Política
Los vicegobernadores patagónicos reclamaron por combustibles más baratos y poner fin a las «asimetrías»
El rionegrino Palmieri, Quiroga de Santa Cruz y Fernández de La Pampa firmaron un documento en el cual dejan plasmados varios pedidos y reivindicaciones regionales “para un desarrollo equilibrado, igualitario y solidario”.
Los tres vicegobernadores presentes en una nueva sesión del Parlamento Patagónico, Eugenio Quiroga de Santa Cruz, Mariano Fernández de La Pampa, y Alejandro Palmieri de Río Negro, firmaron un documento en el cual dejan plasmados varios pedidos y reivindicaciones regionales “para un desarrollo equilibrado, igualitario y solidario”.
Entre los temas figuran el pedido para tener en la Patagonia un régimen de tarifas diferenciales para combustibles líquidos, modificar el tope de consumo para sostener los beneficios tarifarios en relación al consumo eléctrico, se propone crear una mesa integral del Hidrógeno Verde, y se solicitó que se otorguen en la Patagonia los mismos beneficios previsionales que se dieron a otras regiones para promover el empleo joven.
“No solo pedimos, sino que es mucho lo que aportamos al País”, destacó Palmieri al concluir la firma. Explicó que “en torno a cada actividad, ya sea petróleo, pesca o ganadería ovina, hay una comunidad que necesita que su calidad de vida sea equiparada con la que tienen las personas que habitan la región central del País”.
“Resulta imprescindible sostener la necesidad de contar con un régimen de tarifas diferenciales para los combustibles líquidos en nuestra región”, reza el documento, y se agrega: “dicho régimen nos permitirá contrarrestar el mayor costo de vida que debemos afrontar los habitantes de la Patagonia, por nuestra geografía y las extensiones del territorio. Debemos resguardar y hacer valer nuestra condición de provincias productoras de hidrocarburos a todo el país”, para poder “equiparar la competitividad de nuestros sectores productivos, comerciales e industriales”.
En cuanto a los consumidores domiciliarios de energía eléctrica, acordaron “imperiosa” la necesidad de que se eleve de 400 a 550 kwh/mes el tope para el subsidio a las tarifas eléctricas, como ya lo dispusiera el gobierno nacional para las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Catamarca, y La Rioja.
Coincidieron, por otra parte, en que “asoma como fundamental, la creación de la Mesa Integral de Hidrógeno, que formule políticas orientadas a promover el desarrollo de esta energía renovable”.
También incluyeron en el texto, un pedido para que se pongan en vigencia en la Patagonia “políticas públicas de promoción para la generación de empleos de calidad y cada vez más inclusivos”, y en ese sentido consideraron conveniente “implementar el llamado Régimen de Promoción de Generación de Empleo para las Provincias de la Patagonia (..) para propiciar en el sector privado de nuestra Región, una reducción -por un plazo determinado-, de las contribuciones patronales pagadas por empleadores y empleadoras en lo relativo a la incorporación de nuevos trabajadores”.
“Creemos en un federalismo de ida y vuelta, en el cual las provincias aportan y el país devuelve algo”, aclaró el Vicegobernador de Río Negro, quien consideró que “las asimetrías deben ponerse sobre la mesa, porque para nuestras comunidades es muy importantes que se contemplen en función de su calidad de vida”.
“Si eso se tiene en cuenta, solo va a surgir el tratamiento de las diferencias para compensar distancias, clima o costo de vida”, concluyó Palmieri.
Fueron incluidos otros temas en el documento final como la creación de la Marca Patagonia Argentina, explorar más corredores bioceánicos y los reembolsos a las exportaciones por puertos patagónicos, a los que consideraron “una herramienta de política económica importante para el desarrollo de la zona, así como también un mecanismo de compensación de diferencias estructurales de costos entre regiones, correspondiente a un verdadero federalismo”.
Judiciales
Por el aumento de causas, Roca tendrá una nueva Unidad Procesal del Fuero de Familia
El Poder Judicial detectó durante la última década un incremento sostenido de expedientes en el Fuero de Familia de General Roca.
La Legislatura de Río Negro aprobó el proyecto impulsado por el Superior Tribunal de Justicia para crear una nueva Unidad Procesal del Fuero de Familia con sede en General Roca, correspondiente a la Segunda Circunscripción Judicial.
Al fundamentar la iniciativa, la legisladora Natalia Reynoso (JSRN) explicó que la propuesta surge a partir de los estudios realizados por la Dirección de Planificación Estratégica del Poder Judicial, que durante los últimos diez años registró un crecimiento sostenido de las causas y expedientes que ingresan al fuero de Familia.
Según detalló, el relevamiento correspondiente al período comprendido entre 2016 y 2026 permitió detectar un incremento que calificó como «exponencial, sostenido y estructural», particularmente en la Segunda Circunscripción Judicial.
Reynoso destacó además que el Poder Judicial modificó la metodología utilizada para determinar la carga que soportan los distintos organismos. Hasta ahora, uno de los principales parámetros era simplemente cuantitativo: se contabilizaba la cantidad de expedientes ingresados y tramitados.
La nueva metodología incorpora el concepto de «carga ponderada de trabajo», que busca determinar no solamente cuántos expedientes tramita un organismo, sino también cuánto esfuerzo y tiempo demanda cada uno de ellos de acuerdo con su complejidad.
Para establecer ese indicador se tuvieron en cuenta variables como la complejidad de las causas, su duración y el grado de intervención judicial requerido.
«No es lo mismo una causa que puede resolverse mediante una audiencia y posterior homologación que aquellos procesos que demandan seguimientos durante dos años o más, sucesivas audiencias y la participación de equipos interdisciplinarios», explicó la legisladora.
Entre las problemáticas de mayor complejidad mencionó las situaciones de violencia de género e intrafamiliar, además de causas relacionadas con alimentos, filiaciones y adopciones.
La metodología, elaborada con participación de juezas de Familia de las diferentes circunscripciones judiciales, permitió establecer con mayor precisión la carga efectiva de trabajo de cada organismo.
En el caso de General Roca, los resultados mostraron no solamente un aumento en la cantidad de expedientes, sino también una creciente exigencia funcional derivada de la complejidad de las causas.
Reynoso sostuvo que la ciudad viene registrando «un nivel de demanda estructural superior al resto de las localidades analizadas», pese a contar con estructuras organizativas similares a las existentes en organismos que atienden volúmenes y niveles de demanda considerablemente menores.
Ese desequilibrio, explicó, determinó la necesidad de avanzar con la creación de una nueva Unidad Procesal de Familia.
La iniciativa busca así adecuar la estructura judicial de General Roca a una realidad que se modificó sustancialmente durante la última década y mejorar la capacidad de respuesta del fuero frente a causas que, además de haber aumentado en cantidad, requieren intervenciones cada vez más prolongadas y complejas.
Judiciales
Causa Techo Digno: El STJ revisará la absolución de Gennuso y fallará el 5 de noviembre
El máximo tribunal de Río Negro admitió por mayoría la queja presentada por el Fiscal General y abrió el tratamiento de fondo. La sentencia se conocerá el 5 de noviembre a las 12.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro admitió por mayoría la queja presentada por el Fiscal General contra la absolución del ex intendente de San Carlos de Bariloche, Gustavo Gennuso, en la denominada causa Techo Digno. El máximo tribunal provincial abrió así el tratamiento de fondo y fijó para el 5 de noviembre a las 12 la lectura de la sentencia.
La causa es la primera vinculada con la construcción de viviendas mediante el programa nacional Techo Digno que llega a consideración del STJ.
El tribunal estuvo presidido por Ricardo Apcarian e integrado por Liliana Piccinini, Sergio Ceci y Cecilia Criado, con la participación de Adrián Zimmermann, juez del Tribunal de Impugnación en subrogancia. La acusación estuvo representada por el Fiscal General, Fabricio Brogna, mientras que Manuel Maza y Luciano Perdriel ejercieron la defensa de Gennuso, quien participó de la audiencia mediante Zoom.
Luego de los argumentos iniciales de la Fiscalía y la defensa se dispuso un cuarto intermedio. Al retomar la audiencia, el STJ resolvió, por mayoría, abrir la queja en su totalidad, al considerar que la Fiscalía había presentado argumentos suficientes respecto de la posible configuración de una sentencia arbitraria.
A partir de esa decisión comenzó el tratamiento del Recurso Extraordinario. El debate se concentró principalmente en el principio de congruencia, la eventual arbitrariedad del fallo y la discusión sobre si los fondos habían sido sustraídos de las esferas de control público.
Brogna sostuvo que Gennuso había «sustraído» los fondos del control y afirmó que el exintendente había admitido esa circunstancia, justificándola en la necesidad de «no perderlos». La Fiscalía también planteó que una eventual condena por una calificación menos gravosa que el peculado, como la administración fraudulenta, no necesariamente vulneraría el principio de congruencia.
La defensa rechazó esa interpretación. Maza sostuvo que los fondos permanecieron siempre dentro de la órbita municipal y que, por lo tanto, no habían salido de los controles públicos. También afirmó que peculado y malversación son delitos diferentes y que una eventual condena por una figura distinta afectaría el derecho de defensa. Además, planteó que la malversación estaría prescripta.
Tras escuchar a las partes, el STJ dio por finalizada la audiencia y estableció que la sentencia será leída el 5 de noviembre a las 12. La admisión de la queja no modifica por sí misma la absolución vigente ni implica una condena.
Política
Aporte adicional de $12.347 millones al año para los Municipios rionegrinos
Roca percibirá $608.587.677.
El Gobierno de Río Negro destinará más de $12.347 millones anuales adicionales a 14 municipios a través del convenio de Compensación Financiera Transitoria. A valores iniciales, el esquema representa un aporte provincial de aproximadamente $1.029 millones por mes, financiado con recursos del Tesoro Provincial, sin reducir los fondos que reciben las demás localidades por el régimen vigente de coparticipación.
La medida busca reconocer las diferencias surgidas a partir de la actualización de los datos utilizados para la distribución, manteniendo al mismo tiempo los índices establecidos por la actual Ley de Coparticipación.
De esta manera, la Provincia cubrirá con recursos propios la diferencia correspondiente a los 14 municipios alcanzados por el esquema, mientras los otros 25 continuarán recibiendo los recursos que les corresponden actualmente.
«Tomamos esta decisión porque entendemos que el crecimiento de nuestras ciudades también exige más capacidad de respuesta. Queremos municipios fuertes, con herramientas para sostener servicios, hacer inversiones y acompañar las necesidades de cada comunidad. La Provincia va a hacer ese esfuerzo con recursos propios», señaló el gobernador Alberto Weretilneck.
Los nuevos recursos estarán orientados específicamente a sostener y mejorar servicios públicos esenciales, ejecutar infraestructura asociada a esas prestaciones y adquirir bienes de capital que fortalezcan la capacidad operativa de los municipios. El convenio establece, además, que esos fondos no podrán utilizarse para financiar gastos de personal.
«Esta compensación permite actualizar la distribución sin perjudicar a ningún municipio. Es una decisión de equilibrio y de responsabilidad: reconocer las nuevas realidades de cada localidad, fortalecer la gestión municipal y garantizar que los recursos lleguen donde hoy son necesarios», agregó Weretilneck.
El impacto será concreto en cada localidad. En términos anuales, Cipolletti incorporará $3.832.872.960; San Carlos de Bariloche, $2.350.831.387; General Fernández Oro, $1.796.179.764; El Bolsón, $1.653.996.966; Dina Huapi, $1.071.083.602; Catriel, $464.844.798; Cervantes, $260.679.049; Los Menucos, $194.190.821; General Roca, $608.587.677; Comallo, $37.907.144; Ramos Mexía, $32.121.394; Darwin, $26.851.276; Guardia Mitre, $12.316.523; e Ingeniero Huergo, $4.708.773. Todos los montos expresados corresponden a pesos argentinos.
El esquema tendrá carácter transitorio y contempla actualizaciones semestrales vinculadas a la evolución positiva del IVA y de Ingresos Brutos. Por eso, los $12.347 millones constituyen una proyección anual realizada sobre los montos iniciales: el esfuerzo efectivo del Tesoro Provincial podría incrementarse a medida que se apliquen esas actualizaciones.
