Río Negro
Ratificaron la prohibición para ingreso de carne con hueso chato a la región
Fue durante una reunión de la Comisión Especial del Parlamento Patagónico.
Esta mañana se reunió la Comisión Especial del Parlamento Patagónico que debía analizar la posibilidad de habilitar el ingreso de carne con hueso chato a la región patagónica hacia el sur del río Colorado. Río Negro participó con una delegación encabezada por el vicegobernador Pedro Pesatti, quien asistió acompañado por el subsecretario de Ganadería provincial, Tabaré Bassi.
La reunión surgió luego de que la provincia de La Pampa solicitara comercializar carne con hueso plano por debajo de la línea del río Colorado, situación que era rechazada por Río Negro, ya que esa posibilidad podría lesionar su actual status sanitario.
Pesatti manifestó su satisfacción ante “la decisión final de los técnicos del SENASA” y relató que durante el encuentro “luego de escuchar nuestras posiciones, el director nacional de Sanidad Animal de SENASA, Dr. Ricardo Maresco, fue terminante: No hay ningún argumento técnico que fundamente la posibilidad de ingresar carne con hueso a la región, y por lo tanto SENASA no habilitará el paso de carne con hueso chato como pretende La Pampa”.
El vicegobernador rionegrino expresó que “a la región hoy ingresan 60 millones de kilos de carne sin hueso, que continuarán teniendo libre paso en la cantidad que que demanden los consumidores, por lo que La Pampa ya tiene un gran mercado en las provincias del sur” y “no vemos razón para arriesgar un status sanitario que nos abre potenciales nuevos mercados”.
“Entendemos que algunos productores e industriales de la carne de la región pampeana pretendan comercializar el remanente de la cuota Hilton en nuestra región, pero no podemos anteponer intereses comerciales al interés supremo de garantizar un status de sanidad que nos ubica en mejores posiciones a nivel mundial”, explicó Pesatti.
Durante las deliberaciones, Pesatti expresó a los funcionarios nacionales que “los rionegrinos exigimos un control riguroso, porque el status sanitario que hoy tenemos lo pagaron los consumidores de nuestras provincias, y sería una enorme injusticia que por falta de controles apareciera un foco de aftosa”.
El titular del Parlamento rionegrino indicó que el actual status permite profundizar el «desarrollo productivo de la Región» que generará la creación de «nuevos puestos de trabajos, aumentará la productividad e incrementará las mejoras genéticas», además de «promover el arraigo rural, las inversiones genuinas y el agregado de valor en origen».
Participaron los legisladores y técnicos de todas las provincias con la excepción de Tierra del Fuego, que no participó. Los representantes de las provincias de Santa Cruz, Chubut y Neuquén apoyaron la posición de Río Negro. La delegación rionegrina se completó con los parlamentarios Facundo López, Marcelo Mango, Ricardo Arroyo y Javier Iud, por el legislativo provincial; Mauricio Álvarez, Daniel Lavallén y Luis Sacco, del Consejo Regional Patagonia Norte del INTA; el Dr. Eduardo Merayo, por la Fundación Barrera Sanitaria; Dardo Chiesa, por Confederaciones Rurales Argentinas y como representante de la industria cárnica rionegrina el gerente de la empresa Fridevi, Sergio Seisdedos. Además, el presidente del Concejo Deliberante de Carmen de Patagones, Ricardo Marino y un técnico del poder ejecutivo maragato participaron en su calidad de integrantes con derecho a voz del Parlamento Patagónico.
Política
Río Negro demandó al Gobierno Nacional por el abandono de la Ruta N° 151
La Provincia exige la reparación completa de los 150 kilómetros del tramo que atraviesa el territorio rionegrino, entre Cipolletti y el límite con La Pampa.
El Gobierno de Río Negro, la Defensoría del Pueblo, intendentes de municipios afectados y entidades empresariales presentaron una acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad por el deplorable estado de la Ruta Nacional N° 151. La presentación busca proteger los derechos a la vida, la salud, la integridad física y la seguridad de las miles de personas que la usan a diario, señalando que la falta de mantenimiento afecta gravemente los servicios esenciales, actividades productivas y la economía regional.
El Juzgado Federal de General Roca ya dio curso a la acción y requirió al Estado Nacional y a Vialidad un informe detallado sobre las razones de la omisión denunciada, otorgando un plazo de 11 días para responder, mientras que para la medida cautelar se fijó un plazo de 5 días para que las demandadas informen antes de su análisis judicial.
El escrito reclama al Tribunal que declare la responsabilidad del Estado Nacional por la falta de mantenimiento de la ruta y que ordene la reparación completa de los 150 kilómetros del tramo que atraviesa Río Negro, entre Cipolletti y el límite con La Pampa.
También exige medidas cautelares urgentes como la señalización inmediata, bacheo provisorio y campañas informativas para prevenir accidentes, además de un plan técnico y presupuestario que garantice la ejecución de las obras, con informes periódicos sobre los avances.
Entre los puntos centrales del amparo se detalla que el estado de la ruta obstaculiza el servicio de salud pública, con más de 576 traslados sanitarios en lo que va de 2025 que deben circular por ese tramo; la educación, afectando el acceso diario de más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas; y actividades clave como la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera, esta última vinculada a la producción del 72% del petróleo y el 42% del gas.
La demanda también denuncia la desnaturalización del régimen de financiamiento vial, evidenciando que, pese a existir recursos específicos como el 28,58% del Impuesto a los Combustibles que debe destinarse por ley al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, esos fondos han sido desviados, dejando a rutas estratégicas como la 151 en un estado calamitoso.
Entre las normas invocadas se destacan artículos de la Constitución Nacional, pactos internacionales como el PIDESC y el Pacto de San José de Costa Rica, y leyes nacionales como la Ley de Amparo (16.986) y la Ley de Tránsito (24.449), además de jurisprudencia relevante.
«Esta demanda representa un paso firme del Gobierno de Río Negro para defender los derechos de sus habitantes frente a la inacción del Estado Nacional, que tiene la competencia exclusiva sobre las rutas nacionales y el deber de mantenerlas en condiciones seguras. A su vez, podría constituir un precedente judicial que abra la puerta a que otras provincias exijan judicialmente obras públicas urgentes ante omisiones estructurales del Estado central», destacaron desde el Ejecutivo rionegrino.
La presentación fue realizada por el Estado rionegrino, representado por el gobernador Alberto Weretilneck; el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, y el fiscal adjunto, Luciano Minetti Kern; la defensora del Pueblo, Adriana Santagati; los intendentes Rodrigo Buteler (Cipolletti), Daniela Salzotto (Catriel), Enrique Rossi (Cinco Saltos), Horacio Zuñiga (Contralmirante Cordero) y Daniel Hernández (Campo Grande); y los presidentes de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, José Bunter; de la Cámara Empresarial de Servicios de Río Negro, Federico Paolo; y de la Cámara de Servicios Petroleros de Río Negro, Ramiro Arceo.
Política
García Larraburu construye una candidatura al Senado con el respaldo de Massa y el Frente Renovador
El ex candidato a presidente se reunió con la senadora peronista, que busca repetir otros 6 años al frente de la banca, representando a Río Negro.
Sergio Massa recibió a la senadora nacional Silvina García Larraburu y al presidente del Frente Renovador de Río Negro, Alejo Ramos Mejía, pensando alternativas para el año electoral.
En principio, la senadora construiría una opción para la cámara alta desde el sello massista y sumará su experiencia en el marco del peronismo para estas elecciones.
«La representación de Río Negro está garantizada por el Frente Renovador, que acompaña en su conjunto a Silvina García Larraburu. Hay compañeros y compañeras de toda la provincia sumados a esta propuesta electoral», dijo el presidente rionegrino del FR.
Con Massa a la cabeza, la mesa sirvió para analizar una coyuntura electoral desafiante para el país y Río Negro, que enfrentará la versión liberal libertaria que pretende destruir las políticas públicas y la potencialidad del Estado.
Todos coincidieron en que Río Negro tendrá un rol central en el escenario nacional en los años que vienen, en materia de generación de energía, minería e hidrocarburos impulsados por oleoductos o la salida al mundo de GNL por las costas patagónicas.
Judiciales
Ordenan al Estado limitar descuentos por préstamos en el salario de una docente
La trabajadora expuso que en los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025 los descuentos alcanzaron el 100% de sus haberes mensuales.
Una trabajadora del sistema educativo de Río Negro obtuvo una sentencia favorable para frenar retenciones que reducían su salario a niveles extremos. El fallo, dictado por la Cámara Primera del Trabajo de Bariloche, dispuso que el Ministerio de Educación no podrá descontar más del 20% de su sueldo neto en beneficio de entidades financieras y mutuales.
La presentación judicial se realizó en marzo de este año mediante una acción sumarísima. La profesional expuso que en los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025 los descuentos alcanzaron el 100% de sus haberes mensuales. En febrero, la liquidación dejó disponible apenas el 14% de su salario. Acompañó documentación oficial que acreditaba las cifras denunciadas.
Según consta en el expediente, las deducciones estaban vinculadas a préstamos personales tomados con las entidades MUT.REG.SUR, AMSER, MEPUC, CREDIT NOW y U.P.A.M. La mujer solicitó que se aplicara el límite previsto en el Decreto-Ley N° 6754/43, norma ratificada por Ley Nacional, que establece un tope del 20% para este tipo de retenciones.
El Ministerio de Educación, representado por Fiscalía de Estado, negó los términos del planteo y pidió el rechazo de la demanda. Las partes fueron citadas a una audiencia de conciliación obligatoria conforme lo establece la Ley P 5631, sin lograr un acuerdo.
La sentencia remarcó que los descuentos aplicados por vía administrativa no pueden superar los topes legales vigentes, aun cuando deriven de convenios firmados de forma voluntaria por la trabajadora. El fallo también señaló que los embargos judiciales -sujetos a revisión y autorizaciones expresas- no permiten alcanzar porcentajes de descuento similares.
El Tribunal dispuso que las deducciones sobre los haberes de la trabajadora no podrán superar el 20% de su salario neto, una vez realizadas las quitas obligatorias por ley. Además, ordenó que la maestra indique en un plazo de 48 horas a cuál de las entidades acreedoras debe destinarse ese porcentaje. En caso de no comunicar esa decisión, el monto será distribuido de forma proporcional entre las cinco instituciones involucradas. La sentencia de primera instancia no está firme y se encuentra dentro de los plazos de revisión.
