Judiciales
Su pareja debía millones al banco, ella no sabía y le salió de garante: El contrato es nulo
El banco demandó a la mujer por una deuda millonaria en pesos y dólares. Tuvo que ir a la Justicia.
Una mujer firmó como garante principal por las deudas bancarias de su pareja, sin saber que el hombre estaba a un paso de la quiebra y sin ser informada por el banco sobre los graves alcances que tenía ese contrato de fianza. Como el hombre finalmente no pagó, el banco demandó a la mujer por una deuda millonaria en pesos y dólares.
Pero la demanda fue rechazada por la jueza Civil de Primera Instancia de Choele Choel, quien declaró nula la fianza. Esa decisión fue confirmada por la Cámara de Apelaciones de Roca y ahora el STJ confirmó el fallo, al rechazar un recurso de queja de la entidad bancaria.
La sentencia de Cámara advirtió que la mujer había sido víctima de violencia económica y patrimonial por parte del hombre y destacó, además, que el banco violó sus deberes de información y buena fe al momento de admitirla como garante.
Por su parte, el Superior Tribunal de Justicia concluyó que el banco, en su recurso de queja, no logró demostrar un caso de “arbitrariedad” o “absurdo” en la decisión de la Cámara. “La casación por absurdo y/o arbitrariedad constituye un remedio último y excepcional, de interpretación restrictiva, justificado únicamente en casos extremos”, indicó el STJ. Además, señaló que el fallo apelado superó el “control de legalidad” en las instancias recursivas.
Cuando la Cámara confirmó la nulidad de la garantía y del embargo que pesaba sobre los bienes de la mujer, aclaró que la decisión no derivaba de la Ley de Defensa del Consumidor, porque no es aplicable al caso. El fundamento central fue que el contrato no superó “el tamiz de una contratación de buena fe, razonable y no abusiva” que impone el Código Civil como principio general para todos los negocios.
El fallo recordó que la mujer puso todos sus bienes materiales en garantía cuando el hombre estaba al borde de la quiebra. Esa fianza bancaria le permitió al hombre tomar nuevos créditos y posiblemente refinanciar sus deudas.
Se acreditó que el hombre “nada le informó a su pareja acerca de la compleja situación que atravesaba y menos aun el banco ha acreditado haber informado mínimamente a la demandada la situación que estaba afianzando y los riesgos que corría al hacerlo”. Tampoco se le informó a la mujer de su derecho a revocar la fianza en cualquier momento.
Finalmente, se analizó que la garantía que firmó la mujer era muy amplia, de monto indeterminado y alcanzaba la totalidad de las deudas que asumiera en el futuro el empresario con el banco. “Debemos analizar si tal contratación supera el tamiz de una contratación de buena fe, razonable y no abusiva”, porque el banco “debió obrar con suma diligencia y prudencia, no pudiendo desconocer la compleja situación por la que atravesaba su deudor ni ignorar el absoluto desconocimiento que poseía la accionada acerca del contenido ruinoso de la garantía que estaba firmando, la que comprometía excesivamente su escaso patrimonio”.
El fallo de la Cámara concluyó que la fianza “carece de validez” por la falta de información previa a la garante, por no haberle brindado “asesoramiento respecto de los eventuales riesgos” y por haber incurrido el banco en un obrar “culposo, a más de abusivo y atentatorio contra la buena fe”.
Judiciales
Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años
La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.
Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.
Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.
El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.
El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.
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Caso Mandagaray: El STJ rechazó que el caso vaya a la Corte porque no hay sentencia definitiva
El máximo Tribunal provincial sostuvo que el planteo es prematuro y que el expediente debe continuar en la Justicia rionegrina.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) rechazó el Recurso Extraordinario Federal en la causa donde se investigan responsabilidades por la muerte de Gabriel Mandagaray. De esta manera, el proceso continúa en el ámbito provincial y el próximo paso será el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación. El máximo órgano rionegrino sostuvo que el planteo resulta prematuro, ya que «la sentencia objetada no posee la condición de definitiva ni equiparable».
El fallo recuerda que la resolución impugnada, que ordenó un nuevo examen integral, «no concluye el proceso, no define responsabilidad penal ni clausura la persecución, sino que se limita a disponer la nulidad de la revisión realizada por el TI 2 y a reenviar las actuaciones». En consecuencia, explicó el STJ, el agravio alegado «recién adquirirá entidad a los fines de la vía excepcional una vez emitido el pronunciamiento final».
La Corte Suprema tiene una doctrina de no admitir recursos cuando la sentencia no es definitiva. En el fallo se sostiene que «la ausencia del requisito de definitividad no se suple por la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales que se estimen vulneradas».
Además, el STJ señaló que los recursos federales interpuestos no satisfacen los requisitos formales de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema. En el texto se consigna que las presentaciones «no desarrollan un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso», «no demuestran el gravamen ocasionado», «no refutan todos y cada uno de los fundamentos» de la sentencia impugnada y «no ponen en evidencia que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas con lo debatido y resuelto en el caso».
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Ordenaron la captura nacional e internacional de uno de los fugados de la Comisaría 3° de Roca
Se trata de Luca Nicolás Torres, uno de los acusados del crimen de Julián Dobra.
Este mediodía (04/12), tras la notificación de la fuga de la Unidad Policial de uno de los imputados que cumplía prisión preventiva en el legajo donde se investiga el homicidio de Julián Dobra, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se ordene su captura nacional e internacional. Se trata de Luca Nicolás Torres, de 18 años de edad.
«Alrededor de las 2.05 de la madrugada recibimos la información del personal de la Comisaria que dos personas se habían dado a la fuga. Una de ellas es este imputado, que inmediatamente se dispuso la búsqueda con la Brigada Judicial de investigación y con canes», explicó el fiscal del caso.
El otro fugado es Ramiro Ezequiel Sosa, quien se encontraba cumpliendo una pena efectiva desde el 20 de octubre de este año, tras haber sido detenido por una causa de robo.
«Solicitamos que se libren los oficios pertinentes tanto a la Policía Federal, a Interpol, a Gendarmería Nacional, policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Nacional y Jefatura de Policía de Río Negro», detalló la Fiscalía.
La querella adhirió al pedido, no hubo objeciones por parte de la defensa penal pública. El juez de Garantías resolvió en el mismo sentido que lo solicitado.
