Río Negro
Nación y Río Negro acordaron acciones para generar empleo
Triaca y Weretilneck se reunieron y acordaron implementar un Plan de Trabajo dentro de 60 días.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Jorge Triaca, firmaron hoy un convenio de cooperación para implementar acciones en materia de empleo y formación profesional. El documento establece la implementación de un Plan de Trabajo anual y la puesta en marcha de un protocolo preliminar que beneficie a los sectores más vulnerables, generando nuevos puestos laborales y acciones gratuitas de capacitación.
El acuerdo busca generar mecanismos institucionales de intercambio de información y de asesoramiento mutuo, que permitan a las partes conocer las políticas públicas que se implementan en materia de empleo y formación profesional.
Además, ambos funcionarios acordaron la implementación de un protocolo preliminar anexo al convenio que defina las acciones a desarrollar, siendo los colectivos de desocupados que se encuentran dentro de los grupos más vulnerables los destinatarios principales.
El documento firmado por Weretilneck y Triaca busca fortalecer las políticas públicas nacionales y provinciales que en esta materia se vienen implementando en Río Negro, a través de su articulación, integración o complementación, con el objetivo de maximizar el impacto en los distintos colectivos de beneficiarios.
El convenio también tiene como objetivo integrar, dentro de la definición de esas políticas, la atención de las nuevas temáticas laborales, en especial las relacionadas con la contención e integración laboral de los grupos más vulnerables; el acceso al trabajo de personas con discapacidad; el trabajo decente y la responsabilidad social empresaria; la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres; la erradicación del trabajo infantil; el teletrabajo; el impacto de las adicciones en el mundo laboral; la integración de poblaciones originarias; el empleo rural; el respeto a la diversidad sexual en el empleo; la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la contención de veteranos de guerra.
Además, se propone trabajar para elaborar y ejecutar en forma conjunta acciones específicas en estas materias para su aplicación en Río Negro, que respondan a las particularidades de las distintas problemáticas que afectan o puedan afectar a la provincia; así como desarrollar mecanismos coordinados de intervención conjunta o integrada que permitan atender situaciones de emergencia que impacten o puedan impactar negativamente en el nivel de empleo en zonas, industrias o establecimientos. Asimismo, se dispone determinar indicadores que posibiliten la medición, así como el monitoreo y evaluación cualitativa y cuantitativa del impacto de las políticas públicas nacionales o provinciales.
De acuerdo al convenio, la Provincia podrá involucrar a todos los organismos y agencias que tengan competencia en las materias, en función de los contenidos de los programas de la Secretaría de Empleo.
Por otro lado, el convenio establece que Provincia y Nación implementarán un Plan de Trabajo dentro de los próximos 60 días, incluyendo el intercambio de información sobre las políticas públicas, el análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de estas políticas, el diagnóstico sobre la situación del empleo y la formación profesional en la provincia y la formulación de acciones conjuntas o coordinadas. Anualmente, las partes elaborarán nuevos Planes de Trabajo a fin de planificar las acciones conjuntas o coordinadas a desarrollar el año siguiente.
Protocolo preliminar
Mientras las partes avancen en la elaboración del Plan de Trabajo para el 2016, se acordó implementar un protocolo preliminar anexo al convenio que tiene por objetivo definir, desarrollar y ejecutar acciones conjuntas o coordinadas. Los colectivos de desocupados que se encuentran dentro de los grupos más vulnerables serán los destinatarios principales de estas acciones. Entre ellos están los jóvenes y adultos que son participantes de los programas de empleo nacionales, aquellos que tengan alguna discapacidad, que residan en zonas rurales, que integren comunidades originarias, que se encuentren bajo tratamiento por el consumo de sustancias psicoactivas, que integren el colectivo LTGB (lesbianas, gays, bisexuales y transgénero), que sean veteranos de guerra, que sean mujeres en situación de vulnerabilidad o que se encuentren en situación de desempleo.
Asimismo, las partes acordaron diseñar e instrumentar medidas tendientes a la puesta en marcha de un Observatorio de Empleo Provincial, con el objetivo de disponer de información actualizada y sistematizada para la formulación de políticas en materia de empleo y formación profesional y la medición del impacto de las mismas. Del mismo modo, se dispuso convocar a los actores provinciales, municipales y sectoriales a la conformación de una mesa de concertación, con el propósito de proyectar, a nivel provincial, criterios que permitan abordar de manera colectiva y estratégica las intervenciones territoriales, mediante planes de acción que permitan atender las problemáticas de empleo y de formación profesional.
También se definió diseñar y ejecutar un plan provincial de formación profesional y certificación de competencias laborales de trabajadores desocupados a fin de promover su inserción laboral en diferentes sectores productivos y de servicios priorizados por la provincia, promoviendo las potencialidades emprendedoras de la población objetivo, teniendo en cuanta la diversidad regional de la provincia.
En este sentido, se estableció diseñar e implementar acciones para los sectores de la ganadería (con el objetivo de formar 150 trabajadores), de la agricultura y fruticultura (350 trabajadores), turismo (250 trabajadores), gastronomía (275 trabajadores), construcción (250 trabajadores), metalmecánica (100 trabajadores) y sistemas informáticos, software y telecomunicaciones (150 trabajadores). Además, se establece la implementación del Programa Intercosecha y otras acciones de promoción del empleo rural para 5.000 trabajadores, poniendo especial énfasis en las actividades productivas tradicionales y su permanente transformación.
Judiciales
Confirman sentencia contra administradora de plan de ahorro por no dar información clara y precisa
El consumidor reclamó tras recibir una cuota 84 con un valor elevado y sin explicación.
Un fallo de segunda instancia confirmó una sentencia que había condenado, de manera solidaria, a una administradora de planes de ahorro y a una terminal automotriz, por incumplimientos al deber de información hacia un consumidor de Viedma.
El caso se originó a partir del reclamo de un hombre que había suscripto un plan de ahorro a 7 años y que, al llegar a la cuota final número 84, recibió un monto considerablemente más alto de lo esperado, sin una explicación clara ni detallada sobre su conformación.
En primera instancia, el juez tuvo por acreditado que existía un saldo deudor, pero consideró que la administradora no logró explicar de manera razonada cómo se había arribado a ese monto. En el análisis también se tuvo en cuenta la aplicación de una medida cautelar dictada en el marco de un amparo colectivo, que luego fue revocada, sin que ello fuera debidamente informado al consumidor.
El Juzgado entendió que la empresa incumplió el deber de información, al no brindar precisiones sobre la composición del valor móvil, los rubros incluidos en los cupones de pago ni el impacto de la medida cautelar en la cuota final. Esa conducta fue considerada un incumplimiento relevante dentro de una relación de consumo, por lo que se ordenó el pago de una indemnización por daño moral y la aplicación de un daño punitivo.
Al analizar el recurso, la Cámara confirmó el fallo y sostuvo que no resultaba suficiente consignar el valor móvil en los cupones, sino que era exigible una conducta activa y transparente por parte de la administradora, conforme a la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial.
Judiciales
Responsabilizan a la dueña de un perro por un ataque en la vía pública: La víctima sufrió lesiones estéticas permanente
Las marcas quedaron visibles y a eso se sumó el impacto emocional propio de una agresión inesperada.
Una mujer sufrió lesiones de consideración y secuelas estéticas permanentes tras el ataque de un perro en plena vía pública. Eran cerca de las 9 de la mañana cuando caminaba hacia su trabajo y, al pasar frente a una vivienda, el animal se lanzó sobre ella sin advertencia previa. La mordió reiteradamente en un brazo y recién se separó tras varios intentos. El episodio ocurrió en Bariloche y un fallo civil condenó a la dueña del can a pagar una suma millonaria.
El ataque no fue un hecho menor ni aislado en sus consecuencias. La mujer recibió atención médica de urgencia y continuó con tratamientos posteriores por las lesiones provocadas por la mordedura. Las marcas quedaron visibles y permanentes. A eso se sumó el impacto emocional propio de una agresión inesperada en un espacio que, por definición, debería ser seguro: la vereda de una calle residencial.
Durante el juicio, el juez civil interviniente dio por acreditado que el ataque ocurrió sin provocación alguna por parte de la víctima y que el perro se encontraba bajo la guarda de su propietaria. Para reconstruir lo sucedido, el magistrado valoró actas policiales, registros de sanidad animal, documentación médica, fotografías y testimonios producidos en el expediente. Ese conjunto probatorio permitió descartar cualquier versión alternativa de los hechos.
El fallo se apoyó en un principio jurídico central: los daños causados por animales se rigen por el régimen de responsabilidad objetiva previsto en el Código Civil y Comercial. Bajo este sistema, no resulta necesario demostrar negligencia, descuido o intención. El dueño responde por el solo hecho de tener al animal bajo su control. La ley solo admite la eximición de responsabilidad si se prueba culpa de la víctima, intervención de un tercero ajeno o un hecho imprevisible e inevitable. Ninguna de esas circunstancias fue acreditada en el caso.
La sentencia fijó una suma superior a los 6 millones y medio de pesos. El monto reconoció, en primer lugar, el daño estético derivado de la cicatriz que dejó la mordedura, considerada una alteración permanente de la apariencia física. El juez entendió que esa secuela debía ser reparada de manera autónoma, aun cuando no afectara de forma directa la capacidad laboral de la mujer.
También se reconoció el daño moral. El fallo destacó el carácter traumático del ataque, el miedo experimentado, la alteración de la tranquilidad personal y las limitaciones que el hecho impuso en la vida cotidiana de la víctima. La agresión, ocurrida de manera súbita y violenta, fue considerada suficiente para justificar una reparación económica relevante por la afectación espiritual sufrida. Además, se admitieron gastos médicos posteriores al episodio, vinculados a curaciones, medicamentos y atenciones necesarias como consecuencia directa del ataque.
El tribunal rechazó, en cambio, el reclamo por daño psicológico permanente. Un informe pericial concluyó que la mujer no presenta una patología psíquica ni una incapacidad duradera, sino reacciones esperables frente a un evento violento. Si bien se reconoció la existencia de angustia y conductas de evitación, estas no alcanzaron el umbral de una afección psicológica indemnizable como incapacidad. La sentencia no está firme porque puede ser apelada.
Gremios
El Gobierno propuso suma compensatoria y actualizar salarios por IPC
ATE analizará la oferta, mientras que UPCN ya adelantó su rechazo asegurando que «ya hay un acuerdo preliminar con la otra organización sindical».
El Gobierno de Río Negro retomó las negociaciones paritarias con los gremios ATE y UPCN, en el ámbito de la Mesa de la Función Pública. Se presentó una propuesta superadora que combina una compensación extraordinaria por el último trimestre de 2025, con un esquema de actualización automática por IPC para los primeros 4 meses de 2026.
Los representantes de ATE adelantaron que «la decisión final la van a tomar las instancias orgánicas del sindicato», mientras que UPCN rechazó la propuesta asegurando que «ya hay un acuerdo preliminar con la otra organización sindical».
La oferta oficial consta de 4 ejes. En primer lugar, incluye una compensación extraordinaria por el último trimestre de 2025 por un total de $250.000. El monto se abonará por planilla complementaria en 2 cuotas iguales: la primera el 20 de febrero y la segunda el 20 de marzo.
Para la pauta salarial 2026, el Ejecutivo propuso un mecanismo de actualización automática bimestral basado en la evolución del IPC, que cubre los primeros 4 meses del año. Los haberes de febrero se ajustarán según el IPC de diciembre y enero, mientras que los de abril lo harán con los índices de febrero y marzo. A pedido de los gremios, el cálculo surgirá del promedio entre el IPC Nacional y el IPC Viedma.
Además, en marzo se abonará la Ayuda Escolar con un incremento del 100% respecto del año anterior, alcanzando los $80.000 y los $160.000 en el caso de familias con hijos con discapacidad.
Por último, se confirmó el pago del concepto Indumentaria con un incremento interanual, que alcanzará los $250.000. El monto se depositará en 2 cuotas, el 17 abril y el 17 mayo.
«Estamos haciendo un gran esfuerzo, pero siempre con los pies sobre la tierra. No vamos a sacrificar la responsabilidad fiscal, porque el orden de las cuentas es lo único que nos permite garantizar el pago en tiempo y forma, un compromiso que esta gestión ha cumplido siempre», explicó la secretaria de la Función Pública.
Esquema de pagos y actualizaciones mes a mes
Con la propuesta de Gobierno, en febrero se abonaría la primera cuota de la compensación extraordinaria por el último trimestre de 2025, por un monto de $125.000, y se aplicará el aumento salarial correspondiente por IPC.
En marzo, se pagará la segunda cuota de la compensación extraordinaria, también por $125.000, y se abonará la Ayuda Escolar con un incremento del 100%, que alcanzará los $80.000 por hijo y los $160.000 en el caso de hijos con discapacidad.
En abril se aplicará un nuevo aumento salarial por IPC y se abonará la primera cuota del concepto Indumentaria, por un monto de $125.000.
En mayo se completará el pago del concepto Indumentaria con la segunda cuota, también por $125.000.
La reunión fue encabezada por la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, junto a sus pares de Hacienda, Natalia Crociati, y de Gobierno, Natalia Almonacid. Por los gremios participaron Mónica Miranda (UPCN) y Rodrigo Vicente (ATE).
