Judiciales
A más de 1.500 km ella deseaba una familia amorosa y un nuevo nombre: En Roca encontró todo
La niña tiene 11 años, nació en otra provincia y fue adoptada por una familia roquense. Hoy es feliz en nuestra ciudad.
Estaban separados por más de 1.500 kilómetros pero los unía un mismo deseo: ser una familia. Ese deseo terminó de concretarse este martes, cuando la jueza llegó «de sorpresa» a la casa y le entregó a la niña el papel que tanto esperaba: la sentencia de adopción plena que la declara hija y hermana y que le otorga el nombre y el apellido que tanto quería.
La niña tiene 11 años y nació en otra provincia. Durante la pandemia, el organismo proteccional de su ciudad ordenó una medida excepcional para ponerla a salvo de situaciones de riesgo en su familia de origen. Entonces pasó tiempo en un hogar, luego compartió períodos con familias solidarias y finalmente en enero de 2022 un Juzgado de su provincia declaró su «estado de adoptabilidad».
Mientras tanto en Roca, un matrimonio y su hijo de 12 años alimentaban el sueño de ser una familia adoptiva. Se inscribieron en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruagfa), recibieron las capacitaciones del organismo y esperaron. El llamado no tardó en llegar porque el Juzgado de la otra provincia los encontró en el Registro rionegrino.
El vínculo con la niña comenzó a forjarse a través de videollamadas hasta que finalmente los roquenses viajaron a conocerla. En septiembre de 2022 la familia obtuvo la guarda con fines adoptivos y el Juzgado les permitió venir con ella a Roca. No fue fácil, pero desde entonces nunca se separaron.
Cuando la niña se radicó en Roca, el expediente se envió a una jueza de Familia de esta ciudad para que haga el seguimiento de la guarda con intervenciones del equipo técnico. Las profesionales de Familia informaron que la convivencia «ha presentado las dificultades propias de estos procesos», pero que la familia «ha sabido resolverlas» con determinación, comunicación y apoyo. Y así llegó un día en que la niña, en las conversaciones con las profesionales, comenzó a hablar de su familia «desde un lugar de propiedad, sintiéndose parte del grupo».
Al dictar la sentencia de adopción la jueza detalló que «esta familia cuenta con recursos intelectuales, emocionales y vinculares para ejercer la responsabilidad parental de la niña de forma saludable, dado que satisfacen las necesidades específicas de cuidado y crianza, garantizando el derecho a vivir y desarrollarse en una familia y su formación integral, existiendo compatibilidad adoptiva».
Antes de tomar la decisión la jueza escuchó todo lo que la niña quería expresar. De aquel diálogo destacó el amor y la contención que ella siente y tomó nota de su profundo deseo de registrar en su documento el nombre que eligió hace algunos años y el apellido de su familia adoptiva. Poder tener esta identidad elegida evitará que en algunos lugares sigan llamándola con un nombre que le hace mal.
Una notificación especial
La jueza de Familia informó personalmente a la niña sobre el final del proceso de adopción. «¿Te acordás que te dije que cuando estuviera todo listo iba a venir a tu casa? Bueno, acá estoy y te traigo esta resolución, sellada y firmada. Es la adopción plena y el cambio de nombre que estabas esperando», le dijo la jueza a la niña. En medio de los abrazos y aplausos, ella misma pudo leer ante su familia, en voz alta, algunos fragmentos de la sentencia de adopción. «Estoy un poco nerviosa y con alegría, me siento feliz. Estaba esperando un montón este momento para cambiar mi nombre», compartió ella.
Judiciales
La Justicia ratificó que la falta de trabajo no exime el deber alimentario de un progenitor
Para evitar pagar la cuota alimentaria que fijó una jueza, también alegó dolencias físicas y dificultades económicas.
Un hombre intentó eludir su responsabilidad parental en favor de su hija con el argumento de que no tenía trabajo. Para evitar pagar la cuota alimentaria que fijó una jueza de Familia de Bariloche también alegó dolencias físicas y dificultades económicas. Presentó un recurso de apelación, pero la respuesta fue la misma: la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia y ratificó que la desocupación no anula las obligaciones legales de un padre.
El Tribunal rechazó el recurso y respaldó el criterio de primera instancia, que había fijado una cuota alimentaria equivalente al 35% de todos los ingresos del progenitor, con un piso no inferior al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). El fallo estableció además que el monto deberá actualizarse automáticamente cada vez que cambie el valor del salario mínimo, lo que evita que la madre deba volver a litigar para solicitar nuevos aumentos.
Durante el proceso judicial, el padre sostuvo que no tenía trabajo y que una dolencia en la espalda le impedía conseguir uno. También argumentó que tenía otros hijos a cargo. Su propuesta fue pagar $40.000 por mes, monto que resultó insuficiente frente a los gastos de su hija adolescente, quien cursa estudios universitarios y no mantiene vínculo con él.
La jueza de primera instancia desestimó el planteo tras un análisis del expediente y de los informes incorporados. El hombre figuraba inscripto como monotributista, había trabajado como remisero hasta pocos meses antes del juicio y no aportó pruebas médicas serias que justificaran una incapacidad prolongada. Tampoco había demostrado voluntad de involucrarse en la crianza o de mejorar su situación para asumir el rol que le corresponde como padre.
La pericia social confirmó que la madre, quien trabaja como portera en una escuela pública, mantiene sola a su hija y a otro hijo menor. Realiza actividades adicionales para sostener el hogar y destina gran parte de sus ingresos al pago de alquiler y educación. El informe describió un entorno austero, organizado y enfocado en el cuidado y desarrollo de los hijos.
La Cámara respaldó íntegramente ese análisis. Indicó que la obligación alimentaria no se basa únicamente en los ingresos reales, sino en la capacidad económica potencial del alimentante, y que esta no puede desaparecer por falta de voluntad o por informalidad laboral. También recordó que la ley reconoce el valor económico del trabajo doméstico y de cuidado, y que quien no asume esas tareas debe compensarlo de otro modo.
El fallo final ratificó el monto y el criterio establecido en primera instancia. Rechazó la apelación del demandado y confirmó que, incluso sin empleo, un progenitor no puede dejar de cumplir con su obligación alimentaria.
Judiciales
Su muñeca no resistió más: Abrió miles de pollos con cuchillo y sufrió una lesión permanente
La Justicia estableció que el porcentaje de incapacidad es del 8,75% y fijó la indemnización correspondiente para la trabajadora.
Una trabajadora de una planta avícola de Cipolletti logró que la Cámara del Trabajo reconociera su incapacidad como una enfermedad profesional y condenara a la ART al pago de una indemnización.
Durante años, cortó, limpió y clasificó piezas de pollo bajo exigencias físicas constantes. Abrió aves con cuchillos, separó vísceras, embaló productos y levantó bandejas pesadas, en jornadas extensas. Lo hizo con esfuerzo repetido y posturas forzadas que fueron dejando marcas en su cuerpo.
A comienzos de 2023, los dolores comenzaron a instalarse en sus muñecas. Informó a su empleadora, recibió calmantes, reposo y sesiones de fisioterapia. En julio ya no pudo continuar trabajando. En febrero del año siguiente, se sometió a una cirugía en la muñeca izquierda, donde se detectó una lesión en el fibrocartílago triangular.
La aseguradora de riesgos del trabajo (ART) no reconoció la relación entre la patología y las tareas, y la Comisión Médica dictaminó que se trataba de una dolencia inculpable. Frente a ese rechazo, la trabajadora inició una acción judicial.
El expediente tramitó ante la Cámara del Trabajo de Cipolletti. La ART demandada no respondió en el plazo legal, lo que derivó en su declaración en rebeldía. El tribunal dio curso a la prueba y designó a un perito médico, quien evaluó a la trabajadora y determinó que sufría una limitación funcional en la muñeca izquierda, con un grado de incapacidad inicial del 5,85%.
Ambas partes impugnaron ese dictamen. La aseguradora insistió con el informe de la Comisión Médica, mientras que la trabajadora cuestionó el cálculo del factor edad. El perito ratificó su informe, describió el impacto de los movimientos repetitivos en las lesiones articulares y señaló que en este caso existía causalidad con las tareas laborales.
La jueza y los dos jueces del tribunal valoraron el dictamen, la prueba documental, el relato no controvertido y la falta de respuesta de la demandada. Reconocieron que las tareas desempeñadas durante años constituyeron un mecanismo adecuado para generar la lesión. Aplicaron la «teoría de la indiferencia de la concausa», ya admitida por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), según la cual el trabajo debe considerarse causa relevante aunque existan factores concurrentes.
También se remitieron a los precedentes del STJ que sostienen la obligatoriedad del baremo previsto en el Decreto 659/96 para calcular incapacidades, y a su pronunciamiento sobre el Decreto 669/2019, que avaló su validez con aplicación desde su entrada en vigencia.
En función de esos lineamientos, el Tribunal incrementó el porcentaje de incapacidad al 8,75% y fijó la indemnización correspondiente, con intereses desde la fecha del infortunio. Estableció que el monto debía abonarse en un plazo de diez días, y en caso de mora, debía aplicarse la tasa activa del Banco Nación. La firma condenada es La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.
Judiciales
Inició el juicio por el homicidio de Luciano García
Con la declaración de alrededor de 30 testigos, el proceso judicial se extenderá hasta el viernes 29 de agosto.
En la mañana de ayer martes (19/08), las partes, Fiscalía, querella y defensa particular expusieron sus alegatos y de esta manera inició el juicio por el homicidio de Luciano García, ocurrido en mayo del año pasado.
Luego de repasar las convenciones probatorias fue el turno de los testigos. De esta manera, declararon familiares y amigos de la víctima, testigos que escucharon y/o vieron el hecho y que llamaron al 911. También lo hizo personal policial que intervino en el lugar donde estaba el cuerpo del joven fallecido.
Cabe mencionar que, según el control de acusación que dio inicio a este debate, se espera que durante las siete jornadas restantes presten declaración alrededor de 30 testigos.
El hecho que se está juzgando ocurrió el 6 de mayo de 2024, alrededor de las 22.10 horas cuando el imputado de 23 años se movilizaba junto a un adolescente no punible en una moto. Según la teoría de esta Fiscalía, perseguían la víctima y a quien conducía que iban en otra moto, y le dieron muerte a Luciano García luego de dispararle varias veces.
La calificación legal por la que la Fiscalía y la querella ya adelantaron que solicitaran la responsabilidad penal del imputado es la de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor de edad, abuso de armas agravado por la intervención de un menor de 18 años, y portación de arma de fuego civil sin la debida autorización legal, todo en concurso real, según los Artículos 45, 55, 79, 41 bis, 41 quater, 104, 189 bis inciso 2, 3er párrafo del Código Penal.
El imputado se encuentra cumpliendo prisión preventiva desde la formulación de cargos ocurrida dos días después del hecho.
Las jornadas continuarán en los Tribunales roquenses este miércoles (20/08), mañana jueves (21/08), viernes (22/08) y desde el martes próximo hasta el viernes 29 de agosto.
