Judiciales
Cerraron las Jornadas de debate sobre la reforma electoral
Estuvo en la jornada final el gobernador Alberto Weretilneck.
Ayer se produjo el cierre de las “Jornadas de debate sobre la reforma electoral”, organizadas por los tres poderes del Estado Provincial, la Universidad Nacional de Río Negro y la Red Iberoamericana de Derecho Informático. Ocho disertaciones y tres paneles se desarrollaron durante dos jornadas, la mayoría con una concurrencia que colmó el auditorio del Poder Judicial de Río Negro en Viedma.
El cierre estuvo a cargo del gobernador Alberto Weretilneck, y contó con la presencia de los jueces del STJ Adriana Zaratiegui, Enrique Mansilla y Ricardo Apcarián, el rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Juan Carlos Del Bello, el vicegobernador Pedro Pesatti, junto a diputados nacionales, provinciales, concejales, autoridades del Poder Ejecutivo, magistradas y magistrados, representantes de los partidos políticos y público en general.
El gobernador resaltó la importancia de estas instancias de debate y destacó que “las reglas de la democracia son cuerpos vivientes, no hay algo estanco y definitivo”. Dijo que “este debate que ha lanzado el gobierno nacional” es oportuno porque “bienvenido es el debate, el intercambio” y más en un año no electoral.
Hoy en primer término se realizó una videoconferencia con Alejandro Tullio, quien es Profesor Titular de la Maestría en Análisis, Derecho y Gestión Electoral (MADGE) UNSAM. Sun conferencia llevó el título “La innovación tecnológica y los desafíos de la gobernanza electoral”.
Tullio se recibió de Abogado, Consultor en temas electorales; Miembro del Consejo Consultivo de CIPPEC, Secretario del Instituto de Estudios en Ciencias Jurídicas UNSAM, Miembro del Observatorio Electoral de la Facultad de Derecho de la UBA, y del Observatorio de Derechos Políticos y Electorales de la UNLP.
Además, fue miembro de la Asociación Internacional de Organismos Electorales (AWEB) y del Consejo Electoral de UNASUR, Director Nacional Electoral (2001 – 2016) y se especializa en temas vinculados a: Administración Electoral, Electoral y Constitucional.
Luego fue el turno de Carlos Aguirre, sobre “cuestiones legales de la utilización del voto electrónico”. Aguirre es abogado y posee un titulo de postgrado como Especialista en Derecho de los Negocios. Ha desarrollado numerosas actividades en la Academia y la Sociedad Civil en America Latina. Es Director Académico de la International Latin University
Ha sido fundador y es el actual Director Internacional de la Asociación Grupo de Estudios e Investigación Académica en Derecho, Economía y Negocios en la Sociedad de la Información, ONG que cuenta con capítulos en varios países de LATAM.
Es actual Vice presidente de la Asociación de Derecho Informático de Argentina y es Profesor de “Economía” y Profesor de “Economía y Derecho en Internet” en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. de la Universidad Nacional de Córdoba – Argentina
Luego de una pausa, el Dr. Fernando Barrio disertó sobre “Análisis comparado del voto electrónico a nivel internacional”. Barrio ha estudiado Relaciones Internacionales en la Universidad de Belgrano y Derecho en el Externado de la Universidad de Londres; tiene una especialización en Aprendizaje y Enseñanza en la Educación Superior de la Universidad Metropolitana de Londres, una especialización en Resolución de Conflictos de la Universidad Chulalongkorn de Tailandia, y una maestría y un doctorado en Cooperación Internacional de la Universidad de Nagoya de Japón.
Ha sido profesor de Derecho de los Negocios, Derecho Informático y Derecho de la Propiedad Intelectual y Director de la Maestría en Regulación de los Negocios Electrónicos en la Universidad Metropolitana de Londres, de Derecho de los Medios de Comunicación en la Universidad Webster de los Estados Unidos, de Derecho Informático en la Escuela Superior de Administración de Paris y ha dictado cursos de derecho comparado para la Universidad de Mississippi, entre otras.
Ha realizado consultorías e informes sobre gobierno electrónico y derecho y nuevas tecnologías para múltiples organismos de distintos puntos del mundo.
Actualmente es profesor titular regular y director de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Río Negro. El cierre de las disertaciones estuvo a cargo de Adrián Pérez, actual Secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior de la Nación. Es abogado y fue diputado nacional. Fue candidato a vicepresidente por parte de la Coalición Cívica.
Realizó sus estudios en la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una Maestría en Procesos de Integración Regional con énfasis en el Mercosur. Adrián Pérez disertó sobre “el proyecto de reforma electoral en Argentina”.
Judiciales
Sancionan a empresa de medicina privada por omitir acompañante terapéutico durante meses
La decisión se adoptó en el contexto de una causa iniciada por la madre en representación de su hijo, quien cuenta con certificado de discapacidad.
Una mamá de una persona con discapacidad reclamó por el incumplimiento de una cobertura médica que su hijo tenía indicada por prescripción profesional. El fuero Civil de Cipolletti confirmó la condena a la prepaga responsable y además incrementó las sumas fijadas en concepto de daño moral y multa civil. El fallo consideró acreditada la falta de acompañamiento terapéutico durante varios meses y los efectos negativos que esa omisión tuvo sobre la salud del joven y su entorno familiar.
La decisión se adoptó en el contexto de una causa iniciada por la madre en representación de su hijo, quien cuenta con certificado de discapacidad. Denunció que la empresa omitió durante largos períodos la designación de acompañantes terapéuticos, pese a que las prestaciones habían sido indicadas por profesionales tratantes y ordenadas judicialmente en el marco de un proceso de amparo.
En 2024, en la primera instancia se hizo lugar a la demanda y se condenó a la firma a pagar sumas en concepto de daño moral y multa civil, con fundamento en la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Medicina Prepaga, el Código Civil y Comercial de la Nación y la normativa sobre derechos de las personas con discapacidad.
La empresa apeló el fallo, cuestionó la valoración de la prueba, la procedencia del daño moral y de la multa civil, así como la fecha de inicio del cómputo de intereses. Por su parte, la persona que promovió la acción también apeló y cuestionó los montos fijados en la sentencia.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso de Cipolletti desestimó la totalidad de los planteos de la firma condenada. Entre sus fundamentos, el Tribunal destacó que la firma no contestó la demanda, lo cual implicó el reconocimiento de los hechos pertinentes. Además, consideró debidamente acreditada la falta de cumplimiento de las prestaciones, como la no provisión del acompañamiento terapéutico por un período de nueve meses, y valoró como relevante que estos incumplimientos se produjeron incluso después de una sentencia firme en un juicio de amparo que ordenó esa cobertura.
Respecto al daño moral, el Tribunal indicó que no se requería una pericia psicológica para acreditarlo y sostuvo que las conductas de la empresa generaron afectaciones relevantes en la vida emocional y familiar de las personas involucradas, incluyendo un cambio de domicilio y el agravamiento del estado de salud del joven.
En cuanto a la multa civil, se consideró probada una conducta reiterada y reticente por parte de la prepaga, que incumplió con sus obligaciones a pesar de múltiples intimaciones y sanciones judiciales previas. Se valoró la persistencia del incumplimiento a lo largo del tiempo, su impacto en el derecho a la salud y el trato indigno hacia el afiliado.
A pedido de la persona que promovió la acción, la Cámara decidió incrementar las sumas fijadas en concepto de daño moral para ambas personas involucradas y también aumentó el monto de la multa civil. En total, estableció una suma específica para cada uno de los rubros, a valores de la fecha de la sentencia de primera instancia, y determinó que se adicionen los intereses correspondientes conforme a las pautas fijadas por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro. La prepaga demandada en este proceso fue Galeno Argentina S.A. La sentencia todavía no está firme porque las partes pueden solicitar la revisión a través de un recurso de casación.
Judiciales
La Justicia ratificó que la falta de trabajo no exime el deber alimentario de un progenitor
Para evitar pagar la cuota alimentaria que fijó una jueza, también alegó dolencias físicas y dificultades económicas.
Un hombre intentó eludir su responsabilidad parental en favor de su hija con el argumento de que no tenía trabajo. Para evitar pagar la cuota alimentaria que fijó una jueza de Familia de Bariloche también alegó dolencias físicas y dificultades económicas. Presentó un recurso de apelación, pero la respuesta fue la misma: la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia y ratificó que la desocupación no anula las obligaciones legales de un padre.
El Tribunal rechazó el recurso y respaldó el criterio de primera instancia, que había fijado una cuota alimentaria equivalente al 35% de todos los ingresos del progenitor, con un piso no inferior al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). El fallo estableció además que el monto deberá actualizarse automáticamente cada vez que cambie el valor del salario mínimo, lo que evita que la madre deba volver a litigar para solicitar nuevos aumentos.
Durante el proceso judicial, el padre sostuvo que no tenía trabajo y que una dolencia en la espalda le impedía conseguir uno. También argumentó que tenía otros hijos a cargo. Su propuesta fue pagar $40.000 por mes, monto que resultó insuficiente frente a los gastos de su hija adolescente, quien cursa estudios universitarios y no mantiene vínculo con él.
La jueza de primera instancia desestimó el planteo tras un análisis del expediente y de los informes incorporados. El hombre figuraba inscripto como monotributista, había trabajado como remisero hasta pocos meses antes del juicio y no aportó pruebas médicas serias que justificaran una incapacidad prolongada. Tampoco había demostrado voluntad de involucrarse en la crianza o de mejorar su situación para asumir el rol que le corresponde como padre.
La pericia social confirmó que la madre, quien trabaja como portera en una escuela pública, mantiene sola a su hija y a otro hijo menor. Realiza actividades adicionales para sostener el hogar y destina gran parte de sus ingresos al pago de alquiler y educación. El informe describió un entorno austero, organizado y enfocado en el cuidado y desarrollo de los hijos.
La Cámara respaldó íntegramente ese análisis. Indicó que la obligación alimentaria no se basa únicamente en los ingresos reales, sino en la capacidad económica potencial del alimentante, y que esta no puede desaparecer por falta de voluntad o por informalidad laboral. También recordó que la ley reconoce el valor económico del trabajo doméstico y de cuidado, y que quien no asume esas tareas debe compensarlo de otro modo.
El fallo final ratificó el monto y el criterio establecido en primera instancia. Rechazó la apelación del demandado y confirmó que, incluso sin empleo, un progenitor no puede dejar de cumplir con su obligación alimentaria.
Judiciales
Su muñeca no resistió más: Abrió miles de pollos con cuchillo y sufrió una lesión permanente
La Justicia estableció que el porcentaje de incapacidad es del 8,75% y fijó la indemnización correspondiente para la trabajadora.
Una trabajadora de una planta avícola de Cipolletti logró que la Cámara del Trabajo reconociera su incapacidad como una enfermedad profesional y condenara a la ART al pago de una indemnización.
Durante años, cortó, limpió y clasificó piezas de pollo bajo exigencias físicas constantes. Abrió aves con cuchillos, separó vísceras, embaló productos y levantó bandejas pesadas, en jornadas extensas. Lo hizo con esfuerzo repetido y posturas forzadas que fueron dejando marcas en su cuerpo.
A comienzos de 2023, los dolores comenzaron a instalarse en sus muñecas. Informó a su empleadora, recibió calmantes, reposo y sesiones de fisioterapia. En julio ya no pudo continuar trabajando. En febrero del año siguiente, se sometió a una cirugía en la muñeca izquierda, donde se detectó una lesión en el fibrocartílago triangular.
La aseguradora de riesgos del trabajo (ART) no reconoció la relación entre la patología y las tareas, y la Comisión Médica dictaminó que se trataba de una dolencia inculpable. Frente a ese rechazo, la trabajadora inició una acción judicial.
El expediente tramitó ante la Cámara del Trabajo de Cipolletti. La ART demandada no respondió en el plazo legal, lo que derivó en su declaración en rebeldía. El tribunal dio curso a la prueba y designó a un perito médico, quien evaluó a la trabajadora y determinó que sufría una limitación funcional en la muñeca izquierda, con un grado de incapacidad inicial del 5,85%.
Ambas partes impugnaron ese dictamen. La aseguradora insistió con el informe de la Comisión Médica, mientras que la trabajadora cuestionó el cálculo del factor edad. El perito ratificó su informe, describió el impacto de los movimientos repetitivos en las lesiones articulares y señaló que en este caso existía causalidad con las tareas laborales.
La jueza y los dos jueces del tribunal valoraron el dictamen, la prueba documental, el relato no controvertido y la falta de respuesta de la demandada. Reconocieron que las tareas desempeñadas durante años constituyeron un mecanismo adecuado para generar la lesión. Aplicaron la «teoría de la indiferencia de la concausa», ya admitida por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), según la cual el trabajo debe considerarse causa relevante aunque existan factores concurrentes.
También se remitieron a los precedentes del STJ que sostienen la obligatoriedad del baremo previsto en el Decreto 659/96 para calcular incapacidades, y a su pronunciamiento sobre el Decreto 669/2019, que avaló su validez con aplicación desde su entrada en vigencia.
En función de esos lineamientos, el Tribunal incrementó el porcentaje de incapacidad al 8,75% y fijó la indemnización correspondiente, con intereses desde la fecha del infortunio. Estableció que el monto debía abonarse en un plazo de diez días, y en caso de mora, debía aplicarse la tasa activa del Banco Nación. La firma condenada es La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.
