Judiciales
Se reanudó el debate por el homicidio de la bioquímica Ana Zerdán
Hoy declararon cuatro testigos, entre ellos dos policías.
Esta tarde, a las 13.30 horas, el Tribunal de la Cámara Segunda en lo Criminal de Cipolletti continuó con la realización del juicio que tiene como imputados a Juan Carlos Aguirre, entonces pareja de Ana Zerdán, y a su hijo Juan Manuel Aguirre Taboada. El lunes de la semana pasada el Tribunal resolvió que los videos de los testimonios que declararon en el juicio de 2008 sólo se van a reproducir hasta la primera intervención de la querella, que renunció con anterioridad a la realización de este debate.
En consecuencia, en la jornada de hoy se reprodujeron los testimonios de Valeria Montelpare, de Dora Inés Romero, del oficial de Policía José Luis Barreiro y del comisario Leonardo Riveros. En los cuatro casos, sólo se observó la parte en la que intervino la Fiscalía y la defensa.
Montelpare declaró en aquella oportunidad que conocía a la bioquímica Ana Zerdán porque vivía frente al laboratorio. Informó que cómo trabajaba en una entidad bancaria, Zerdán le consultó sobre un crédito hipotecario que, según la testigo, pretendía gestionarlo para comprarle un departamento a su pareja.
El segundo testimonio que se reprodujo en la jornada de hoy fue el de Dora Inés Romero. A preguntas del entonces fiscal de cámara Ricardo Maggi la testigo respondió que el día previo al homicidio había visto a la bioquímica subirse a un auto blanco en compañía de un hombre.
El oficial de la Policía José Luis Barreiro informó, durante su declaración, que fue uno de los primeros en llegar al laboratorio. Dijo que se encontró con Juan Carlos Aguirre y que le consultó que había sucedido. Luego, según lo que se observó en el video, el uniformado detalló que “vio un bulto tapado” y que “por debajo salía sangre”. Al descubrir ese cuerpo se dio cuenta de que era una persona de sexo femenino, que tenía el rostro “totalmente desfigurado”. Finalmente, Barreiro dijo que se trasladó hasta el exterior del laboratorio y que resguardó el lugar con una “consigna”. Después informó que ampliaron el vallado a toda la cuadra.
Finalmente también se reprodujo el testimonio del comisario Leonardo Riveros. El uniformado informó que en ese momento él era jefe de la Unidad 77 de General Roca. Aseguró el comisario que él se presentó en el Juzgado 8 y habló con el juez Juan Torres, que le tomó declaración testimonial porque el acusado Juan Carlos Aguirre había estado en la unidad policial a las 20 hs del día previo a que se produjera el hallazgo del cuerpo de la bioquímica. En ese momento Aguirre organizaba rifas para la cooperadora de la Policía y su visita a la unidad se produjo en el contexto de esa actividad, según los dichos de Riveros.
En la jornada de hoy, la Fiscalía aportó un listado de 23 testigos que, según su criterio, son los que les interesa que se presenten a declarar al debate. La defensa también adelantó que confeccionó su propio listado.
El tribunal de la Cámara Segunda fue integrado para este juicio por el camarista Julio Sueldo y por los vocales Santiago Márquez Gauna y Florencia Caruso, los tres subrogantes.
El defensor público Juan Pablo Piombo asiste a los acusados Juan Carlos Aguirre y a su hijo Juan Manuel Aguirre Taboada. El fiscal es Marcelo Gómez.
Los dos procesados fueron sometidos a juicio en 2008 ante la Cámara Segunda en lo Criminal de Cipolletti. En aquel momento resultaron absueltos.
En casación, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro anuló la sentencia absolutoria pero convalidó la prueba producida en ese debate y ordenó la realización de un nuevo juicio. El debate de 2008 fue grabado y los soportes digitales quedaron incorporados en la causa. El juicio se está desarrollando con la reproducción de las grabaciones.
Ana Zerdán fue asesinada en su laboratorio de Cipolletti el 17 de septiembre de 1999. Fue atacada en el baño y recibió un golpe mortal en la cabeza.
El lunes de la semana pasada, el fiscal Marcelo Gómez solicitó que se dejara sin efecto la incorporación de los videos y se disponga la citación de los testigos a la audiencia de debate.
Además, indicó que de las declaraciones de los peritos reproducidas hasta el momento pudo “corroborar que la huella encontrada en la tapa de la mochila del inodoro del laboratorio no corresponde a ninguno de los imputados por lo cual no es un hecho controvertido y no va a ser utilizado en contra porque ha quedado más que claro que la huella no les pertenece”.
Sobre la primera petición, el tribunal resolvió hacer lugar parcialmente al planteo de la Fiscalía. Es decir, se van a reproducir los videos de los testimonios grabados en 2008 hasta la primera intervención de la querella. Concluida esta etapa, las partes podrán solicitar la comparecencia de los testigos a este debate.
Judiciales
Acordaron casi todo en el divorcio, pero el padre retuvo los pasaportes de sus hijos hasta que les prohibieran la salida del país
Conocé qué resolvió la Justicia.
Aunque el divorcio se presentó con un acuerdo integral sobre alimentos y cuidado compartido, la discusión se desplazó hacia un punto inesperado: la entrega de los pasaportes de los hijos. El padre condicionó la entrega de los documentos a una prohibición judicial de salida del país ante el temor de que la madre se radicara en Chile.
El matrimonio, celebrado en España y con dos hijos menores de edad que también poseen ciudadanía española, había logrado ordenar casi todos los aspectos de la separación. En el convenio regulador fijaron la cuota alimentaria, el sistema de cuidado personal compartido y el régimen de comunicación. Incluso acordaron resolver en forma privada la liquidación de bienes. Sin embargo, en una de las cláusulas que dispuso el progenitor se estableció que los pasaportes serían entregados solo si antes una jueza dictaba una medida que impidiera a los niños salir de la Argentina.
La madre objetó esa condición cuando respondió la demanda de divorcio. Sostuvo que necesitaba contar con la documentación de sus hijos y que no existía ninguna orden judicial que justificara la retención. La Defensoría de Menores también cuestionó el punto y advirtió que la cláusula afectaba el derecho de los chicos a su documentación y a su identidad.
La jueza de Familia de Bariloche que intervino en el proceso decretó el divorcio, homologó el acuerdo en lo relativo a alimentos y cuidado, pero marcó un límite: si el padre pretendía una prohibición de salida del país, debía promover el trámite correspondiente. Mientras tanto, ordenó la entrega de los pasaportes en el plazo de tres días.
El padre apeló la decisión y sostuvo que el riesgo era concreto, ya que la madre gestionaba una autorización para radicarse en Chile. Con el recurso concedido con efecto suspensivo, la entrega quedó en pausa y el conflicto se trasladó a un nuevo expediente.
La madre inició una medida cautelar autónoma y denunció que los documentos permanecían retenidos. Señaló además que el padre trabaja en Europa con estadías prolongadas fuera del país, lo que dejaba a los niños sin documentación ante cualquier urgencia.
En ese trámite, el hombre finalmente presentó los pasaportes ante el juzgado y pidió que no fueran entregados hasta que se resolviera la prohibición de salida. Los documentos quedaron bajo resguardo judicial mientras avanzaban en paralelo el recurso en la Cámara de Apelaciones y un pedido de autorización para el eventual cambio de residencia de los chicos.
La Cámara cerró el debate principal. Señaló que ninguna cláusula acordada entre las partes puede obligar a un juez a dictar una medida cautelar y que la procedencia de una prohibición de salida depende de la evaluación judicial de sus requisitos legales. También remarcó que la documentación de los niños no puede quedar supeditada a un acuerdo condicionado a una decisión futura.
Con esos fundamentos, confirmó la orden de entrega y dejó en claro que cualquier restricción para salir del país deberá tramitarse en el expediente específico. La medida de prohibición aún no cuenta con una resolución definitiva y deberá resolverse junto con el planteo sobre el eventual cambio de radicación de los niños a Chile, que continúa en trámite.
Judiciales
Aceptaron un juicio abreviado por un robo en banda y ya cumplen condena
La víctima fue golpeada y le robaron una mochila con pertenencias.
Dos hombres fueron condenados este martes (24/02) en el marco de un juicio abreviado tras reconocer haber cometido varios delitos contra un hombre en la ciudad. La víctima prestó su conformidad para la realización del acuerdo.
Uno de los imputados comenzó a cumplir una pena única de 4 años y 8 meses de prisión efectiva, con declaración de primera reincidencia y el pago de las costas del proceso. En tanto, el otro recibió 3 años de prisión con estrictas reglas de conducta, entre ellas la prohibición de acercamiento a la víctima en un radio de 50 metros.
Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 31 de agosto alrededor de las 21 horas, cuando la víctima caminaba por calle San Juan entre Gavilán y Los Cisnes. En ese momento fue abordada por los dos imputados y un tercer sujeto que actualmente tiene pedido de captura.
Los agresores golpearon al hombre y le sustrajeron una mochila que contenía zapatillas, ropa, dinero en efectivo y documentación. Las lesiones provocadas fueron calificadas como leves.
Entre las pruebas valoradas se encuentran la denuncia penal, entrevistas realizadas por la fiscalía en el hospital y en la sede del Ministerio Público, un allanamiento donde se recuperaron los elementos robados, el informe de la OFAVI, la intervención del Cuerpo de Investigación Forense, el trabajo del Gabinete de Criminalística, la historia clínica y testimonios.
El juez interviniente homologó el acuerdo bajo la calificación legal de coautores de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda y coacción en concurso real, conforme a los artículos 45, 55, 167 inciso 2° y 149 bis último párrafo del Código Penal.
Como las partes renunciaron a los plazos procesales, las penas comenzaron a cumplirse de manera inmediata.
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Vendió su vehículo de trabajo para cancelar un plan, pero el auto nunca llegó: Deberán entregarle uno nuevo y compensar el daño causado
La sentencia ordenó entregar el vehículo pactado y una indemnización total de 13,5 millones de pesos.
Confió en la palabra del vendedor, reorganizó su economía familiar y tomó una decisión que afectó de manera directa su actividad profesional: vendió la camioneta con la que trabajaba para cancelar anticipadamente un plan de ahorro y así acceder al modelo que le habían prometido. El vehículo nuevo nunca fue entregado y el conflicto culminó con una sentencia del fuero Civil de Bariloche que ordenó cumplir con la entrega del rodado y pagar una indemnización millonaria.
El fallo responsabilizó en forma solidaria a Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados y a la concesionaria oficial Automotores Fiorasi y Corradi S.A., al considerar acreditado el incumplimiento contractual y la vulneración de derechos básicos del consumidor, en especial el deber de información clara y detallada.
El hombre, maestro mayor de obras, había suscripto un plan de ahorro para una Volkswagen Saveiro en su versión base, pero según expuso en la demanda, desde el inicio recibió la promesa de que podría cambiar a una versión superior si cancelaba la totalidad del plan antes de tiempo y abonaba la diferencia correspondiente, beneficio que incluía además ciertas bonificaciones comerciales ofrecidas por el concesionario.
Con esa expectativa y ante la necesidad de contar con un vehículo adecuado para su actividad laboral, decidió vender su camioneta, una Ford Ranger que utilizaba como herramienta de trabajo, y destinó el dinero obtenido a cancelar el plan en su totalidad, convencido de que ese paso destrabaría la adjudicación y permitiría concretar el cambio de modelo.
Sin embargo, tras la cancelación comenzaron las dilaciones, los pedidos de pagos adicionales sin precisión suficiente sobre los montos y las explicaciones cambiantes respecto de la disponibilidad de la unidad. En un momento se le informó que existía un vehículo asignado, pero la operación no avanzó y luego se le comunicó que esa unidad ya no estaba disponible, situación que lo llevó a formular reclamos administrativos ante Defensa del Consumidor, donde obtuvo una resolución favorable que tampoco logró la entrega efectiva.
Ante la persistencia del incumplimiento, promovió una demanda civil en la que reclamó la entrega del vehículo comprometido y una indemnización por los daños sufridos, entre ellos el impacto emocional, la imposibilidad de utilizar un rodado propio para trabajar y la conducta que consideró abusiva por parte de las empresas involucradas.
Uno de los ejes centrales de la sentencia fue el deber de información. El juez interviniente consideró probado que el plan estaba cancelado y que existía adjudicación, pero entendió que las demandadas no acreditaron haber brindado información cierta, clara y detallada acerca de los requisitos finales, los importes exigibles para el cambio de modelo y los pasos concretos para efectivizar la entrega. Aplicó el principio de cargas probatorias dinámicas, según el cual en las relaciones de consumo la empresa tiene la obligación de aportar al proceso la documentación y los datos que obran en su poder, de modo que la falta de precisión y respaldo documental jugó en su contra.
La sentencia ordenó entregar el vehículo pactado -o uno de similares características si el modelo ya no se comercializa- y respetar las bonificaciones ofrecidas en el marco de la operación. Además fijó una indemnización total de 13,5 millones de pesos en concepto de daño moral, privación de uso y daño punitivo.
Para cuantificar el daño moral, el juez tuvo en cuenta la frustración generada por la falta de respuesta eficaz, la prolongación del conflicto y la afectación emocional acreditada mediante pericia psicológica, que dio cuenta de ansiedad y malestar vinculados con la situación. Reconoció también un monto por privación de uso del vehículo, al considerar que la indisponibilidad impactó de manera directa en la actividad profesional del demandante. El fallo de primera instancia no está firme porque puede ser apelado.
