La Unidad Regional 2° de la Policía de Río Negro implementó un operativo de prevención en la zona centro de General Roca. Durante el procedimiento, se identificaron 195 personas y se verificaron 194 automóviles.

El objetivo del plan operacional fue el control de ingreso a la ciudad, principales avenidas y puentes. Asimismo, se buscó reforzar la presencia policial en puntos estratégicos a lo largo de la correspondiente jurisdicción.

El despliegue policial contó con la participación de efectivos policiales pertenecientes a Comisaría 3°, Subcomisaría 67°, Destacamento 178°, Brigada Motorista de Apoyo (BMA) y Tránsito Municipal.

«Este tipo de acciones se implementan con el fin de fortalecer la seguridad, prevenir el delito y la presencia policial en la calle», destacaron desde la Policía.

Un hombre compró un cero kilómetro en Capital Federal. Inició el viaje hasta General Roca y ya en los primeros 200 kilómetros del viaje detectó un ruido en el tren delantero.

Con mucha precaución, llegó al servicio oficial de la marca en Roca. Allí le informaron que el chapón estaba suelto. Lo repararon, pero los problemas no cesaron.

Un reciente fallo del fuero Civil de Roca hizo lugar a la demanda presentada por el dueño del vehículo. Condenó a Peugeot Citroën Argentina y a DMX2 a abonar las sumas correspondientes al precio actual del vehículo. También ordenó el pago de $11.500.000 en concepto de daños.

Una pericia mecánica determinó que el auto presentaba problemas compatibles con un fuerte golpe.

Este tipo de daños suele ocurrir cuando los vehículos se golpean al bajar del flete. Se precipitan al piso y se dañan. Esto puede suceder en la terminal automotriz o en la misma agencia de venta, según sostuvo el perito.

Se detectaron ruidos en los amortiguadores, zumbidos en las puertas, desajustes en la calefacción y en el sistema de posicionamiento global. La pericia también determinó fallas en la cámara trasera, en la cadena de distribución, deficiencia en la calidad de las bujías y desperfectos en el tensor de la bomba de agua, entre otros.

Por su parte, la concesionaria negó los hechos. Argumentó que el auto es apto para su destino y carece de defectos de fabricación. Además, mencionaron que el vehículo ya no está en garantía y que no se encuentra acreditada la calidad de consumidor invocada.

El Juzgado rechazó las posturas de la fábrica y de la concesionaria, y acreditó que el vehículo fue vendido con vicios ocultos. También resolvió que las reparaciones realizadas en el taller oficial fueron parciales y que el auto resultó inseguro. Las empresas demandadas incumplieron el deber de brindar un trato digno al consumidor.

Fue a un comercio a solicitar el servicio de internet. Firmó el contrato y abonó el costo de la instalación. La contratación se realizó durante la pandemia de Covid-19. La conectividad era indispensable para que el hombre pudiera concretar sus tareas digitales cotidianas.

Una semana después, recibió al personal técnico en su casa. Sin advertencia previa, le informaron que su domicilio no era apto para la instalación de los equipos. Presentaba un impedimento técnico para la conectividad de las frecuencias. El servicio nunca se instaló y el dinero tampoco fue devuelto.

Un fallo del Juzgado Civil de Roca hizo lugar a la demanda iniciada y condenó a la empresa Net Patagonia S.A.S. a indemnizar al hombre por daño moral y patrimonial.

El juez consideró que, en una relación de consumo, solo se exime al proveedor por caso fortuito o fuerza mayor. En este caso, la imposibilidad técnica no reúne esas características. Además, la empresa no acompañó un informe técnico ni una pericia que así lo determinara.

La proveedora de internet aseguró que el inconveniente fue ajeno a su responsabilidad. Argumentó que el contrato se extinguió automáticamente por una cláusula prevista para esos casos.

El Juzgado entendió que la empresa está en mejores condiciones de evaluar la disponibilidad técnica, ya sea por razones geográficas o de alcance de señal. Por lo tanto, no resulta válido sostener que al momento de la instalación el contrato no se pudiera cumplir.

El fallo explica que una cláusula dispuesta unilateralmente, mediante la cual la empresa se libera de responsabilidad, debe considerarse como no escrita. Pesa sobre el proveedor el deber de información, con carácter de obligación de resultado.

La empresa no brindó información adecuada al momento de la contratación. «No se acreditó que se hiciera saber al actor que el servicio podría no prestarse por dificultades técnicas, dando la opción de contratar o no hacerlo», explicó el juez.

La empresa también alegó que el hombre no colaboró para recibir la restitución del dinero. Esta devolución no fue íntegra, ya que no incluyó intereses.