Judiciales
Imputaron y dictaron prisión preventiva para dos de los ladrones que robaron en las 82 Viviendas de Roca
El otro sujeto es el que fue liberado por un error de la Policía y está siendo buscado.
Ayer al mediodía (31/10), el Ministerio Público Fiscal formuló cargos a dos hombres por un hecho ocurrido el pasado martes (29/10) durante la mañana en el barrio 82 viviendas de General Roca. Tras la solicitud fiscal, ambos imputados continuarán detenidos cumpliendo prisión preventiva. El tercer delincuente implicado, que estaba tras las rejas, fue liberado por error.
Según la acusación fiscal, «el 29 de octubre pasado, habrían arribado a la casa de la víctima cuatro personas: los dos imputados, otro que está siendo investigado, y el hombre sobre el que pesa una orden de detención«.
«Lo habrían hecho en una Amarok con dominio colocado, que habrían adquirido o recibido con ánimo de lucro y con conocimiento de su origen ilícito -cuenta con pedido de secuestro tras haber sido robada el 24 de este mes-«, describió la fiscal en turno.
«Para ingresar a la casa, habrían forzado el portón de ingreso y la puerta de la vivienda e intentaron apoderarse de elementos pero no lo lograron por la intervención de personal policial de la Comisaría 31°«, explicó la Fiscalía.
«Los imputados habrían intentado huir en un Ford Fiesta -conducido por un menor de edad- pero tras la persecución policial, fueron detenidos, agregó el Ministerio Público Fiscal.
La calificación legal propuesta por la fiscalía es la de «encubrimiento agravado con el ánimo de lucro, sustitución de numeración, robo en lugar poblado y en banda, agravado por escalamiento y por la intervención de un menor de 18 años», en calidad de co-autores.
Entre la evidencia mencionada hasta este momento, se encuentra el acta de procedimiento de la Comisaría 31°, que se encontraba realizando tareas de prevención en la zona, el acta del momento de la aprehensión a cuatro cuadras del lugar del hecho, el croquis ilustrativo.
Se agrega la denuncia penal de la damnificada, entrevistas, el acta de pedido de secuestro de la Amarok, la intervención del Gabinete de Criminalística tanto en la casa de la denunciante como en la vivienda donde se detuvo a uno de los imputados, fotografías, secuestros varios, entre ellos proyectiles. La Fiscalía enunció además el análisis de cámaras de seguridad, constancias de documentación halladas en el Ford Fiesta y el certificado de nacimiento que constata la edad del menor involucrado.
Asimismo la Fiscalía mencionó que se encuentra vigente la orden de detención que pesa sobre la tercera persona detenida, el cual, por un error de la Policía, fue liberado ya que se equivocaron con otra persona.
Ambos imputados brindaron su versión de los hechos, asistidos por sus abogados particulares, quienes se opusieron a los hechos y a la formulación de cargos.
Luego, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de ambos, teniendo presente estando en libertad los hoy imputados podrían entorpecer el accionar de la justicia.
«Nos restan agregar al legajo los resultados de las pericias que ya hemos encargado a los organismos pertinentes, como también mencionamos que registran antecedentes penales según el Registro Nacional de Antecedentes», explicó la fiscal interviniente.
Luego de escuchar a los abogados de los imputados -que se opusieron a la medida cautelar-, el juez de Garantías resolvió tener por formulados los cargos tal lo mencionado por el Ministerio Público Fiscal y que los sujetos continúen detenidos cumpliendo prisión preventiva hasta el 28 de diciembre de este año.
Judiciales
Imputación a dos auxiliares de la SENAF: Abusos y maltratos contra niños de la institución
Son tres hechos en total y el más complicado es un hombre que trabajaba en un hogar de niños y adolescentes de Roca.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a un hombre y a una mujer, quienes se desempeñaban como auxiliares de un hogar de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de General Roca por hechos que habrían cometido contra niños y niñas que estaban institucionalizados. Pese a la oposición de los defensores particulares, el juez de Garantías interviniente estableció un plazo de investigación por dos meses y las personas quedaron imputadas.
Según la acusación fiscal, contando con la adhesión de la defensora de menores, se trata de tres hechos. «En el primero el y la imputada, que se desempeñaban como auxiliares asistenciales, habrían maltratado a un total de ocho niños y niñas entre el período comprendido entre abril de 2021 hasta septiembre de 2023, violando la Convención Internacional sobre los Derechos del niño, niña y adolescente. Los adultos habrían amenazado a los menores para evitar que contaran los maltratos», agregó.
«El segundo y tercer hecho corresponden al hombre que habría realizado tocamientos a tres de los menores señalados arriba, y a una de ellas la habría amenazado», describió el fiscal del caso interviniente.
La calificación legal por la que el hombre quedó imputado es la de «amenazas coactivas continuadas en calidad de coautor, y abuso sexual simple agravado por ser el encargado de la guarda, en calidad de autor y en concurso real, todo en concurso real. Mientras que la mujer deberá responder por los delitos de «amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora».
Entre la evidencia mencionada por el Ministerio Público Fiscal se encuentra: la denuncia de la Coordinadora Institucional, variadas entrevistas a trabajadores y trabajadoras del lugar, informe de la Delegación de la SENAF, de la psicóloga de la institución implicada, también se cuenta con la intervención de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) del Ministerio Público.
Se agregan las Cámara Gesell concretadas por las especialistas del Cuerpo de Investigación Forense, los expedientes de la Junta de Disciplina de Río Negro, las certificaciones laborales de ambos imputados.
El defensor particular de la operadora mujer objetó la evidencia que acompaña la imputación, argumentando que «todo lo descripto no se dejó establecido en los libros diarios del lugar. Además, entendemos que esto tiene más que ver con una cuestión interna y correspondiente a sumarios administrativos, que están siendo concretados».
Por su parte, el defensor del hombre expresó que «nos llama la atención que durante esos tres años nadie denunció ni advirtió este tema».
Ambos solicitaron que no se tengan por formulados cargos a sus asistidos.
Finalmente, y pese a esa oposición, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos y estableció que el plazo de investigación penal preparatoria se extienda por dos meses, hasta el 18 de agosto de este año.
«Cabe mencionar que la jueza de Familia ha resuelto oportunamente una medida cautelar y los imputados tienen una prohibición de acercamiento vigente hacia los menores implicados», informó el fiscal.
Deportes
Condenaron al Deportivo Roca y a la Liga por un piedrazo que cambió la vida de una mamá
La indemnización llega a los 178 millones de pesos.
Una madre acompañó a su hijo, que jugaba la final del Torneo Clausura de la Liga Confluencia. Su equipo, La Amistad, de Cipolletti, enfrentaba de visitante a Deportivo Roca. Era un día importante: hacía años que la mujer iba a cada entrenamiento.
La tarde parecía perfecta. La Amistad ganó el partido y conquistó el título de campeón del torneo. La mujer disfrutaba de los festejos desde la tribuna visitante. En pocos minutos, todo cambió. Los hinchas locales comenzaron a tirar piedras, y una impactó en su cabeza. La herida profunda le provocó una fractura frontal y una incapacidad parcial y permanente.
Un fallo del Juzgado Civil de Roca hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios iniciada por la mujer, y condenó al Club Social y Deportivo General Roca y a la Liga Deportiva Confluencia a indemnizarla con más de 178 millones de pesos.
La mujer dejó de concurrir a los partidos y sigue el desempeño deportivo de su hijo por radio. Las secuelas impactaron en su vida emocional, social y laboral. Padece insomnio, aislamiento y ansiedad.
La resolución judicial consideró acreditado que la víctima fue lesionada durante el espectáculo deportivo, y que el Club y la Liga eran responsables solidarios como entidades organizadoras.
Rechazó los argumentos de desvinculación basados en la actuación policial, señalando que el deber de seguridad no se limita a contratar personal de vigilancia, sino que implica una planificación activa y la adopción de medidas eficaces para evitar riesgos previsibles.
También valoró la carga simbólica y emocional de la cicatriz en el rostro de una mujer adulta, analizada desde una perspectiva de género y su impacto social.
«Las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo deportivo son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se generen en los estadios». En este caso, la lesionada revistió el carácter de persona concurrente al espectáculo deportivo y, en los términos de la Ley 24.240 y sus modificaciones, es considerada consumidora. Por su parte, «el Club y la Liga estuvieron a cargo del desarrollo y la producción del espectáculo deportivo», explica el fallo.
Judiciales
Le clonaron la tarjeta y le hicieron más de 28 compras: El banco deberá frenar los débitos
Los consumos superaron los 18 millones de pesos.
Se fue de viaje a Buenos Aires. Durante la estadía, utilizó la tarjeta de crédito para comprar ropa. Al regresar a su rutina laboral, advirtió que le habían clonado el plástico y que el resumen incluía consumos millonarios.
El Juzgado Civil de Villa Regina hizo lugar a la medida cautelar presentada por la titular de la tarjeta de crédito. El fallo ordenó al banco BBVA Francés y a Mastercard que se abstuvieran de debitar las cuotas de las compras desconocidas por la usuaria. También resolvió que dichas entidades no ingresaran los datos a la base de morosos del Banco Central.
La mujer se sorprendió al encontrar consumos por 407 dólares provenientes de la plataforma de reservas de alojamiento Booking, gastos $320.000 de pasajes Unibus y $130.000 en concepto de impuestos por consumos en dólares.
Inmediatamente realizó los reclamos correspondientes en la página web del banco. La entidad dio de baja las tarjetas y envió nuevas a su domicilio. La mujer recibió un correo electrónico confirmando su reclamo, pero, de todas formas, se le debitaron los gastos desconocidos.
Días después, la situación se agravó. Ingresó al homebanking y advirtió 28 consumos totalmente desconocidos de las tarjetas ya denunciadas y dadas de baja. Esta vez, los consumos superaban los 18 millones de pesos.
Se dirigió directamente a la sucursal del banco y desconoció cada uno de los consumos. En respuesta, comenzó a recibir correos con resoluciones desfavorables y rechazos a los reclamos realizados.
El fallo entendió que, en una relación de consumo, prima el principio protectorio, en este caso a favor de la clienta del banco, quien desconoció las compras efectuadas en Buenos Aires, cuando ya no se encontraba en esa ciudad.
Respecto de la medida cautelar, quedó acreditada la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, que podría ocasionarle un perjuicio al tener que afrontar los pagos.
