Política
Rodríguez Larreta: «Vamos a devolverle a la clase media el sueño de tener una casa propia»
El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio presentó nueve propuestas en materia de vivienda.
Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, presentó en Belgrano nueve propuestas en materia de vivienda, con tres ejes centrales: recuperar los créditos hipotecarios para que los argentinos puedan acceder a la casa propia, mejorar las condiciones de los inquilinos y conectar a los servicios públicos a dos millones de hogares.
«En una economía como la de hoy, donde no hay un rumbo y donde todo el tiempo nos toman el pelo con parches y medidas que las cambian de un día para el otro, sé que parece difícil soñar y mirar más allá del presente inmediato. No perdamos la esperanza. Merecemos otra cosa. Y lo vamos a lograr. Vamos a ordenar la economía. Vamos a recuperar el crédito hipotecario para todos los argentinos. Vamos a devolverle a la clase media el sueño de una educación pública de calidad, de acceder al trabajo, de tener una casa propia, de vivir en paz y con seguridad, y de progresar», aseguró el precandidato presidencial.
Desde el inicio de la campaña electoral, Rodríguez Larreta y su compañero de fórmula, Gerardo Morales, presentaron siete paquetes de propuestas para generar trabajo, mejorar la educación, terminar con los privilegios políticos, motorizar el crecimiento del campo, tener una Argentina sin inflación, darle impulso a las energías renovables y provocar una revolución de la seguridad en el país.
El precandidato presidencial sostuvo que «el sueño de la casa propia es una aspiración compartida por todos los argentinos, una herencia de esa cultura inmigrante de asegurar el futuro en ladrillos» y afirmó que «este gran sueño que caracterizó a la Argentina hoy está roto».
«Por culpa de la inflación, que el kirchnerismo llevó a este dramático 115% anual, no hay crédito hipotecario. Los niveles son los peores en 80 años. Pasamos de dar 200.000 créditos en el gobierno anterior, a dar prácticamente cero hoy. Y la desesperación se hace más grande todavía cuando, al no poder comprar, intentás alquilar algo y te encontrás precios impagables y requisitos incumplibles», explicó Rodríguez Larreta, acompañado por Julieta y Gonzalo, una pareja que debe mudarse de la casa que alquila pero no puede acceder a un crédito.
«Esto hay que cambiarlo ya. No podemos dejar que se vaya diluyendo el sueño de la casa propia. No podemos dejar que la clase media sienta que esforzarse no sirve», afirmó.
Para cambiar esa situación, el precandidato presidencial presentó cuatro propuestas. «Primero, vamos a recuperar el crédito hipotecario con créditos que tengan una indexación paralela a tu sueldo, respetando la estabilidad jurídica. Vamos a crear un fondo compensatorio que le de previsibilidad a las familias de cuánto van a tener que pagar cada mes. Cuando la cuota aumente más que el sueldo, este nuevo fondo va a cubrir la diferencia para que cada uno pague en función del aumento del sueldo pero también para que el acreedor cobre lo que corresponde», detalló.
También anunció medidas para las familias que por sus niveles de ingresos directamente no podrían aplicar a un crédito. «Nuestra segunda propuesta es acompañar a esas familias con un subsidio en la tasa. En lugar de tener un Estado que construye y regala casas, vamos a tener un Estado que acompañe a las familias según sus posibilidades para que puedan comprarse la suya propia», agregó.
Con ese mismo objetivo, presentó otras dos propuestas: «Vamos a permitir que se pueda pedir una hipoteca para comprar una vivienda ‘en pozo’. Hoy, sólo se puede pedir sobre las viviendas terminadas. Lo vamos a cambiar para que los argentinos puedan comprar con un crédito departamentos en pozo, que siempre son más baratos. Cuarto, vamos a aumentar la oferta de viviendas trabajando con las provincias y municipios para agilizar y simplificar los trámites para la construcción, los permisos y la escrituración».
Rodríguez Larreta detalló también sus propuestas para que los argentinos que alquilan también lo hagan más rápido, más fácil y más barato. «Propongo votar ya una nueva ley de alquileres que dé más libertad, con contratos de dos años y un sistema de actualización de la cuota de alquiler que priorice el acuerdo entre las partes. La ley actual fracasó, hay que modificarla ya. Vamos a fomentar la construcción de viviendas para alquiler con beneficios impositivos, y facilitar el acceso a los terrenos, con la condición de que se construya en las zonas donde más se necesita. Además, vamos a premiar a los buenos inquilinos. Hoy en Argentina hay 8 millones de trabajadores independientes que como no tienen un recibo de ingreso formal no pueden alquilar ni pedir un crédito. Por eso, a quienes paguen su alquiler en tiempo y forma, vamos a darles una constancia que les sirva para un futuro alquiler o crédito», explicó.
Por último, el precandidato presidencial presentó dos medidas para que los argentinos accedan a los servicios públicos, en un país donde más de 2 millones y medio de hogares no tienen agua de red, cuatro de cada diez argentinos no tienen cloaca y más de un millón viven en zonas que se inundan o cerca de algún basural.
«Mi octava propuesta es invertir en obras para conectar a dos millones de hogares argentinos a la red de cloacas, agua potable y luz eléctrica. El acceso a los servicios públicos es un derecho, no puede ser un privilegio de unos pocos. Esto lo hicimos en la Ciudad. Noveno, vamos a dar créditos para que más de un millón de las familias más necesitadas puedan mejorar su hogar. Y vamos a mejorar los sistemas de desagües pluviales y a cerrar más de 500 basurales a cielo abierto», adelantó.
«Todas estas propuestas tienen un mismo objetivo: recuperar el premio al esfuerzo. Nuestros abuelos hicieron grande a este país trabajando, pero hoy esa relación entre esfuerzo y recompensa está quebrada. Los argentinos merecemos saber que, si nos esforzamos, podemos vivir mejor, crecer en nuestro trabajo, ahorrar, irnos de vacaciones, cambiar el coche, alquilar tranquilos o comprarnos nuestra propia casa. Juntos vamos a construir la vida que los argentinos nos merecemos», concluyó.
Las propuestas, una a una
1) Nuevos créditos que seguirán la evolución del salario, respetando la estabilidad jurídica. Se creará un fondo compensatorio que le de previsibilidad a las familias de cuánto van a tener que pagar cada mes. Cuando la cuota aumente más que el sueldo, este nuevo fondo va a cubrir la diferencia para que el acreedor cobre lo que corresponde.
2) Acompañar con subsidios a las familias que por sus niveles de ingresos directamente no podrían aplicar a un crédito. En lugar de construir y regalar casas, el Estado acompañará a las familias según sus posibilidades para que puedan comprarse la suya propia.
3) Permitir que se pueda pedir una hipoteca para comprar una vivienda ‘en pozo’. Hoy, solo se puede pedir hipotecas sobre bienes que estén terminados o escriturados.
4) Aumentar la oferta de vivienda trabajando con las provincias y municipios para agilizar y simplificar los trámites para la construcción, permisado y escrituración.
5) Votar una nueva ley de alquileres con contratos de dos años y un sistema de actualizaciones que priorice el acuerdo entre las partes.
6) Fomentar la construcción de viviendas para alquiler con beneficios impositivos, y facilitar el acceso a los terrenos, con la condición de que se construya en las zonas donde más se necesita.
7) Premiar a los buenos inquilinos. Quienes paguen su alquiler en tiempo y forma, recibirán una constancia que les sirva para un futuro alquiler o crédito.
8) Invertir en obras para conectar a dos millones de hogares argentinos a la red de cloacas, agua potable y luz eléctrica. El acceso a los servicios públicos no puede ser un privilegio de unos pocos.
9) Dar créditos para que más de un millón de familias vulnerables puedan mejorar su hogar. Mejorar los sistemas de desagües pluviales y cerrar más de 500 basurales a cielo abierto.
Gremios
Por la reforma laboral, ATE convocó a un plenario federal y prepara el primer paro post electoral
«Esperar hasta el 10 de diciembre es suicida. Si nos quedamos quietos y no rechazamos en las calles esta reforma laboral regresiva, nos aplastan», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un plenario federal de delegados para este martes (11/11) a las 14 horas para debatir la posibilidad de una nueva medida de fuerza en rechazo a la reforma laboral que prepara el Gobierno y exigir la inmediata reapertura de las paritarias. «Esperar hasta el 10 de diciembre es suicida. Si nos quedamos quietos y no rechazamos en las calles esta reforma laboral regresiva, nos aplastan», aseveró Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.
«El Gobierno está mintiendo. Tiene que explicar con claridad para qué quiere una reforma laboral, porque si nos dice que es para generar empleo y que crezca la economía, eso es falso. No va a ocurrir quitando derechos», detalló el referente estatal. El plenario se realizará en el Anfiteatro Eva Perón de la sede nacional del sindicato con dirección en Avenida Belgrano 2527 (CABA).
«Con la nueva composición en el Congreso y el pragmatismo atroz de la mayoría de los gobernadores, va a ser difícil lograr consensos en el Parlamento para defender la posición de los sindicatos y los trabajadores. El camino que nos queda es el de ejercer nuestros derechos constitucionales de manifestación y protesta», agregó el dirigente de ATE.
En este marco, señaló que «va a empezar a reaparecer la conflictividad. Pasaron las elecciones pero los trabajadores seguimos teniendo los mismos problemas. Son miles los que mensualmente caen debajo de la línea de la pobreza. Una vez que termine de aplacarse el polvo electoral, nos vamos a dar cuenta que todo va a empeorar. Lo peor está por venir porque tenemos un país más endeudado y con menos reservas. Quedó demostrado que el capital político del Gobierno es volátil y no se puede descartar que vuelva a entrar en crisis rápidamente».
«Hemos decidido convocar a un plenario con representantes de todo el país para evaluar el escenario que se abrió después de las elecciones de medio término y definir una medida de fuerza que tenga alcance general», agregó Rodolfo Aguiar.
«Es cierto que el Gobierno logra un aval electoral, pero eso no lo habilita a hacer cualquier cosa ni a actuar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
El proyecto que el Gobierno está redactando incluiría la extensión de la jornada laboral a 12 horas, el pago de indemnizaciones en cuotas, acuerdos de trabajo por empresa en lugar de por actividad, aumentos salariales por productividad, entre otros puntos que se barajan. El mismo sería presentado en el Congreso luego del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores.
En lo que respecta a la situación salarial, el periodo paritario que va desde junio de 2025 a mayo de 2026 inició con la mesa de negociación del 23 de julio. En aquel encuentro, la comitiva del Ministerio de Trabajo ofreció un 1,3% para junio (retroactivo), 1,3% para julio, 1,3% para agosto, 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1,1% para noviembre. ATE rechazó el ofrecimiento, mientras que UPCN aceptó.
Hasta el momento, todos esos incrementos quedaron por debajo de la evolución de los precios publicada por el Indec: 1,6% en junio, 1,9% en julio, 1,9% en agosto y 2,1% en septiembre.
Gremios
ATE exige a Santilli que regularicen los envíos de fondos a provincias y municipios
«El nuevo ministro fracasará rápidamente si no es capaz de frenar el desfinanciamiento al que han estado sometidas las provincias durante los últimos 22 meses», apuntó Aguiar.
Luego de la presentación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, exigió que regularice el envío de fondos a las provincias y municipios. «El nuevo ministro fracasará rápidamente si no es capaz de frenar el desfinanciamiento al que han estado sometidas la mayoría de las provincias durante los últimos 22 meses», indicó.
«Si las asunciones de Adorni y de Santilli no van acompañadas de la reapertura de las paritarias en la administración pública nacional y la devolución de los fondos que durante todo este tiempo le quitaron a las provincias, necesariamente generará un aumento de la conflictividad», agregó el dirigente nacional.
En este marco, Aguiar explicó que «la caída en la recaudación de los impuestos coparticipables por la recesión, el freno de la obra pública nacional y el recorte de las transferencias no automáticas, en este momento golpean fuertemente las economías provinciales».
«La eliminación de los fondos compensadores al transporte y el de incentivo docente ha agravado las dificultades financieras en todos los distritos. El modelo económico nacional genera como consecuencia que los municipios tengan que realizar ajustes para sostener el funcionamiento diario. Este programa no sólo se traduce en un recorte salarial sino que aumenta la precarización de estatales provinciales y municipales», agregó el secretario general de ATE Nacional.
«Desde que asumió Milei se han destruido los salarios en el Sector Público nacional y ahora van por las provincias y los municipios. Se trata de un ajuste potente y regresivo que penetra en cada rincón del país», concluyó Aguiar.
Los primeros 23 meses de gestión de Javier Milei se caracterizaron por una fuerte reducción de fondos hacia las provincias y municipios. Por un lado, las transferencias no automáticas cayeron un 79% en términos reales durante todo el 2024, lo que impactó directamente en el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo compensador del transporte, la compensación de la caja de jubilaciones, las obras en provincias y municipios, entre otros recortes.
Por otro lado, las transferencias automáticas de Nación a provincias en 2024 fue la segunda más baja de los últimos 10 años, quedando un 9,8% por debajo del 2023.
En tanto, a fines del año pasado quedaron sin repartir a las provincias el 92,7% de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo que representa 630.098 millones de pesos. Algo similar ocurre en el primer semestre del 2025, con apenas 90 mil millones girados del total de 350 mil millones recaudados.
Además, más de la mitad de las obras públicas heredadas de la gestión anterior están paralizadas: de unas 2.700 inconclusas, el 54% no tuvo ningún avance bajo el actual gobierno.
Política
La Provincia aplicó 82 cesantías y 6 exoneraciones por incumplimientos laborales
Desde 2024 la Junta de Disciplina aplicó 513 sanciones.
La Provincia de Río Negro informó que entre 2024 y lo que va de 2025, se trataron más de 900 expedientes y se aplicaron 513 sanciones: 82 cesantías, 6 exoneraciones, 403 suspensiones y 22 apercibimientos, en el marco de su «política de ordenamiento de la administración pública».
«Estas sanciones reflejan la continuidad de la política de ordenamiento de la administración pública», expresó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra. «Buscamos garantizar que el sueldo, que paga cada rionegrino con sus impuestos, sea por un trabajo bien hecho. Es la mejor forma de respaldar a los miles de agentes que sí cumplen con su tarea», agregó.
Desde enero de 2024 se iniciaron 172 nuevos sumarios y se dictaron 86 suspensiones preventivas. Como muestra de que el proceso ofrece garantías, en el mismo período también se resolvieron 70 sumarios con sobreseimiento de los agentes y se archivaron 193 expedientes en los que no se acreditó una falta.
Una sanción nunca es automática. Primero, se abre un sumario administrativo y se realiza una investigación interna para analizar el incumplimiento. Este proceso está a cargo de instructores (abogados) que garantizan que el procedimiento sea justo y que el agente tenga el derecho a defenderse.
Lastra, explicó que «el objetivo de estos procedimientos es garantizar un ambiente de trabajo justo y dar respuesta a situaciones que perjudican tanto al servicio que presta el Estado, como a los propios compañeros que sí cumplen con sus tareas».
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos, que van desde faltas graves en el servicio (como la desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en la gestión y el cuidado de insumos) hasta inconductas y conflictos interpersonales en el lugar de trabajo, incluyendo denuncias por malos tratos, insultos y peleas entre compañeros.
Finalmente, se encuentran las sanciones más severas. La cesantía, que implica la desvinculación del agente con posibilidad de reingreso al Estado transcurridos cinco años, se aplica cuando hay una acumulación de sanciones previas, abandono de servicios o hechos de mayor gravedad.
La exoneración es la medida más dura: no solo supone la desvinculación definitiva de la administración pública, sino que también inhabilita de forma permanente al agente para volver a trabajar en el Estado. Esta sanción se reserva para casos extremos, como los delitos dolosos con condena penal firme. Recientemente, por ejemplo, se aplicó la exoneración a un agente que había sido condenado por la Justicia por un caso de violencia de género.
El organismo encargado de resolver es la Junta de Disciplina. Su composición asegura la transparencia del proceso: está integrada por un presidente abogado, dos vocales del Poder Ejecutivo y dos vocales gremiales, uno por ATE y otro por UPCN.
«El fortalecimiento institucional es un pilar de la gestión. Corregir lo que está mal también es rendir cuentas y valorar el esfuerzo de los agentes que sostienen el servicio público cada día», concluyó la secretaria Lastra.
