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Opinión

¿Compromiso con la educación?

Paolo Etchepareborda, Presidente del PS en Río Negro, analizó lo que dejó el encuentro de todos los ministros de Educación del país.

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El 12 de febrero de este año los ministros de Educación de todas las provincias junto al ministro de Educación de la Nación, firmaron un acuerdo en Purmamarca en el cual se comprometen a trabajar en una educación que tendrá objetivos “revolucionarios” según el propio texto resultado de ese encuentro.

Entre los objetivos que se fijan los ministros está poder mejorar algunas estadísticas que a primera vista resultan alarmantes:

5 de cada 10 jóvenes no termina la educación secundaria.*

86 % de los alumnos de las escuelas primarias no accede a las modalidades de escuelas de jornada extendida o completa tal cual lo indica en su artículo 28, la Ley Nacional de Educación, promulgada el 27 de diciembre del 2006.*

8 de cada 10 estudiantes universitarios no termina la carrera y si a esto le sumamos que sólo 5 de cada 100 adultos de los hogares más pobres accede a un título universitario, el panorama es aún peor teniendo en cuenta que estos números son diametralmente distintos en los sectores de mayor ingreso en los que 54 de cada 100 adultos tienen estudios universitarios.*

Claro está que para mejorar estos índices oficiales y corregir las falencias que arrastra nuestra educación, no alcanza un acta, para ello es necesario un compromiso real y concreto en las políticas que se definen tanto a nivel nacional como en cada uno de los distritos.

Durante el gobierno anterior se avanzó en el encuadre normativo, aunque dejando enormes deudas pendientes como por ejemplo la reforma de la Ley de Educación Superior. Este encuadre normativo exigía al Estado el cumplimiento de metas que sólo parcialmente cumplió.

Esta claro que la universalización de la jornada extendida o completa fue convirtiéndose en muchas provincias en un “como si”, es decir se implementó de manera irregular, sólo parcialmente y con modalidades que en su estructura nada tienen que ver con el objetivo fijado por la Ley 26206 (Ley Nacional de Educación). Esta Ley que se propone dentro de sus objetivos para el nivel Primario “Garantizar a todos/as los/as niños/as el acceso a un conjunto de saberes comunes que les permitan participar de manera plena y acorde a su edad en la vida familiar, escolar y comunitaria”, lejos estamos de este propósito si hay grupos de estudiantes que acceden a una formación ampliada en contenidos y carga horaria y otros que no.

Como decía en una parte de este documento, no alcanza con la manifestación de buenas intenciones si dentro del acuerdo firmado en Purmamarca se fija como objetivo sostener, en los próximos años, el 6 % del PBI para financiar el sistema educativo en su integralidad –como es en la actualidad- es imposible pensar en un cambio “revolucionario”. Basta con analizar cuál ha sido la principal dificultad para dar cumplimiento a la Ley de Educación para darnos cuenta que en los próximos años si no logramos mejorar el presupuesto educativo dando la pelea en cada uno de los espacios donde se disputan los recursos, no sólo no se podrá avanzar en corregir las dificultades del actual sistema, lo que vendrá será peor ya que los recursos, luego de las medidas económicas tomada por el macrismo, alcanzan cada vez para menos.

Quizás, sosteniendo lo que los diputados socialista hicieron al momento de dar el debate sobre el financiamiento del sistema educativo, atar el crecimiento de los recursos destinados a educación sólo al PBI es por lo menos parcialmente economicista. Para quienes entendemos a la educación como una herramienta cultural fundamental para garantizar la emancipación de todos/as, generando ciudadanos libres, la inversión debe ser la necesaria y no la que según la economía “se pueda”.

Otro desafío importante que manifestaron los ministros reunidos en Jujuy, es el de mejorar “revolucionariamente” la “calidad” educativa, temática que se relaciona directamente con la formación y evaluación permanente de los trabajadores/as de la Educación. En este punto, que va a encontrar la resistencia organizada de las centrales obreras que nuclean a los docentes, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales deberán entender que mejorar la “calidad” educativa no debe pasar por evaluar el trabajo docente tal cual lo fijan los parámetros economicistas de calidad educativa. Deberán los gobiernos fortalecer la formación docente, mejorando la formación que se imparte en los institutos, para lo cual la inversión en estos deberá multiplicarse tantas veces como sea necesario. Hoy en la mayoría de los Institutos de Formación Docente del país ni siquiera se cuenta con edificios propios y ni que hablar de materiales didácticos y bibliotecas específicas, salvo honrosas excepciones los institutos no han tenido en la mayoría de las provincias el tratamiento adecuado a la hora de distribuir recursos.

Además, la formación permanente en servicio –esto quiere decir dentro de su carga laboral-, y por supuesto gratuita, es esencial para mejorar la calidad educativa. Así como entender que los espacios institucionales para evaluar el proceso de trabajo escolar, pudiendo las instituciones hacer una pausa cuando fuera necesario para resolver colectivamente las dificultades que se presentan, no son una pérdida de tiempo y por ello deben tener la misma importancia que estar frente a los alumnos.

Inversión y calidad son los debates que se vienen, donde las condiciones de trabajo, formación y salariales de los trabajadores/as de la educación deberán estar como punto central en la agenda de los funcionarios.

 

Paolo Etchepareborda.
Presidente del Partido Socialista de Río Negro.-

* Fuente: Consejo Federal de Educación.

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Opinión

“Todos conocemos a alguien que no volvió”: El doloroso mensaje de la hija de una víctima fatal por un choque en la Ruta 22

Omar Edgardo Moreno murió tras un violento choque frontal ocurrido a la altura de Cervantes; mientras que otras tres personas resultaron heridas. Su hija escribió una carta, donde apuntó contra la desidia política y vial.

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A poco más de una semana del choque frontal ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 22, a la altura de Cervantes, Cindy Moreno publicó una extensa y conmovedora carta abierta tras la muerte de su padre, Omar Edgardo Moreno, quien perdió la vida en el siniestro vial registrado el pasado jueves (14/05).

El hecho ocurrió minutos después de las 10.30 horas en el kilómetro 1165 de la Ruta N° 22, en cercanías del barrio Colonia Fátima. El impacto frontal fue entre un Ford Focus que circulaba de oeste a este y un Peugeot 307 que viajaba en sentido contrario.

En cada vehículo viajaban dos personas. Como consecuencia del choque, Omar Moreno, conductor del Focus, murió en el lugar. Los otros tres ocupantes sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Francisco López Lima de General Roca, donde continúan recibiendo atención médica.

En su carta, Cindy Moreno apuntó contra la negligencia vial, el abandono estatal, la falta de obras sobre la Ruta N° 22 y también destacó el acompañamiento del personal de salud y de la comunidad en medio del dolor.

La carta completa

Mi papá no murió solamente en un choque sobre la Ruta 22.

Mi papá murió en una provincia donde hace más de treinta años la desidia política avanza más rápido que las obras. Donde los funcionarios cambian, los discursos cambian, las campañas cambian, pero las rutas siguen rotas, los hospitales siguen sobreviviendo como pueden y las familias siguen enterrando seres queridos mientras escuchan promesas recicladas.

No le escribo esta carta abierta a quienes salen todos los días a trabajar y manejan con responsabilidad entre un pueblo y otro, rezando llegar bien. Ellos ya conocen el miedo. Lo sienten cada vez que toman la Ruta 22 para ir al médico, llevar a sus hijos a estudiar, hacer un trámite o volver a casa.

Esta carta está dirigida a quienes manejan con negligencia, creyendo que el volante es una extensión de su impunidad. Pero también está dirigida a los municipios y gobiernos que durante décadas convirtieron una obra vital para toda la región en una disputa absurda de egos, intereses y mezquindades políticas.

Mientras la gente esperaba una ruta segura, ellos discutían si un tramo debía pasar por arriba o por abajo, si convenía un puente más o una rotonda menos, mientras la obra se demoraba eternamente entre internas políticas, especulación y abandono.

Y en el medio, la gente siguió muriéndose.

En el Alto Valle ya ni siquiera hacen falta estadísticas. Todos conocemos a alguien que no volvió. Todos conocemos una familia destruida por una ruta inconclusa. Todos vimos cruces al costado del camino multiplicarse más rápido que las soluciones.

Hace más de diez años comenzaron las obras de mejora de la Ruta 22. Diez años en los que miles de rionegrinos soñamos que, por respeto a los muertos y por responsabilidad hacia los vivos, finalmente se terminara aquello que nos prometieron una y otra vez.

Pero la política eligió otra cosa.

Eligió discutir poder mientras la gente enterraba hijos, padres, hermanos y amigos.

Mi papá no va a volver. Y no existe pésame institucional capaz de reparar el vacío que deja una ausencia así cuando durante años se ignoraron pedidos básicos de infraestructura, prevención y dignidad.

Porque la desidia no aparece solamente en las rutas. También aparece en hospitales sostenidos a pulmón sus trabajadores. Aparece en localidades donde ni siquiera las entradas para las ambulancias están asfaltadas. Aparece en edificios públicos sin calefacción en plena Patagonia. Aparece cuando falta lavandina en los baños, cuando el personal de salud no tiene dónde calentarse un almuerzo después de horas intentando salvar vidas.

Mi mamá sigue grave en el hospital de General Roca. Y aun en medio de semejante abandono estructural, el personal humano de ese hospital logró algo extraordinario: devolvernos un poco de fe. Nunca voy a olvidar la humanidad del servicio de Hematología, ni las palabras cálidas, ni las sonrisas, ni la forma en que acompañan a familias destruidas aun cuando trabajan en condiciones indignas. Tampoco voy a olvidar a toda la gente que se acercó a donar sangre sin conocernos. Ahí entendí algo doloroso y hermoso al mismo tiempo: esta provincia sobrevive gracias a su gente, no gracias a sus dirigentes. Río Negro está lleno de personas extraordinarias obligadas a compensar todos los días la ausencia del Estado.

Hoy no escribo para pedir nada. Porque lo único que quiero es que me devuelvan a mi papá, y eso no va a pasar.

Pero sí necesito decir que las muertes evitables también tienen responsables. Que las obras postergadas matan. Que la negligencia mata. Que gobernar mirando encuestas, disputas partidarias y negocios mientras la gente arriesga la vida para ir de un pueblo a otro también tiene consecuencias. A los conductores de la camioneta y el auto blanco que hicieron todo mal aquel día, que les faltan papeles y les sobra inconsciencia, ojalá los acompañe la culpa de su irresponsabilidad. Y a quienes durante años tuvieron en sus manos la posibilidad de terminar una ruta segura y fortalecer un sistema de salud digno, ojalá alguna vez comprendan el daño irreparable que produce gobernar de espaldas a la realidad.

Mi papá ya no está. Pero pienso honrar su memoria haciendo lo mismo que él hizo siempre: decir lo que incomoda, exigir justicia y negarme a aceptar que el abandono sea el destino inevitable de nuestra región.

A quienes estuvieron con nosotros en estos días, gracias. El mundo sigue siendo un lugar digno gracias a personas como ustedes.

Cindy Moreno B.

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Opinión

Más allá del diagnóstico: La necesidad de una salida con contenido

Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

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¿Cuánto más se puede decir del estado actual de las cosas? Esta mezcla de novedad y continuidad, esta cotidianeidad que venimos habitando, nos fuerza muchas veces a una suerte de parálisis, obligándonos a detenernos indefinidamente en el diagnóstico. Nos enfrentamos, una vez más, cara a cara con sorpresas previsibles: es la sensación de que asistimos a «más de lo mismo», con el agravante de que ese «lo mismo» es, cada vez, peor.

Esta realidad no es abstracta; es una fuerza complicada que está tensionando transversalmente a la Argentina. Tensa a los individuos, a las familias y a los hogares, pero también erosiona a las instituciones, a los partidos políticos y a las organizaciones sociales en su conjunto. Estamos ante un escenario tan complejo como hondo, donde conviven la complicidad de algunos sectores con un agotamiento social generalizado. Es el agotamiento de quienes dijeron «no» a lo anterior para decir «sí» a esto, y que hoy se encuentran en la encrucijada de decir «no» a esto, sin querer regresar a lo otro. En ese limbo, la construcción de una salida institucional sigue siendo una asignatura pendiente.

La trampa de la reactividad: El vacío de la alternativa

En este escenario, lo que queda peligrosamente a la vista es un modelo de gestión de la oposición —tanto institucional como política— que es meramente reactivo en lugar de propositivo. Esta es una falencia generalizada que atraviesa a representantes políticos, sindicales y partidarios por igual: el gobierno nacional impone condiciones y la respuesta carece de propuestas superadoras. Las estructuras tradicionales se mueven siempre un paso por detrás de lo previsible, persiguiendo un modelo oficial que se percibe como arrasador.

Lo más alarmante no es el contenido de lo que se negocia, sino la incapacidad técnica para proyectar algo distinto. Nos enfrentamos a paritarias que no funcionan, a presupuestos que son jirones de la realidad y a discusiones por servicios básicos que parecen vaciadas de sentido. El rol de sindicatos, gobernadores y legisladores se ha degradado al de simples acompañantes de la coyuntura. Mientras se transita esa urgencia, no se está proyectando un plan de salida relevante. Esta reactividad es especialmente compleja en las universidades, donde ciertas conducciones operan como oposición política nacional pero como oficialismos institucionales, quedando atrapadas en la misma falta de iniciativa propositiva.

De la demencia al negacionismo: La inercia institucional de parte del sistema de CyT

Para entender la parálisis de quienes deben conducir, es necesario observar su comportamiento reciente. Tras el punto de inflexión de diciembre de 2023, cuando el flujo de recursos se detuvo abruptamente y las partidas dejaron de llegar, las instituciones universitarias no reaccionaron con un cambio de paradigma. Por el contrario, operaron bajo lo que podríamos llamar una demencia institucional: siguieron haciendo las cosas como si el escenario no hubiera cambiado, repitiendo fórmulas de un pasado que ya no tenía sustento material.

Hoy, esa demencia ha mutado en algo más peligroso: el negacionismo institucional. Al encontrar mecanismos modernos e innovadores para «oxigenar» el sistema -vía financiamientos externos, fundaciones propias o venta de servicios-, las conducciones «optan» por darle la espalda a la lucha estructural de sus trabajadores. Bajo la excusa de la eficiencia técnica y la creatividad para «salvar los muebles», están validando de facto el ajuste. Están demostrando una agilidad que en momentos de flujo ni siquiera se atrevieron a imaginar, pero lo hacen opacando la lucha docente y Nodocente, y confirmando ante el poder central que el recorte era, después de todo, ejecutable.

El experto disciplinar y la orfandad política

Esta desconexión tiene una raíz estructural en la formación de quienes dirigen el sistema de ciencia, tecnología y universitario. Por un lado, tenemos a los docentes e investigadores, y por otro, a los equipos de gestión Nodocente, que constituyen la arquitectura institucional invisible que permite mantener en pie el sistema. En la cima, el funcionariado (Rectores, Vicerrectores y Secretarios) ocupa cargos de naturaleza eminentemente política.

Sin embargo, el sistema está diseñado para que los académicos gestionen, bajo la premisa de que la excelencia en el grado o posgrado se traduce en capacidad de gestión. Pero la trayectoria académica no es proporcional a la pericia política. Geólogos, contadores, biólogos o arquitectos de renombre se encuentran hoy dirigiendo instituciones complejas frente a una política de choque para la cual sus herramientas disciplinares -que representan el 95% de su expertise- son insuficientes. No es lo mismo administrar el flujo que gestionar la incertidumbre y la restricción. Al no ser cuadros políticos de formación, quedan aislados de los debates profundos y los avatares partidarios los toman por sorpresa.

La seducción del intelectual y el desembarco de los gestores

Este contraste se refleja en la figura presidencial. Su ascenso fue el de un intelectual que ofrecía una doctrina económica liberal inspiradora y de gran penetración en jóvenes votantes y en una gran parte de la población desencantada con lo conocido. La sociedad, en su dificultad para determinar el rol efectivo del Estado, parece haber votado esa elocuencia, apostando a un horizonte filosófico pero dejando de lado o acaso, jamás interpelándose por el «cómo».

Pero una vez en el poder, se produjo un desplazamiento: la gestión real fue delegada en personajes cuyo activo no es la teoría, sino el know-how de la vieja política y la gestión de choque. Mientras el discurso se mantiene en la doctrina, la ejecución queda en manos de segundas y terceras líneas que saben operar las palancas del Estado de forma pragmática. Esta dualidad genera la máxima tensión: un relato intelectual que se ejecuta con las herramientas más conocidas de la gestión tradicional.

El intelectual como arquitecto y el control social

Frente a este vacío, el rol superador del intelectual debe ser el de un traductor: aquel que logre el match entre la ideología (el horizonte filosófico) y el cotidiano de la política pública. No puede ser alguien que se refugie en la academia para dar una clase virtual cada quince días; debe ser quien dote de sentido a la acción técnica e impregne e ilumine los debates públicos.

Nadie discute qué funciones debe afrontar el Estado en tanto garante de derechos. Su capilaridad social estratégica (en términos de Oszlak) es irremplazable. Sin embargo, no podemos seguir persiguiendo quimeras de innovación que mueren en acuerdos personales sobre un andamiaje inexistente. Propongo una salida que incluya una instancia de control social e intelectual comunitario, similar a una Defensoría del Pueblo, pero con una matriz de pensamiento crítico. Un espacio técnico con voz y probada incidencia donde la ciudadanía participe y rediscuta las políticas públicas junto a los intelectuales que les dan sentido.

Conclusión: Salir del asombro

En un mundo de información fragmentada, en el cual desde millennials a la generación alfa son bombardeados constantemente, los discursos vacíos ya no alcanzan. Lo que hoy se vuelve imperativo es la propuesta concreta. Debemos entender que, si la esperanza no tiene acción, es simplemente fe; y la fe es insuficiente para gestionar una organización, menos aún un sistema, demasiado lejos, una nación.

La salida no es dicotómica – izquierda o derecha-, sino programática. Requerimos un nuevo acuerdo social basado en ejes fundantes: ambiente, obra pública, educación, salud, deporte, disidencias, derechos humanos, vivienda y todos los otros temas que la sociedad pueda determinar. La única manera de garantizar a la ciudadanía una protección real es a través de una salida política integral: intelectuales, académicos, gestores y técnicos trabajando en un programa de gobierno concreto que abandone el asombro y retome la iniciativa. Es hora de que la arquitectura del Estado deje de servir a la supervivencia de una casta y empiece a tener a la gente presente en el centro de su diseño y control.

Federico Vasches
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

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Opinión

La Encrucijada de la IA: Moda o Soberanía

Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

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Estamos inmersos en un momento de avances exponenciales de la Inteligencia Artificial (IA). Esta carrera tecnológica, impulsada por el sector privado, genera nuevas oportunidades, pero también expone complejidades estructurales profundas en sociedades como la latinoamericana y la argentina en especial, agravadas ahora por el desfinanciamiento estatal.

Detrás de palabras y conceptos como costo, lucidez e inclusive debatiendo sobre la Paradoja de la Modernización, es crucial entender que no incorporar tecnología es, de hecho, más costoso que hacerlo. La adopción requiere una «lucidez estratégica»: un rediseño consciente y deliberado que entienda que lo que se hace se puede hacer mejor. Pero que de ninguna manera la IA reemplaza ni a las personas ni a sus responsabilidades.

Como dos caras de una moneda:

El sector privado actúa deliberadamente para maximizar la ganancia. Moderniza con celeridad, buscando mejorar procedimientos, presentándose a la vanguardia y el desarrollo, y poniendo en valor la IA.

El sector público, cuyo fin es social, a menudo responde al llamado de la modernización con el desfinanciamiento, con recorte y achicamiento. La negación a incorporar la IA transversalmente como tecnología que permita innovar, claramente es no estratégica, pues la sociedad ya la está utilizando, generando una distancia creciente entre ambos mundos.

Acá nos encontramos con el problema de la falsa dicotomía, la creencia simplista de que el privado es inherentemente más moderno y brillante. Esta visión es escasa, pues las personas en ambos sectores utilizan tecnología personal (smartphones, herramientas de IA como Gemini, ChatGPT, etc.).

La diferencia reside en la cultura organizacional: en el privado, la modernización se transparenta y premia; en el público, no está institucionalizada y a veces se castiga la desviación del proceso tradicional.

A no preocuparse, porque no todo es tan sombrío y acaso para evitar un futuro distópico, la solución reside en construir una soberanía tecnológica y digital más horizontal.

Esto nos propone:

Divulgación y Conocimiento: las sociedades y los individuos deben entender el impacto de la tecnología y la IA en todas las instituciones. Este conocimiento es la base para que los ciudadanos puedan defender, construir y validar las reformas necesarias.

Espacios de Co-creación: es imperativo crear espacios público-privados, liderados con la participación activa de la sociedad civil, tecnólogos, divulgadores y directores de proyectos.

Gobierno Abierto: estos espacios deben estar anclados en los principios de Gobierno Abierto: participación ciudadana, innovación, transparencia y rendición de cuentas.

Solo a través de esta colaboración estratégica y una ciudadanía informada, el Estado podrá evolucionar tecnológicamente no solo para sobrevivir, sino para construir un futuro donde la tecnología sirva a fines sociales amplios, y no solo a la maximización de la ganancia privada.

Federico Vasches
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

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