Una de sus hermanas decidió hacerse una prueba de ADN por sus propios medios. Los resultados demostraron que la persona que la había criado no era su padre biológico. A partir de esa información, el hombre también comenzó a dudar sobre su verdadera identidad. Consultó a su madre, pero ella no aportó datos relevantes. Sin información certera, acudió al Poder Judicial.

El fuero de Familia de Luis Beltrán resolvió la demanda de impugnación de paternidad y rectificó la filiación del hombre. A pesar de este cambio, él expresó su voluntad de conservar el apellido, ya que con ese nombre se identifica social y afectivamente.

Durante el proceso se autorizó una prueba genética entre él y quien había cumplido el rol paterno. El informe pericial concluyó que no existía vínculo biológico entre ambos. Con base en la pericia genética, se resolvió desplazar el reconocimiento paterno.

El Tribunal reconoció el derecho del hijo a conocer su identidad biológica y a contar con un emplazamiento filial que refleje esa realidad.

El hombre decidió conservar su apellido porque, más allá de la falta de vínculo biológico, quien lo crió siempre ejerció el rol de padre. Se analizó este planteo desde una perspectiva dinámica del derecho a la identidad. Reconoció que el apellido no solo se vincula con lo jurídico, sino que también constituye un aspecto profundo de la autopercepción y pertenencia.

En tanto, la sentencia ordenó la rectificación del acta de nacimiento en el Registro Civil correspondiente, eliminó el nombre del padre y dejó constancia únicamente de la madre.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó un paro docente para mañana martes (14/10), en el marco de un plan de lucha que comenzó el lunes 6 y que culminará con esta medida de fuerza.

La convocatoria se realiza «en defensa de la educación pública, los derechos de las y los trabajadores de la educación y por una nueva Ley de Financiamiento Educativo», según informó el gremio.

Entre los principales reclamos figuran la restitución del FONID, la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y el aumento del presupuesto educativo para garantizar condiciones de enseñanza y aprendizaje.

El sindicato docente rionegrino UnTER ratificó su apoyo a la convocatoria nacional y definió que participará activamente del paro. Esta adhesión se suma a las tres jornadas de huelga reciente que ya había encabezado en toda la provincia, en rechazo a la oferta salarial provincial.

Además de los reclamos a nivel nacional, en Río Negro el gremio exige «urgente aumento salarial, derogación de las Resoluciones 5153/24 y 5154/24 y el fin de las auditorías médicas privatizadas, el cumplimiento irrestricto del Régimen de Licencias Docente (Res. 233/98), el pleno funcionamiento del IPROSS, para que la obra social de los trabajadores brinde todas las prestaciones en toda la provincia, y salarios y condiciones dignas para enseñar y aprender».

«Frente al ajuste y el desfinanciamiento educativo, exigimos respuestas inmediatas, serias y acordes con la realidad y decisiones políticas que reconozcan y valoren el trabajo de quienes sostenemos la educación pública y de calidad todos los días», indicaron desde UnTER.

El presidente del bloque CC-ARI Cambiemos, Javier Acevedo, presentó un proyecto de ley que propone establecer un descuento del 100% en el valor del boleto del transporte público urbano e interurbano para el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario de la Provincia de Río Negro, cuando utilicen estos medios en el ejercicio de sus funciones.

Entre los fundamentos de la iniciativa, el parlamentario destaca que «un gran número de trabajadores de estas fuerzas utiliza diariamente los medios de transporte urbano e interurbano, muchas veces varias veces al día, para cumplir tareas en representación del Estado, como la cobertura de guardias, recargos de servicio, participación en operativos especiales, custodias, acompañamientos, servicios adicionales y convocatorias de emergencia, entre otras».

Además, resalta que muchos agentes deben trasladarse constantemente porque su lugar de residencia no coincide con el destino donde prestan servicio, lo que los obliga a viajar de forma permanente para cumplir con sus funciones. «Esta situación afecta sensiblemente su economía personal, ya que deben afrontar con recursos propios el costo de los pasajes necesarios para cumplir con su labor», subraya Acevedo.

El legislador recordó que, según un estudio oficial difundido por el Gobierno Provincial en abril de 2025, el subsidio estatal reduce hasta un 70% el valor del pasaje y constituye una política clave para mantener los boletos accesibles. Sin esa asistencia, los valores del transporte interurbano se dispararían. Sin embargo, «a pesar de los subsidios, los últimos aumentos impactan directamente en los trabajadores que deben trasladarse diariamente».

Según el proyecto, el beneficio alcanzará tanto a los agentes que viajen vistiendo el uniforme oficial de su institución como a aquellos que, por razones operativas, deban hacerlo de civil, como los integrantes de brigadas especiales, personal con adecuación de tareas o que desempeñe funciones administrativas. En estos casos, la autoridad competente deberá acreditar la condición del beneficiario mediante convenios con las empresas prestatarias del servicio.

«Esta medida aliviaría el esfuerzo económico que realiza el trabajador de cualquiera de las dos Fuerzas del Estado provincial al trasladarse para cumplir con su labor. Al mismo tiempo, garantizar condiciones económicas razonables para el cumplimiento del deber es una forma concreta de fortalecer la seguridad pública, promover la estabilidad laboral y reconocer el esfuerzo cotidiano del personal que mantiene el orden, la seguridad y la prevención en todo el territorio rionegrino», afirmó Acevedo.

La normativa faculta al Ministerio de Seguridad y Justicia a celebrar convenios con las empresas prestatarias del servicio público de transporte urbano e interurbano en el ámbito provincial.