Judiciales
Le reclamaban deudas sin explicación: Indemnización para «consumidora hipervulnerable»
Los problemas para la señora comenzaron cuando tomó un préstamo en las oficinas locales de Carta Automática.
Un fallo Civil de Roca condenó a una financiera por violar los derechos a la información y al trato digno de una consumidora «hipervulnerable» a la que hostigó por años reclamándole deudas inexistentes. La empresa deberá indemnizarla por daño moral y punitivo, extenderle un «certificado de libre deuda definitivo» y deberá poner fin a todas las intimaciones telefónicas «o por cualquier medio».
Según el fallo del Juzgado Civil N° 1, que no se encuentra firme, los problemas para la señora comenzaron cuando tomó un préstamo en las oficinas locales de Carta Automática. Dijo que en aquel momento, sin preguntarle nada, junto con el préstamo le generaron una tarjeta de crédito que jamás usó. El préstamo lo pagó en su totalidad, pero pronto comenzaron las llamadas y mensajes por WhatsApp en los que le reclamaban deudas de la tarjeta.
La mujer hizo múltiples reclamos y pidió una mediación. En marzo de 2021 consiguió por esa vía que le den un «libre de deuda» y se quedó tranquila, porque el certificado decía que la tarjeta «se encuentra dada de baja y con saldo cero». Pero, inexplicablemente, el hostigamiento telefónico siguió.
¿Qué me cobran?
En la demanda la señora cuestionó que le reclamaban una deuda de la cual no le daban ningún detalle ni explicación. Afirmó que toda la situación le generó mucha angustia, porque a sus 72 años «nunca ha tenido deuda alguna» y «durante toda su vida fue rigurosa con su economía».
Cuando presentó la demanda, la empresa IUDÚ Compañía Financiera S.A. (ex Cordial Compañía Financiera S.A.), directamente no contestó. La jueza aplicó entonces la regla del Código Procesal Civil que indica que ese silencio «constituirá presunción de verdad de los hechos pertinentes y lícitos afirmados por la contraria».
La mujer presentó como pruebas el libre deuda de 2021 y capturas de los mensajes de WhatsApp. También un informe de la Oficina de Defensa del Consumidor del que surge que la financiera acumuló 315 reclamos similares y tiene 15 sanciones del organismo. Además, declararon testigos que presenciaron las llamadas y que pudieron dar fe de los nervios y la angustia que sufrió la señora. Dijeron que ella ya no sabía “qué hacer para que se termine este acoso”. Y destacaron sus problemas cardíacos y de presión, un dato que la consumidora demostró con constancias médicas.
Trato digno
La jueza definió que el objetivo del juicio era «determinar si la entidad financiera obró de buena fe frente a la consumidora, le brindó toda la información necesaria y si se le proporcionó un trato digno y adecuado a su carácter de parte débil en la relación de consumo. Desde ya adelanto que la demanda ha infringido todos esos los deberes a su cargo», concluyó.
Explicó que el deber de información de las empresas a los y las consumidores se extiende hasta después de finalizado el contrato, «de manera tal que la consumidora logre certeza sobre la finalización del contrato y si del mismo resulta deuda pendiente».
Además, las proveedoras deben «contar con los canales de comunicación adecuados para brindar atención e información veraz, exacta, seria, objetiva, ajustada a la realidad para cumplir con los deberes a su cargo», agregó.
En el caso, indicó, «al momento de solicitar el préstamo personal se le debió informar adecuadamente sobre las condiciones del contrato de tarjeta de crédito, sobre los gastos de emisión y mantenimiento, a fin de que ésta pueda ejercer un derecho fundamental como consumidora: elegir libremente».
Al fijar la indemnización por daño moral, la jueza valoró que la señora «como consumidora hipervulnerable, ante toda la situación vivida por los hechos que motivan la presente causa, ha sufrido una lesión a sus afecciones espirituales, considerando lo gravosa que se torna la situación al tratarse de una persona de 72 años, con diabetes y problemas cardíacos».
Luego, para definir la indemnización por daño punitivo, valoró que la conducta de la empresa fue «objetivamente descalificable desde el punto de vista social» y evidenció una «grave indiferencia respecto los derechos de la señora». También valoró los antecedentes de sanciones por hechos similares tanto en Defensa del Consumidor como en juzgados civiles de la Provincia.
Judiciales
Juicio por la muerte de Valentín Mercado: Fuertes acusaciones contra el anestesista
Los fiscales aseguraron que Mauricio Atencio Krausse se distrajo, salió de la sala y no monitoreó al paciente. El defensor negó negligencia y atribuyó el episodio a un coágulo. La sentencia se leerá el 3 de diciembre.
Luego de escuchar a 14 testigos durante tres días de debate, el Ministerio Público Fiscal y la querella solicitaron que el juez unipersonal declare penalmente responsable al anestesiólogo Mauricio Atencio Krausse, imputado por el delito de homicidio culposo por la muerte de Valentín Mercado Toledo. En contrapartida, la defensa requirió el sobreseimiento. La sentencia se conocerá el 3 de diciembre a las 12:30.
El fiscal del caso sostuvo que «hemos acreditado la teoría del caso planteada: demostramos que el hecho ocurrió cuando el niño ingresó vivo a la sala de cirugía y jamás volvió a estar consciente, producto de la impericia y negligencia del profesional imputado«.
A lo largo del debate quedó acreditado que la operación no era de alta complejidad, ,tal como explicaron tanto el cirujano como la médica de terapia intensiva pediátrica. Además, la familia había firmado un contrato con Atencio Krausse, en el que éste garantizaba su presencia durante todo el procedimiento.
El Ministerio Público señaló que fue el anestesiólogo quien autorizó el inicio del acto quirúrgico, tras realizar los chequeos correspondientes. Los testigos coincidieron en que la máquina de monitoreo funcionaba correctamente y que continuó en uso incluso después de la cirugía. También afirmaron que nadie obstruyó el equipo y que su control estaba exclusivamente a cargo del médico imputado.
Según la fiscalía, Atencio Krausse no sólo debía vigilar el monitor, sino también observar al paciente. Sin embargo, testigos indicaron que salió dos veces de la sala -para hablar por teléfono y para buscar un cargador- y que en otros momentos se lo vio mirando su celular durante la intervención.
La situación se agravó cuando las instrumentadoras advirtieron signos de cianosis. Ante ello, Atencio Krausse convocó a colegas anestesistas, quienes constataron que el niño estaba en paro. Se aplicaron maniobras de reanimación y adrenalina, lo que logró reactivar su sistema cardiovascular. Luego se descubrió que un coágulo obstruía la punta del tubo traqueal, el cual fue reemplazado.
La fiscalía subrayó que el monitor se había desconectado hacia el final de la cirugía y que fue un enfermero quien lo reconectó, momento en que comenzó a mostrar los valores reales del niño. «Fue un error humano, no de la máquina», remarcaron.
Respecto del daño causado, el fiscal afirmó que el niño sufrió un daño intenso e irreversible desde el inicio del paro. También destacó lo expuesto por la psicóloga de OFAVI: la familia padeció una «estafa emocional», ya que no se les brindó información clara durante los días posteriores.
La querella sostuvo que la muerte fue «el resultado directo de una conducta negligente” y que el imputado “incumplió estándares básicos de su especialidad, omitiendo controles indispensables en un contexto donde la vida de Valentín dependía de él».
Por su parte, la defensa argumentó que no hubo desatención por parte de Atencio Krausse y que la hipoxia se produjo por la obstrucción abrupta del tubo traqueal, desligando responsabilidad del anestesista respecto de la taquicardia generada por la adrenalina.
El Tribunal Unipersonal dará a conocer la sentencia el miércoles 3 de diciembre a las 12.30.
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Deberá indemnizar a una mujer que chocó contra la puerta de su auto mal abierta
El Tribunal rechazó los argumentos de la aseguradora, que buscó responsabilizar a la motociclista y negó la cobertura del hecho.
Una motociclista de General Roca resultó gravemente herida luego de chocar contra la puerta de un auto que se abrió de manera repentina mientras ella circulaba por calle San Juan. El hecho ocurrió cuando la mujer, que manejaba con casco protector, se aproximaba al cruce con calle Padre Nazario y se encontró con un vehículo estacionado a su derecha.
En ese momento, el conductor del automóvil abrió la puerta sin advertir la proximidad del tránsito. La motociclista no tuvo margen para esquivar el obstáculo y terminó impactando de lleno contra la chapa, lo que provocó su caída violenta sobre el asfalto.
El golpe le ocasionó severas lesiones en el brazo y en el hombro derecho, por las cuales debió ser intervenida quirúrgicamente. Las secuelas derivaron en una incapacidad parcial permanente, motivo por el cual inició una demanda civil al no alcanzar ningún acuerdo extrajudicial con el conductor ni con la compañía aseguradora.
En su defensa, la aseguradora intentó eximir responsabilidad argumentando que debe existir un “espacio de resguardo” entre los vehículos estacionados y los que circulan, destinado al ascenso y descenso de los ocupantes. Afirmó que la motociclista habría invadido indebidamente ese sector y buscó atribuirle la culpa del choque.
Sin embargo, el tribunal civil rechazó por completo esa postura. La sentencia consideró probado que el siniestro se generó por la apertura intempestiva de la puerta del auto mientras la mujer circulaba correctamente por la vía pública y sin infringir normas de tránsito. El fallo también desestimó la versión de la aseguradora por falta de sustento técnico y jurídico.
Las pericias médicas confirmaron una incapacidad producto de las secuelas físicas, mientras que el informe psicológico determinó un trastorno por estrés postraumático con carácter irreversible. Además, se acreditaron los daños materiales sufridos en la motocicleta.
La Justicia también observó que la aseguradora no rechazó la cobertura en tiempo y forma ni demostró que la póliza estuviera anulada antes del hecho, por lo que la consideró responsable solidaria junto al propietario del vehículo.
El fallo ordenó una indemnización que contempla daño físico, daño moral, afectaciones psicológicas y perjuicios materiales, marcando un precedente más sobre la obligación de los automovilistas de abrir las puertas del vehículo con la debida precaución para evitar siniestros.
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Cayó de una escalera mientras podaba, lo operaron tres veces, continuó con dolor y le negaron la cobertura
El fuero Laboral de Roca aceptó la demanda presentada por el peón y condenó a la ART a brindar todas las prestaciones médicas necesarias para tratar su dolencia.
Un hombre cumplía tareas diarias como peón general en una chacra de Roca. Una mañana, mientras realizaba trabajos de poda, cayó de una escalera. El golpe le provocó múltiples fracturas en la mano derecha y un trauma directo en el dedo índice.
El hombre denunció el accidente ante la aseguradora de riesgos del trabajo. Por indicación médica, lo operaron en tres oportunidades. Luego, se le determinó una incapacidad laboral por limitación funcional. Recibió el alta, aunque continuó con dolor.
En una nueva consulta médica, le indicaron otra cirugía para extraer el material quirúrgico colocado en la mano. Acudió nuevamente a la ART, pero dictaminaron que las prestaciones otorgadas habían sido suficientes.
El fuero Laboral de Roca aceptó la demanda presentada por el peón y condenó a la ART a brindar todas las prestaciones médicas necesarias para tratar su dolencia. El fallo señaló especialmente la cirugía pendiente en el dedo índice de la mano derecha.
Durante el trámite judicial, se produjo toda la prueba. El perito médico designado por el tribunal informó que el hombre presenta una deformidad persistente en el dedo índice, con dolor y limitación funcional. Este cuadro justifica una nueva intervención quirúrgica. Ninguna de las partes impugnó el dictamen, por lo que el Tribunal lo consideró válido y determinante.
El Tribunal resolvió que las ART deben brindar prestaciones médicas hasta la curación completa o mientras persistan síntomas incapacitantes. En este caso, se comprobó la persistencia de síntomas, por lo que la aseguradora debe continuar con la cobertura médica requerida por el trabajador.
También se resolvió que la negativa de la ART a autorizar nuevas prestaciones careció de fundamentos técnicos. La empresa rechazó de forma genérica la documentación aportada por el hombre sin justificar su decisión. Esta conducta fue cuestionada por el tribunal por carecer de sustento probatorio.
