Judiciales
Reunión entre el juez Chirinos y la mamá de Micaela Ortega
Mónica Cid viajó desde Bahía Blanca, donde en abril pasado ocurrió el homicidio de su hija en manos de Johnatan Luna, a quien Chirinos había concedido salidas transitorias.
El juez de Ejecución de General Roca, Juan Pablo Chirinos, mantuvo esta mañana en su despacho una entrevista con Mónica Cid, madre de la adolescente Micaela Ortega. La mujer viajó desde Bahía Blanca, donde en abril pasado ocurrió el homicidio de su hija, para reunirse con el magistrado. La acompañaron la concejal de su ciudad Miriam Iantosca y Rosa Castro, de Cipolletti, integrante de la organización “Mamás en línea”.
En cabal cumplimiento de la “Carta de derecho de los Ciudadanos de la Patagonia Argentina ante la Justicia”, que está vigente en Río Negro desde el año 2004, Chirinos escuchó las consideraciones y respondió a las consultas del grupo. También puso a su disposición el expediente de Ejecución de Pena en el marco del cual se concedió el beneficio de salidas transitorias del Penal 2 de Roca al interno Johnatan Luna, actualmente detenido por el homicidio de la menor de edad.
El juez exhibió las constancias, informes psicológicos favorables, cómputos y calificaciones del interno Luna, que surgen del legajo, así como las actas de las audiencias previas al otorgamiento del beneficio y las constancias de expresa conformidad brindadas oportunamente por la Fiscalía y el Servicio Penitenciario Provincial, sin cuyo aval no habrían podido concederse las salidas transitorias. Tras el encuentro en el juzgado, el grupo mantuvo una reunión con el Director General del Servicio Penitenciario, Hugo Cecchini, y con el Secretario de Seguridad de la provincia, Marcelo Esteves.
Del expediente de Ejecución de Pena surge que:
– Luna fue condenado a 5 años y 2 meses de prisión por la Cámara Criminal Primera de Roca el 7 de marzo de 2013, por el delito de “robo calificado”. El hecho ocurrió en abril de 2012 en la zona rural de Chichinales, donde sustrajo un teléfono celular a una mujer utilizando un cuchillo para amenazarla. Por ese hecho fue detenido el 25 de abril de 2012 y desde entonces estuvo alojado en el Penal 2.
– En función de los plazos que impone la Ley de Ejecución de Penas (Ley 24.660), el 25 de noviembre de 2014 Luna quedó en condiciones de acceder a las salidas transitorias, las cuales fueron concedidas por el juez Chirinos el 17 de diciembre de 2014. El juez autorizó una salida mensual de 24 horas bajo tutela de la pareja de Luna, quien designó su vivienda particular en Roca como domicilio de referencia y firmó una serie de compromisos ante el Tribunal. Le impuso como condiciones: no salir de la ciudad, pernoctar en el domicilio verificado y circular siempre en compañía de su tutora, entre otras pautas de rigor como abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y/o estupefacientes.
Al momento de otorgar el beneficio el juez valoró:
-Que había acuerdo expreso entre la Defensa, la Fiscalía y el Servicio Penitenciario Provincial. También que Luna había cumplido más de la mitad de la condena, como ordena la ley; que no tenía otras causas abiertas en las que interesara su detención y que no registraba otros antecedentes penales.
– Durante su tratamiento en el Penal 2 Luna alcanzó calificaciones de 9 en conducta y 7 en concepto, asignadas por la unidad carcelaria. También tuvo informes favorables del psicólogo y el lic. en servicio social del Gabinete Técnico Criminológico del Penal. En tanto que el Consejo Correccional del Penal emitió un dictamen de favorecimiento indicando que las salidas bajo tuición tendrían “efectos beneficiosos para el futuro personal, familiar y social” de Luna.
– El dictamen favorable de la Fiscalía de Cámara N° 1 consideró “reunidos todos los requisitos” que imponen los art. 17 y 18 de la Ley 24.660.
– Antes de dictar su sentencia, Chirinos además solicitó una ampliación del informe psicológico al Penal, del cual surge que el interno “ha demostrado ser merecedor de la confianza en él depositada”.
– La primera salida de Luna se efectivizó el 19 de diciembre de 2014. El día 20 el interno no regresó y de inmediato el Servicio Penitenciario emitió una circular a la Policía de Río Negro “para su individualización y detención”. El 22 de diciembre la situación fue notificada al Juzgado de Ejecución y para el 23 de diciembre la orden de captura ya había sido librada mediante oficio a la Jefatura de Policía de Río Negro, al Registro Nacional de Reincidencias, a la Secretaría Electoral y a Migraciones
Judiciales
Una mediación permitió resolver el contacto de una madre detenida con su hijo y autorizar viajes al exterior
El acuerdo establece comunicaciones por Zoom tres veces por semana, sujetas a las condiciones del establecimiento penitenciario. También contempla una autorización para que el padre pueda viajar con el niño fuera del país hasta que cumpla 18 años.
Una mujer que se encuentra privada de su libertad en General Roca acordó, mediante una mediación, un nuevo régimen de comunicación con su hijo. El entendimiento establece que podrán mantener contacto a través de videollamadas por Zoom tres veces por semana, de acuerdo con las condiciones del establecimiento penitenciario.
El encuentro se realizó en el Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC) de Roca. El padre participó de manera presencial, mientras que la madre intervino por videollamada desde el establecimiento donde permanece alojada. El proceso estuvo dirigido por una mediadora oficial.
El objetivo fue modificar un régimen de comunicación acordado anteriormente y establecer una modalidad que permitiera sostener el vínculo entre la mujer y su hijo, pese a las limitaciones derivadas de su situación de detención.
Durante la audiencia, el padre manifestó su conformidad con que el niño mantenga contacto con su madre y propuso dos franjas horarias por la tarde para realizar las comunicaciones: de 17 a 18 o de 18 a 19, según su disponibilidad laboral.
La puesta en marcha del régimen dependerá de las disposiciones del establecimiento penitenciario. Su Centro de Monitoreo deberá coordinar los días, horarios y enlaces de las videollamadas mediante una plataforma digital.
La mediación también permitió resolver otra cuestión familiar: la madre otorgó una autorización general para que el niño pueda salir del país acompañado por su padre hasta alcanzar la mayoría de edad. Como parte del acuerdo, el hombre se comprometió a informar las fechas y los destinos de cada viaje.
Las partes solicitarán la homologación judicial del acuerdo para formalizar la autorización de viaje y poner en funcionamiento la nueva modalidad de comunicación. Hasta que se concrete ese trámite, continuará vigente el régimen anterior.
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Buscó recuperar el vínculo con su hermano menor y logró un acuerdo para volver a verlo
El joven, mayor de edad, solicitó una mediación para retomar el vínculo con su hermano, que vive con su madre. Acordaron encuentros presenciales dos veces por semana y llamadas telefónicas.
Un joven mayor de edad que vive con su padre recurrió a una mediación para retomar el vínculo con su hermano menor, que reside con su madre en el Alto Valle. La iniciativa permitió alcanzar un acuerdo para establecer encuentros y sostener el contacto entre ambos. A diferencia de los regímenes de comunicación más habituales, que organizan la relación entre progenitores e hijos, en este caso el pedido partió del propio joven y tuvo como eje el vínculo fraterno.
El acuerdo se alcanzó con la madre del niño. Ambas partes participaron del procedimiento con asesoramiento letrado de la defensa pública de mediación.
La particularidad del caso está en quién impulsó el trámite y con qué finalidad. No se trató de organizar la comunicación de una madre o un padre con su hijo, sino de establecer las condiciones para que dos hermanos que viven en hogares distintos pudieran compartir tiempo y mantener contacto frecuente. Esa fue la cuestión que se abordó durante la mediación prejudicial.
El acuerdo contempló encuentros presenciales dos veces por semana, los martes y domingos, en espacios públicos que las partes coordinarán con anticipación. También previó llamadas telefónicas cuatro días a la semana. De esta forma, el régimen combina momentos de encuentro personal con otras oportunidades de comunicación entre los hermanos.
Durante los tres primeros encuentros estará presente la madre. Después, el tiempo compartido se desarrollará entre ambos hermanos, sin la compañía del padre del hermano mayor, de acuerdo con lo establecido. Si por alguna circunstancia excepcional no se pudiera concretar una reunión, las partes deberán comunicarse previamente para reorganizarla.
También se contempló la voluntad del niño en las conversaciones telefónicas. La madre asumió el compromiso de atender las llamadas y, si el niño no desea hablar en alguna ocasión, deberá informárselo a su hermano y señalarle cuándo podrá volver a comunicarse.
Además de acordar encuentros y comunicaciones, el hermano mayor y la madre del niño asumieron compromisos sobre su trato. Pactaron mantener una relación cordial y respetuosa en los asuntos relacionados con el régimen, y no trasladar al niño las diferencias o los conflictos que pudieran surgir entre las personas adultas.
La mediación fijó pautas específicas para la relación entre los hermanos y las partes ratificaron lo acordado con asesoramiento legal.
El procedimiento se desarrolló en el marco del servicio de Mediación del Poder Judicial, con la intervención de una mediadora oficial de su plantel y una comediadora. Ambas partes contaron con asesoramiento letrado de dos defensoras adjuntas especializadas en mediación. La reunión tuvo lugar en Cipolletti.
Judiciales
Lo acosaban con hasta cinco llamados diarios por una deuda ajena: Deberán compensarlo
Un roquense recibió llamados y mensajes reiterados por una deuda vinculada a una línea telefónica que aseguró no haber contratado. La Justicia Civil condenó a Telecom Argentina a pagar una reparación por daño moral y una sanción por daño punitivo, más intereses.
Después de más de 25 años con la misma compañía de telefonía móvil, un hombre comenzó a recibir llamados y mensajes de otra empresa por una deuda que desconocía. Le exigían que pagara por una línea que nunca había contratado y le advertían que podían cortar el servicio. Según relató, los reclamos llegaban entre cuatro y cinco veces por día, en distintos horarios.
Fue a una sucursal para averiguar qué ocurría. Allí le informaron que figuraba como titular de esa línea desde hacía más de dos años. Desconoció la contratación y firmó una declaración jurada. El domicilio y el correo electrónico asociados al servicio no le pertenecían.
En su demanda, sostuvo que una tercera persona había utilizado una simple fotocopia de su DNI para habilitar la línea. La pericia comprobó que el sistema de alta permitía a cualquier persona con un chip prepago ingresar manualmente los datos del titular, sin una verificación fehaciente de identidad. La empresa no tenía documentación que respaldara esa contratación ni constancias del método de validación aplicado.
El hombre inició una acción por daños y perjuicios ante el Poder Judicial. El fuero Civil de Roca hizo lugar a la demanda y condenó a Telecom Argentina a pagar una reparación por daño moral y una sanción económica por daño punitivo, más intereses.
Para resolver, la jueza aplicó las normas de defensa del consumidor, protección de datos personales y resguardo de la intimidad. También las garantías constitucionales sobre seguridad, información y trato digno.
En su defensa, Telecom sostuvo que había existido un error puntual en la asignación de la titularidad. Afirmó que, tras conocer el reclamo, dio de baja la línea y canceló la deuda de inmediato. También aseguró que el problema se había solucionado en menos de un mes y negó que hubiera un perjuicio que justificara el reclamo.
Sin embargo, la pericia informática mostró que el área de fraude había rechazado el desconocimiento de la contratación y que el sistema de cobranzas continuó activo después de la baja. Tampoco había registros técnicos que permitieran identificar a quien había activado el servicio ni constancias sobre la conexión desde la cual una tercera persona había modificado el correo electrónico de contacto.
La sentencia consideró que la conducta excedió un simple error y constituyó una negligencia grave. Destacó que la empresa tenía capacidad técnica para bloquear los cobros desde el primer reclamo.
«Las llamadas de cobranzas recibidas en tal período y bajo el contexto reseñado deben ser calificadas como actos vergonzantes, intimidantes, de injerencia arbitraria en la vida privada de la persona y por ende antijurídicos», expresó la jueza.
Para fijar la reparación, valoró la angustia y la incertidumbre por el uso de la identidad del hombre. También tuvo en cuenta que se trató de una sola línea y que no fue informado como moroso. La sentencia no se encuentra firme y puede ser apelada.
