Gremios
«La Ley Ómnibus de Milei ha muerto» y para ATE triunfó la lucha de los trabajadores
«Tras sufrir esta derrota, el violento Gobierno de Milei amenaza con más ajuste. Ahora no podemos aflojar, tenemos que redoblar la lucha», dijo Aguiar.
El proyecto de Ley Ómnibus, que el viernes pasado obtuvo aprobación general en la Cámara de Diputados, se cayó ayer (06/02) a la tarde mientras los parlamentarios lo trataban en lo particular. Tras la votación de seis artículos se pasó a un cuarto intermedio y, al volver, el Gobierno levantó la sesión por no haber podido acordar las privatizaciones.
Tras la noticia, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, celebró que «en medio de un proceso bochornoso, los estatales hemos ganado una batalla muy importante contra un Gobierno que aborrece todo lo público y al propio Estado».
«El arduo trabajo que durante semanas llevó adelante ATE en el parlamento dio sus frutos: Antes que el oficialismo reconociera su derrota en la sesión y decidiera retirar la Ley, ya se habían votado negativamente los artículos e incisos que permitían al Presidente disponer de facultades para disolver o suprimir funciones y competencias de cualquier organismo del Estado, como así también la potestad de intervenirlos», agregó Aguiar.
El dirigente de ATE además dijo que «que la crisis en el recinto se haya generado a la hora de avanzar con las privatizaciones muestra con claridad que las y los estatales estamos decididos a resistir y a seguir defendiendo de manera incondicional el carácter público de empresas que resultan vitales para el desarrollo de nuestro pueblo además de, en la mayoría de los casos, ser superavitarias y cumplir roles estratégicos y soberanos».
«Ahora más que nunca tenemos que trabajar para fortalecer la unidad y profundizar el plan de lucha de las trabajadoras y los trabajadores en todo el país para seguir enfrentando el ajuste de este Gobierno violento que, en apenas semanas, está destruyendo de manera grave las condiciones de vida de toda la gente», animó el secretario general de ATE.
«Lo habíamos dicho: La represión de Bullrich era una muestra de la debilidad del Gobierno a la hora de intentar la aprobación de una Ley que ponía en venta a la Argentina», cerró Aguiar.
Gremios
Paritaria docente: Ofrecieron un aumento del 4,18% para octubre y una actualización para diciembre
Tras el encuentro paritario realizado en la Secretaría de Trabajo, Educación también anunció la organización de mesas de trabajo y propuso una nueva reunión entre fines de noviembre y la primera quincena de diciembre.
El Gobierno de Río Negro presentó una nueva propuesta salarial al gremio docente UnTER, que contempla un incremento del 4,18% en octubre y actualizaciones automáticas vinculadas a la inflación. El planteo se realizó durante un encuentro paritario desarrollado en la Secretaría de Trabajo de la provincia.
La oferta establece un aumento sobre el sueldo bruto, sobre todos los conceptos, para octubre y noviembre, calculado según el promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Viedma y Nación. Para octubre, se contempla una suba del 4,18%, correspondiente a la variación promedio de los índices de agosto y septiembre de 2026.
Además, el Gobierno propuso una actualización automática para diciembre de 2026, que se calculará según el promedio de los IPC de Viedma y Nación correspondiente a octubre.
Desde la Provincia también se evalúa abonar una suma no remunerativa por única vez, cuyo monto será comunicado oportunamente.
Por otra parte, el Ministerio de Educación organizará mesas de trabajo para analizar y tratar diferentes temas acordados. Durante la reunión también se propuso realizar un nuevo encuentro paritario entre la última semana de noviembre y la primera quincena de diciembre.
Gremios
ATE y UPCN recibieron una nueva propuesta salarial del Gobierno provincial
La propuesta contempla un incremento del 4,18% con los salarios de octubre, calculado sobre el promedio de los índices de inflación nacional y de Viedma de agosto y septiembre. Además, una suma extraordinaria durante el primer trimestre de 2027.
En la Mesa de la Función Pública, el Gobierno de Río Negro presentó a los representantes de ATE y UPCN una propuesta de actualización salarial que contempla un aumento del 4,18% con los haberes de octubre. El porcentaje surge del promedio de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional y de Viedma correspondientes a agosto y septiembre.
La propuesta prevé una nueva actualización con los haberes de diciembre, que se calculará a partir del promedio del IPC nacional y de Viedma correspondiente a octubre de 2026. El Ejecutivo provincial confirmó que ese último incremento impactará en el Salario Anual Complementario (SAC).
El Gobierno también ofreció el pago de una suma extraordinaria durante el primer trimestre del 2027, cuyo monto se definirá en una próxima reunión antes de fin de año.
Finalmente, el Ejecutivo propuso continuar con el sistema de actualización salarial por IPC durante el 2027.
El encuentro estuvo encabezado por la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra; la secretaria de Hacienda, Natalia Crociati; el representante del Ministerio de Gobierno y Trabajo, Lucas Entraigas; y la subsecretaria de la Función Pública, Antonela Mestre. Por los gremios participaron Rodrigo Vicente, en representación de ATE, y Mónica Miranda, por UPCN.
Gremios
ATE lanza un paro nacional de 24 horas para protestar en todo el país el jueves 15 y «voltear el decreto 70/23 completo»
«Este DNU no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional de 24 horas para este jueves 15 de octubre y en la Capital Federal se movilizará al Congreso de la Nación a partir de las 13.30 para exigir la derogación del Decreto N° 70/23. Además, las protestas se replicarán en las principales ciudades de todas las provincias.
Durante la jornada, sólo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores. Cabe destacar que cada provincia definirá la extensión de la medida y la modalidad de protesta.
«Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo. Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, señaló que «no podemos permitir que sigan gobernando la Argentina a sola firma. Lo que no consiguen con los votos pretenden hacerlo por decreto».
«Este decreto es un delivery para las grandes corporaciones. Incluye más de 300 leyes. Ni Videla se animó a tanto. No solo deroga la Ley de Tierras, sino la de Góndolas, de Alquileres, permite la privatización de las empresas públicas y le regala el comercio exterior a 10 empresas. Esto no es reforma, es saqueo», agregó el dirigente.
«Desde que asumió Milei nunca existió ni necesidad ni urgencia. La Constitución Nacional le prohíbe expresamente al presidente legislar. Y si lo hace, debe ser declarado nulo de nulidad absoluta. Con un Congreso que estuvo siempre abierto, este decreto es corrupción», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Además se verán afectados los servicios de recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del Senasa, radioperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros. Además, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias.
La movilización se dará además en el marco de la Marcha Federal Universitaria para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, recomposición salarial, actualización de las becas estudiantiles y los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.
