Judiciales
La aseguradora de De Piano deberá indemnizar a la familia de Claudia Segura
Reclamaron un resarcimiento integral para el viudo y para los hijos de la víctima fatal y la Justicia les dio la razón.
La familia de Claudia Segura, la mujer que murió en un siniestro vial en la calle Viterbori al 2000 de Roca en enero de 2017, demandó a Oscar De Piano, responsable del choque y a su compañía aseguradora por la indemnización de los daños y perjuicios. Reclamaron un resarcimiento integral para el viudo y para los hijos de la víctima fatal. Antes, los familiares habían impulsado la causa penal contra el conductor, quien resultó condenado a prisión efectiva como autor del delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria, por alcoholemia, por exceso de velocidad y por culpa temeraria.
Un fallo civil de primera instancia condenó a De Piano a pagar el total de la indemnización, pero quitó la responsabilidad de pago a la aseguradora. Se basó en que la póliza expresamente excluía la cobertura si el asegurado conducía en estado de ebriedad.
Esa decisión de eximir al seguro fue apelada por la familia de Segura. Cuestionaron, entre otros puntos, que la aseguradora no respetó el trámite administrativo obligatorio para denegar la cobertura a su asegurado. Además, alegaron que la exclusión del seguro los perjudica, ante el riesgo de que el conductor del auto no tenga recursos económicos suficientes para afrontar las indemnizaciones.
El planteo fue analizado por la Cámara Civil de Apelaciones de Roca, que dio la razón a la familia y sumó a la aseguradora a la obligación de indemnizar. El argumento central del fallo es que la compañía no respetó el procedimiento de la Ley de Seguros para notificar a su cliente que no cubriría el siniestro.
La clave de los 30 días
La Ley de Seguros da a las aseguradoras un plazo máximo de 30 días para informar a sus clientes si cubrirán o no un siniestro en particular. Si no responden en ese plazo, la ley presume que las empresas han aceptado la cobertura. Antes de decidir, las aseguradoras suelen pedir «información complementaria» a sus clientes. Los 30 días de plazo para decidir el rechazo o la aceptación de la cobertura empiezan a correr desde el día en que la compañía recibe esa información.
El dilema en este caso fue que la aseguradora, en los días siguientes al trágico choque, le reclamó a su cliente, que estaba detenido, una cantidad excesiva de información complementaria que el conductor no estaba en condiciones de darle. Entre varios datos más, le pedían «copia de las actuaciones penales; resultado del examen del alcoholemia; testigos y sus dichos; croquis del hecho».
Además, la empresa tenía autorización legal para pedir toda esa información a los responsables de la investigación penal, que avanzaba rápidamente, y no lo hizo. Tiempo después alegó que no le dieron los datos por el «secreto de sumario» del expediente penal, pero la afirmación era falsa: nunca se decretó ningún secreto ni consta ninguna presentación de la aseguradora en aquel legajo.
Finalmente la empresa notificó al conductor el rechazo de la cobertura. Reveló que ya tenía la información complementaria pero nunca explicó cómo había llegado a ella ni qué día la tuvo disponible, por lo que resultó imposible determinar la fecha a partir de la cual se debían contar los 30 días.
La Cámara concluyó que no fue «razonable» la cantidad de información técnica que la aseguradora le pidió al conductor. Dijo que «de haber obrado la aseguradora en forma diligente, de buena fe y no de modo abusivo, pudo y debió solicitar el acceso a la causa penal», donde iba a encontrar «en un breve lapso la información requerida para expedirse dentro de los plazos» legales.
La empresa demoró más de cuatro meses en notificar a su cliente que no cubriría el siniestro y en definitiva nunca explicó cuándo y cómo llegó a la «información complementaria» que necesitaba para tomar esa decisión. Así, la Cámara de Apelaciones invalidó el rechazo de la cobertura que había sido aceptado por el fallo de primera instancia.
Al citar un fallo referente, la Cámara concluyó que no es posible «que al asegurador se le permita dilatar sin justificación razonable alguna la aceptación o rechazo de la denuncia del siniestro si la conducta ilícita imputada al asegurado era perfectamente comprobable por la aseguradora dentro del plazo legal».
Judiciales
Abandonó la convivencia porque la bebé lloraba: Fijan cuota alimentaria sobre el salario del hombre
Deberá pagar un 25%. La jueza calificó la actitud del hombre como «una forma de maltrato infantil y de violencia económica contra la madre».
Todo comenzó cuando la niña tenía 22 días de vida. En ese momento, su padre decidió terminar la convivencia con su pareja y se marchó del hogar. Su justificación ante la madre fue que la bebé lloraba mucho y que, en esa etapa de su vida, no deseaba ejercer la paternidad.
La madre, quien cursaba el último año de su carrera universitaria, asumió la crianza. Para sostener a su hija, trabajó en doble turno como maestra de apoyo y afrontó todos los gastos. Aunque intentó integrar al hombre en los controles pediátricos y en los paseos recreativos, él no mostró interés en la crianza.
Ante la falta de compromiso, la mujer recurrió al Poder Judicial para iniciar una demanda por alimentos. El fuero de Familia de Roca hizo lugar a la presentación y ahora el hombre deberá pagar el 25% de su salario en concepto de cuota alimentaria.
Además, se estableció que el monto mensual no podrá ser inferior al valor de un salario mínimo, vital y móvil. Para asegurar que la niña reciba el dinero de manera regular, se ordenó que el descuento se realice directamente sobre sus haberes.
La mujer también argumentó que percibe la Asignación Universal por Hijo. Sobre este beneficio, afirmó que el hombre se negó a renunciar para que ella comenzara a cobrarlo.
La jueza consideró que la mujer asumió el cuidado personal de la niña y señaló que el Código Civil y Comercial reconoce de forma expresa el valor económico de las tareas de cuidado. En este sentido, citó jurisprudencia que respalda la valoración monetaria de dichas tareas.
El fallo pone en valor el sostén cotidiano, las tareas domésticas, el apoyo escolar, el traslado de los niños al colegio, la preparación de los alimentos y la atención durante la enfermedad. «Es válido considerar que estas labores constituyen un aporte a la manutención de los hijos al momento de fijar los alimentos», dice la sentencia.
Durante el proceso se notificó al hombre, pero decidió no contestar. Tampoco se presentó a la audiencia para intentar un acuerdo. Para la jueza, este silencio y la falta de participación demostraron desinterés por el bienestar de su hija.
La sentencia calificó la actitud del hombre como una forma de maltrato infantil y de violencia económica contra la madre.
Judiciales
Autorizan el viaje de un adolescente roquense que soñaba con defender el arco de su equipo
Debido a la ausencia total de vínculo, el adolescente utiliza el apellido de su madre y no cuenta con el permiso paterno que se exige para salir del país.
Un adolescente juega como arquero en su equipo de fútbol. El desafío de este año fue participar en la copa Chiloécup 2026 como titular. El obstáculo que se le presentó no estuvo en el ámbito deportivo, sino en la nula relación que mantiene con su padre. Necesitaba la autorización del hombre para viajar. Con un objetivo claro, recurrió al Poder Judicial.
El fuero de Familia de Roca autorizó al joven a viajar a Chile para competir en el torneo. Durante una audiencia, expresó su entusiasmo por la oportunidad deportiva y explicó la importancia del viaje para su desarrollo personal y recreativo.
En la presentación señaló que no tiene ningún tipo de contacto con su padre biológico. No tiene recuerdos de él, no conoce su domicilio y ni siquiera podría reconocerlo si lo encontrara en la calle. Debido a la ausencia total de vínculo, el adolescente utiliza el apellido de su madre y no cuenta con el permiso paterno que se exige para salir del país.
La jueza fundamentó su fallo en el «interés superior del niño». En su resolución afirmó que el desinterés o la ausencia de un progenitor no puede constituir un obstáculo para que un hijo acceda a experiencias culturales y deportivas.
La madre del joven consiguió una dirección del padre para notificarlo del pedido, pero no obtuvo la autorización. La jueza destacó los esfuerzos de la madre para concretar el viaje y valoró que la solicitud fue presentada por el propio adolescente.
«Valoro que la petición fue realizada por el propio adolescente, quien en la audiencia se manifestó ampliamente en relación con la pretensión de esta causa y brindó sólidos fundamentos para solicitar la autorización para salir del país con fines recreativos. Se mostró entusiasmado ante la posibilidad de ser arquero titular y fue genuino al hablar sobre el desconocimiento de la vida de su progenitor biológico», señaló la sentencia.
El fallo permitió que el joven viaje junto a su delegación y a los adultos responsables, lo que garantiza su derecho al descanso y al esparcimiento, conforme a lo establecido en las leyes nacionales y en los tratados internacionales.
Judiciales
Contrató un plan por una publicidad en redes, pero nunca llegó al 0 km: Deberán entregarle el auto
Las cuotas nunca fueron fijas y la entrega del vehículo jamás ocurrió en el plazo pactado.
Todo empezó con una publicidad en las redes sociales. Una joven vio en internet una oportunidad para adquirir su primer vehículo 0 kilómetro a través de un Plan Nacional. Atraída por la propuesta, completó sus datos en un formulario web.
Recibió llamadas y mensajes con promesas tentadoras: le aseguraron que la entrega de su Fiat Strada sería efectiva en la cuota número 4. Después de recibir el vehículo, las cuotas serían fijas. Confiada en la palabra de los vendedores de la concesionaria y en el respaldo de la marca, la mujer pagó la suscripción y las primeras cuotas.
Sin embargo, la realidad fue distinta. Las cuotas nunca fueron fijas y la entrega del vehículo jamás ocurrió en el plazo pactado. La mujer incluso vendió su auto usado para cubrir los gastos de la nueva camioneta. Así, se quedó sin movilidad para realizar sus tareas laborales en las zonas de chacras.
El fuero Civil de Roca hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios presentada por la joven. La concesionaria y la firma administradora del plan incumplieron el deber de informar de manera clara y de brindar un trato digno a la clienta. La sentencia ordenó la entrega de un vehículo igual o similar a la del plan de ahorro contratado. Además, condenó al pago de una indemnización.
La joven también descubrió que en el contrato había firmas falsificadas. Estas firmas aceptaban condiciones que ella nunca había visto, como seguros de vida obligatorios y plazos de entrega mucho más largos.
La jueza fundamentó su decisión en que las empresas tienen la obligación de informar a los clientes de forma detallada y comprensible. En este caso, consideró que tanto la concesionaria como la administradora del plan fallaron en ese deber básico.
Un perito informático comparó los archivos y conversaciones y concluyó que «los archivos en formato PDF y JPG están relacionados a las documentales acompañadas en el inicio de la demanda, cotejada la información y análisis de texto plano exportado se verifica su autenticidad de los intercambios de los datos e información».
La sentencia destaca una desigualdad de poder entre una persona que busca su primer auto y las grandes corporaciones automotrices. Por esta razón, la ley protege a la parte más débil frente a los engaños o al silencio de las firmas.
Además, aclara que las compañías no pueden evadir su responsabilidad con excusas administrativas, ya que todas actúan de manera conjunta en el mercado y son responsables frente al cliente. Finalmente, la jueza remarcó que el trato que recibió la joven fue indigno y desconsiderado. La sentencia de primera instancia no está firme porque puede ser apelada.
