La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó una encuesta a trabajadores estatales de todo el país, la cual arrojó que el 87% tiene deudas vigentes, el 73% con múltiples entidades y el 40% las usa para pagar urgencias médicas, gastos en educación y el pago de alquileres o expensas, mientras que el 37% las usa para pagar más deuda, comida y ropa.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que «el resultado del trabajo es categórico”. “El alto nivel de endeudamiento le precariza la vida y enferma a los trabajadores. El Gobierno es el único responsable porque se está tomando deuda para tapar la caída del salario real», apuntó.

«Con techos a las paritarias y negociaciones a la baja, el crédito reemplaza al salario real. Antes la deuda era un mecanismo de inversión, ahora es para sobrevivir», señaló el dirigente sindical. Sin embargo, advirtió que «hoy existe un endeudamiento permanente para cubrir necesidades básicas y no para invertir».

En este marco, Aguiar aseguró que «el Estado es el verdadero responsable porque ataca al poder adquisitivo y luego ofrece deuda como solución. El Estado es quien facilita los créditos, en vez de atacar la inflación y los precios. Más de la mitad de quienes toman deuda no conoce la tasa de interés. La desregulación financiera ha generado una absoluta falta de control sobre la usura».

Resaltó que «hay que tener en cuenta que el proceso de endeudamiento frena la economía. Los trabajadores dejan de consumir y gastar en otros rubros porque la mayor parte del salario se va en cancelar deudas todos los meses», indicó. Agregó que «los recursos que se están transfiriendo de los bolsillos de los trabajadores a los bancos, a las financieras y a las tarjetas de crédito son multimillonarios. Cada cuota que se paga deja de ir al consumo o para sostener la salud y la educación».

«El endeudamiento también genera algo que pocos están advirtiendo y es la baja en la participación política, en la militancia colectiva. No es casual que eso beneficie al Gobierno», dijo el dirigente. «No podemos aceptar una clase trabajadora con ansiedad, angustia y desánimo», aseguró.

La encuesta relevó a trabajadores del Estado Nacional (47,8%), Estado Provincial (41,7%), Estado Municipal (5,8%), Empresas Estatales (2%) y otros ámbitos (2,7%), cuyo promedio de edad es de 45 años.

El 55,4% de las personas encuestadas aseguró tener más de un trabajo para complementar ingresos o asegurar mayor estabilidad económica. De esa porción, el 56% son mujeres y el 34% de ellas trabaja entre 8 y 12 horas diarias para mantener los gastos del hogar.

Además, el 43% dejó de participar en política por cansancio físico y mental, por falta de tiempo y de recursos económicos.

El relevamiento también arrojó las estrategias que usaron los trabajadores del Estado para evitar mayor endeudamiento. La más común fue recortar actividades recreativas como talleres, cursos y salidas (39,22%), seguida de dedicar más tiempo a buscar precios y promociones (29,57%) y de asumir tareas antes delegadas, como la limpieza del hogar (22,91%).

Los resultados de la encuesta nacional también evidenció un grave impacto en la salud mental: el 85,4% de los estatales consultados reportó un deterioro en su bienestar emocional y psicológico en el último año. El 19,5% reportó ansiedad, el 17% angustia y agotamiento, 16% desánimo y 15% insomnio.

El gobernador Alberto Weretilneck logró ante el Banco Interamericano de Desarrollo la aprobación de un programa de US$ 85 millones para poner en marcha una de las inversiones en infraestructura productiva más importantes de las últimas décadas. La inversión permitirá ampliar áreas bajo riego, llevar energía a nuevas zonas, modernizar sistemas existentes y sumar tecnología y equipamiento para proteger la producción frente a los eventos climáticos.

Tras conocerse la aprobación del proyecto por parte del Directorio del BID, Weretilneck remarcó que «conseguir este financiamiento del BID demuestra que cuando una provincia tiene un rumbo claro, planifica a largo plazo y cumple con sus compromisos, el mundo acompaña. Estos fondos llegan porque Río Negro tiene un proyecto de desarrollo serio, con obras concretas y una visión de futuro».

El monto total del Programa es de US$ 85 millones. De ese total, US$ 80 millones serán financiados con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y US$ 5 millones con recursos propios de la provincia de Río Negro.

«La aprobación de este crédito refleja la confianza que organismos internacionales depositan en nuestra forma de administrar la provincia. Esa confianza se construye con responsabilidad, previsibilidad y cumpliendo la palabra. Ese es el rumbo que elegimos y que vamos a seguir fortaleciendo”, sostuvo.

“Proyectos de esta envergadura serían imposibles de concretar sin este financiamiento internacional. Todo nuestro agradecimiento al BID por confiar en el camino que estamos recorriendo y en la visión de futuro que tenemos para Río Negro”, dijo el gobernador.

Finalmente, el mandatario aseveró que “el rumbo está claro y genera confianza, ahora el desafío es seguir trabajando para que los rionegrinos disfruten los beneficios de estas inversiones”.

Weretilneck estuvo acompañado por los ministros de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; de Salud, Demetrio Thalasselis y de Hacienda, Gabriel Sánchez, junto al director ejecutivo de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), Martín Camiña.

Los proyectos

El programa reúne cinco proyectos estratégicos. En Guardia Mitre se construirán 85 km de nueva red eléctrica y 3 centros de transformación. La obra ampliará las conexiones rurales, permitirá incorporar bombeo y riego presurizado y reducirá más de 50% el costo energético por hectárea.

En Negro Muerto se instalarán 32,2 km de red eléctrica, un cruce sobre el río Negro y 7 centros de transformación. La nueva infraestructura permitirá incorporar unas 13.000 hectáreas productivas durante la primera etapa y generar condiciones para nuevas actividades agrícolas y ganaderas.

En el Valle Inferior se modernizará el sistema de riego del IDEVI, con compuertas automáticas, mejoras en los canales y monitoreo en tiempo real para administrar mejor el agua, reducir pérdidas y dar mayor previsibilidad a los productores.

Margen Norte también dará un salto de escala: podrá prácticamente duplicar su superficie cultivada en 5 años. El proyecto incluye obras en la bocatoma de Chimpay, canales, drenajes, telemetría, electrificación y mayor potencia en estaciones transformadoras.

El programa también incorporará nuevas herramientas para proteger la producción frente al granizo, con un componente específico de U$S 6 millones para que los productores puedan instalar mallas antigranizo.

Equipamiento para el SPLIF

Además, se refuerza la preparación ante incendios forestales. El SPLIF sumará 4 camiones cisterna y 30 reservorios transportables que permitirán almacenar 900.000 litros de agua, 3 minicargadoras, 1 tractor, 23 motobombas, 3 cuatriciclos y 1 UTV, entre otro equipamiento.

Se agregarán 13 cámaras domo, 7 estaciones meteorológicas, sistemas de comunicación y tecnología para mejorar la detección temprana y reducir los tiempos de respuesta frente al fuego.

La Secretaría de la Función Pública defendió este miércoles (05/08) el proyecto de ley de regularización contractual para agentes públicos ante las comisiones de la Legislatura de Río Negro y respondió las consultas de los legisladores sobre los requisitos y plazos previstos en la iniciativa.

La presentación estuvo encabezada por la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, ante las comisiones de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo; Asuntos Constitucionales y Legislación General; y Presupuesto y Hacienda.

Durante su exposición, la funcionaria explicó que el proceso tendrá como fecha de corte el miércoles (31/12/2025) y detalló que, para acceder a la estabilidad, los agentes deberán aprobar el examen de idoneidad a través del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), no registrar sanciones superiores a 10 días de suspensión ante la Junta de Disciplina, contar con un informe favorable y acreditar aptitud psicofísica mediante la Junta Médica Provincial.

Además, Lastra aseguró que el salario neto de los trabajadores no sufrirá reducciones y remarcó que todo el procedimiento respetará «criterios objetivos, igualdad de oportunidades, publicidad, transparencia y derecho a la revisión administrativa».

Respecto de los próximos pasos, indicó que el proyecto será tratado este jueves por la Legislatura provincial. En caso de ser aprobado y promulgado, el Poder Ejecutivo dispondrá de 60 días para dictar el decreto reglamentario que establecerá los detalles del proceso.

La funcionaria sostuvo además que la iniciativa no solo representa una solución para los agentes que se encuentren en condiciones de acceder a la estabilidad, sino que también busca garantizar que el procedimiento se desarrolle con responsabilidad. «Tenemos que dar cuenta a todos los rionegrinos de que el trabajo va a ser hecho con absoluta responsabilidad y con la visión de que quienes estén trabajando en el Estado sean los mejores», expresó.