El Gobierno de Río Negro busca acelerar las respuestas frente al deterioro de distintos sectores de las Rutas Nacionales 22 y 151. El proyecto enviado por el gobernador Alberto Weretilneck a la Legislatura propone declarar la Emergencia Vial Provincial en toda su extensión dentro del territorio rionegrino, una herramienta que permitirá agilizar las intervenciones necesarias sobre cada tramo, una vez concretada la transferencia de competencias.

Durante años, el abandono de los Gobiernos Nacionales se fue acumulando hasta convertir algunos sectores en un riesgo cotidiano. Ahuellamientos, banquinas deterioradas, obras inconclusas y otras condiciones afectan la seguridad de miles de personas y también impacta en la producción y la conectividad.

Ahora, la Provincia se prepara para asumir una responsabilidad que cambia el escenario. Y para eso necesita contar con herramientas propias para actuar sobre estos corredores.

Por eso, el proyecto propone declarar la Emergencia Vial por un año desde la publicación de la ley, con la posibilidad de prorrogarla por otro período igual mediante un decreto del Poder Ejecutivo. En términos simples, la medida busca que la Provincia pueda responder con mayor rapidez cuando un tramo presente una situación que no puede esperar.

Vialidad Rionegrina será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la gestión, administración, mantenimiento, planificación y ejecución de obras sobre los sectores que se vayan incorporando. Esto permitirá atender los puntos deteriorados, realizar tareas de mantenimiento, mejorar la señalización, ejecutar repavimentaciones y desarrollar otras intervenciones necesarias para recuperar condiciones de seguridad y transitabilidad.

El acuerdo con Nación establece que la transferencia será progresiva, tramo por tramo. Cada sector deberá contar con un convenio específico y un Acta de Toma de Posesión que determine qué se transfiere, en qué condiciones y desde qué momento Vialidad Rionegrina comienza a hacerse cargo.

De esta manera, la Provincia podrá ordenar las intervenciones, conocer el estado de cada tramo, establecer prioridades y actuar sobre aquellos sectores que se encuentren efectivamente bajo su gestión.

El Gobierno de Río Negro presentó ante la Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo de la Legislatura los principales cambios que contempla el proyecto de una nueva Ley de Carnes. La iniciativa busca reemplazar la Ley E Nº 2534 y sus modificatorias, vigente desde hace más de 35 años.

El secretario de Ganadería, Tabaré Bassi, y el subsecretario de Fauna Silvestre, Iván López, participaron de la reunión, en la que el proyecto fue analizado y obtuvo dictamen por mayoría.

La nueva normativa establece un marco regulatorio integral para la habilitación, registro, fiscalización y control sanitario de establecimientos y transportes vinculados con la faena, elaboración y comercialización de productos, subproductos y derivados de origen animal.

Entre los principales cambios se incorpora expresamente el cumplimiento de las pautas establecidas por el Código Alimentario Argentino. También se delimitan con mayor claridad las competencias de la Provincia y los municipios.

Los gobiernos locales podrán habilitar establecimientos cuya producción tenga tránsito municipal, mientras que la Provincia mantendrá la competencia sobre aquellos que comercialicen en más de una jurisdicción. Además, se podrán celebrar convenios para asistir a municipios y comisiones de fomento que no tengan capacidad técnica suficiente.

El proyecto contempla también un régimen específico para establecimientos artesanales, con requisitos acordes a su escala productiva y manteniendo las condiciones sanitarias necesarias. Esto permitirá formalizar la actividad de pequeños elaboradores de huevos, lácteos, quesos y otros productos de origen animal.

A su vez, incorpora una herramienta para regular el autoconsumo de las familias rurales y permitir, bajo las condiciones que establezca la reglamentación, el traslado de productos propios desde los establecimientos hacia los hogares.

La Legislatura de Río Negro tratará esta semana el proyecto de ley presentado por el gobernador Alberto Weretilneck para ratificar el convenio que permitirá a la Provincia asumir progresivamente la gestión de las Rutas Nacionales 22 y 151. El acuerdo establece plazos, protege a Río Negro frente a las obligaciones del pasado y le da capacidad para definir las obras y el mantenimiento de dos corredores fundamentales.

El tratamiento legislativo marca un nuevo paso en un proceso sin precedentes en la historia institucional de la provincia. Después de décadas de depender de decisiones nacionales que se tradujeron en desinversión, postergaciones y deterioro, Río Negro podrá decidir sobre la gestión y el futuro de las rutas que atraviesan su territorio.

El gobernador Alberto Weretilneck fue claro al referirse a esta iniciativa. «Durante años reclamamos soluciones y vimos cómo estas rutas se deterioraban. A partir de hoy, tomamos la responsabilidad de construir una respuesta. Por primera vez, Río Negro asume la potestad de decidir sobre la gestión, el mantenimiento y el futuro de las rutas nacionales que atraviesan su territorio», indicó.

«Tenemos algo que antes no existía: una decisión, un plan y un rumbo claro», remarcó al anunciar formalmente el traspaso. El plan contempla dos desafíos: recuperar condiciones seguras de transitabilidad en los sectores más deteriorados, además de diseñar el sistema vial y de conectividad que necesitará la región durante las próximas décadas.

Las 10 claves del convenio

1. Río Negro asumirá la gestión operativa. Vialidad Rionegrina podrá ejecutar obras nuevas, recuperar y mantener calzadas y banquinas, intervenir en accesos, colectoras, rotondas, puentes, alcantarillas, señalización e iluminación, prestar servicios a los usuarios y realizar controles operativos. Las rutas conservarán el dominio y la jurisdicción nacional.
2. La incorporación será gradual. La Provincia no recibirá inmediatamente la totalidad de las rutas. Cada tramo será incorporado mediante un convenio específico y un Acta de Toma de Posesión que determinarán su estado, las obras pendientes y las responsabilidades asumidas.
3. El acuerdo tendrá una vigencia de 20 años. El plazo permitirá sostener una política vial de largo alcance, ordenar las inversiones y planificar la recuperación de ambos corredores más allá de las intervenciones inmediatas.
4. Habrá un plazo para entregar los primeros sectores. Una vez perfeccionado el convenio, Vialidad Nacional tendrá hasta 60 días hábiles administrativos para poner a disposición los tramos que no tengan contratos vigentes y se encuentren en condiciones de ser intervenidos.
5. Río Negro no heredará las deudas del pasado. La Provincia no asumirá automáticamente pasivos, certificados impagos, reclamos, litigios, redeterminaciones ni otras contingencias generadas antes de la transferencia. Cualquier obligación deberá estar expresamente identificada y aceptada en el Acta de Toma de Posesión.
6. Nación deberá entregar toda la documentación. Vialidad Nacional tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles para poner a disposición proyectos, estudios, relevamientos, presupuestos, planos, informes ambientales y antecedentes administrativos. Esto permitirá aprovechar el trabajo ya realizado y evitar que la Provincia tenga que comenzar cada proyecto desde cero.
7. El plan de obras se decidirá en Río Negro. Vialidad Rionegrina definirá y podrá reordenar las intervenciones según criterios de seguridad vial, transitabilidad, conectividad productiva, urgencia técnica y disponibilidad de recursos. Los proyectos serán remitidos a Nación para su revisión técnica, que deberá realizarse en un plazo de 15 días hábiles.
8. Las obras en curso tendrán un tratamiento especial. El convenio establece prioridad para la rotonda de Choele Choel y la obra de mejoramiento sobre la Ruta 151. Su continuidad o reformulación deberá acordarse mediante convenios entre Nación, Provincia y las empresas contratistas, sin trasladar automáticamente a Río Negro las obligaciones anteriores.
9. La Provincia podrá controlar cargas y seguridad vial. En los tramos incorporados, Vialidad Rionegrina podrá verificar pesos, dimensiones y condiciones de circulación, ordenar el tránsito y labrar actas para proteger la infraestructura y mejorar la seguridad. El juzgamiento y el cobro de las multas continuarán bajo responsabilidad nacional.
10. El convenio no establece peajes. Cualquier eventual sistema de concesión o cobro requerirá un nuevo convenio específico, el cumplimiento de la legislación correspondiente y una definición posterior. No queda autorizado automáticamente con este acuerdo.