Judiciales
Mediaciones familiares: el 86% de los acuerdos entre las partes se cumplieron
La pandemia había modificado los procesos y la virtualidad implicó hacer un mayor seguimiento de las personas que recurren a la mediación en temas del ámbito familiar.
La Dirección de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos realizó un relevamiento para conocer el resultado de las mediaciones familiares, el primer semestre de 2021. El dato central es que hay un 86% de cumplimiento de los acuerdos.
La necesidad de realizar un relevamiento para conocer los niveles de cumplimiento surgió de la Dirección de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (Dimarc). La pandemia había modificado los procesos y la virtualidad implicó hacer un mayor seguimiento de las personas que recurren a la mediación en temas del ámbito familiar.
Los equipos de los Centros Integrales de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (Cimarc) consultaron telefónicamente a partir de los datos consignados en los legajos digitales. En todos los casos quienes realizaron las llamadas fueron las directoras, subdirectora o secretarias.
“La información colectada fue muy alentadora y reconfortante, ya que en principio la gran mayoría de personas consideraron este contacto como un interés por parte del Poder Judicial respecto del cumplimiento de los acuerdos. Por ello se mostraron con predisposición a contestarles y agradecidas por ocuparse”, surge del informe que se presentó ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Respecto de los niveles de cumplimiento sobre los 599 procesos relevados, el 86% de acuerdos se concretó (514 de ellos) y el 14% (85 casos) no se cumplieron. Se midió el primer semestre de este año y las consultas fueron dirigidas a las partes que intervinieron en mediaciones de las cuatro circunscripciones judiciales.
“Como conclusión podemos decir que la apuesta a los de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos demuestra seguir siendo adecuada para aportar soluciones pacíficas y una mejora en las relaciones y vínculos, lo que posibilita una gestión de los conflictos familiares que creemos progresista. La flexibilidad que diseños como la mediación y conciliación aportan les permite adaptarse a la diversidad de contextos y realidades que acontecen, sin resentirse ante las contingencias y manteniendo la esencia que promueven”, finaliza el informe.
Los motivos
Algunas de las expresiones transmitidas en las conversaciones telefónicas fueron: “estaban muy conformes con los resultados alcanzados”; “la mediación les resultó una buena oportunidad para mejorar el vínculo con la otra parte”; “esta fue el punto de partida para una mejor comunicación, lo que permitió en algunos casos que aplicaran variantes a los acuerdos, adaptándolos a los cambios necesarios que surgieron con posterioridad al mismo”.
Algunos de los motivos que llevaron al incumplimiento de los acuerdos fueron: “se quedó sin trabajo”; “se dieron cambios familiares”; “cumplía y dejó de hacerlo”.
La mediación en Río Negro tiene un recorrido de más de 10 años y en la actualidad el servicio es gratuito y obligatorio para los temas patrimoniales y del ámbito familiar, excepto la violencia de género.
Además, la provincia fue la primera en aprobar un protocolo para continuar prestando el servicio durante la pandemia. Actualmente, el Consejo de la Magistratura se encuentra reforzando la estructura de la defensa pública que interviene en los métodos autocompositivos.
Judiciales
Solicitó la baja del servicio de TV y le debitaron 14 facturas más: Condenan a la empresa de cable
La compañía reconoció que el hombre solicitó la baja, pero alegó que, a los pocos días, pidió la reactivación del servicio.
Un hombre solicitó la baja del servicio de televisión por cable. Lo hizo de manera personal en la sucursal de Roca. En esa ocasión tomó nota del número de trámite y se retiró del local. A pesar de las gestiones, la empresa siguió debitando el servicio. Desde ese momento, el hombre persiguió el reclamo por el reintegro de 14 facturas abonadas sin su consentimiento. Ante la falta de respuestas, recurrió al Poder Judicial.
El fuero Civil hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios contra Telecom Argentina S.A. El Tribunal consideró que la empresa no brindó un trato digno al cliente ni proporcionó la información necesaria. Esta situación demoró la resolución del conflicto, lo que derivó en el reclamo judicial.
La empresa reconoció que el hombre solicitó la baja, pero alegó que, a los pocos días, pidió la reactivación del servicio. Según su versión, el vínculo contractual continuó durante un año y dos meses más.
La jueza consideró que la proveedora del servicio no presentó el contrato actualizado ni documentación suficiente sobre la presunta recontratación. La empresa, finalmente, también reconoció un saldo a favor del cliente, correspondiente a ajustes por facturación indebida.
La magistrada explicó que «el incumplimiento de la carga probatoria constituye una presunción en contra de los proveedores, en tanto es la parte fuerte de la relación de consumo quien se encuentra en mejor posición para aportar una evidencia que acredite la finalización de la relación de consumo y la presunta renovación del servicio».
Un peritaje informático reveló una solicitud telefónica de anulación del servicio, lo que despejó dudas sobre la supuesta reactivación. Incluso en su sistema interno, la empresa consignó «no lo quiere», en referencia al servicio.
Judiciales
Condenaron a 10 años de prisión al cuarto acusado por el homicidio de Oscar Ripari
El brutal hecho ocurrió en diciembre del año pasado en la zona norte de Roca, en una vivienda ubicada lindante a una carnicería.
El último imputado por el homicidio de Oscar Ripari, ocurrido en diciembre del año pasado en General Roca, fue condenado a 10 años de prisión tras reconocer su participación en el hecho, al igual que los otros tres coautores ya sentenciados.
La calificación legal aceptada fue la de homicidio en ocasión de robo, según los artículos 45 y 165 del Código Penal.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía en el acuerdo abreviado se destacan los procedimientos realizados por el personal de la Comisaría 21°, múltiples allanamientos, entrevistas testimoniales, informes del Departamento de Informática Forense del Poder Judicial y de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (O.I.Tel.) de Procuración General, además del análisis de celulares secuestrados y las imágenes captadas por las cámaras del 911.
El hecho ocurrió el 10 de diciembre de 2024, minutos antes de las 4.20, en una vivienda ubicada sobre Cardenales casi San Juan, margen sur, lindante a la carnicería La Familia.
Según la investigación, el imputado -junto a los demás condenados- ingresó sin autorización al domicilio de la víctima con fines de robo, tras violentar varias puertas. Una vez dentro, golpearon a Ripari, provocándole una hemorragia interna por desgarro del bazo, lesión que le causó la muerte horas después.
Posteriormente, los agresores sustrajeron la billetera del hombre, dinero en efectivo, tarjetas, su celular y mercadería de la carnicería, entre ellas unos 10 costillares de carne y varias cajas de pollo, que fueron trasladadas a una vivienda alquilada por uno de los involucrados.
Tras un cuarto intermedio, y con el acuerdo de las partes de renunciar a los plazos procesales, el Tribunal Colegiado condenó al hombre de 32 años a 10 años de prisión, más las accesorias legales, costas y la declaración de reincidencia que ya registraba.
De esta manera, el condenado comenzó a cumplir la pena desde este viernes (17/10).
Judiciales
Imputaron a la dueña de una agencia de viajes que vendía traslados a Italia que nunca se realizaron
La mujer está bajo investigación del Ministerio Público Fiscal. Se ordenó la inhibición de bienes y la presentación diaria ante la Justicia.
Ayer (17/10) por la tarde, el Ministerio Público Fiscal de General Roca solicitó la aplicación de estrictas medidas cautelares contra una mujer investigada por presunta estafa en la venta de viajes al exterior.
Según la acusación, el hecho bajo investigación habría ocurrido entre octubre de 2024 y agosto de 2025, en un local ubicado sobre calle Mitre 930 de Roca, donde la imputada -representante de una empresa de viajes Lola Tour se habría ganado la confianza de un grupo de personas a las que ofreció paquetes turísticos a Italia.
De acuerdo con la Fiscalía, la mujer emitía comprobantes falsos y aparentaba tener la capacidad para brindar el servicio. Sin embargo, nunca gestionó los pasajes ni las reservas de alojamiento, y llegada la fecha del viaje, éste no se concretó.
Las víctimas, integrantes de un grupo de estudio, habrían abonado la totalidad del paquete, sin recibir el reintegro del dinero pese a los reclamos reiterados. «De esa manera, les ocasionó un perjuicio patrimonial significativo», explicó la representante fiscal durante la audiencia.
Entre las pruebas reunidas por el Ministerio Público se encuentran 15 denuncias formales, testimonios, el allanamiento de la vivienda de la acusada y el secuestro de documentación vinculada a las operaciones.
Tras el pedido del Ministerio Público Fiscal, la jueza interviniente ordenó la inhibición general de todos los bienes de la mujer, el bloqueo de sus cuentas bancarias y la obligación de presentarse diariamente en la Fiscalía.
En caso de incumplir las medidas impuestas, la Fiscalía podrá solicitar una nueva audiencia para evaluar sanciones más severas y garantizar el avance de la causa.
