Se realizaron cuatro allanamientos simultáneos en el barrio Quinta 25, en la zona norte de General Roca. El despliegue de personal de Gendarmería Nacional resultó en el secuestro de una gran cantidad de estupefacientes, dinero en efectivo y elementos que comprometen a los involucrados en la causa.

Según informó TodoRoca, durante los procedimientos, se secuestraron 2.792 semillas de marihuana, lo que sugiere la intención de cultivar a gran escala. Además, fueron hallados cinco plantines de marihuana en fase inicial de crecimiento y 20,5 gramos cannabis listos para su posible distribución.

El operativo también reveló la presencia de otras drogas, como dos gramos de clorhidrato de cocaína distribuidos en envoltorios de nailon negro, así como restos de la misma sustancia en otros paquetes, que presume su comercialización.

Asimismo, Gendarmería secuestró $114.480 en efectivo, cuatro teléfonos celulares y anotaciones varias, presumiblemente vinculadas al comercio de drogas.

Cuatro personas quedaron imputadas en la causa y están siendo investigadas por presunto tráfico de estupefacientes. Las autoridades no descartaron que este operativo sea el inicio de una investigación más amplia sobre posibles redes de distribución en la región.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la queja por denegación del recurso extraordinario en el conflicto por el cobro de una tasa municipal. En 2023, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) declaró inconstitucional una ordenanza de Roca que imponía un tributo a los camiones que ingresaban con productos alimenticios.

La resolución de la Corte Suprema, que lleva fecha del 22 de octubre, deja firme la inconstitucionalidad declarada por el STJ. El fallo del Poder Judicial de Río Negro concluyó que la facultad de control de la calidad de la mercadería en tránsito ya está asignado a Senasa. Por lo tanto, el control sobre la ruta que ejerce el Municipio implica en la práctica una «aduana interior» y una «duplicación» que invade la competencia nacional. Se sostuvo, en cambio, que la comuna tiene facultades para controlar la mercadería en los puntos de ventas al público.

La demanda fue promovida por empresas distribuidoras de productos alimenticios. Destacaron que los elementos que transportan «son previamente verificados por la autoridad competente conforme el Código Alimentario Argentino (CAA)», que «los proveedores despachan la mercadería con amparo sanitario federal otorgado por Senasa mediante permisos de tránsito federal» y que «la empresa posee certificación de Buenas Prácticas de Manufacturas de IRAM».

La Municipalidad les cobraba a los camiones que ingresaban a la ciudad una tasa a través de un puesto instalado en el acceso.

Como consecuencia, el STJ declaró inconstitucional una parte de la Ordenanza Tarifaria del Municipio de Roca que permitía el cobro de una tasa por «abasto y/o inspección veterinaria» a los camiones que ingresaban con productos alimenticios.

Tras contextualizar la normativa aplicable, el STJ recordó que «el Municipio tiene la facultad de dictar normas generales, siempre y cuando se mantengan dentro de sus competencias y estén en línea con un orden jurídico superior que determina sus límites».

En este contexto, la sentencia concluyó que el control que ejerce la Municipalidad en el “tránsito interjurisdiccional exceden el control en bocas de expendio encomendado por la normativa federal a las autoridades sanitarias municipales».

Así, la actuación de la Municipalidad, «al verificar que los productos que ingresan a su territorio -previo al expendio- cumplan con la normativa establecida por el Código Alimentario, Senasa y Anmat, invade las facultades de estos organismos nacionales. Son ellos quienes tienen el mandato de velar por la salud pública durante la circulación de tales bienes, garantizando la inocuidad, salubridad y sanidad de los productos alimentarios».

Luego, el STJ analizó la totalidad de la normativa y dijo que «las facultades tributarias y de control no pueden ejercerse durante el ‘tránsito’ de la mercadería. Más bien, deben aplicarse a partir del punto de venta al por menor, dado que recién entonces habrá finalizado el comercio interjurisdiccional» que es competencia de Nación.

Concluyó que «la exigencia del pago del tributo impugnado como condición de ingreso de los bienes al territorio municipal configura una barrera aduanera interior que está prohibida por la Constitución Nacional» y constituye una «duplicación de los controles que genera mayores costos» a las empresas.

En un operativo realizado por la División Judiciales e Investigaciones de la Policía de Río Negro, ayer jueves (24/10) la Policía recuperó una motocicleta en Allen, que había sido reportada como robada en General Roca.

Los oficiales estaban realizando tareas de vigilancia sobre la calle Chocón cuando avistaron una moto que circulaba en dirección contraria. Esto llamó la atención de los uniformados que procedieron a interceptar al conductor, quien al notar la presencia policial, intentó evadirlos emprendiendo una fuga rápida y desesperada.

La persecución culminó en la intersección de las calles Saavedra y Chocón, donde el hombre abandonó la motocicleta y quiso huir a pie. Sin embargo, la rapidez de acción y el despliegue táctico de la Policía no le permitieron llegar muy lejos. Asimismo, la motocicleta fue rápidamente asegurada por las autoridades en la misma intersección.

Tras las investigaciones pertinentes, se confirmó que el vehículo no contaba con chapa patente y que existía un pedido de secuestro emitido por la Comisaría 3º de Roca bajo cargos de hurto. Los policías procedieron al secuestro del rodado, almacenándolo de manera segura en la dependencia correspondiente de la unidad especial.

Mientras tanto, el conductor enfrentará el proceso judicial correspondiente, siendo imputado por su participación en el delito.