Río Negro avanza en un nuevo proceso de depuración y actualización de su legislación, con un dato que refleja la magnitud del trabajo: de todas las leyes y normas de igual jerarquía sancionadas a lo largo de la historia provincial, apenas el 23,22% permanece vigente dentro del Digesto Jurídico.

El jefe del Departamento de Digesto y Gestión Parlamentaria de la Legislatura, Alejandro Agra, presentó ante la reunión plenaria de comisiones los alcances del proyecto de consolidación normativa que comprende las leyes 5.674 a 5.881 y otras disposiciones de igual jerarquía sancionadas y emitidas entre diciembre de 2023 y agosto de 2026.

La iniciativa busca mantener actualizado el cuerpo legal provincial, eliminar disposiciones que perdieron vigencia, integrar modificaciones y facilitar la identificación de las normas que efectivamente deben aplicarse.

Un 40% más de leyes sancionadas, pero apenas un 2% más de normas vigentes

Durante su exposición, Agra explicó que desde la primera consolidación normativa, realizada en noviembre de 2007, la Legislatura sancionó aproximadamente 1.700 nuevas leyes.

Ese crecimiento representa un incremento del 40% en la cantidad total de leyes sancionadas, aunque el trabajo permanente de revisión y depuración permitió que el conjunto de normas vigentes creciera en una proporción considerablemente menor.

«Es una inflación total de sanción del 40%; el Digesto reduce a una inflación de lo vigente solamente del 2%, que creo que es un muy buen promedio», sostuvo el funcionario legislativo.

Agra recordó que cuando comenzó a desarrollarse el Digesto, alrededor de 2005, uno de los objetivos era mantener vigente aproximadamente entre el 20 y el 22% de toda la normativa provincial. Los resultados actuales se mantienen cerca de aquella proyección.

Según los fundamentos del proyecto, el universo histórico consolidado comprende 5.881 leyes y 217 decretos de naturaleza legislativa, de los cuales permanecen vigentes con texto consolidado 1.414 leyes y dos decretos de naturaleza legislativa. Esto representa el 23,22% del total de normas consideradas.

Qué ocurrirá con las leyes analizadas

La nueva consolidación comprende, según explicó Agra, un conjunto de 322 leyes sometidas a revisión.

El trabajo permitió determinar cuáles deben continuar vigentes, cuáles perdieron su finalidad y cuáles necesitan integrarse con otras disposiciones.

De acuerdo con el proyecto y sus anexos, el resultado contempla:

• 162 textos definitivos consolidados, que integrarán el Digesto actualizado.
• 38 leyes expresamente derogadas por otras disposiciones.
• 2 leyes identificadas como implícitamente derogadas.
• 70 normas declaradas caducas, por vencimiento de plazos o cumplimiento de su objeto.
• 29 leyes fusionadas con otras normas, según los fundamentos escritos del proyecto.
• 21 leyes de alcance particular, que continúan vigentes, pero quedan fuera del Digesto general.

Qué sucede con las normas que dejan de estar vigentes

El proyecto establece que las leyes y disposiciones que pierdan vigencia serán conservadas en un cuerpo histórico de consulta.

De esta manera, aunque dejen de formar parte de la legislación aplicable, continuarán disponibles para su revisión documental.

También se contempla la situación de aquellas normas que tienen un alcance particular y que, pese a conservar su vigencia, no deben integrar el cuerpo general del Digesto Jurídico.

Otro aspecto de la iniciativa es la actualización de referencias institucionales y legales que quedaron desfasadas por cambios posteriores.

En ese sentido, se establece que las menciones a organismos cuya denominación o estructura fue modificada deberán interpretarse conforme a la organización vigente.

Asimismo, las referencias al anterior sistema procesal penal deberán adecuarse al Código Procesal Penal provincial actualmente vigente, mientras que las menciones al antiguo Código Civil deberán interpretarse de acuerdo con el Código Civil y Comercial.

Río Negro busca sostener su liderazgo en materia de ordenamiento legislativo

En los fundamentos de la iniciativa se destaca que Río Negro fue la primera provincia argentina en aprobar su Digesto Jurídico y que las sucesivas consolidaciones permiten mantener actualizado ese instrumento.

El procedimiento tiene como objetivo evitar la acumulación de normas desactualizadas, contradicciones entre disposiciones y dificultades para determinar qué legislación resulta aplicable.

El proyecto -aprobado por unanimidad- es impulsado por la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Legislación General, conforme a las atribuciones establecidas por la ley 4.734.

La propuesta incluye siete anexos que identifican las normas consolidadas, las leyes vigentes, las disposiciones caducas, las derogaciones y aquellas de alcance particular, además de un listado correlativo que permite conocer el estado de cada norma.

La actualización del Digesto busca que el crecimiento de la actividad legislativa no se traduzca en una acumulación desordenada de leyes, sino en un cuerpo normativo más claro, sistematizado y accesible.

Con esta nueva consolidación, que deberá completar su tratamiento legislativo, Río Negro procura continuar un proceso iniciado hace más de dos décadas y sostener un porcentaje relativamente estable de legislación vigente, pese al importante aumento de leyes sancionadas durante ese período.

La Legislatura de Río Negro avanza en el tratamiento de un proyecto que busca endurecer las condiciones de control sobre las personas que utilizan tobilleras o pulseras electrónicas, mediante la prohibición de salidas de sus domicilios entre las 20 y las 8 horas del día siguiente.

La propuesta fue modificada durante su tratamiento en comisión para ampliar expresamente el alcance de la restricción, que ahora comprenderá tres situaciones diferentes: personas que cumplen condenas bajo prisión domiciliaria, imputados con prisión preventiva domiciliaria y personas sometidas a monitoreo electrónico como medida cautelar, aunque no tengan restringida su libertad mediante una prisión domiciliaria.

El legislador Lucas Pica explicó que esta última situación fue incorporada al texto original durante el debate parlamentario, con el objetivo de evitar diferencias en la aplicación de la normativa. «La restricción horaria, es decir, entre las 20 y las 8 horas, es para todos aquellos que están monitoreados y que tienen pulsera electrónica o tobillera electrónica«, precisó.

El parlamentario detalló que la disposición alcanzará tanto a quienes se encuentran privados de su libertad en sus viviendas como a aquellos que utilizan dispositivos electrónicos de seguimiento por disposición judicial, sin estar sometidos a prisión domiciliaria.

«Para los tres casos se va a aplicar esta restricción horaria. Y los jueces no van a poder excepcionar sino en casos de emergencia médica», remarcó.

Los jueces no podrán autorizar salidas nocturnas, salvo por emergencias médicas

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la limitación de las facultades judiciales para autorizar salidas durante el horario establecido.

Pica aclaró que la restricción también se aplicará expresamente a quienes cumplen prisión domiciliaria, pese a que esas personas ya tienen la obligación de permanecer en sus viviendas.

La inclusión de estos casos responde a la intención de impedir que se concedan permisos de salida transitoria durante la noche.

«Uno podría pensar que aquellos que tienen tobillera electrónica y están en domicilio con prisión domiciliaria por cumplimiento de condena o por cautelar de prisión preventiva domiciliaria, que esta restricción no se aplicaría porque ya están en el domicilio, presos en sus domicilios», explicó.

Sin embargo, señaló que el proyecto establece expresamente la prohibición para evitar interpretaciones que permitan excepciones judiciales. «Lo que hicimos es dejar expresamente así para que los jueces no puedan excepcionar y habilitar una salida transitoria en ese rango horario, es decir, entre las 20 y las 8», sostuvo.

De esta manera, las emergencias médicas quedarán como el único supuesto de excepción previsto para ese período.

Una modificación que amplía el alcance del proyecto original

El legislador destacó que el texto fue reformulado durante la reunión de comisión para incorporar a quienes están sometidos a medidas cautelares de monitoreo electrónico sin prisión domiciliaria.

«Eso es lo que se terminó resolviendo hoy en la comisión y, por lo tanto, se modificó el proyecto original, porque le agregamos este tercer supuesto, que es para casos de monitoreo de tobillera electrónica en el marco de una cautelar dictada sin prisión domiciliaria», explicó.

Esta modificación resulta especialmente relevante porque extiende la restricción nocturna a personas que no están cumpliendo una condena ni una prisión preventiva domiciliaria, pero que deben utilizar un dispositivo de seguimiento por orden judicial.

Pica insistió en que los tres supuestos fueron analizados expresamente durante el trabajo legislativo y que la intención es establecer una regla uniforme respecto de las salidas nocturnas.

La iniciativa continúa su recorrido parlamentario y, para que las nuevas restricciones entren en vigencia, deberá completar el procedimiento legislativo correspondiente.

De aprobarse, Río Negro contará con una disposición que limitará las autorizaciones judiciales de salidas entre las 20 y las 8 para las personas alcanzadas por el monitoreo electrónico, con la emergencia médica como única excepción contemplada en el proyecto.

El Gobierno nacional autorizó a Río Negro a operar el Tren del Valle y le asignó un corredor ferroviario que se extiende desde Villa Regina hasta Zapala, en Neuquén. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1853/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial el lunes (26/10).

La norma deja sin efecto las resoluciones que asignaban la prestación del servicio a la Operadora Ferroviaria Sociedad Anónima (SOFSA), responsable de su funcionamiento desde la reactivación en 2015. A partir de ahora, la provincia podrá asumir la operación a través de Tren Patagónico o del operador que designe. Sin embargo, el cambio no será inmediato: la empresa nacional continuará prestando el servicio en las mismas condiciones actuales mientras Río Negro prepara el traspaso.

El artículo 2 de la resolución establece que la provincia podrá operar los servicios de pasajeros en los corredores Cipolletti-Neuquén, Villa Regina-Plottier y Villa Regina-General Roca-Cipolletti-Neuquén-Plottier-Zapala. De esta manera, una empresa rionegrina quedará habilitada para prestar servicios hasta el centro de Neuquén. La medida se apoya en un acta acuerdo firmada por ambas provincias el 4 de julio de 2024, que establecía que Tren Patagónico prestaría inicialmente esos servicios, sujeto a la firma de convenios específicos.

La resolución fija un plazo de 120 días corridos para instrumentar el traspaso, que vence el 23 de febrero de 2027. Durante ese período, Río Negro deberá comunicar el cronograma de servicios y definir con el administrador de la infraestructura ferroviaria las condiciones de circulación. La operadora nacional, por su parte, deberá completar los procedimientos correspondientes. Mientras tanto, el servicio seguirá funcionando como hasta ahora. La cesión del material rodante y el pase del personal, previstos en un acuerdo firmado el 24 de agosto entre la operadora nacional, la provincia y Tren Patagónico, quedaron supeditados a esta autorización.

La primera etapa del plan provincial apunta a extender el recorrido desde Cipolletti hasta General Roca, con nuevas paradas en el sector de la Facultad de Medicina, Fernández Oro, Allen y J.J. Gómez. En septiembre, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, había estimado que ese tramo podría comenzar a funcionar a principios de diciembre, aunque aclaró que dependerá del avance de las obras y las pruebas. En abril, el gobernador Alberto Weretilneck había planteado como objetivo cubrir todo el Alto Valle, desde Chichinales hasta Plottier. Sin embargo, la resolución fija Villa Regina como cabecera del corredor y no menciona a Chichinales.

En materia de financiamiento, la norma establece que la operación provincial y las inversiones no podrán generar erogaciones para el Estado nacional. Una vez que Río Negro comience a prestar el servicio, la operación será de su exclusiva responsabilidad. A principios de octubre, el Ministerio de Hacienda provincial incorporó al presupuesto de Tren Patagónico $3.406 millones, dentro de una inversión total prevista de $7.917 millones. De esa partida, unos $2.448 millones se destinarán al mantenimiento, reparación y limpieza de las formaciones y de la infraestructura en Cipolletti y Roca. La resolución también deja abierta la posibilidad de que la provincia designe un operador privado.