar la identidad e intimidad de todos los niños mencionados durante la audiencia, las declaraciones testimoniales recibidas hoy por el Consejo fueron reservadas, al igual que las manifestaciones que realizaron la parte acusadora y la defensa luego de la lectura de la acusación formal.
La producción probatoria del debate fue la reproducción de cuatro declaraciones en Cámara Gesell de tres niños y un adolescente, más la declaración de 12 testigos.
El Consejo de la Magistratura sesionó bajo la conducción del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarián, y se integró con el juez de juicio Fernando Sánchez Freytes, los legisladores Lucas Pica, Julia Fernández y Marcelo Mango, y los consejeros por el Colegio de Abogados de la Circunscripción Santiago Hernández, Susana Uriz y Daiana Reynoso.
Los testimonios
Fueron escuchadas las Cámaras Gesell de los dos niños afectados por los hechos que se le imputaron al juez, más los relatos de otros dos menores de edad relacionados con el caso.
Luego declararon dos psicólogas del Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial que trabajaron con esos niños, los respectivos padres de los afectados, una testigo presencial de uno de los episodios, un periodista, una escribana, un entrenador deportivo, una jueza jubilada, la esposa del juez Dalsasso y dos personas de Villa Regina que declararon a través de la plataforma Zoom.
Alegatos
El Fiscal General solicitó la destitución del juez y su inhabilitación para volver a ocupar cargos en el Poder Judicial de Río Negro, considerando que “la materialidad de la acusación está acreditada más allá de toda duda razonable: los hechos existieron y su conducta resultó atentatoria a los derechos de los menores y contraria a la conducta esperada para un juez”. Sostuvo que existieron “actos de violencia” y “violación de las leyes de protección de la minoridad”, todo lo que a su criterio configuró la causal de destitución por “graves desarreglos de conducta” prevista en la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código de Bangalore sobre Conducta Judicial, entre otras normas.
El abogado Defensor, por su parte, sostuvo que no está acreditado el contenido agraviante de las manifestaciones hacia los niños que se le atribuyen al juez; se refirió a la presunta animosidad de un grupo de personas para perjudicar a Dalsasso y pidió finalmente su absolución.
Por último, el juez hizo uso del derecho a la última palabra y acusó la existencia de una “conspiración” en su contra.
Judiciales
El miércoles comienza el juicio al periodista Emiliano Gatti
El ex conductor de Canal 10 está imputado por facilitación y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil.
El periodista acusado de facilitación y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil, Emiliano Gatti, irá a juicio a partir del próximo miércoles (15/05) luego de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó un recurso de la defensa para acceder a una «probation».
Ya el Tribunal de Impugnación había confirmado la decisión de dos jueces de Roca que denegaron la opción de una «probation». De esta manera se afianzó la proyección del juicio oral y público que la Oficina Judicial de Roca fijó para este mes, aunque la defensa del imputado volvió a interponer otro recurso ante el STJ, el cual también fue rechazado.
Cabe recordar que Gatti, de 53 años, fue detenido luego de un megaoperativo policial, que tuvo alrededor de 90 allanamientos en todo el país. Agentes de la Policía ingresaron al departamento del conductor en la madrugada del martes 15 de noviembre de 2022, ubicado en Islas Malvinas y Tres Arroyos de General Roca. Los oficiales rompieron la puerta y arrestaron a Gatti. También secuestraron computadoras y aparatos que contendrían imágenes de abuso sexual infantil, las cuales fueron peritadas y serán una prueba fundamental en el juicio.
El ex conductor de Canal 10, quien fue autorizado a no residir más en General Roca y fijar domicilio en Bahía Blanca, fue imputado por «facilitación de imágenes de abuso sexual infantil, 50 hechos, agravado por la edad de las víctimas (menores de 13 años), en concurso ideal con tenencia de imágenes de abuso sexual infantil, 50 hechos, agravado por la edad de las víctimas (menor de 13 años). Ambas en concurso real con tenencia con fines inequívocos de distribución, 50 hechos, en carácter de autor», según los artículos 45, 54, 55, 128 1er, 2do., 3ro y 5to párrafo del Código Penal.
En principio, el juicio oral está fijado para los días 15,16, 17 y 21 de mayo en Roca. Será ante un Tribunal colegiado -integrado por los jueces Luciano Garrido, Verónica Rodríguez y Emilio Stadler- en función de la calificación legal y la pretensión punitiva que se admitieron en el control de acusación. La pena va desde los 4 años de prisión en adelante.
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Indicadores penales juveniles: 29 niños, niñas y adolescentes tuvieron un conflicto con la ley en 2023
Algunos de ellos estuvieron involucrados en más de un hecho.
Más de 5.000 legajos recibieron las Oficinas Judiciales penales el último año, aunque un porcentaje mínimo corresponde a causas que involucran niños, niñas y adolescentes. Hubo un total de 38 causas iniciadas con 29 personas menores de edad: algunas estuvieron involucradas en más de un hecho.
De esas 29 personas hay 27 varones y 2 mujeres; 11 tenían 16 años al momento del hecho y 18 contaban con 17 años. En cuanto a los delitos imputados, hubo 5 causas por delitos contra las personas, 34 causas por delitos contra la propiedad y 4 por delitos contra la integridad sexual.
Unos 19 niños, niñas y adolescentes participaron del delito con adultos, 11 tuvieron reiteración en la conducta delictiva y 18 habían sido objeto de una intervención por parte de otros organismos del Estado.
De las 38 causas iniciadas en 2023, 9 se registraron en la Primera Circunscripción cuya cabecera es Viedma; 4 en la Segunda Circunscripción con sede en Roca, 20 en la Tercera Circunscripción de Bariloche y 5 en la Cuarta Circunscripción de Cipolletti. Como resultados de esos procesos penales hubo una absolución y 5 sobreseimientos, 5 medidas alternativas y 39 sentencias dictadas en 2023 a personas mayores por hechos delictivos cometidos cuando tenían entre 14 y 17 años.
Los datos surgen del Informe Estadístico Anual que elabora el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
En 2020 el Poder Judicial de Río Negro por resolución Nº 631/2020 resolvió conformar un equipo de trabajo que funciona en el ámbito de la Escuela de Capacitación Judicial con la coordinación de una jueza del Tribunal de Impugnación y la participación del Centro de Planificación Estratégica y la Dirección General de Oficinas Judiciales. El objetivo es recabar información sobre el funcionamiento de la Justicia Penal Juvenil a nivel provincial.
Judiciales
Conducía un auto sin transferir y provocó un choque en cadena
El siniestro ocurrió en Ruta 22 y Mendoza. La indemnización total, calculados los intereses, superará los 3 millones de pesos.
A raíz de un choque en cadena, dos personas y una aseguradora fueron condenadas a indemnizar al conductor que quedó en medio de la colisión. La sentencia del Juzgado Civil N° 5 de Roca fue contra el dueño del auto que chocó la fila desde atrás -quien ya no tenía el coche pero nunca hizo la transferencia ni la denuncia de venta-, contra la mujer que lo conducía al momento del siniestro y contra la aseguradora contratada por la señora.
El damnificado fue un restaurador de muebles que usaba su camioneta Strada para trasladar su mercadería. El hombre circulaba por la Ruta Nacional N° 22. Ingresaba a Roca desde el este y se detuvo en el semáforo de calle Mendoza, atrás de una camioneta Amarok. Detrás de la Strada venía la demandada en una VW Surán. Como no frenó a tiempo, impactó contra el vehículo del restaurador y éste, a su vez, chocó contra la Amarok. Los daños en la parte trasera y delantera de la Strada la dejaron inutilizable por cuatro meses.
El afectado reclamó el arreglo a la aseguradora de la mujer, pero la empresa negó la cobertura. Se basó en la declaración de su clienta, quien dio una explicación totalmente distinta sobre el accidente. Dijo que el conductor de la Strada frenó de golpe, que ella logró esquivarlo porque se desvió levemente hacia la izquierda y que el restaurador, después de chocar contra la Amarok, hizo marcha atrás y le chocó la Surán con el paragolpes trasero. En el juicio civil la mujer y la aseguradora mantuvieron esa hipótesis.
En paralelo, se hicieron gestiones para dar con el titular de la Surán, quien no pudo ser ubicado ni con cédulas de notificación ni por edictos. El hombre fue defendido «en ausencia» por la Defensa Pública y fue igualmente alcanzado por la sentencia. «Debe responder en calidad de dueño del rodado, lo que surge del informe de dominio (instrumento publico) que adjunta la actora, que da cuenta de su titularidad registral a la fecha del hecho y de la ausencia de denuncia de venta», explicó el juez.
La clave para resolver el caso fue una pericia mecánica que confirmó la versión del dueño de la Strada. El juez explicó que el titular registral debe responder como «dueño» y la conductora debe responder por ser la «guardiana» del vehículo: era quien conducía al momento del hecho y quien contrató el seguro de responsabilidad civil a su nombre.
Según la «teoría del riesgo creado» que define el Código Civil y Comercial de la Nación, «el dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado» por su vehículo. Esa responsabilidad es objetiva, por lo que no importa si actuaron con culpa o negligencia al momento de producirse el daño. El único camino que tienen los dueños y guardianes para evitar su responsabilidad objetiva es demostrar que la cosa (en este caso el auto) fue usado en contra de su voluntad o que la causa del accidente fue totalmente ajena a ellos. Ninguna de esas opciones se demostró en este caso.
La indemnización total, calculados los intereses, superará los 3 millones de pesos. Según la sentencia, las dos personas y la aseguradora deberán responder por el valor de la reparación de la Strada, más el dinero que el restaurador dejó de ganar en su trabajo mientras la camioneta estuvo parada (lucro cesante), más la pérdida de valor de mercado del vehículo, más el dinero que debió destinar a transportes alternativos durante los meses que demandó el arreglo.
