Judiciales
Caso Atahualpa: El STJ denegó recursos extraordinarios
Las defensas de los imputados tienen ahora la posibilidad de interponer un recurso de queja directamente ante la Corte Suprema.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro denegó los recursos extraordinarios federales planteados en el marco de la investigación del homicidio del joven viedmense Atahualpa Martínez, confirmando así la sentencia dictada en abril pasado por el mismo STJ, la cual ordenaba la realización de un nuevo juicio oral y público a los imputados Felipe Carrasco, Carlos Morales Toledo y Melisa Fernández Barrientos. Con los votos coincidentes de los jueces Ricardo Apcarián, Enrique Mansilla y Sergio Barotto, se resolvió “denegar los recursos extraordinarios federales interpuestos (…) por Carlos Morales Toledo y su letrado, doctor Ignacio Javier Galiano, con costas, y (…) por la señora Defensora General, doctora María Rita Custet Llambí, en representación de Felipe Carrasco”.
Con esta decisión, las defensas tienen ahora la posibilidad de interponer un recurso de queja directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De no formularse la misma o de tener resolución negativa, quedará firme la decisión del STJ, que en su sentencia del pasado 12 de abril, al hacer lugar a una casación de la Fiscalía de Cámara, dispuso “anular la sentencia” absolutoria dictada el 23 de octubre de 2014 por la Sala A de la Cámara Criminal de Viedma.
El STJ también anuló en aquel momento el debate y reenvió “la causa al origen para que, con distinta integración, continúa con su sustanciación”, disponiendo así la realización de un nuevo juicio oral y público. Contra aquella decisión dos de las defensas interpusieron recurso extraordinario federal, el cual fue rechazado en los últimos días por el Superior Tribunal de Justicia. El argumento central es que ese tipo de recursos ante la CSJN sólo pueden ser admitidos “contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”, supuesto que no se cumple en este caso. “La decisión de este Cuerpo de anular la sentencia absolutoria y el debate correspondiente, con reenvío del expediente al origen, sólo tiene para los imputados el efecto procesal de la continuidad del trámite, sin restricciones severas en su libertad”, argumentó el STJ. La sentencia aclaró que, una vez dictada la sentencia definitiva tras el nuevo juicio, las defensas tendrán todas las vías de recurso correspondientes “en caso de que lo resuelto no se ajuste a las pretensiones de los imputados”.
Por otra parte, en respuesta a los agravios de las defensas, el STJ sostuvo que el proceso no está afectado por un “plazo irrazonable” y que “la retrocesión (es decir, el regreso a la etapa de juicio) no implica una violación del principio ‘non bis in idem’ o de la preclusión o la progresividad del trámite”, porque lo que se resolvió en abril fue “negar efectos procesales a una sentencia carente de fundamentos válidos”. Por último, el máximo tribunal de la provincia consideró que no resultó demostrado el supuesto de “gravedad institucional” alegado por la defensa del imputado Carrasco.
Un agravio común de las defensas fue que el STJ, en la sentencia de abril que anuló las absoluciones, también validó el allanamiento que había sido declarado nulo por la Cámara, en el cual se había secuestrado una importante prueba de cargo. En ese sentido, vale recordar la fundamentación oportunamente expuesta por el Superior Tribunal para dictar la nulidad de la sentencia absolutoria: “A la luz de estas premisas entendemos que, en el caso de autos, la absolución dictada ha derivado de una actividad jurisdiccional insatisfactoria que comienza por una equivocada anulación del allanamiento practicado en el domicilio de uno de los imputados y de los actos que de ese registro se derivaron (levantamiento de muestras hemáticas y secuestro de la campera que las contenía, más el peritaje de ADN), para luego realizar de manera insuficiente el examen de los elementos arrimados al proceso -entre ellos, la pericial forense realizada sobre la mancha de sangre y los testimonios capaces de sumar indicios-”.
Judiciales
Dictaron prisión preventiva para el camionero que manejaba con 4,20 g de alcohol en sangre, chocó en la Ruta 22 y se dio a la fuga
El imputado, oriundo de Salta, embistió a dos vehículos y terminó provocando que uno caiga a un desagüe. Además, un hombre sufrió heridas de gravedad.
Un hombre oriundo de la provincia de Salta fue acusado este lunes (19/01) por el delito de lesiones graves culposas doblemente agravadas, tras protagonizar un grave siniestro vial mientras conducía con exceso de alcohol en sangre y posteriormente darse a la fuga. La jueza de Garantías dispuso su prisión preventiva por el plazo de 2 meses.
Según expuso la fiscal de feria durante la audiencia que se realizó esta mañana, el hecho ocurrió el pasado sábado (17/01), cerca de las 19 horas, sobre la Ruta Nacional N° 22 y calle Mendoza, en uno de los accesos principales a la ciudad de General Roca y donde funcionan semáforos.
El acusado circulaba en sentido este-oeste a bordo de un camión Mercedes Benz, perteneciente a una empresa de transporte, de manera imprudente y antirreglamentaria, cuando impactó desde atrás a un Chevrolet Meriva. Como consecuencia del choque, este vehículo colisionó por alcance a un Renault Kwid y terminó cayendo al interior de un desagüe.
Producto del impacto, el conductor del Chevrolet Meriva sufrió lesiones graves, entre ellas una fractura de pelvis.
Tras el siniestro, el conductor del camión fue trasladado a la Unidad del Cuerpo de Seguridad Vial de General Roca, pero se dio a la fuga mientras el personal policial realizaba las actas correspondientes. Al día siguiente se presentó de forma voluntaria en la unidad policial y quedó detenido.
El test de alcoholemia practicado en el lugar del hecho arrojó un resultado de 4,20 mililitros de alcohol en sangre.
Judiciales
La Justicia de Roca otorgó a un padre el cuidado exclusivo de su hija tras episodios de abandono de su madre
La mujer dejó a la niña sola en un taxi y luego en una terminal de ómnibus.
El fuero de Familia de General Roca resolvió otorgar el cuidado personal unilateral de una niña a su padre, luego de acreditarse reiteradas situaciones de desprotección y negligencia por parte de la madre, que pusieron en riesgo su bienestar.
Según se desprende del expediente, cuando la niña tenía apenas un año, su madre la subió sola a un taxi y la envió al lugar de trabajo del padre. Al llegar, el hombre no se encontraba allí, lo que expuso a la menor a una grave situación de vulnerabilidad. Años más tarde, el episodio se repitió cuando la mujer dejó nuevamente sola a la niña, esta vez en una terminal de ómnibus.
En ambas oportunidades fue el padre quien asumió de manera inmediata el cuidado de su hija. Frente a estos antecedentes, y con el objetivo de garantizarle un entorno estable, seguro y afectivo, el hombre recurrió a la Justicia y solicitó el cuidado exclusivo de la menor.
Durante el proceso judicial se incorporó un informe socioambiental, que describió un hogar monoparental en el cual el padre organiza su actividad laboral en función de las necesidades de la niña. Si bien se señalaron carencias materiales en la vivienda, el informe concluyó que el entorno resulta apto para la crianza, destacando además que la menor asiste regularmente a la escuela y recibe atención psicológica.
La Defensora de Menores dictaminó a favor del otorgamiento del cuidado personal unilateral al padre, en atención al interés superior de la niña, valorando también la ausencia procesal de la madre y las pruebas que acreditaron conductas negligentes.
En su resolución, la jueza subrayó que la madre, pese a haber sido debidamente notificada del inicio de la demanda y de las audiencias fijadas, no compareció en ninguna instancia del proceso, lo que fue interpretado como un claro desinterés por la situación de su hija.
«El interés superior del niño es el lineamiento rector en todas las cuestiones en que este se halle afectado; la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos», sostuvo la magistrada, citando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El fallo remarcó que, si bien ambos progenitores conservan la titularidad de la responsabilidad parental, el cuidado personal puede ser atribuido de forma unilateral cuando existen razones fundadas que lo justifiquen, como ocurrió en este caso. Además, se recomendó la continuidad de un abordaje terapéutico integral y el acompañamiento profesional para la niña.
Judiciales
Violencia de género en el barrio Malvinas: Un hombre quedó detenido tras una brutal agresión
El ataque ocurrió en una vivienda del barrio Malvinas y fue frenado por la intervención policial.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre por un grave hecho de violencia de género ocurrido el pasado martes (13/01) en una vivienda del barrio Malvinas, en General Roca, donde una mujer fue agredida física y verbalmente en presencia de los tres hijos que ambos tienen en común.
Según se expuso en la audiencia, el imputado llegó al domicilio y comenzó a increpar e insultar a la víctima, para luego golpearla violentamente en distintas partes del cuerpo. En la vivienda se encontraban los hijos de la mujer, quienes presenciaron el ataque. La hija mayor, de 14 años, intentó proteger a sus hermanos menores mientras daba aviso a su abuelo. Al mismo tiempo, un vecino que escuchó los gritos alertó al sistema de emergencias 911.
La rápida llegada de personal policial, junto con el padre de la mujer, permitió frenar la agresión. Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió múltiples lesiones que incluso le impidieron desplazarse por sus propios medios.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía se incluyeron el registro de la llamada al 911, el acta de denuncia penal, certificados médicos que acreditan lesiones múltiples -calificadas como leves según el tiempo de curación- y el resultado del test de alcoholemia practicado al imputado. Además, se informó que se dio intervención a la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI).
Durante la audiencia, la defensa se opuso al pedido de prisión preventiva y propuso medidas alternativas, como prohibición de acercamiento, dispositivos duales y acciones vinculadas al tratamiento por consumo problemático de alcohol, con el objetivo de que el imputado pudiera continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía, en tanto, sostuvo la necesidad de la prisión preventiva debido a la gravedad del hecho, el riesgo para la víctima y la necesidad de garantizar el normal desarrollo del proceso penal.
Finalmente, la jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos y resolvió dictar la prisión preventiva del imputado, además de prohibir todo tipo de contacto con la víctima.
