Política
«Pichetto debería dar un paso al costado»
Nuevo Encuentro Río Negro emitió un comunicado en el que exige que el Senador rionegrino deje su banca en el Senado.

El espacio Nuevo Encuentro de Río Negro expresó en un comunicado de prensa que el Senador Nacional del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto «dejó de representar los intereses políticos por los que fue elegido como Senador y eso significará el ocaso de su carrera en la política de Río Negro. Debería renunciar a una banca que ya no le pertenece políticamente y asumir la responsabilidad que le cabe en la entrega de nuestra patria. Para cumplir de mejor manera el rol que está asumiendo en la actualidad sería mejor que sea designado como funcionario del gobierno neoliberal de Cambiemos o en la Corte Suprema como es su deseo».
Recordaron asimismo que «en el 2013, cuando se realizaron las elecciones generales, hicimos campaña y votamos un proyecto político representado en ese momento por Pichetto y García Larraburu en Senadores y Soria-Bardeggia en Diputados. Era el proyecto político fundado por Néstor y liderado por Cristina, que había posibilitado la creación de millones de puestos de trabajo, que hacia un culto por su protección y mantenimiento, aun a pesar de las crisis internacionales e internas que impactaban en nuestro país. Era el proyecto político que había implementado la Asignación Universal por Hijo que cambió el paradigma de dependencia y clientelismo. Era el proyecto que, con sus avances y retrocesos, generaba las condiciones para el desarrollo y la inclusión de millones de argentinos».
«Nunca fue fácil quitarle privilegios a los poderosos para distribuir de mejor manera la riqueza y los ingresos. Por eso, claramente, era difícil abstraerse de los embates mediáticos que intentaban desviar la atención y aminorar el sentimiento de millones de argentinos que sentían por primera vez en años (muchísimos por primera vez en su vida) que un gobierno podía representar sus intereses», sintetizaron desde Nuevo Encuentro.
«Festejábamos la inclusión de millones de nuevos jubilados y pensionados, alcanzando una cobertura de casi 97% de aquellos en condiciones de acceder a ese derecho. Muchos habían sido víctimas de la informalidad laboral y su contracara posibilitadora: la codicia de los empresarios que no blanqueaban a sus empleados», agregaron.
«La voluntad política del gobierno nacional había redimido la gran estafa a nuestros jubilados con la derogación de la Ley de AFJP, la restauración del sistema de reparto, la creación del Fondo de Garantía de sustentabilidad y el establecimiento de la Ley de Movilidad Jubilatoria que establece dos aumentos previsionales al año», añadieron desde Nuevo Encuentro.
«También festejábamos, con alegría y orgullo, que hacía poco más de tres años que habíamos retomado las riendas de nuestras decisiones soberanas. El pago al FMI y al Club de Paris sumado a la reestructuración y reducción de la deuda pública (nacional y de las provincias), nos permitían independizarnos de los mandatos irrisorios y antipopulares de los grandes centros del poder financiero mundial. Éramos nuevamente independientes y ese simple hecho se reflejaba en el orgullo nacional de millones de compatriotas que masivamente se volcaban a los festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Nada más distante que la realidad social y política de estos días».
«La aprobación de la Ley “ómnibus”, posibilitada por el voto de la mayoría de los Senadores del Frente para la Victoria, comandados justamente por Miguel Ángel Pichetto, representa otro nuevo retroceso para las mayorías de nuestro país, que se suma a la estafa del pago a los fondos Buitres. Creemos que no sólo es una deslealtad al Proyecto Nacional y Popular, a Cristina Fernandez de Kirchner y a la memoria de Néstor Kirchner, sino una clara conspiración contra los intereses de la Patria y de los argentinos. Porque beneficiar aún más a los sectores del privilegio, embargar la soberanía nacional y posibilitar la feroz transferencia de recursos en desmedro de las mayorías populares, representa, con aspereza y desilusión, una traición a la voluntad política que se expresó cuando fue elegido como Senador Nacional por la provincia de Río Negro», manifestaron.
«Por ello, pensamos que la dignidad de un dirigente político se manifiesta en las conductas que respetan el lugar de responsabilidad y representación política que legitimamos con nuestro voto. Y como no votamos ni militamos neoliberalismo, entrega, dependencia o exclusión, exigimos el respeto de esa voluntad y por lo tanto le solicitamos al Senador Pichetto que retome el sendero político que lo puso en ese lugar de importancia o que dé un paso al costado y renuncie a una representación que ya no respeta», finalizaron desde el espacio Kirchnerista en Río Negro.
Política
Tras más de 20 años en funciones, Miguel Jaramillo dejó la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio
La intendenta María Emilia Soria aceptó la renuncia del histórico funcionario, quien se aleja por motivos personales.

La intendenta María Emilia Soria aceptó en las últimas horas la renuncia presentada por Miguel Jaramillo al cargo de secretario de Servicios Públicos del Municipio de Roca. Según se informó oficialmente, la decisión responde a «motivos personales».
Tras su dimisión, el área quedará provisoriamente bajo la conducción de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Pablo Rolo, hasta que se designe un reemplazo definitivo.
Soria destacó el rol de Jaramillo, quien durante más de dos décadas tuvo a su cargo la coordinación de servicios esenciales para la ciudad, tales como barrido, limpieza, mantenimiento de espacios públicos y operativos viales en una Roca que continúa en expansión.
Paralelamente, la intendenta anunció que se pondrá en marcha un proceso de modernización dentro de la Secretaría de Servicios Públicos, con el objetivo de «optimizar la organización interna y mejorar la eficiencia de las prestaciones municipales de cara a los vecinos y vecinas».
Judiciales
Tras la sentencia de la Ruta Nacional N° 40, Río Negro espera definiciones por la 151
La Ruta N° 151 atraviesa uno de los corredores más transitados y productivos del norte rionegrino.

Con la sentencia de la Ruta Nacional N° 40 ya firme y en marcha, el Gobierno de Río Negro insistió en que la situación de la Ruta Nacional N° 151 continúa sin avances por la apelación de Nación, pese al deterioro extremo acreditado en la Justicia y a un fallo que ya ordenó un plan de obras urgentes, con plazos de ejecución y un mantenimiento integral que sigue sin cumplirse.
La Ruta N° 151 atraviesa uno de los corredores más transitados y productivos del norte rionegrino. Su deterioro extremo está acreditado judicialmente: baches profundos, deformaciones, banquinas descalzadas, señalización insuficiente y un nivel de riesgo que afecta todos los días a miles de personas. Es un tramo clave para la conectividad entre Cipolletti y el límite con La Pampa, y para actividades esenciales como la educación, los traslados sanitarios, la producción frutícola, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera.
El Juzgado Federal de General Roca ya había hecho lugar al amparo colectivo impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck, junto a intendentes y entidades empresariales, y ordenado a Vialidad Nacional presentar un plan de acción en 10 días e iniciar las obras dentro de los 90 días. La sentencia, firmada por el juez Hugo Greca, también responsabilizó al organismo nacional por el incumplimiento de su deber legal de conservación y le exigió elaborar un plan integral de mantenimiento para sostener la seguridad vial en el tiempo.
Aquella decisión judicial reconoció la gravedad del abandono y el impacto real sobre la vida cotidiana: más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas afectados por los traslados, dificultades en emergencias sanitarias y perjuicios directos a sectores productivos centrales para la región. «Teníamos razón. No era un capricho, es un derecho. La Ruta N° 151 pone en riesgo vidas todos los días y necesita una solución definitiva», había expresado el gobernador, al conocerse el fallo.
Pero, a diferencia de lo ocurrido ahora con la Ruta N° 40, cuya sentencia quedó firme y obliga a Nación a ejecutar obras inmediatas con plazos estrictos y tareas precisas, la causa por la 151 continúa frenada por la apelación del Gobierno Nacional. Esa decisión impide que comiencen las obras ordenadas judicialmente y prolonga un problema que ya fue comprobado, documentado y reconocido incluso por el propio organismo vial.
La Provincia reiteró que sigue esperando definiciones y que la 151 no admite más demoras. «Cuando el Estado Nacional se desentiende, Río Negro defiende lo suyo», había señalado Weretilneck. El planteo vuelve a tomar fuerza ante el contraste con la sentencia firme de la Ruta N° 40.
Política
Thalasselis: «Cada peso recuperado vuelve a estar disponible para la salud»
Se trata del primer fallo judicial que habilita a Río Negro a recuperar más de $101 millones, como parte de una deuda de una obra social.

El ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, confirmó en declaraciones radiales la contundencia del primer fallo judicial que habilita a Río Negro a recuperar más de $101 millones, como parte de una deuda de una obra social.
El ministro destacó que «este hito es posible gracias a la Ley Provincial 5754, promulgada en noviembre del año pasado, que dio al Gobierno el instrumento, que es una ley, para permitir reclamarle a cada una de las obras sociales los pagos por la atención de sus afiliados en hospitales públicos».
Thalasselis calificó la primera sentencia como una «muy buena noticia, algo muy importante». El fallo permite recuperar fondos de atención sobre pacientes que serán destinados «pura y exclusivamente para seguir prestando servicios de salud en cada uno de los hospitales». Con esta acción, el Ministerio está «fortaleciendo los mecanismos de financiamiento en la salud pública y es un logro de la gestión», aseguró.
El Ministro insistió en el concepto de que la atención en el hospital público, aunque universal, tiene un costo que las obras sociales deben cubrir. «La producción de servicios de salud en un hospital implica una serie de proveedores, desde los profesionales médicos, los enfermeros, la medicación y todo eso tiene un costo».
La deuda total de las obras sociales, prepagas y aseguradoras con el sistema de salud provincial supera los $1.042 millones, según la facturación a agosto, y no se cobrará «sobre el paciente», sino a los financiadores.
Al ser consultado sobre los grandes morosos, Thalasselis confirmó los nombres: «Son OSECAC, OSPRERA, OSPECON, Unión Personal Civil de la Nación y SANCOR. OSDE también, Swiss Medical, de otras grandes, más de tres a nueve millones de pesos están debiendo».
Las entidades reciben una carta documento, se da un período para conciliaciones, y «de no suceder esto, se procede la ejecución por la Fiscalía de Estado», donde «la ley prevé embargo, por vía judicial» una vez vencido el plazo según detalló el Ministro de Salud.
El círculo virtuoso del recupero
El ministro vinculó directamente el recupero de fondos con la mejora de la infraestructura. Tras anunciar la incorporación de cuatro equipos de última generación de anestesia para los quirófanos de los hospitales de Viedma, Roca, Cipolletti y Bariloche. Explicó que «todos estos equipamientos, los costos de estos equipamientos y la reposición de estos equipos tienen sus costos y nosotros la forma de recuperarlos es en parte a través del fondo de las obras sociales».
Además, subrayó que este camino es irreversible. «Creemos que este es un camino que tenemos que seguir recorriendo». La prioridad es «seguir trabajando y ordenando este sistema administrativo que nos permita financiar de mejor manera la salud pública que queremos para la provincia», independientemente de los nombres de cada financiador.
En una reflexión final, el ministro Thalasselis destacó que «el sistema público de salud está en todo momento y en todo lugar a lo largo de la vida de los rionegrinos».
La apertura del hospital a todos, «tengas o no tengas obra social», es una de las grandes fortalezas de la provincia. Esta atención universal se traduce «económicamente en millones, millones de pesos» que el Estado debe recuperar.






