Sociedad
Denuncian que buscan archivar causa contra un juez
Acusan a la Fiscalía, a cargo de Villa, de «encarpetar» la causa por la denuncia de privación ilegítima de la libertad a familiares y amigos del fallecido Pablo Vera en noviembre del 2014.
Desde la Coordinadora 13 de Enero denunciaron «las maniobras que desde la Fiscalía a cargo de Julieta Villa (UFT 3) se han llevado a cabo a los efectos de archivar la causa penal en la que se investiga al juez Maximiliano Camarda por el presunto delito de privación ilegítima de la libertad».
Cabe recordar que la denuncia penal a Camarda tuvo lugar en noviembre de 2014, como consecuencia de haber ordenado la detención de familiares y amigos de Pablo Vera en la Comisaría N° 21 de General Roca. «Allí, detenidos fueron golpeados y torturados por el personal policial. Al tomar conocimiento de esto, se le presentó a Camarda (juez de turno y responsable de la detención) un habeas corpus denunciando las graves condiciones de detención. El habeas corpus fue rechazado por el juez Camarda, quien a su vez prolongó la detención de 14 jóvenes por varios días más, excediendo el plazo legal establecido y por lo tanto cometiendo el delito de privación ilegítima de la libertad», indicaron desde la Coordinadora 13 de Enero. «Como consecuencia de este hecho se realizó oportunamente la denuncia sin que ningún funcionario judicial la promueva ni llame a indagatoria al juez Camarda», agregaron.
La semana pasada, la fiscal de la UTF 3, Julieta Villa, ordenó el archivo de la denuncia por considerar no existía delito. En este sentido, desde la Coordinadora plantearon que «entendemos que archivar la denuncia a Camarda implica brindarle un marco de impunidad, que a su vez garantiza los hechos de criminalización llevados adelante. Implica a su vez un grave desconocimiento de la normativa procesal al entender que no hubo actuación irregular de Camarda cuando se llevaron adelante las detenciones. Esto no es así, ya que él se encontraba a cargo de la detención de los familiares y amigos de Pablo Vera, y si bien la recepción del sumario de prevención fue el día lunes – luego de 3 días de detención- los artículos 3, 4 y 92, del CPP y el art. 7. 5 de la CADH sostienen la promoción de la acción por parte de la Fiscalía, motivo por el que es responsable de haber incumplido el plazo – de 24 hs. establecido por la ley- para tomar indagatoria a los detenidos».
Explicaron que «en caso de no haber bastado ese plazo por estar frente a una causa compleja, podría haber solicitado la prórroga que el mismo artículo dispone, no habiendo constancia en el expediente de dicha solicitud. Incluso podría haberlos liberado sin tomarles declaración indagatoria, o podría haberles otorgado el beneficio de la eximición de prisión a él solicitada. Nada de esto fue hecho por Camarda, violando también el Artículo 261 del CPP que dispone que “La libertad personal sólo podrá ser restringida, de acuerdo con las disposiciones de este código, en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley. El arresto o la detención se ejecutarán de modo que perjudiquen lo menos posible a la persona y reputación de los afectados”», añadieron.
«En base a esto se han iniciado actuaciones frente al Consejo de la Magistratura, a los fines se investigue la eventual responsabilidad de la Fiscal Julieta Villa y de cualquier otro miembro del Ministerio Público Fiscal que haya intervenido, todo ello en virtud de lo previsto en la Ley N° 4199».
«No estamos frente a cualquier tipo de denuncia, sino que se está exigiendo la investigación de la responsabilidad de un funcionario judicial en cumplimiento de sus funciones, entendiendo que la privación ilegítima de la libertad dispuesta debe considerarse una violación a los derechos humanos, y por lo tanto es obligación del Estado darle celeridad y efectividad a la investigación ya que su responsabilidad penal está seriamente comprometida. Denunciamos entonces el accionar de Camarda y la complicidad devenida en impunidad llevada adelante por funcionarios judiciales como Julieta Villa».
«Como consecuencia de la intención de archivar la causa por parte de Julieta Villa, la decisión se ha elevado a la Fiscalía de Cámara N° 1, a cargo del Fiscal Fernandez Jadhe. Es este funcionario el que deberá decidir si debe continuarse con la investigación o si se confirma el archivo de la misma, lo que comprometería seriamente la responsabilidad internacional del Estado Argentino, por tratarse de una denuncia contra un funcionario judicial por violación a derechos humanos».
«Le exigimos al Fiscal Fernandez Jadhe resuelva la continuación del proceso contra Maximiliano Camarda, y se investigue las responasibilidades de todos los funcionarios que hasta aquí han obrado para otorgarle impunidad al funcionario denunciado. Ante el hermetismo judicial respecto a este grave hecho, se han realizado actos públicos de denuncia al funcionario Judicial, tanto en Tribunales como en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Comahue donde el juez es docente regular», concluyeron desde la Coordinadora 13 de Enero.
Río Negro
Weretilneck confirmó el aval de Nación para financiar obras en las Rutas 22 y 151
El financiamiento de FONPLATA permitirá intervenir los sectores más deteriorados de ambos corredores y mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial.
El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que Río Negro obtuvo la garantía del Gobierno Nacional para avanzar con un crédito de hasta US$ 60 millones de FONPLATA – Banco de Desarrollo, destinado a financiar obras prioritarias en las Rutas Nacionales 22 y 151.
El financiamiento permitirá intervenir los sectores más deteriorados de ambos corredores, mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial.
La operación se enmarca en la decisión de la Provincia de asumir progresivamente la gestión de estas rutas y definir y ejecutar las obras necesarias en territorio rionegrino.
El avance se produjo luego de un relevamiento realizado recientemente por Vialidad Rionegrina, la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), especialistas de FONPLATA y el Gobierno Nacional.
El trabajo permitió constatar en territorio el estado de las trazas y avanzar en la definición del plan de obras que acompañará la operación de financiamiento.
Con el aval obtenido, la Provincia continúa trabajando en la documentación técnica y financiera necesaria para presentar la operación ante el Directorio de FONPLATA, previsto para noviembre.
El programa tendrá impacto directo sobre más de 438.000 habitantes de los departamentos de Pichi Mahuida, Avellaneda y General Roca, además de las personas y vehículos que utilizan diariamente ambas rutas.
También se estima un mejor acceso para 312.000 habitantes a 81 centros de salud, 15 hospitales, 20 cuarteles de bomberos y distintas dependencias policiales.
La operación contempla financiamiento externo por hasta US$ 60 millones, con la Nación como garante. La gestión administrativa, financiera y fiduciaria estará a cargo de la UPCEFE, mientras que Vialidad Rionegrina tendrá la responsabilidad técnica de definir las prioridades y ejecutar las intervenciones.
Roca
Viernes con cortes programados de energía: Conocé los horarios y sectores afectados en Roca
Se realizarán entre las 9 y las 13.30 y afectarán a sectores rurales y del centro de la ciudad. EdERSA realizará tareas de mantenimiento y renovación de infraestructura.
EdERSA realizará este viernes (25/09) una serie de trabajos sobre la red eléctrica de General Roca que demandarán dos cortes programados de energía durante la mañana. Las tareas estarán vinculadas con la renovación de infraestructura, despeje de líneas y mantenimiento preventivo.
El primer corte se desarrollará entre las 9 y las 11.30 y afectará exclusivamente a una amplia zona rural de la ciudad. En ese horario, el servicio estará interrumpido en las chacras 158, 159, 160, 147, 148, 149, 137, 132, 131, 138, 139, 130, 129 y 140.
Por otra parte, habrá un segundo corte que afectará directamente a un sector del centro. En este caso, la interrupción comenzará a las 9.30 y se extenderá hasta las 13.30. El área alcanzada estará comprendida por las calles Mitre, Gadano, Avenida Roca y La Pampa.
Desde EdERSA solicitaron a los vecinos y comerciantes de los sectores afectados que adopten las medidas de precaución necesarias mientras se desarrollen las tareas. Entre las recomendaciones se encuentra la desconexión de equipos electrónicos sensibles, con el objetivo de evitar inconvenientes durante las interrupciones del servicio.
Río Negro
Los estatales de Río Negro dejan de estar obligados a permanecer en IPROSS y podrán elegir otra obra social
La Legislatura aprobó la reforma que elimina la obligatoriedad de permanecer en IPROSS. La opción alcanza a trabajadores activos, jubilados y sus grupos familiares.
Los trabajadores estatales de Río Negro podrán elegir libremente su obra social y dejar de estar obligados a permanecer en el Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS), a partir de la reforma aprobada por la Legislatura provincial. La nueva norma establece un régimen de afiliación voluntaria u optativa que alcanza a agentes públicos activos y pasivos y contempla también a sus grupos familiares.
La modificación cambia el esquema vigente y permite que quienes actualmente tienen afiliación obligatoria a IPROSS puedan optar por otra entidad para su cobertura de salud.
La opción tendrá determinadas condiciones. Quien decida cambiar de cobertura deberá permanecer durante un período mínimo de 12 meses en la entidad elegida. Cumplido ese plazo, podrá optar por otra cobertura.
Además, una vez transcurridos 36 meses desde el primer ejercicio de la opción, el afiliado podrá solicitar su reincorporación a IPROSS como afiliado obligatorio directo, sin períodos de carencia.
La reforma también contempla situaciones vinculadas con tratamientos médicos. Durante el proceso de cambio deberá garantizarse la continuidad de los tratamientos, mientras que también se prevé el regreso a IPROSS cuando la cobertura elegida cese por causas ajenas al afiliado.
De esta manera, el nuevo esquema modifica la relación entre los trabajadores estatales y la obra social provincial: IPROSS deja de ser la única alternativa obligatoria y los afiliados pasan a contar con la posibilidad de elegir otra cobertura.
El cambio había sido anunciado por el Gobierno provincial y finalmente fue convertido en ley por la Legislatura, que aprobó la iniciativa por 35 votos a favor y 9 en contra.
Desde el Gobierno sostuvieron que el nuevo escenario busca que IPROSS compita por mantener a sus afiliados a partir de la calidad de sus prestaciones y atención. Esa posición fue planteada públicamente por el gobernador Alberto Weretilneck al presentar la iniciativa.
