Gremios
ATE prepara acciones judiciales y gremiales contra el Municipio de Roca
El próximo martes el sindicato volverá a protestar en las puertas de la comuna roquense.
Luego que el Poder Ejecutivo de la ciudad de General Roca decidiera otorgar, con el aval de dos de los cuatro gremios, un aumento salarial a las categorías más bajas de los empleados municipales; la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió preparar acciones judiciales y gremiales para llevar adelante durante la próxima semana. Por un lado, el sindicato ratifica el estado de estado de alerta, asamblea permanente y movilización; y convocó a una protesta en las puertas de la comuna (Mitre 710) para el próximo martes 26 de julio a las 8.30 horas. Por otro, ese mismo día, se anunciarán las medidas judiciales mediante las cuales se cuestionará el incremento por ser considerado un apartamiento de las leyes laborales esenciales y de la propia Constitución Nacional.
«(Martín) Soria es un intendente que exige mucho y cumple muy poco. Sobre todo a la hora de respetar la legalidad. El Estado no puede pagar en negro a sus trabajadores. Soria en vez de avanzar, atrasa en materia de derechos laborales», subrayó Rodolfo Aguiar, Secretario General ATE Río Negro.
En relación a la firma de la suba salarial el dirigente rionegrino manifestó que «este aumento no sólo no alcanza para nada en un año donde la inflación va a llegar casi a los 50 puntos, sino que afecta gravemente la calidad de los ingresos de los empleados. A partir de ahora, el municipio incremento en más de un 60% los montos no remunerativos que percibía todo el recurso humano, llevando de $1.900 a más de $3.200 las sumas en negro».
«Con que autoridad puede exigir un Estado municipal a los vecinos, comerciantes y otros contribuyentes que cumplan con sus obligaciones, si es el primero que las incumple. Siempre es el Estado el que debe dar el ejemplo», finalizó enérgicamente Aguiar.
Desde ATE se analizan varios aspectos políticos y jurídicos en relación al rechazo categórico sobre el ultimo aumento salarial otorgado por la Municipalidad. «En primer lugar, se trata de una baja de salarios para este 2016, ya que se acordó un incremento del 15%; lo que genera un anual total apenas por encima del 30%, mientras la inflación proyectada al mes de diciembre se ubicará entre los 45 y 50 puntos. En segundo lugar, se trata de un aumento escalonado en tramos; cuyas cuotas resultan ínfimas de un 5% (julio, septiembre y diciembre) y que terminan directamente sin tener impacto real en el bolsillo de los trabajadores».
Para la entidad sindical además, se trata de «un aumento ilegal, toda vez que está prohibido por las leyes que los Estados otorguen aumentos bajo conceptos no remunerativos; y en este caso se fijaron montos de $1.000 y $1.200 totalmente en esa modalidad».
El gremio señaló que ya existe jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y del propio Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, aún con su actual conformación de jueces, prohibiendo ese tipo de incrementos a las comunas.
Responsabilidad de la Secretaría de Trabajo de la provincia
El sindicato quiere que sea investigada también la responsabilidad de la Secretaría de Trabajo de la provincia y sus representantes en la Delegación local, ya que según la Ley 3.803 de la Constitución de la Provincia de Río Negro, su intervención debe ser siempre en favor y defensa de los intereses de los trabajadores, y bajo esta premisa jurídica, «nunca la cartera laboral debió haber avalado y homologado un acuerdo de las características señaladas».
Por último, ATE señala que «existe un reciente pronunciamiento de éste organismo en un arbitraje en el municipio de Catriel. Allí se ordenó el blanqueo absoluto de los todos los haberes no remunerativos de la planta completa de trabajadores de la comuna».
Gremios
ATE sostiene que «a días de la asunción, la casta está de fiesta y los trabajadores mortificados»
«Los únicos que ingresan por la ventana al Estado son los designados a dedo por los presidentes y después quieren quedarse. Siempre pasa lo mismo», señaló Rodolfo Aguiar.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, contestó al futuro ministro del Interior de Javier Milei, Guillermo Francos, por sus declaraciones en las que adelantó que habrá despidos en el Estado y que ni siquiera quienes están en planta permanente tienen su empleo asegurado. «A días de la asunción, la casta está de fiesta y los trabajadores mortificados».
«Todas las medidas que se anticipan desde el futuro oficialismo atacan a los trabajadores, jubilados y sus derechos adquiridos. Nada tienen que ver con ajustar los gastos de la política como se propagandizaba en campaña. Son tiempos de defender todas las funciones del Estado», apuntó el referente. El futuro funcionario de la gestión entrante indicó en una entrevista que «sacarán por la puerta a todo aquel trabajador que ingresó por la ventana, lo que generó preocupación en el sector público».
En base a las medidas de ajuste, Aguiar evaluó que «la Libertad Avanza empezó hablando de recortar 15 puntos del PBI y luego reformularon a 5. Aún frente a este escenario más moderado, no hay manera que los trabajadores y los jubilados puedan resistir más ajuste. Nos encaminamos a un escenario de mayor desigualdad y más pobreza», sentenció.
«Recortar 5 puntos supone bajar a cero la inversión pública, eliminar las transferencias a todas las provincias y quitar rápidamente subsidios a la energía y el transporte. Nos coloca frente al aumento de las tarifas del gas, la luz, los pasajes de trenes y colectivos. También se verán afectadas partidas salariales, de jubilaciones y pensiones y todas aquellas destinadas a sostener programas sociales», indicó el secretario general de ATE.
«Es evidente que el futuro ministro de Interior intenta confundir. Los trabajadores jamás entraron por la ventana al Estado. Los únicos que entran por la ventana y después se quieren quedar son precisamente los funcionarios designados a dedo por cada uno de los presidentes», concluyó el dirigente estatal.
Gremios
ATE para en organismos nacionales con movilizaciones y una advertencia
Habrá concentraciones en la sedes del Ministerio de Trabajo de la Nación a partir de las 8. En Roca se manifestarán en Avenida Roca y Mitre.
La Asociación Trabajadores del Estado realiza este lunes (04/12) un paro de 24 horas en organismos nacionales, con movilizaciones en las sedes de de Roca, Bariloche y Viedma del Ministerio de Trabajo de la Nación en Río Negro. El gremio adoptó esta medida ante el incumplimiento del gobierno nacional de pasar a planta permanente a miles de estatales con varios años de trayectoria y contratos informales, sin estabilidad laboral.
«El gobierno de Alberto Fernández se comprometió en 2021 a regularizar a los 64.000 trabajadores con trayectorias de más de 20 años, sin estabilidad, con ingresos menores a otros trabajadores y menos derechos, e incumplió», dijo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE.
A partir de información surgida de la transición entre funcionarios salientes y entrantes a la que tuvo acceso, ATE confirmó que «el gobierno de Javier Milei buscará ejecutar un plan de despidos, cierre de programas y oficinas públicas».
«Pudimos confirmar que la gestión entrante se orienta a aplicar un fuerte ajuste sobre el personal que presta servicio en ministerios y organismos, a partir de la confección de una base de datos de trabajadores contratados y sin estabilidad», agregó Vicente.
«El nuevo gobierno y las autoridades nacionales en la provincia tienen que saber: organismo que despide, organismo que se ocupa. Los estatales no van a ser la variable de ajuste», dijo Romeo Aguiar, secretario gremial de ATE.
«Que el ajuste lo pague lo que ellos llaman la casta política, las empresas subsidiadas por el Estado y quienes fugaron los dólares importados por Mauricio Macri», dijo Aguiar.
Gremios
La echaron luego de pedir licencias por enfermedad: Condenan a gremio por despido arbitrario
A la mujer le diagnosticaron una enfermedad oncológica.
Una trabajadora que se desempeñaba en un sindicato fue despedida de manera arbitraria y deberá ser indemnizada no solo por la cesantía sin causa, sino también por el daño moral y la afectación a su salud psíquica. Sus problemas comenzaron cuando debió faltar por una grave enfermedad.
La empleada comenzó a prestar labores en el gremio en febrero de 2011, pero fue registrada recién un año después. Los inconvenientes, según su demanda, comenzaron cuando fue diagnosticada con una enfermedad oncológica y debió solicitar licencias. En su presentación puso de relieve que estaba a solo tres años de jubilarse.
El gremio contestó la demanda y en los fundamentos dijo no haber tenido ninguna conducta discriminatoria ni persecutoria respecto de la trabajadora. Si reconoció que ejerció su facultad discrecional de rescindir el contrato, abonando la indemnización correspondiente en el término legal.
Fundamentos del fallo
La Cámara Laboral Primera de Bariloche consideró probado que durante un año no estuvo registrada. Tras compilar la prueba, consignó que «inicialmente -en el año 2016-, las ausencias vinculadas con su estado de salud, provocaron situaciones conflictivas entre la empleadora y la trabajadora, las que requirieron dos intervenciones de la autoridad administrativa laboral para solucionarlas».
En tanto en el año 2022 se suscitaron nuevos problemas de salud que le acarrearon a la trabajadora dos intervenciones quirúrgicas y que incluyó la colocación de una prótesis con secuelas importantes, por lo que debió someterse a otra intervención. El fallo menciona que la mujer fue despedida sin causa en el mes de noviembre de 2022.
El Tribunal remarcó que no se invocó por parte de la UnTER al contestar la demanda, una motivación para despedir a la trabajadora. La sentencia consideró que con las pericias médicas acompañadas está acreditado que el despido injustificado ha producido un daño moral y psicológico por la falta de reconocimiento a su trabajo durante años y la imposibilidad de cumplir un rol social mediante el mismo.
Por otro lado consideró real la dificultad para conseguir un nuevo empleo debido a su edad por un lado y por su estado de salud, ello agravado ante la posibilidad de quedarse sin obra social. Así, le fue reconocido el despido arbitrario, la irregularidad en el registro laboral el daño moral y en la salud psíquica.
