Política
«Pichetto debería dar un paso al costado»
Nuevo Encuentro Río Negro emitió un comunicado en el que exige que el Senador rionegrino deje su banca en el Senado.
El espacio Nuevo Encuentro de Río Negro expresó en un comunicado de prensa que el Senador Nacional del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto «dejó de representar los intereses políticos por los que fue elegido como Senador y eso significará el ocaso de su carrera en la política de Río Negro. Debería renunciar a una banca que ya no le pertenece políticamente y asumir la responsabilidad que le cabe en la entrega de nuestra patria. Para cumplir de mejor manera el rol que está asumiendo en la actualidad sería mejor que sea designado como funcionario del gobierno neoliberal de Cambiemos o en la Corte Suprema como es su deseo».
Recordaron asimismo que «en el 2013, cuando se realizaron las elecciones generales, hicimos campaña y votamos un proyecto político representado en ese momento por Pichetto y García Larraburu en Senadores y Soria-Bardeggia en Diputados. Era el proyecto político fundado por Néstor y liderado por Cristina, que había posibilitado la creación de millones de puestos de trabajo, que hacia un culto por su protección y mantenimiento, aun a pesar de las crisis internacionales e internas que impactaban en nuestro país. Era el proyecto político que había implementado la Asignación Universal por Hijo que cambió el paradigma de dependencia y clientelismo. Era el proyecto que, con sus avances y retrocesos, generaba las condiciones para el desarrollo y la inclusión de millones de argentinos».
«Nunca fue fácil quitarle privilegios a los poderosos para distribuir de mejor manera la riqueza y los ingresos. Por eso, claramente, era difícil abstraerse de los embates mediáticos que intentaban desviar la atención y aminorar el sentimiento de millones de argentinos que sentían por primera vez en años (muchísimos por primera vez en su vida) que un gobierno podía representar sus intereses», sintetizaron desde Nuevo Encuentro.
«Festejábamos la inclusión de millones de nuevos jubilados y pensionados, alcanzando una cobertura de casi 97% de aquellos en condiciones de acceder a ese derecho. Muchos habían sido víctimas de la informalidad laboral y su contracara posibilitadora: la codicia de los empresarios que no blanqueaban a sus empleados», agregaron.
«La voluntad política del gobierno nacional había redimido la gran estafa a nuestros jubilados con la derogación de la Ley de AFJP, la restauración del sistema de reparto, la creación del Fondo de Garantía de sustentabilidad y el establecimiento de la Ley de Movilidad Jubilatoria que establece dos aumentos previsionales al año», añadieron desde Nuevo Encuentro.
«También festejábamos, con alegría y orgullo, que hacía poco más de tres años que habíamos retomado las riendas de nuestras decisiones soberanas. El pago al FMI y al Club de Paris sumado a la reestructuración y reducción de la deuda pública (nacional y de las provincias), nos permitían independizarnos de los mandatos irrisorios y antipopulares de los grandes centros del poder financiero mundial. Éramos nuevamente independientes y ese simple hecho se reflejaba en el orgullo nacional de millones de compatriotas que masivamente se volcaban a los festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Nada más distante que la realidad social y política de estos días».
«La aprobación de la Ley “ómnibus”, posibilitada por el voto de la mayoría de los Senadores del Frente para la Victoria, comandados justamente por Miguel Ángel Pichetto, representa otro nuevo retroceso para las mayorías de nuestro país, que se suma a la estafa del pago a los fondos Buitres. Creemos que no sólo es una deslealtad al Proyecto Nacional y Popular, a Cristina Fernandez de Kirchner y a la memoria de Néstor Kirchner, sino una clara conspiración contra los intereses de la Patria y de los argentinos. Porque beneficiar aún más a los sectores del privilegio, embargar la soberanía nacional y posibilitar la feroz transferencia de recursos en desmedro de las mayorías populares, representa, con aspereza y desilusión, una traición a la voluntad política que se expresó cuando fue elegido como Senador Nacional por la provincia de Río Negro», manifestaron.
«Por ello, pensamos que la dignidad de un dirigente político se manifiesta en las conductas que respetan el lugar de responsabilidad y representación política que legitimamos con nuestro voto. Y como no votamos ni militamos neoliberalismo, entrega, dependencia o exclusión, exigimos el respeto de esa voluntad y por lo tanto le solicitamos al Senador Pichetto que retome el sendero político que lo puso en ese lugar de importancia o que dé un paso al costado y renuncie a una representación que ya no respeta», finalizaron desde el espacio Kirchnerista en Río Negro.
Judiciales
Por el aumento de causas, Roca tendrá una nueva Unidad Procesal del Fuero de Familia
El Poder Judicial detectó durante la última década un incremento sostenido de expedientes en el Fuero de Familia de General Roca.
La Legislatura de Río Negro aprobó el proyecto impulsado por el Superior Tribunal de Justicia para crear una nueva Unidad Procesal del Fuero de Familia con sede en General Roca, correspondiente a la Segunda Circunscripción Judicial.
Al fundamentar la iniciativa, la legisladora Natalia Reynoso (JSRN) explicó que la propuesta surge a partir de los estudios realizados por la Dirección de Planificación Estratégica del Poder Judicial, que durante los últimos diez años registró un crecimiento sostenido de las causas y expedientes que ingresan al fuero de Familia.
Según detalló, el relevamiento correspondiente al período comprendido entre 2016 y 2026 permitió detectar un incremento que calificó como «exponencial, sostenido y estructural», particularmente en la Segunda Circunscripción Judicial.
Reynoso destacó además que el Poder Judicial modificó la metodología utilizada para determinar la carga que soportan los distintos organismos. Hasta ahora, uno de los principales parámetros era simplemente cuantitativo: se contabilizaba la cantidad de expedientes ingresados y tramitados.
La nueva metodología incorpora el concepto de «carga ponderada de trabajo», que busca determinar no solamente cuántos expedientes tramita un organismo, sino también cuánto esfuerzo y tiempo demanda cada uno de ellos de acuerdo con su complejidad.
Para establecer ese indicador se tuvieron en cuenta variables como la complejidad de las causas, su duración y el grado de intervención judicial requerido.
«No es lo mismo una causa que puede resolverse mediante una audiencia y posterior homologación que aquellos procesos que demandan seguimientos durante dos años o más, sucesivas audiencias y la participación de equipos interdisciplinarios», explicó la legisladora.
Entre las problemáticas de mayor complejidad mencionó las situaciones de violencia de género e intrafamiliar, además de causas relacionadas con alimentos, filiaciones y adopciones.
La metodología, elaborada con participación de juezas de Familia de las diferentes circunscripciones judiciales, permitió establecer con mayor precisión la carga efectiva de trabajo de cada organismo.
En el caso de General Roca, los resultados mostraron no solamente un aumento en la cantidad de expedientes, sino también una creciente exigencia funcional derivada de la complejidad de las causas.
Reynoso sostuvo que la ciudad viene registrando «un nivel de demanda estructural superior al resto de las localidades analizadas», pese a contar con estructuras organizativas similares a las existentes en organismos que atienden volúmenes y niveles de demanda considerablemente menores.
Ese desequilibrio, explicó, determinó la necesidad de avanzar con la creación de una nueva Unidad Procesal de Familia.
La iniciativa busca así adecuar la estructura judicial de General Roca a una realidad que se modificó sustancialmente durante la última década y mejorar la capacidad de respuesta del fuero frente a causas que, además de haber aumentado en cantidad, requieren intervenciones cada vez más prolongadas y complejas.
Judiciales
Causa Techo Digno: El STJ revisará la absolución de Gennuso y fallará el 5 de noviembre
El máximo tribunal de Río Negro admitió por mayoría la queja presentada por el Fiscal General y abrió el tratamiento de fondo. La sentencia se conocerá el 5 de noviembre a las 12.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro admitió por mayoría la queja presentada por el Fiscal General contra la absolución del ex intendente de San Carlos de Bariloche, Gustavo Gennuso, en la denominada causa Techo Digno. El máximo tribunal provincial abrió así el tratamiento de fondo y fijó para el 5 de noviembre a las 12 la lectura de la sentencia.
La causa es la primera vinculada con la construcción de viviendas mediante el programa nacional Techo Digno que llega a consideración del STJ.
El tribunal estuvo presidido por Ricardo Apcarian e integrado por Liliana Piccinini, Sergio Ceci y Cecilia Criado, con la participación de Adrián Zimmermann, juez del Tribunal de Impugnación en subrogancia. La acusación estuvo representada por el Fiscal General, Fabricio Brogna, mientras que Manuel Maza y Luciano Perdriel ejercieron la defensa de Gennuso, quien participó de la audiencia mediante Zoom.
Luego de los argumentos iniciales de la Fiscalía y la defensa se dispuso un cuarto intermedio. Al retomar la audiencia, el STJ resolvió, por mayoría, abrir la queja en su totalidad, al considerar que la Fiscalía había presentado argumentos suficientes respecto de la posible configuración de una sentencia arbitraria.
A partir de esa decisión comenzó el tratamiento del Recurso Extraordinario. El debate se concentró principalmente en el principio de congruencia, la eventual arbitrariedad del fallo y la discusión sobre si los fondos habían sido sustraídos de las esferas de control público.
Brogna sostuvo que Gennuso había «sustraído» los fondos del control y afirmó que el exintendente había admitido esa circunstancia, justificándola en la necesidad de «no perderlos». La Fiscalía también planteó que una eventual condena por una calificación menos gravosa que el peculado, como la administración fraudulenta, no necesariamente vulneraría el principio de congruencia.
La defensa rechazó esa interpretación. Maza sostuvo que los fondos permanecieron siempre dentro de la órbita municipal y que, por lo tanto, no habían salido de los controles públicos. También afirmó que peculado y malversación son delitos diferentes y que una eventual condena por una figura distinta afectaría el derecho de defensa. Además, planteó que la malversación estaría prescripta.
Tras escuchar a las partes, el STJ dio por finalizada la audiencia y estableció que la sentencia será leída el 5 de noviembre a las 12. La admisión de la queja no modifica por sí misma la absolución vigente ni implica una condena.
Política
Aporte adicional de $12.347 millones al año para los Municipios rionegrinos
Roca percibirá $608.587.677.
El Gobierno de Río Negro destinará más de $12.347 millones anuales adicionales a 14 municipios a través del convenio de Compensación Financiera Transitoria. A valores iniciales, el esquema representa un aporte provincial de aproximadamente $1.029 millones por mes, financiado con recursos del Tesoro Provincial, sin reducir los fondos que reciben las demás localidades por el régimen vigente de coparticipación.
La medida busca reconocer las diferencias surgidas a partir de la actualización de los datos utilizados para la distribución, manteniendo al mismo tiempo los índices establecidos por la actual Ley de Coparticipación.
De esta manera, la Provincia cubrirá con recursos propios la diferencia correspondiente a los 14 municipios alcanzados por el esquema, mientras los otros 25 continuarán recibiendo los recursos que les corresponden actualmente.
«Tomamos esta decisión porque entendemos que el crecimiento de nuestras ciudades también exige más capacidad de respuesta. Queremos municipios fuertes, con herramientas para sostener servicios, hacer inversiones y acompañar las necesidades de cada comunidad. La Provincia va a hacer ese esfuerzo con recursos propios», señaló el gobernador Alberto Weretilneck.
Los nuevos recursos estarán orientados específicamente a sostener y mejorar servicios públicos esenciales, ejecutar infraestructura asociada a esas prestaciones y adquirir bienes de capital que fortalezcan la capacidad operativa de los municipios. El convenio establece, además, que esos fondos no podrán utilizarse para financiar gastos de personal.
«Esta compensación permite actualizar la distribución sin perjudicar a ningún municipio. Es una decisión de equilibrio y de responsabilidad: reconocer las nuevas realidades de cada localidad, fortalecer la gestión municipal y garantizar que los recursos lleguen donde hoy son necesarios», agregó Weretilneck.
El impacto será concreto en cada localidad. En términos anuales, Cipolletti incorporará $3.832.872.960; San Carlos de Bariloche, $2.350.831.387; General Fernández Oro, $1.796.179.764; El Bolsón, $1.653.996.966; Dina Huapi, $1.071.083.602; Catriel, $464.844.798; Cervantes, $260.679.049; Los Menucos, $194.190.821; General Roca, $608.587.677; Comallo, $37.907.144; Ramos Mexía, $32.121.394; Darwin, $26.851.276; Guardia Mitre, $12.316.523; e Ingeniero Huergo, $4.708.773. Todos los montos expresados corresponden a pesos argentinos.
El esquema tendrá carácter transitorio y contempla actualizaciones semestrales vinculadas a la evolución positiva del IVA y de Ingresos Brutos. Por eso, los $12.347 millones constituyen una proyección anual realizada sobre los montos iniciales: el esfuerzo efectivo del Tesoro Provincial podría incrementarse a medida que se apliquen esas actualizaciones.
