Río Negro
Ratificaron la prohibición para ingreso de carne con hueso chato a la región
Fue durante una reunión de la Comisión Especial del Parlamento Patagónico.
Esta mañana se reunió la Comisión Especial del Parlamento Patagónico que debía analizar la posibilidad de habilitar el ingreso de carne con hueso chato a la región patagónica hacia el sur del río Colorado. Río Negro participó con una delegación encabezada por el vicegobernador Pedro Pesatti, quien asistió acompañado por el subsecretario de Ganadería provincial, Tabaré Bassi.
La reunión surgió luego de que la provincia de La Pampa solicitara comercializar carne con hueso plano por debajo de la línea del río Colorado, situación que era rechazada por Río Negro, ya que esa posibilidad podría lesionar su actual status sanitario.
Pesatti manifestó su satisfacción ante “la decisión final de los técnicos del SENASA” y relató que durante el encuentro “luego de escuchar nuestras posiciones, el director nacional de Sanidad Animal de SENASA, Dr. Ricardo Maresco, fue terminante: No hay ningún argumento técnico que fundamente la posibilidad de ingresar carne con hueso a la región, y por lo tanto SENASA no habilitará el paso de carne con hueso chato como pretende La Pampa”.
El vicegobernador rionegrino expresó que “a la región hoy ingresan 60 millones de kilos de carne sin hueso, que continuarán teniendo libre paso en la cantidad que que demanden los consumidores, por lo que La Pampa ya tiene un gran mercado en las provincias del sur” y “no vemos razón para arriesgar un status sanitario que nos abre potenciales nuevos mercados”.
“Entendemos que algunos productores e industriales de la carne de la región pampeana pretendan comercializar el remanente de la cuota Hilton en nuestra región, pero no podemos anteponer intereses comerciales al interés supremo de garantizar un status de sanidad que nos ubica en mejores posiciones a nivel mundial”, explicó Pesatti.
Durante las deliberaciones, Pesatti expresó a los funcionarios nacionales que “los rionegrinos exigimos un control riguroso, porque el status sanitario que hoy tenemos lo pagaron los consumidores de nuestras provincias, y sería una enorme injusticia que por falta de controles apareciera un foco de aftosa”.
El titular del Parlamento rionegrino indicó que el actual status permite profundizar el «desarrollo productivo de la Región» que generará la creación de «nuevos puestos de trabajos, aumentará la productividad e incrementará las mejoras genéticas», además de «promover el arraigo rural, las inversiones genuinas y el agregado de valor en origen».
Participaron los legisladores y técnicos de todas las provincias con la excepción de Tierra del Fuego, que no participó. Los representantes de las provincias de Santa Cruz, Chubut y Neuquén apoyaron la posición de Río Negro. La delegación rionegrina se completó con los parlamentarios Facundo López, Marcelo Mango, Ricardo Arroyo y Javier Iud, por el legislativo provincial; Mauricio Álvarez, Daniel Lavallén y Luis Sacco, del Consejo Regional Patagonia Norte del INTA; el Dr. Eduardo Merayo, por la Fundación Barrera Sanitaria; Dardo Chiesa, por Confederaciones Rurales Argentinas y como representante de la industria cárnica rionegrina el gerente de la empresa Fridevi, Sergio Seisdedos. Además, el presidente del Concejo Deliberante de Carmen de Patagones, Ricardo Marino y un técnico del poder ejecutivo maragato participaron en su calidad de integrantes con derecho a voz del Parlamento Patagónico.
Política
Nuevas cesantías por faltas en la administración pública de Río Negro
En lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
En los primeros meses del año, la Junta de Disciplina aplicó sanciones por faltas graves. «Las medidas ratifican la continuidad del control disciplinario para cuidar los recursos públicos y garantizar la eficiencia», indicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
«Bajo la premisa de valorar al agente que cumple y garantizar un servicio efectivo a la ciudadanía, el Gobierno de Río Negro sostiene con firmeza el ejercicio de la potestad disciplinaria», agregó la funcionaria. En ese marco, en lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
Desde enero de 2024, el trabajo de la Junta implicó el análisis de más de 1.000 expedientes administrativos. Este dinamismo permitió agilizar procesos históricamente demorados, logrando duplicar el promedio anual de resoluciones en comparación con años anteriores.
Como resultado de este ordenamiento, desde el comienzo de la gestión se dictaron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Asimismo, el sistema de justicia interna determinó 77 absoluciones.
«Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes», afirmó Lastra.
Los motivos de las sanciones
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos en el ámbito estatal. Estas irregularidades van desde faltas en el servicio -como desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en el cuidado de insumos- hasta inconductas y conflictos interpersonales que incluyen denuncias por malos tratos, insultos y agresiones entre compañeros.
Para los casos de mayor gravedad, la ley prevé las sanciones más severas. Por un lado, la cesantía implica la desvinculación del agente con la prohibición de reingresar al Estado por un plazo de cinco años. Esta medida se aplica ante la acumulación de sanciones previas, abandono prolongado de servicio o faltas graves.
Por otro lado, la exoneración representa la medida más dura del sistema: supone la expulsión definitiva y la inhabilitación permanente para volver a trabajar en la administración pública. Esta sanción se reserva para casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme.
«Un proceso riguroso y transparente», aseguró Lastra
Las sanciones impuestas no son automáticas, sino el resultado de un riguroso sumario administrativo. Al detectarse una posible falta, instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elevan un informe a la Junta de Disciplina. Este organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales (ATE y UPCN), evalúa la gravedad de los hechos y los antecedentes para emitir su resolución.
La Ley Provincial prevé una escala progresiva: desde el apercibimiento y las suspensiones, hasta la cesantía (desvinculación con posibilidad de reingreso a los cinco años) y la exoneración (expulsión definitiva ante delitos con pena de prisión).
Policiales
Firmaron el contrato para ampliar el Centro de Monitoreo 911 de Roca
Es en la planta alta de la Comisaría 3°, ubicada en la intersección de las calles 25 de Mayo y Sarmiento de la ciudad.
Con una inversión cercana a los $125 millones, los ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, y de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, rubricaron el acuerdo con la empresa INCO SRL para iniciar las obras en el edificio de la Comisaría 3°, una acción que demuestra previsibilidad y fortalece el sistema de prevención y seguridad ciudadana en la región.
La obra, estratégica para el Alto Valle, se desarrollará en la planta alta de la Comisaría 3°, ubicada en la intersección de las calles 25 de Mayo y Sarmiento, lugar donde actualmente opera el 911. La intervención comprende la construcción de 56,7 m2 nuevos y la refacción de 19 m2 existentes. Esta refuncionalización permitirá adaptar el espacio a las necesidades del personal y albergar nuevo equipamiento tecnológico, mejorando drásticamente los tiempos de respuesta ante emergencias.
Durante la firma, el ministro Echarren destacó que esta obra no es un hecho aislado, sino parte de una política de Estado. «Como remarcó el gobernador Alberto Weretilneck al principio de la gestión, fortalecer el sistema de seguridad requiere un trabajo en conjunto. Es imposible que el Ministerio de Seguridad pudiera hacer obras por cuenta propia si no lo acompaña Obras Públicas con la parte técnica. Este trabajo en equipo nos permite brindar respuestas a la comunidad con obras concretas».
Un modelo de gestión coordinada
Echarren valoró los grandes acuerdos alcanzados con las gestiones locales para avanzar en materia de seguridad en todo el territorio a través del programa Junto al Municipio. «Esta coordinación con los intendentes nos ha permitido culminar los Centros de Monitoreo de Cinco Saltos, San Antonio Oeste y Villa Regina. Además, estamos terminando el de El Bolsón y próximos a llamar a licitación el de Fernández Oro», detalló.
Para finalizar, el titular de Obras y Servicios Públicos repasó otras inversiones estratégicas que demuestran que Río Negro sigue en marcha: «Estamos diseñando algo sumamente novedoso para Viedma con la Comisaría 1º, y profundizando las inversiones en el sistema carcelario, con la reciente firma del contrato para la ampliación del Complejo Penal de Viedma y abocados a avanzar con el de Cipolletti. Lo central es que Río Negro funciona, da previsibilidad y cuida a sus vecinos».
Policiales
Río Negro adquirió 600 chalecos antibalas y entrega indumentaria a Policía
Demandó una inversión de casi $350.000.000.
El Gobierno de Río Negro adquirió 600 chalecos antibalas (300 masculinos y 300 femeninos) destinados al personal de la Policía provincial, con una inversión de $349.800.000. La compra permitirá equipar a nuevos aspirantes y avanzar con el proceso de actualización del material de protección de la fuerza.
En paralelo, la Provincia comenzará en los próximos días con la entrega de nueva indumentaria para todo el personal policial, adquirida mediante licitación pública con una inversión superior a los $2.100 millones, llevada adelante por el Ministerio de Seguridad y Justicia.
El gobernador Alberto Weretilneck destacó la importancia de continuar fortaleciendo a la Policía de Río Negro con equipamiento adecuado y condiciones de trabajo acordes a la tarea que desarrollan diariamente. «Una Policía bien equipada no solo mejora sus condiciones de trabajo, sino que también fortalece la seguridad de todos los rionegrinos. Nuestro compromiso es acompañar a quienes todos los días cuidan a nuestra gente en cada rincón de la provincia», expresó el mandatario.
La indumentaria fue adquirida mediante licitación pública, con una inversión de $2.101 millones, y forma parte del plan de actualización y renovación del equipamiento policial.
La compra incluye más de 10.000 camisas, 9.000 tricotas de lana y 5.400 bombachones de fajina, además de camisas administrativas, pantalones, chaquetillas sociales, camperas, calzado, chombas operativas y prendas específicas para distintas áreas de la fuerza.
Entre los principales elementos adquiridos se destacan:
- 6.300 camisas celestes de manga larga
- 2.000 camisas administrativas masculinas y 2.000 femeninas
- 2.000 pantalones administrativos masculinos y 2.000 femeninos
- 9.000 tricotas de lana
- 5.000 bombachones de fajina y 400 adicionales en versiones operativas
- 400 pares de borceguíes tácticos
- 400 pares de zapatillas deportivas
- 400 camperas oficiales
- Camperas Goretex y chaquetas tácticas
- Prendas sociales y uniformes formales para actos y funciones institucionales
Asimismo, el Gobierno Provincial avanzó con la compra de neumáticos para la totalidad de la flota del sistema de seguridad, que incluye a la Policía, el Servicio Penitenciario Provincial y Protección Civil.
