Judiciales
Fallo ordena aumentar la cuota alimentaria para reconocer las tareas de cuidado que sólo cumple la mamá
El padre de dos adolescentes solo comparte un día a la semana.
Una sentencia aumentó la cuota alimentaria que debe pagar un padre para sus dos hijos adolescentes, con quienes comparte un día a la semana. El fallo tuvo en cuenta especialmente el valor económico que tienen las tareas de cuidado, que en este caso cubre exclusivamente la mamá. Esas labores diarias, como brindar «el sostén cotidiano, tareas domésticas, apoyo escolar, cocinar, asistir en la enfermedad», tienen valor económico «y es valioso y justo considerar que estas labores son un aporte a la manutención de los hijos a la hora de la fijación de los alimentos», explicó la sentencia de la Cámara Civil de Apelaciones de Roca.
El Tribunal elevó la cuota mensual al 35% de los ingresos que perciba el padre. Como monto mínimo fijó el equivalente al 70% del Salario Mínimo Vital y Móvil, «el que se deberá asegurar aún en el caso de que no trabaje en relación de dependencia», señaló el fallo.
El caso llegó a la Cámara porque la mamá apeló el monto de cuota que se había fijado en la primera instancia, que era del 30% del ingreso del padre o, como piso, medio Salario Mínimo. Aquella misma sentencia había homologado las condiciones fijadas hace más de 10 años, en un acuerdo de mediación que habían firmado la madre y el padre.
Cuando la mamá apeló, admitió que la sentencia de primera instancia había aumentado la cuota valorando el paso del tiempo, la devaluación monetaria y las nuevas necesidades de los hijos. Pero cuestionó que no se puso valor en dinero a las tareas exclusivas de cuidado que ella cumple.
«La suma establecida en la sentencia no resulta suficiente para atender las necesidades de los adolescentes, teniendo en cuenta sus necesidades y el nulo aporte del progenitor en relación a las tareas de cuidado que recaen en la progenitora exclusivamente y deben ser valoradas», definió la Cámara. Y recordó que las necesidades alimentarias de los hijos «incluyen sustento, educación vestido, habitación, salud, esparcimiento» y que «la falta de trabajo fijo no puede constituir un impedimento».
«La falta de cumplimiento del progenitor con deberes esenciales respecto de sus hijos, vulnerando derechos humanos básicos de uno de los grupos más desprotegidos de la sociedad, importa además ejercer violencia de género de tipo económica en contra de la progenitora», dijo la Cámara.
Destacó que la señora «ejerce de manera exclusiva la jefatura familiar y la totalidad de las tareas de cuidado de los adolescentes ante la ausencia de su progenitor. En el marco socio-cultural actual y en razón de las obligaciones estatales asumidas por la Argentina en todos su niveles a partir de la incorporación de los tratados internacionales de Derechos Humanos (…), tal conducta resulta inadmisible, puesto que contribuye a reforzar roles tradicionales de género que nada tienen que ver con elecciones de vida ejercidas en igualdad de condiciones».
El Tribunal citó y compartió, además, un reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que valoró con máxima claridad las tareas de cuidado. «El cuidado proporcionado por las madres y otras mujeres de la familia suele ser llamado un ‘trabajo de amor’ pero nunca es solamente eso: involucra trabajo arduo y responsabilidad, tiempo, energía, dinero y pérdida de oportunidades alternativas (…) ya no hay margen para que pase desapercibida la carga mental que conllevan tanto el cuidado de niños, niñas y adolescentes, como la gestión de las tareas del hogar. Es imperante que esa sobrecarga o esfuerzo psicológico ínsito en la planificación, coordinación y protección de la vida familiar e individual de sus miembros sea reconocida y sea cuantificada desde una faz productiva».
En el caso de Roca, el cuidado exclusivo de la mamá ya se veía en el viejo acuerdo de mediación, cuya homologación también fue revisada por la Cámara de Apelaciones. «Quizá en esa época (2013) fue lo que se entendió prudente o posible de convenir, mas no puede ser tildado de definitivo y volverse en contra de quien peticiona ahora el aumento» de la cuota, finalizó el Tribunal.
Judiciales
Atropelló a un ciclista en Roca, escapó sin asistirlo y ahora deberá indemnizarlo
La víctima sufrió lesiones graves, permaneció internada en terapia intensiva y debió ser operada. El conductor escapó sin asistirlo y la bicicleta nunca apareció.
Un conductor que atropelló desde atrás a un ciclista en calle Viterbori de General Roca, escapó sin asistirlo y lo dejó inconsciente sobre el asfalto deberá indemnizarlo por las lesiones y las consecuencias del siniestro. El fuero Civil de Roca hizo lugar a la demanda presentada por la víctima y atribuyó la totalidad de la responsabilidad al automovilista. La condena también alcanzó a la compañía aseguradora, dentro de los límites de la cobertura contratada.
El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando el hombre circulaba en bicicleta rumbo a su trabajo por el margen derecho de la calzada, entre las calles Lago Lolog y Cerro Aconquija. Llevaba un chaleco reflectante y avanzaba junto al cordón cuando un Volkswagen Gol Trend que transitaba en la misma dirección lo embistió desde atrás.
La fuerza del impacto hizo que el ciclista saliera proyectado contra el parabrisas del automóvil y luego cayera sobre el asfalto. El conductor no se detuvo para auxiliarlo y abandonó el lugar, mientras la víctima permanecía herida e inconsciente.
El hombre fue trasladado inicialmente al Hospital Francisco López Lima y luego a un policlínico de Cipolletti, donde permaneció internado en terapia intensiva y debió ser sometido a una operación. Además, su bicicleta nunca apareció.
A partir de lo ocurrido, inició una demanda civil por daños y perjuicios contra el automovilista y la aseguradora. Reclamó una reparación por las lesiones físicas, las consecuencias psicológicas, los gastos de atención y la pérdida del rodado.
Durante el juicio, las partes sostuvieron versiones opuestas. El ciclista afirmó que el conductor lo había atropellado desde atrás, guardado la bicicleta en el baúl y escapado para ocultar lo sucedido. El demandado negó esa acusación y sostuvo que la víctima había cruzado repentinamente la calzada, vestida con ropa oscura y en condiciones de escasa iluminación. También dijo que se retiró debido a una alteración emocional y rechazó haberse llevado la bicicleta. La aseguradora respaldó esa postura y atribuyó el accidente a la conducta del ciclista.
La jueza tuvo por acreditadas la fuga del automovilista y la desaparición de la bicicleta, aunque no consideró probado que el conductor la hubiera escondido o sustraído.
El informe del Gabinete de Criminalística y la pericia accidentológica fueron determinantes para reconstruir el siniestro. Ambos coincidieron en que el automóvil impactó desde atrás a la bicicleta, que circulaba aproximadamente a 45 centímetros del cordón. Los especialistas descartaron que el ciclista hubiera cruzado repentinamente la calzada y señalaron que la avenida era recta, contaba con iluminación artificial y no presentaba obstáculos para la visión.
En su análisis, la magistrada aplicó las normas del Código Civil y Comercial sobre el riesgo creado por la circulación de vehículos. Ese régimen establece que, una vez acreditados el accidente y el daño, quien pretende liberarse de responsabilidad debe demostrar una causa ajena, como la conducta de la propia víctima. También examinó las obligaciones de cuidado y prevención de la Ley Nacional de Tránsito, incluido el deber de detenerse y prestar asistencia después de un siniestro.
La jueza concluyó que el automovilista incumplió esas obligaciones y que ni él ni la aseguradora lograron demostrar que el ciclista hubiera provocado el choque.
La reparación reconocida comprendió la incapacidad psicofísica permanente, el daño moral, el tratamiento psicológico futuro y la pérdida de la bicicleta. Para determinar el daño moral, se consideraron la gravedad de las lesiones, las cicatrices, las consecuencias emocionales y el abandono de la víctima después del impacto. También se reconoció la necesidad de realizar un tratamiento psicológico semanal durante un año.
En cambio, se rechazó el reclamo por gastos médicos y traslados, debido a que las prestaciones habían sido cubiertas por la aseguradora de riesgos del trabajo. Además, la sentencia dispuso verificar si el ciclista recibe una reparación laboral por incapacidad permanente, con el objetivo de evitar una doble compensación por el mismo perjuicio.
Finalmente, el fallo ordenó al conductor y a la aseguradora -esta última dentro de los límites de la cobertura contratada- pagar la reparación dentro de los 10 días, bajo apercibimiento de ejecución.
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Se entregó en Roca el joven acusado de asesinar de un disparo a un hombre en Allen
El imputado acudió por sus propios medios a la guardia de la Comisaría 3° y manifestó su intención de entregarse. Quedó detenido a disposición de la Fiscalía de Allen.
Un hombre de 32 años murió ayer lunes (09/11) por la mañana en Allen tras recibir un disparo en el pecho. Por el homicidio, un joven de 25 años que permanecía prófugo se presentó voluntariamente este martes en la Comisaría 3° de General Roca, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.
El hecho se conoció alrededor de las 6, cuando desde la guardia del Hospital Ernesto Accame informaron el ingreso de la víctima en estado crítico. Pese a las maniobras de asistencia realizadas por los profesionales médicos, minutos más tarde confirmaron su fallecimiento a causa de la herida de arma de fuego en la zona torácica.
De acuerdo con las primeras averiguaciones policiales, el hombre había sido auxiliado en la intersección del Pasaje Vecinal e Islas Malvinas y trasladado de urgencia al nosocomio local por allegados a bordo de un automóvil.
En el lugar trabajaron el fiscal Zornita, efectivos de la Comisaría 33°, personal de la Brigada de Investigaciones y Criminalística.
En tanto, el sospechoso, sobre quien pesaba una orden de detención vigente, se presentó este martes alrededor de las 11 en la guardia de la Comisaría 3°. El joven acudió por sus propios medios y manifestó su intención de entregarse al conocer que era buscado por el crimen ocurrido 24 horas antes.
Tras su presentación, el personal policial se comunicó con la Fiscalía Descentralizada de Allen, desde donde se dispuso notificar formalmente su aprehensión en el legajo judicial caratulado como homicidio agravado. También se dio intervención al Cuerpo de Investigación Judicial para el cotejo de antecedentes.
El imputado quedó alojado en una sede policial a la espera de la audiencia de formulación de cargos. Además, se notificó a la Defensoría Oficial para garantizar su representación legal.
Judiciales
Juicio por abuso sexual: La Fiscalía pidió perspectiva de género y una resolución con enfoque en los derechos de la víctima
La fiscal Benatti pidió que se analice el contexto de vulnerabilidad de la víctima, que tenía 12 años cuando ocurrieron los hechos. La defensa solicitó que el acusado sea condenado por estupro.
La Fiscalía solicitó a un Tribunal Colegiado que declare responsable penal a un hombre acusado por hechos de abuso sexual que comenzaron cuando la víctima tenía 12 años. El caso llegó a juicio varios años después de ocurrido y la acusación sostuvo que se trató de un ataque no consentido que derivó en un embarazo.
Durante los alegatos de clausura, la fiscal Celeste Benatti pidió a los jueces Gastón Martín, Maximiliano Camarda y Gastón Pierroni que analizaran el caso desde la perspectiva de una niña de 12 años en 2015. Planteó la necesidad de comprender cómo su vida y sus decisiones cotidianas quedaron atravesadas y subordinadas a las determinaciones de los adultos que la rodeaban.
La representante del Ministerio Público Fiscal remarcó que la niña nunca eligió mantener una relación con el imputado ni quedar embarazada sin comprender siquiera lo que eso significaba. También señaló que debió continuar viviendo en un entorno donde su agresor seguía presente mediante un régimen de comunicación parental con el bebé que había tenido.
Benatti sostuvo que en aquel momento falló el sistema de protección y que la víctima quedó relegada, sin que nadie le preguntara verdaderamente qué había ocurrido ni qué quería para su vida. En ese sentido, pidió que el Tribunal resuelva con perspectiva de género y contemple el contexto sociofamiliar, la manipulación emocional ejercida sobre la niña y la normativa protectora vigente.
Entre las pruebas, la Fiscalía destacó una pericia genética realizada en el Laboratorio Regional de Genética Forense de Bariloche, que confirmó la paternidad respecto del hijo producto del abuso con un 99,99% de probabilidad. También mencionó el informe médico forense que estableció la fecha de concepción.
Los hechos juzgados ocurrieron en diciembre de 2015, cuando la víctima tenía 12 años y el imputado 18. La Fiscalía sostuvo que se trató de un ataque no consentido, en un contexto de profunda vulnerabilidad e invisibilización institucional y familiar.
La representante fiscal también recordó la Ley N° 27.206 de Respeto a los Tiempos de las Víctimas y el artículo 67 del Código Penal, referido a la suspensión de la prescripción en los casos de abuso sexual.
Por su parte, el defensor particular mantuvo la postura sostenida durante el debate y solicitó que su asistido sea condenado por la figura de estupro. El Tribunal informó que dará a conocer su resolución el miércoles 11 de noviembre a las 12.30 horas.
