Judiciales
En las próximas horas se conocerá el veredicto del primer jurado popular de Roca
La Fiscalía solicitó que la madre de la víctima y el padrastro, ambos acusados de la muerte de la niña de 3 años, sean declarados culpables.
Tras una semana de debate oral y público desarrollado ante un jurado popular, los representantes del Ministerio Público Fiscal consideraron probado que la niña fue víctima de un femicidio perpetrado por el único acusado. En tanto buscan que la madre de la nena sea declarada culpable del abandono de persona agravado por el vínculo seguido de muerte.
La querella acompañó este pedido, mientras que la defensa pública que asiste a la imputada y el defensor particular del acusado solicitaron la absolución.
Concluidos los alegatos, el jurado popular compuesto por seis hombres y seis mujeres se retiró a deliberar. Para ello tendrá un tiempo máximo de 48 horas y una vez arribado al veredicto, volverán a ingresar a la sala del Auditorio del Poder Judicial de Roca para informar si consideran al hombre y a la mujer culpables o no culpables, en el primer juicio por jurados que se desarrolla en la Segunda Circunscripción Judicial
Los alegatos de las partes
“Estamos aquí porque el 7 de abril de 2020 falleció una niña, ¿quiénes son los responsables, cómo murió y porqué murió?. Sabemos que las únicas personas que estaban presentes en ese momento eran solamente la nena y los dos imputados, ambos declararon sin contestar preguntas”, comenzó la acusación pública.
Entre las principales conclusiones del caso recordaron que la niña murió abandonada y sola, en la caja de la camioneta.
“Y para llegar a esa muerte, antes fue golpeada por el imputado con un rebenque que le generó un hematoma, le afectó la conciencia, le produjo una bronconeumonia , y sufrió una broncoaspiración”, recordó el fiscal jefe.
También señalaron que la madre de la niña no impidió que la golpeara y no la auxilió luego de que ocurriera. “Ella sabía de la violencia, no procuró ayuda, no buscó atención médica, la nena era incapaz de valerse por sí misma. Las lesiones eran visibles y muchísimas, era algo que no se podía pasar por alto”, mencionó la acusación.
“La violencia física sobre la pequeña empezó cuando el hombre empieza a convivir con ellas, mínimo a partir de diciembre, 45 días previos a la muerte”, señaló el equipo fiscal.
Luego la acusación explicó que “sabemos que este hombre es violento y que es violento contra las mujeres porque tiene antecedentes, además cuenta con una condena por haber atacado a una persona con un cuchillo. Sumamos la declaración de una ex pareja del hombre, del padre de esa joven, entre otros testimonios, que fortalecen este aspecto”.
Por todo ello solicitaron al jurado popular que declaren por unanimidad que hubo un femicidio y que la mamá no atendió a la víctima.
El representante del Ministerio Público de la Defensa que asiste a la mujer indicó que “ella estaba atravesada por la violencia de género, inmersa en una relación de violencia. Mi asistida hizo todo lo que tenía a su alcance pero el Estado la abandonó y la familia también”.
“Si hacemos el análisis de este caso con perspectiva de género tenemos que tener presente que esta joven mamá fue al Juzgado de Paz y le entregó, a través de un instrumento público, la nena a la abuela. Eso lo observamos como la necesidad que tenía mi asistida de resguardar a su hija de toda la violencia que ella venía viviendo”, argumentó el defensor público.
“Por eso afirmamos que no hubo abandono de persona e hizo todo lo posible para resguardarla. Le pedimos al jurado que absuelva a mi asistida.”, concluyó el defensor.
Del mismo modo lo esgrimió el defensor particular del imputado, que insistió en que “hubo maltrato infantil pero no se trata de un caso de violencia de género. La imputada nunca fue víctima de violencia de género por parte de mi asistido, y que él ejercía violencia sobre ella es un prejuicio”.
Judiciales
Tras más de un año de espera, el STJ ordenó asegurar insumos para una operación
El paciente del Alto Valle necesitaba material quirúrgico para una intervención en el hombro izquierdo.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ratificó la obligación de una obra social de garantizar insumos médicos para una cirugía, al considerar que la demora administrativa vulneraba el derecho a la salud del afiliado.
El caso se originó tras la presentación de un amparo por parte de un vecino del Alto Valle que necesitaba material quirúrgico específico para una intervención en su hombro izquierdo. Ante la falta de respuesta efectiva, la Justicia de primera instancia ordenó a la obra social cumplir con la provisión.
El organismo apeló argumentando que los procesos de contratación habían quedado desiertos y que no existía una situación de urgencia extrema. También sostuvo que debía ajustarse al régimen de contrataciones del Estado provincial.
No obstante, el STJ entendió que el tiempo insumido -más de un año sin resolución definitiva- resultaba irrazonable. Además, destacó que el certificado médico indicaba carácter urgente y advertía sobre la posible progresión de la lesión si no se intervenía quirúrgicamente.
La sentencia confirmada refuerza el criterio de que, frente a demoras que afectan prestaciones médicas esenciales, el amparo constituye una herramienta válida para garantizar derechos fundamentales.
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Compraron un terreno, no recibieron la escritura y la Justicia condenó a una inmobiliaria de Roca
La pareja no pudo acceder a créditos hipotecarios por falta de documentación.
Una pareja de General Roca que había adquirido un terreno con la ilusión de construir su vivienda propia obtuvo un fallo favorable en la Justicia luego de años de espera sin recibir la escritura correspondiente.
El proyecto, promocionado en redes sociales, prometía terrenos con servicios y la entrega de la escritura en un plazo de 24 meses. Los compradores firmaron el boleto de compraventa y abonaron la totalidad de las cuotas acordadas.
Sin embargo, el tiempo transcurrió y las obras no avanzaron como estaba previsto. La falta de la escritura traslativa de dominio les impidió gestionar créditos hipotecarios como el Procrear o los préstamos UVA, herramientas fundamentales para iniciar la construcción. Mientras tanto, el loteo continuaba sin contar con la totalidad de los servicios básicos y la pareja debió seguir pagando alquiler.
El fuero Civil de Roca condenó a las vendedoras y a la inmobiliaria interviniente a otorgar la escritura y a abonar una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. El monto fijado contempla los gastos de alquiler afrontados durante la demora y la pérdida de la oportunidad de acceder a financiamiento bancario.
En el análisis del caso, la jueza tuvo por acreditada la autenticidad del boleto, las comunicaciones intercambiadas y las publicaciones en redes sociales que promocionaban el loteo. Una pericia informática confirmó que el perfil comercial pertenecía a la inmobiliaria y que las ofertas seguían visibles al momento del proceso. Además, se verificó que la inscripción formal como martillera se concretó con posterioridad a la publicidad y a la firma del contrato.
El Tribunal encuadró la relación bajo la Ley de Defensa del Consumidor y rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por la firma, al considerar que intervino en la operatoria y recibió pagos sin acreditar debidamente su desvinculación. También señaló que no contaba con habilitación municipal al momento de los hechos.
Respecto del incumplimiento, la sentencia destacó que el contrato fijaba un plazo de 24 meses para ejecutar los servicios y otorgar la escritura. La prueba informativa reveló que el plano de mensura no contaba con aprobación definitiva y que no existía constancia del inicio del expediente ante Catastro. Si bien se informaron avances en redes sanitarias, el empalme no se había concretado por falta de documentación.
La jueza concluyó que el incumplimiento persistía y consideró acreditada la pérdida de chance por la imposibilidad de acceder a créditos hipotecarios, dado que la escritura era un requisito esencial. También reconoció el daño extrapatrimonial, al entender que la frustración del proyecto de vivienda propia y la vulneración del deber de información y trato digno generaron una afectación concreta en la pareja.
Finalmente, descartó que la pandemia pudiera justificar la demora, ya que el plazo contractual había vencido con anterioridad al inicio de la emergencia sanitaria.
Judiciales
Acordaron casi todo en el divorcio, pero el padre retuvo los pasaportes de sus hijos hasta que les prohibieran la salida del país
Conocé qué resolvió la Justicia.
Aunque el divorcio se presentó con un acuerdo integral sobre alimentos y cuidado compartido, la discusión se desplazó hacia un punto inesperado: la entrega de los pasaportes de los hijos. El padre condicionó la entrega de los documentos a una prohibición judicial de salida del país ante el temor de que la madre se radicara en Chile.
El matrimonio, celebrado en España y con dos hijos menores de edad que también poseen ciudadanía española, había logrado ordenar casi todos los aspectos de la separación. En el convenio regulador fijaron la cuota alimentaria, el sistema de cuidado personal compartido y el régimen de comunicación. Incluso acordaron resolver en forma privada la liquidación de bienes. Sin embargo, en una de las cláusulas que dispuso el progenitor se estableció que los pasaportes serían entregados solo si antes una jueza dictaba una medida que impidiera a los niños salir de la Argentina.
La madre objetó esa condición cuando respondió la demanda de divorcio. Sostuvo que necesitaba contar con la documentación de sus hijos y que no existía ninguna orden judicial que justificara la retención. La Defensoría de Menores también cuestionó el punto y advirtió que la cláusula afectaba el derecho de los chicos a su documentación y a su identidad.
La jueza de Familia de Bariloche que intervino en el proceso decretó el divorcio, homologó el acuerdo en lo relativo a alimentos y cuidado, pero marcó un límite: si el padre pretendía una prohibición de salida del país, debía promover el trámite correspondiente. Mientras tanto, ordenó la entrega de los pasaportes en el plazo de tres días.
El padre apeló la decisión y sostuvo que el riesgo era concreto, ya que la madre gestionaba una autorización para radicarse en Chile. Con el recurso concedido con efecto suspensivo, la entrega quedó en pausa y el conflicto se trasladó a un nuevo expediente.
La madre inició una medida cautelar autónoma y denunció que los documentos permanecían retenidos. Señaló además que el padre trabaja en Europa con estadías prolongadas fuera del país, lo que dejaba a los niños sin documentación ante cualquier urgencia.
En ese trámite, el hombre finalmente presentó los pasaportes ante el juzgado y pidió que no fueran entregados hasta que se resolviera la prohibición de salida. Los documentos quedaron bajo resguardo judicial mientras avanzaban en paralelo el recurso en la Cámara de Apelaciones y un pedido de autorización para el eventual cambio de residencia de los chicos.
La Cámara cerró el debate principal. Señaló que ninguna cláusula acordada entre las partes puede obligar a un juez a dictar una medida cautelar y que la procedencia de una prohibición de salida depende de la evaluación judicial de sus requisitos legales. También remarcó que la documentación de los niños no puede quedar supeditada a un acuerdo condicionado a una decisión futura.
Con esos fundamentos, confirmó la orden de entrega y dejó en claro que cualquier restricción para salir del país deberá tramitarse en el expediente específico. La medida de prohibición aún no cuenta con una resolución definitiva y deberá resolverse junto con el planteo sobre el eventual cambio de radicación de los niños a Chile, que continúa en trámite.
