Judiciales
Histórico juramento en el primer concurso específico para personas con discapacidad del Poder Judicial
Solo dos Poderes Judiciales en el país implementaron esta modalidad específica.
Ayer (31/07) juraron cinco ingresantes que obtuvieron el mayor puntaje en el primer concurso exclusivo para Personas con Discapacidad. Solo dos Poderes Judiciales en el país implementaron esta modalidad específica. El objetivo es acortar los plazos para cumplir con la Acordada el Superior Tribunal de Justicia y de la Procuración General que estableció que un cupo mínimo del cuatro por ciento del total de sus puestos de trabajo sean reservados para personas con discapacidad.
La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini, fue la encargada de tomar los juramentos. Estuvo acompañada por el vocal Sergio Ceci y la Subsecretaria de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad del Poder Ejecutivo, Laura Balmaceda. Agentes del Poder Judicial, familiares y allegados colmaron el auditorio. Al Juzgado de Ejecución Penal ingresó Rocío Rago; Luciana Mayor al Juzgado de Paz; Jorge Mandado a la Fiscalía N° 1; Emilia Tolosa Guidi a la OITEL, y Agustin Leineker a la Inspectoría de Justicia de Paz. En todos los casos, con asiento en Viedma.
En principio, la presidenta del STJ resaltó que «para nosotros siempre son muy importantes los juramentos de quienes ingresan a nuestro Poder. Pero este adquiere características muy trascendentes, porque hemos estado trabajando desde el año 2019 para poder cumplir acabadamente con este acto de inclusión con igualdad».
Agregó que «desde las Convenciones y toda la arquitectura jurídica se ha provocado un cambio en nuestra cultura. El cambio de poder comprender y aceptar que todos y todas las personas humanas tenemos dignidad. Eso es lo que debemos respetar».
Luego rememoró que «este juramento es un compromiso que consiste en ingresar a un Poder y desde allí poder desarrollar su idoneidad, que ya la han demostrado a través de un concurso, y contribuir a que se preste el servicio de administración de justicia».
La jueza Liliana Piccinini remarcó que «esto que hoy ocurre, el reconocimiento de los derechos, tiene su contrapartida: es el reconocimiento de las obligaciones. Nosotros tenemos una Constitución, pero además tenemos leyes orgánicas, un Reglamento, y allí están los derechos y obligaciones».
Posteriormente se refirió directamente a los y las ingresantes. «Queremos que todas las mañanas ustedes y todos los operadores del Poder Judicial vengan a trabajar con felicidad».
La presidenta del STJ también se refirió al proceso para llegar hasta los juramentos. «el trabajo que hemos realizado durante todos estos años fue concientizar a los titulares de organismos para que sepan cómo generarles un ámbito adecuado de trabajo, con los ajustes razonables. Entonces cada vez que tengan un inconveniente, que algo les plantee dudas o incertidumbre, van a tener a sus compañeros de trabajo y al titular del organismo para ayudar».
Luego habló de los objetivos del trabajo. «Debemos brindar un buen servicio a las personas que vienen al Poder Judicial con sus problemas y nosotros tenemos que ayudar a brindar soluciones».
Finalmente, la presidenta del STJ destacó la labor del Gerente del área de Gestión Humana, Ezequiel Vinci; la Directora de Derechos Humanos y Género, María Fernanda Díaz, y los equipos de ambos organismos, por el arduo trabajo realizado.
El concurso
El proceso fue establecido en detalle mediante Acordada N° 10/2021. Este primer llamado comprendió exclusivamente a la Primera Circunscripción Judicial, con cabecera en Viedma. El requisito para concursar fue contar con el Certificado Único de Discapacidad vigente. Antes, la Acordada N° 019/2019 del STJ y la Procuración estableció este cupo mínimo.
El Poder Judicial asumió así lo que la Ley Nacional N° 25.689 ordena cumplir a todos los organismos públicos nacionales, empresas públicas y concesionarias de servicios públicos: asignar un cupo mínimo del cuatro por ciento de su planta de personal a personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para esos cargos.
Si bien hoy hay muchas personas con discapacidad trabajando en el Poder Judicial, que ingresaron por los concursos generales, esta convocatoria específica tuvo por objeto disminuir la brecha respecto al ideal mínimo del cuatro por ciento.
Previo a este llamado hubo un trabajo conjunto de las áreas de Gestión Humana y la Oficina de Derechos Humanos y Género, que incluyó la presentación de un plan de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad (PCD), y el taller Introducción a la Perspectiva en Discapacidad en Clave de Derechos Humanos, por medio del cual pudieron detectarse los organismos más receptivos.
Judiciales
Homicidio de Marisa Coliman: Prisión perpetua para el autor
Nicolás Ezequiel Medina había sido declarado culpable por un jurado popular en septiembre pasado.
El autor del homicidio de Marisa Coliman, ocurrido en Luís Beltran, fue condenado ayer (29/10) a la pena de prisión perpetua. El juez de juicio Alejandro Pellizzon leyó la sentencia, que es derivada del veredicto de culpabilidad que emitió el jurado popular en septiembre pasado.
Nicolás Ezequiel Medina comenzará a cumplir la pena cuando la sentencia quede firme. Mientras tanto permanece en prisión preventiva por el riesgo procesal de fuga.
El hombre fue condenado como autor del delito de homicidio agravado por ensañamiento. Respecto ataque contra el hijo de Marisa también fue condenado por el delito lesiones leves.
En la audiencia de cesura, realizada la semana pasada, tanto la Fiscalía como la parte querellante solicitaron la pena de prisión perpetua. La defensa del imputado aceptó el requerimiento.
El homicidio con ensañamiento ocurrió el 25 de julio de 2023, entre las 2 y las 3 de la madrugada, en el lugar conocido como Conventillo de García, donde vivían la mujer y uno de sus hijos.
El atacante le dio dinero al hijo de la víctima para que fuera a comprar una cerveza. En ese lapso intentó la atacó de manera extrema, aprovechándose de su estado de indefensión. Cuando el hijo regresó, el hombre lo hirió con un arma blanca para intentar matarlo. No logrando su cometido, escapó del lugar.
Durante Juicio por Jurados se presentaron 23 testigos, junto con pruebas documentales, fotografías y cámaras de seguridad. Después de analizar la prueba presentada y deliberar, el jurado alcanzó un veredicto de culpabilidad.
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Circulaba por la banquina, se le desprendió un carro y chocó un auto: Condenan la conducta imprudente
Como resultado del choque, la mujer fue hospitalizada y el vehículo fue dado de baja por destrucción total.
Un hombre transitaba en su Renault 12 por el acceso a Luis Beltrán junto a su esposa y su hijo. En una recta de la Ruta Provincial Nº 7, el auto fue embestido por un carretón que se soltó de una camioneta. La Ford F-100 circulaba por la banquina derecha, en el mismo sentido que el auto. Como resultado del choque, la mujer fue hospitalizada y el vehículo fue dado de baja por destrucción total.
El fuero Civil de Choele Choel hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios iniciada por el hombre. La acción se presentó después de que el conductor de la camioneta incumpliera sus promesas de pago. La demanda incluyó a la aseguradora.
Durante el trámite judicial, el hombre declaró que utilizaba el Renault 12 para tareas cotidianas y para comprar mercadería para su comercio. Después del accidente, y ante la imposibilidad de adquirir otro vehículo, dejó la actividad comercial. Por esta razón, comenzó a trabajar como albañil.
El conductor de la camioneta negó su responsabilidad. Alegó que el carro se encontraba detenido sobre la banquina y atribuyó negligencia, impericia y exceso de velocidad al otro conductor. La aseguradora también rechazó la demanda, sosteniendo que el accidente fue responsabilidad exclusiva del demandante. Según su versión, colisionó de manera imprudente contra un carro inmóvil.
Como prueba, el hombre damnificado presentó un informe de la Comisaría 19°. Al día siguiente del accidente, el conductor de la camioneta ya había reconocido que el carro que remolcaba se desenganchó e impactó contra el Renault.
Una pericia accidentológica determinó que el siniestro ocurrió cuando el carro remolcado por la camioneta se soltó y cruzó hacia el carril contrario, donde impactó con el auto.
La jueza concluyó que la versión de los hechos presentada por el conductor del auto fue coherente, probada y verosímil, y que la responsabilidad del siniestro recayó exclusivamente en el demandado. Rechazó la defensa basada en culpa de la víctima y caso fortuito. Consideró que no existía prueba suficiente para demostrar una conducción negligente del hombre.
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La Justicia intervino por presunto caso de grooming en la ESRN 116
Una estudiante afirmó haber recibido comunicaciones inapropiadas por parte de un docente.
La Fiscalía Nº 5 tomó intervención ante un posible caso de grooming que se habría registrado en la Escuela Secundaria Río Negro (ESRN) Nº 116, ubicada en el barrio Noroeste de General Roca. La denuncia fue de una estudiante hacia un docente.
Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF), la investigación está en su etapa inicial y se analizarán los elementos recogidos para definir los pasos procesales a seguir. La comunidad educativa atraviesa un momento de profunda conmoción e incluso los estudiantes realizaron una sentada para manifestar su descontento con lo que describen como falta de respuestas institucionales, y para exigir asimismo que se active el protocolo de protección ante acoso digital.
La denuncia señala que el docente en cuestión habría enviado mensajes digitales inapropiados a una alumna del establecimiento. Ya se entregaron capturas de las conversaciones que la víctima mantuvo con el docente, y afirmaron que las autoridades de la escuela no actuaron cuando los hechos ocurrieron inicialmente.
El delito de grooming está tipificado en el Artículo 131 del Código Penal argentino, el cual establece una pena de 6 meses a 4 años de prisión para quien contacta a un menor vía medios digitales con fines sexuales.
La causa sigue su curso y la Fiscalía aguarda la designación de nuevas medidas de investigación en las próximas horas. Mientras tanto, la comunidad educativa permanece en alerta, reclamando protección y transparencia en el avance del proceso.
