Río Negro
Ratificaron la prohibición para ingreso de carne con hueso chato a la región
Fue durante una reunión de la Comisión Especial del Parlamento Patagónico.
Esta mañana se reunió la Comisión Especial del Parlamento Patagónico que debía analizar la posibilidad de habilitar el ingreso de carne con hueso chato a la región patagónica hacia el sur del río Colorado. Río Negro participó con una delegación encabezada por el vicegobernador Pedro Pesatti, quien asistió acompañado por el subsecretario de Ganadería provincial, Tabaré Bassi.
La reunión surgió luego de que la provincia de La Pampa solicitara comercializar carne con hueso plano por debajo de la línea del río Colorado, situación que era rechazada por Río Negro, ya que esa posibilidad podría lesionar su actual status sanitario.
Pesatti manifestó su satisfacción ante “la decisión final de los técnicos del SENASA” y relató que durante el encuentro “luego de escuchar nuestras posiciones, el director nacional de Sanidad Animal de SENASA, Dr. Ricardo Maresco, fue terminante: No hay ningún argumento técnico que fundamente la posibilidad de ingresar carne con hueso a la región, y por lo tanto SENASA no habilitará el paso de carne con hueso chato como pretende La Pampa”.
El vicegobernador rionegrino expresó que “a la región hoy ingresan 60 millones de kilos de carne sin hueso, que continuarán teniendo libre paso en la cantidad que que demanden los consumidores, por lo que La Pampa ya tiene un gran mercado en las provincias del sur” y “no vemos razón para arriesgar un status sanitario que nos abre potenciales nuevos mercados”.
“Entendemos que algunos productores e industriales de la carne de la región pampeana pretendan comercializar el remanente de la cuota Hilton en nuestra región, pero no podemos anteponer intereses comerciales al interés supremo de garantizar un status de sanidad que nos ubica en mejores posiciones a nivel mundial”, explicó Pesatti.
Durante las deliberaciones, Pesatti expresó a los funcionarios nacionales que “los rionegrinos exigimos un control riguroso, porque el status sanitario que hoy tenemos lo pagaron los consumidores de nuestras provincias, y sería una enorme injusticia que por falta de controles apareciera un foco de aftosa”.
El titular del Parlamento rionegrino indicó que el actual status permite profundizar el «desarrollo productivo de la Región» que generará la creación de «nuevos puestos de trabajos, aumentará la productividad e incrementará las mejoras genéticas», además de «promover el arraigo rural, las inversiones genuinas y el agregado de valor en origen».
Participaron los legisladores y técnicos de todas las provincias con la excepción de Tierra del Fuego, que no participó. Los representantes de las provincias de Santa Cruz, Chubut y Neuquén apoyaron la posición de Río Negro. La delegación rionegrina se completó con los parlamentarios Facundo López, Marcelo Mango, Ricardo Arroyo y Javier Iud, por el legislativo provincial; Mauricio Álvarez, Daniel Lavallén y Luis Sacco, del Consejo Regional Patagonia Norte del INTA; el Dr. Eduardo Merayo, por la Fundación Barrera Sanitaria; Dardo Chiesa, por Confederaciones Rurales Argentinas y como representante de la industria cárnica rionegrina el gerente de la empresa Fridevi, Sergio Seisdedos. Además, el presidente del Concejo Deliberante de Carmen de Patagones, Ricardo Marino y un técnico del poder ejecutivo maragato participaron en su calidad de integrantes con derecho a voz del Parlamento Patagónico.
Judiciales
Prestó servicios para la Liga Deportiva Confluencia y tuvo que reclamar judicialmente para cobrar sus honorarios
Según indicó en su presentación judicial, la Liga no cumplía en tiempo y forma, y ella debía insistir cada mes para cobrar.
Una profesional del derecho prestó servicios como presidenta del Tribunal de Disciplina de la Liga Deportiva Confluencia entre junio de 2024 y mayo de 2025. A lo largo de ese período, envió facturas mensuales a través de mensajes a la secretaria de la entidad, quien las recibía y tramitaba su pago. Según indicó en su presentación judicial, la Liga no cumplía en tiempo y forma, y ella debía insistir cada mes para cobrar.
En abril de 2025, luego de encontrar a una persona que podía asumir sus funciones, emitió la factura correspondiente al último mes de trabajo. En esa ocasión, la Liga no respondió al envío de la documentación ni concretó el pago. La profesional afirmó que envió la factura al presidente y a la secretaria, que volvió a contactarse en varias oportunidades durante mayo y que, tras no obtener ninguna respuesta concreta, decidió renunciar.
El 21 de mayo presentó una carta de renuncia. También señaló que mantuvo un intercambio de mensajes de voz con el presidente de la entidad y que, pese a haberse notificado, la Liga no asistió a la instancia de mediación. En esa etapa, la secretaria pidió datos bancarios para transferir el pago, pero no se realizó ninguna operación. Por ese motivo, decidió iniciar un reclamo judicial por los servicios no abonados. Lo hizo ante el juzgado de Paz de Cipolletti a través del proceso de menor cuantía.
La audiencia prevista por el Código Procesal se realizó el 3 de noviembre. Solo asistió la profesional que presentó la demanda. La Liga no contestó la demanda ni se presentó en el expediente, por lo que el juzgado aplicó lo establecido en el artículo 700, que permite avanzar con el proceso y tener por reconocidos los hechos lícitos alegados por la parte actora.
El fallo consideró que la relación entre las partes se encuadró en una locación de servicios profesionales. Señaló que, si bien no existió un contrato escrito, la prestación se concretó de forma continua y bajo la modalidad descripta en la causa. Según el análisis del expediente, la profesional fijó el precio de su trabajo, emitió la factura el 30 de abril de 2025 y envió sus datos bancarios para que se realizara la transferencia.
El juzgado valoró que la factura no fue observada ni cuestionada dentro del plazo legal. En ese sentido, citó el artículo 1145 del Código Civil y Comercial, que presume su aceptación cuando no existen objeciones en los diez días posteriores a la recepción.
La jueza de Paz de Cipolletti admitió el rubro correspondiente al daño emergente, que incluyó el capital de la factura más los intereses por mora desde el 10 de mayo de 2025 hasta la fecha de la resolución. Rechazó, en cambio, los intereses punitorios por falta de acuerdo entre las partes y no admitió el reintegro de gastos de mediación debido a que no se acreditaron.
El fallo dispuso que el monto reconocido deberá ser abonado mediante depósito judicial y estableció que, en caso de persistir el incumplimiento, se deberán calcular intereses conforme a la doctrina legal obligatoria del Superior Tribunal de Justicia.
Río Negro
Río Negro avanza en una Red Federal para controlar a deudores alimentarios
Referentes del Registro Civil participaron en Buenos Aires del primer encuentro que busca articular acciones entre las provincias para mejorar la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Representantes del Registro Civil de Río Negro participaron en Buenos Aires del Primer Encuentro Federal de Cooperación Interjurisdiccional, una instancia que busca impulsar la creación de una Red Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos. La iniciativa, que ya cuenta con la adhesión de 16 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, apunta a mejorar la respuesta estatal frente al incumplimiento del deber alimentario.
El nuevo espacio estará conformado por autoridades y equipos técnicos de las jurisdicciones participantes, con el objetivo de establecer una coordinación permanente entre los registros provinciales. La intención es ordenar la información existente, compartir experiencias y avanzar en la adopción de criterios técnicos comunes que permitan una aplicación más eficaz de las medidas vigentes.
La articulación federal también prevé el desarrollo de herramientas que fortalezcan el sistema de protección alimentaria, garantizando que se cumplan los derechos de niñas, niños y adolescentes afectados por deudas alimentarias.
Desde el Gobierno rionegrino destacaron que la provincia asumirá un rol activo en la Red, trabajando para la sostenibilidad del sistema y para agilizar los mecanismos de control y sanción frente a situaciones de incumplimiento.
Río Negro
Weretilneck anunció que el aumento del Impuesto Automotor e Inmobiliario será menor a la inflación
El Gobierno provincial fijó un tope del 25% para los tributos 2026 y mantendrá beneficios a contribuyentes cumplidores y sectores productivos.
El proyecto de Ley Impositiva 2026 enviado por el gobernador Alberto Weretilneck a la Legislatura incorpora una actualización de los impuestos Automotor e Inmobiliario que se ubicará 6% por debajo de la inflación. «Es señal del compromiso provincial con las familias, empresas, comercios, productores y pymes rionegrinas, en un contexto de aumentos generalizados», indicó el mandatario.
En este sentido, tanto en Automotor como en Inmobiliario se aplica un tope máximo de aumento del 25% respecto del tributo anual determinado para 2025, lo que representa una actualización menor a la inflación anual.
El esquema mantiene los incentivos al cumplimiento tributario: quienes opten por el Pago Anual tendrán un 20% de descuento para quienes no posean deuda al 31 de diciembre de 2025, con posibilidad de abonar en tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Patagonia.
Mientras que quienes abonen mensualmente accederán a un 5% de bonificación por buen cumplimiento. A su vez, quienes elijan adherir al débito automático en cuenta bancaria, accederán a un 10% adicional de descuento de bonificación, reduciendo de manera significativa el monto final del tributo.
El proyecto también sostiene los beneficios para la actividad económica. Continúa la exención en Ingresos Brutos y Sellos para la compra y el patentamiento de vehículos destinados al trabajo y la producción, como camiones, acoplados, camionetas, taxis o unidades para alquiler, con el objetivo de acompañar la inversión y la renovación de flotas en toda la provincia.
Asimismo, se garantiza la continuidad de las exenciones en Automotor e Inmobiliario para jubilados y familias que conviven con una discapacidad, manteniendo un criterio de protección y acompañamiento a los sectores más sensibles.
