Judiciales
Confirmaron condenas de 12 años de prisión para los asesinos del policía retirado Navarrete
La víctima trabajaba como sereno en una obra en construcción del barrio Entre Aguas 3 de Roca cuando fue atacado por los homicidas.
El Tribunal de Impugnación confirmó la pena de 12 años de prisión contra los dos hombres condenados por el homicidio en ocasión de robo del que resultó víctima el policía retirado Sergio Navarrete, quien fue atacado mientras trabajaba como sereno en una obra en construcción en la zona oeste de Roca.
Según se acreditó, la madrugada del 4 de diciembre de 2020 los imputados Andrés Estrada y Maximiliano Espinoza arribaron a la obra ubicada en el barrio Entre Aguas 3 con el objetivo de “apoderarse de bienes ajenos, munidos de una cadena y un hacha”. Allí intentaron reducir al sereno, quien intentó defenderse con una pistola calibre 9 mm. que portaba por su condición de policía jubilado. En el forcejeo, el arma fue disparada un total de 10 veces. Navarrete sufrió al menos 19 lesiones causadas por golpes y varios disparos. Uno de ellos, en una pierna, le causó la hemorragia que desencadenó su muerte. En tanto que Estrada sufrió una lesión en la cabeza y un disparo en el muslo izquierdo. “Ambos agresores se dieron a la fuga del lugar, llevándose consigo el arma de fuego del sereno”, indica la sentencia.
La defensa particular de Espinoza cuestionó en su impugnación que el Tribunal de Juicio de Roca “aceptara como prueba de cargo la declaración de Estrada como un elemento de juicio que corrobora la participación de Espinoza”, afirmando que la declaración del coimputado “no es creíble ni se sustenta sobre prueba independiente que avale su veracidad”. También cuestionó una pericia sobre una huella de pisada en el lugar del hecho, que se atribuyó a una zapatilla secuestrada en la casa de su cliente, y el modo en que se incorporó como prueba en su contra un audio de Whatsapp extraído del teléfono de su madre. En suma, pidió la absolución de Espinoza o una drástica reducción en la calificación legal.
La defensa particular de Estrada, por su parte, cuestionó que se lo haya condenado como coautor del homicidio. Afirmó que el acusado reconoció que tenían intenciones de robar, pero que se fue del lugar tras recibir un disparo, “desconociendo lo que ocurrió después” y sin ser “consciente de que estaba dejando desangrar a Navarrete”. Solicitó inicialmente la absolución de su cliente por el beneficio de la duda y, de modo subsidiario, la aplicación de la pena mínima.
El Tribunal de Impugnación analizó y descartó cada uno de los agravios. Concluyó que la sentencia que habían dictado en Roca los tres jueces de juicio “resulta una derivación razonada del derecho vigente en el marco de las pruebas rendidas en el juicio”.
Además, confirmó que toda la prueba “fue producida y realizada sin violación a garantías constitucionales” y que “no existe en la causa ninguna razón atendible para sospechar que Estrada quisiera involucrar falsamente a Espinoza en haber intervenido juntos en este robo”.
“Es la suma de indicios precisos, convergentes y concordantes lo que lleva a afirmar que esta sentencia cumple con el principio de razón suficiente para determinar la coautoría” de ambos acusados, dijo el TI, destacando que “el razonamiento de la sentencia se presenta sin fisura alguna”.
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Favoreció solo a un hijo en la herencia: Ordenan compensar al resto de los hermanos
Un padre cedió un predio a un sólo heredero y dejó afuera al resto.
Todo empezó mucho antes del expediente judicial. Empezó en un predio fiscal de Fernández Oro, en una porción de tierra ocupada por una familia desde comienzos de la década del setenta. Allí se levantaron construcciones, se hicieron cerramientos, se abrió una perforación para extraer agua y se plantaron árboles. Durante años, ese espacio funcionó como lugar de vivienda y de trabajo para varios integrantes del grupo familiar.
Con el paso del tiempo, esa historia común tomó otro rumbo. En 1996, el padre de la familia firmó una cesión gratuita a favor de uno de sus hijos. El trámite se hizo dentro de un expediente administrativo de la Dirección de Tierras de Río Negro. No se trató de una escritura sobre el dominio del inmueble, porque la tierra seguía bajo órbita provincial. Pero sí incluyó algo con valor concreto: la posición de permisionario y, sobre todo, las mejoras y adelantos existentes en el lugar.
Años después, tras la muerte del padre, esa decisión volvió al centro de la escena. Tres coherederos acudieron al Poder Judicial con un planteo preciso. Sostuvieron que aquella cesión benefició a un solo heredero y dejó afuera al resto en el reparto de un patrimonio que, según afirmaron, no contaba con otros bienes de peso. El reclamo apuntó a que esa ventaja patrimonial ingresara al cálculo de la sucesión.
Del otro lado, el heredero demandado sostuvo una posición distinta. Señaló que el terreno nunca perteneció al padre como dueño, porque se trataba de tierras fiscales. En esa línea, afirmó que nadie podía heredar una propiedad que nunca integró el patrimonio en calidad de dominio. También defendió la validez de la cesión administrativa que lo colocó como ocupante reconocido del predio.
El caso llegó a sentencia en el fuero Civil de Cipolletti. El Juzgado reconstruyó la historia, revisó el expediente administrativo y analizó cuál era la naturaleza de lo transferido. La respuesta no pasó por la propiedad del suelo, sino por el valor patrimonial de lo cedido. La resolución indicó que, aunque el muerto no era titular del dominio, sí transfirió de forma gratuita una ventaja económica concreta a uno de sus hijos: un conjunto identificable de mejoras y adelantos asentados sobre la parcela fiscal.
Ese punto resultó decisivo. Para el Juzgado, la discusión no exigió anular el acto ni quitarle al demandado su situación administrativa frente a la Provincia. El eje estuvo en otro lado: determinar si esa cesión debía computarse al momento de partir la herencia. Y la respuesta fue afirmativa.
La sentencia resolvió que el heredero beneficiado deberá colacionar en la sucesión el valor total de esas mejoras y adelantos. Es decir, ese beneficio deberá ser incorporado a la cuenta particionaria como anticipo de herencia. El fallo aclaró además que no entran en ese cálculo las mejoras posteriores ni los frutos obtenidos después, porque el objeto de análisis quedó limitado a lo que existía al momento de la cesión de 1996.
¿Qué es la colación?
La colación es una regla del derecho sucesorio que busca mantener la igualdad entre los herederos. En términos simples, significa que si uno de los hijos recibió un beneficio económico del padre o de la madre mientras estaban con vida, ese beneficio debe tenerse en cuenta cuando se reparte la herencia.
No implica devolver el bien recibido. Lo que se hace es sumar su valor a la herencia para calcular el reparto de manera equitativa.
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Revocaron la condena condicional y Rubén Muñoz seguirá preso
El Tribunal desestimó los planteos de la defensa y avaló la decisión del juez de Ejecución.
En una audiencia de revisión, el Tribunal resolvió por unanimidad confirmar la revocación de la condena condicional de carácter suspensivo de Rubén Muñoz. En consecuencia, dispuso que continúe cumpliendo su pena de manera efectiva en prisión.
El juez de Ejecución, Fernando Romera, había adoptado esa decisión tras verificar un «nuevo incumplimiento de las pautas de conducta fijadas en la sentencia».
El defensor Eduardo Carrera expresó sus agravios y consideró que la medida resultó arbitraria y desproporcionada. También cuestionó la prueba aportada. Sin embargo, la fiscal Susana Carrasco argumentó que Muñoz posee un amplio conocimiento de las pautas que debía cumplir, por lo que el pedido de cumplimiento efectivo de la pena se ajusta a derecho.
Durante la audiencia, la fiscal mencionó que «no estamos frente a un ciudadano que realiza un simple reclamo. Muñoz está condenado por amenazas. Las reglas fueron claras y las aceptaron la defensa y el condenado. Estas reglas que debía cumplir constituían condiciones de su libertad».
Entre esas condiciones figuraban restricciones vinculadas con el contacto y la proximidad respecto del actual ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, Daniel Jara, víctima en uno de los expedientes. La resolución judicial estableció una prohibición expresa de acercamiento, hostigamiento o comunicación por cualquier medio con esa persona. Las pautas formaban parte de los puntos segundo y tercero de la sentencia que reguló la ejecución condicional de la pena.
El Tribunal, luego de un cuarto intermedio, consideró que los agravios no resultaron suficientes para conmover la decisión del juez de Ejecución respecto de la sentencia del 9 de marzo pasado. Los jueces rechazaron los argumentos de la defensa y descartaron que la decisión del juez Romera fuese arbitraria.
«La decisión es razonada, aparece como lógica y está debidamente fundada. Tiene respaldo en los hechos y en el derecho», expresó el Tribunal, integrado por los jueces Gastón Martín, Sandro Garrido y Alejandro Pellizon.
También descartaron que la decisión resulte desproporcionada o carente de pruebas. En ese sentido, señalaron que el video exhibido constituye prueba suficiente para la revocación.
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Intento de robo frustrado: Declararon culpables a tres acusados en Roca
El hecho ocurrió en octubre de 2024 y gracias a la rápida intervención policial y el aporte de vecinos, los sujetos terminaron detenidos.
La Justicia de General Roca declaró la responsabilidad penal de tres hombres por una tentativa de robo en lugar poblado y en banda, agravado por escalamiento y por la intervención de un menor de 18 años, en un hecho ocurrido en octubre de 2024.
Durante el juicio, el Tribunal Colegiado consideró acreditado que los imputados forzaron el portón de una vivienda con intenciones de robo, aunque no lograron concretar el delito debido a la rápida intervención del personal policial.
En su resolución, los jueces destacaron que «el accionar policial permitió aprehender rápidamente a los imputados», y subrayaron además el rol clave de los vecinos, cuya atención y colaboración resultaron fundamentales para el esclarecimiento del hecho.
Por otra parte, dos de los acusados fueron absueltos por los delitos de encubrimiento y sustitución de chapa patente, cargos que no pudieron ser probados durante el debate.
Actualmente, los tres hombres permanecen detenidos con prisión preventiva en el Establecimiento Penal N° 2, mientras avanza otro legajo en el que se investiga una presunta asociación ilícita.
