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Confirman condena a policía de Lamarque

Había sido condenado a dos años y dos meses de prisión en suspenso e inhabilitación.

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El Superior Tribunal de Justicia denegó el recurso extraordinario federal planteado por la defensa y confirmó así la condena de prisión en suspenso e inhabilitación contra un efectivo policial de Lamarque por las vejaciones de las que fue víctima un ciudadano.

La Cámara Criminal Tercera de General Roca había condenado al policía Ernesto Santos Rossi a la pena de dos años y dos meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial por el doble de tiempo para ejercer funciones policiales “que tengan que ver con contacto con ciudadanos y estar munido de cualquier tipo de arma provista por la repartición”. Aquella sentencia fue cuestionada por la defensa mediante un recurso de casación que el Superior Tribunal de Justicia rechazó en septiembre de 2015. Ahora, ante un nuevo recurso defensista, el STJ ratificó los fallos anteriores y no abrió la vía de impugnación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según se tuvo por acreditado tras el juicio, “el 12 de septiembre de 2010, aproximadamente a las 10.30 horas, en la intersección de las calles Moreno y Urquiza de la localidad de Lamarque, el imputado, en ejercicio de su función policial, aplicó un golpe con su cachiporra al ciudadano P.A.O. en la zona de la cabeza (parte frontal), lo que le causó una lesión de carácter leve, para posteriormente amenazarlo diciéndole ‘ya vas a caer vos y ahí te voy a dar…’, con lo que le produjo temor”. Del expediente surge que aquella mañana Rossi y otro efectivo “arribaron al sector tras haber recibido en la dependencia policial un llamado que informaba que diferentes personas estaban cometiendo un disturbio en la vía pública” y que, en esas circunstancias, el uniformado cometió los delitos de “vejaciones agravadas por el uso de violencia en concurso ideal con lesiones leves y en concurso real con amenazas” por los que resultó condenado.

La defensa sostuvo en su recurso, entre otros agravios, que existió “vulneración del principio de congruencia”, “lesión a la garantía de imparcialidad” y arbitrariedad en la sentencia. Pero el STJ, en coincidencia con el dictamen de la Fiscalía General, concluyó que el escrito de la defensa “no satisface los extremos formales requeridos en las Reglas para la interposición del recurso extraordinario federal” (Acordada N° 4/07 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).

Con los votos de los jueces Enrique Mansilla, Liliana Piccinini y Ricardo Apcarián, el STJ concluyó que “el recurrente no rebate con eficacia las consideraciones de la resolución que impugna, dado que su crítica se limita a cuestionar aspectos ya analizados y decididos sin aportar argumentos suficientes que demuestren la conculcación de derechos y garantías que alega, a la vez que no acredita la arbitrariedad invocada ni la existencia de cuestión federal suficiente que amerite la habilitación de la vía excepcional pretendida”.

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Cansado de que le descuenten un seguro que no contrató, fue a la Justicia

El hombre leyó en internet que le estaba pasando lo mismo que a otras personas que denunciaron el hecho.

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El Juzgado Multifueros de El Bolsón dictó una medida cautelar ordenando la suspensión inmediata de los débitos automáticos efectuados por un seguro desde la cuenta sueldo de un cliente. Este último había detectado cargos por un seguro no contratado y, tras no recibir respuesta satisfactoria del banco, decidió llevar el caso a la justicia.

La demanda se presentó luego de que el cliente vio en las noticias sobre descuentos inconsultos y al revisar sus resúmenes de cuenta, notara débitos mensuales por parte de Seguro Sura S.A., una póliza que asegura no haber contratado. A pesar de sus intentos por cancelar el servicio tanto en la sucursal como por otros medios facilitados por el banco, los descuentos continuaron, lo que llevó a la acción legal.

Al momento de presentar la demanda relató que, luego de leer una noticia judicial en internet, prestó atención a los resúmenes de cuenta emitidos por la entidad y advirtió que se le efectuaban débitos de seguros que nunca había contratado.

Detalló que, al concurrir a la sucursal del Banco Patagonia le informaron que él los había contratado, situación que niega rotundamente. En esa ocasión, solicitó a la persona que lo atendió que diera de baja el seguro inmediatamente. Sin embargo, no pudo concretarse, ya que le indicaron que debía realizar el trámite por teléfono y nunca logró comunicarse.

Añadió que, finalmente, el 8 de diciembre de 2023, realizó el pedido de baja por home banking pero continuaron con los descuentos, y tuvo que realizar nuevamente el procedimiento de baja el 4 de enero de 2024.

El fallo se fundamenta en la protección de los derechos de los consumidores, citando la Ley 24.240, que busca asegurar la salud, seguridad, e intereses económicos de los usuarios, además de garantizar su derecho a recibir información adecuada y veraz, libertad de elección, y un trato equitativo y digno.

La medida cautelar se justifica bajo el artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial (CPCC), que permite dicha acción en casos donde el derecho es verosímil, exista peligro de daño irreparable y la medida no pueda obtenerse de otra forma.

El Juzgado consideró que, dada la documentación presentada por el demandante, los descuentos efectuados constituían una afectación a sus ingresos de carácter alimentario, privándolo de disponer de los mismos, lo que configuraba un daño actual y potencialmente grave e irreparable.

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Solicitaron 19 años de prisión para sujeto que abusó sexualmente de tres de sus hijas

Ya fue declarado culpable por un jurado popular en diciembre pasado. Ahora se definirá su condena.

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Tras haber sido declarado culpable por un jurado popular en diciembre pasado por varios delitos cometidos contra la integridad sexual de tres de sus hijas, hoy (21/02) el hombre escuchó el pedido de las partes en relación al monto de pena. Es así que la Fiscalía pidió 19 años de prisión efectiva, mientras que el defensor penal público 16 años. La sentencia se dará a conocer el próximo miércoles (28/02) al mediodía.

De esta manera, la fiscal jefa fundamentó su pedido en varios agravantes, entre ellos que «se trató de un hecho con pluralidad de víctimas, que son tres niñas vulnerables por estas características y por la relación asimétrica de poder con el victimario, que es su padre».

Además «fueron víctimas desde muy temprana edad, esto las vuelve aún más vulnerables, no tuvieron la chance de elegir ni de opinar acerca del inicio de su sexualidad, y los abusos marcaron una intromisión a su vida sexual», agregó la Fiscalía.

«Otro agravante que consideramos es la naturaleza de la acción, en el juicio por jurados quedó acreditado el prolongado lapso de tiempo en que los hechos sucedieron, que los mismos ocurrían en una zona rural, a veces de noche, otras veces cuando el hombre procuraba estar con las niñas solo, cuando las llevaba al colegio, cuando las tenía a su alcance», dijo la representante fiscal.

«La intensidad del daño causado, es decir, que quienes las debía cuidar abusó de ellas, y esta situación tuvo y aún hoy tiene un impacto en la psiquis de las menores de edad, cuestión enfatizada hoy con el testimonio de la psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI)», subrayó la fiscal.

«Consideramos agravante también que cuando el hombre se tuvo que ir del hogar a raíz de la denuncia y la intervención del Estado en el hecho, nunca se ocupó del bienestar ni de las hijas víctimas ni del resto. La denunciante de los abusos, la madre de las chicas tuvo además que iniciar un reclamo de cuota alimentaria ya que el hombre aún estando en libertad no cumplía con la misma», remarcó la fiscal jefa.

Por su parte, la defensora de menores que representa a las víctimas en el juicio, adhirió al pedido fiscal y solicitó al Tribunal que «se tenga en cuenta el interés superior, es decir, el de las niñas, ya que están protegidas por la Declaración Universal de los derechos del niño, niña y adolescentes, como también la Ley 26.061, la Guía de buenas prácticas de UNICEF, entre otras normativas vigentes en nuestro país».

El defensor penal público que asiste al hombre en el juicio, dijo que «no vamos a discutir el agravante de la pluralidad de víctimas. Pero sí la cuestión del género creemos que no debe ser admitida, como tampoco la duración en el tiempo ya que está incluida en el delito de corrupción, como también está incluida la cuestión de la relación asimétrica y la clandestinidad en el Artículo 119 presente en la calificación legal por la que ya fue condenado mi asistido».

Calificación legal por la que ya fue condenado por el jurado popular

En relación a una de las víctimas se lo declaró culpable del delito de «abuso sexual simple agravado por el vínculo, reiterado en un número indeterminado de veces, abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y corrupción de menores agravada por el vínculo».

Para otra de las víctimas, el hombre es culpable de «abuso sexual simple agravado por el vinculo, reiterado en un número indeterminado de veces y corrupción de menores agravada por el vínculo».

En tanto para la última, se lo condenó por «abuso sexual simple agravado por el vinculo, reiterado en un número indeterminado de veces y corrupción de menores agravada por el vínculo».

Prórroga de la prisión preventiva

El Ministerio Público Fiscal teniendo presente que la prisión preventiva que cumple el hombre desde el inicio del juicio está próxima a vencerse, solicitó y así resolvió el juez interviniente, que la misma se prorrogue por el plazo de cuatro meses, teniendo presente que «el riesgo de fuga se encuentra latente por la expectativa de una pena alta».

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Cobertura preventiva para una adolescente por las secuelas de una presunta mala praxis

La familia de la joven asegura que la deficiente intervención quirúrgica en un centro médico de Roca le habría causado una incapacidad total.

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Un sanatorio, dos médicos y sus respectivas aseguradoras deberán cubrir todos los gastos de una adolescente mientras avanza la demanda civil que inició la familia por un presunto caso de mala praxis. Siendo una niña sufrió un siniestro vial y fue operada. En la demanda principal, la familia asegura que la deficiente intervención quirúrgica en un centro médico de Roca le habría causado una incapacidad total.

Mientras en el expediente principal se recopilan las pruebas para determinar efectivamente las responsabilidades del caso, en otro proceso la familia inició una «acción preventiva del daño». Esta figura, reconocida en el Código Civil y Comercial de la Nación, permite fijar una cobertura para evitar que se agrave un daño provocado por cualquier tipo de acción antijurídica, basándose en una visión del derecho como una herramienta para prevenir y no sólo para indemnizar los daños ya producidos.

Un fallo del Juzgado Civil N° 9 de Roca hizo lugar a la acción preventiva y condenó a los seis demandados a abonar una suma fija por mes, basándose en los gastos y necesidades urgentes que acreditó la familia de la adolescente, en concepto te tutela anticipada. Pero tanto la familia como los demandados apelaron la medida y el caso fue nuevamente analizado por la Cámara Civil de Apelaciones. Ese Tribunal definió ahora una cobertura mayor, que además de la suma fija mensual incorpora la provisión de un colchón ortopédico, una cama ortopédica y una silla de ruedas para que la adolescente «pueda tener acceso a una estadía más cómoda, saludable y digna» mientras se definen las eventuales responsabilidades.

La sentencia valoró que la suma fija es suficiente para costear los gastos básicos y los tratamientos neurológicos, psicológicos y kinesiológicos, los insumos, remedios y traslados para la atención médica, además de la contratación de personas idóneas que puedan asistir a la adolescente en forma permanente. El fallo, además, previó un sistema de actualización de la suma de acuerdo con el proceso inflacionario.

En la sentencia de primera instancia, como es normal en los procesos de acción preventiva, se definió qué ocurrirá con estos pagos en el futuro, según lo que se defina en el expediente principal. Así, si prospera la demanda de daños y perjuicios que impulsa la familia y se determina que los demandados son responsables de la mala praxis, todo lo que hayan pagado anticipadamente se descontará de la indemnización final. Sobre ese punto, la Cámara agregó un cómputo de intereses para el eventual descuento. En cambio, si la demanda de la familia no prospera, los demandados que hayan pagado la cobertura preventiva tendrán derecho a iniciar acciones para pedir la devolución.

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