Judiciales
Procesan con prisión preventiva a presunto autor de robos a panadería e inmobiliaria de Roca
Gustavo Andrés Pintos Pereyra, quien fue detenido en un intento de robo en una inmobiliaria de calle Rodhe el 7 de julio, está acusado de haber robado en una panadería en calle San Martín casi La Pampa 15 días antes.
El titular del Juzgado de Instrucción N° 12 de General Roca, Gustavo Quelín, dictó el procesamiento con prisión preventiva contra el presunto autor de un robo ocurrido en una panadería de Roca el pasado 19 de junio. El mismo imputado, además, fue recientemente procesado con prisión preventiva en el Juzgado de Instrucción N° 4 de esta ciudad, donde tramita otra causa por el robo calificado ocurrido el 7 de julio pasado en una inmobiliaria de calle Rohde al 400.
Con respecto al primer hecho, el juez Quelín señaló en su resolución que el robo ocurrió alrededor de las 18.30 en una panadería ubicada en calle San Martín casi La Pampa, donde el imputado Gustavo Andrés Pintos Pereyra habría ingresado corriendo al local aprovechando la ausencia de clientes y habría «tomado de los pelos y tirado al suelo» a las dos empleadas que se encontraban allí trabajando. Las víctimas fueron encerradas en el depósito del inmueble y el imputado habría escapado del lugar llevándose alrededor de $11.000 en efectivo, documentación, dos camperas, dos celulares y una billetera, entre otros elementos. Tanto las camperas como uno de los teléfonos fueron secuestrados por la Policía en un allanamiento realizado días más tarde en la vivienda que habitaba el imputado, sita en la calle Defensa al 3200 de esta ciudad.
Pintos Pereyra fue detenido el 7 de julio en el marco del procedimiento por el ilícito en la inmobiliaria, por lo que pudo entonces ser citado a indagatoria por el robo a la panadería luego de que el juez recibiera los resultados de las medidas de prueba oportunamente ordenadas.
Antecedentes y riesgos procesales
Para dictar la prisión preventiva Quelín valoró que «existe en su contra un alto grado de culpabilidad que probablemente lo hará pasible de una condena cierta, basado en un cuadro probatorio que en esta instancia compromete seriamente su responsabilidad penal». También consideró que es latente el riesgo procesal de obstrucción de la justicia, pues el imputado, de 33 años y oriundo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no posee residencia fija ni lazos de arraigo en esta ciudad. Por otra parte, a la luz de los antecedentes computables y causas en trámite que pesan sobre el detenido, el juez consideró probable que en caso de ser liberado intente evadir la acción de la justicia pues ante una eventual nueva condena penal «no podrá acceder a los beneficios de la libertad condicional por ser reincidente».
La resolución detalló los antecedentes de Pintos Pereyra señalando que había recuperado la libertad en marzo de 2014, luego de haber cumplido una condena unificada de 16 años de prisión dictada por la Justicia Criminal de Capital Federal por los delitos de robo calificado y abuso sexual con acceso carnal. También precisó que registra al menos cuatro causas penales en trámite ante juzgados de Instrucción de Roca: una por robo calificado y tres por hurto. En al menos dos de esos hechos, los comercios afectados también fueron panaderías de la ciudad.
Judiciales
Comenzó en Roca el juicio contra tres hombres acusados de intentar robar una vivienda
El hecho ocurrió en octubre de 2024 en una vivienda de calle Nicaragua.
Tres hombres comenzaron a ser juzgados en General Roca por un hecho ocurrido en octubre de 2024, cuando habrían intentado robar en una vivienda tras forzar el ingreso al domicilio.
El juicio se desarrolla ante un Tribunal Colegiado, ya que la Fiscalía prevé solicitar una pena superior a los 3 años de prisión. Los tres acusados llegan al debate cumpliendo prisión preventiva.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 29 de octubre en una vivienda ubicada en calle Nicaragua al 400. Los imputados habrían llegado al lugar a bordo de una Volkswagen Amarok, vehículo que contaba con pedido de secuestro tras haber sido robado días antes, el 24 de octubre.
De acuerdo a lo informado por la Fiscalía, los hombres forzaron el portón de ingreso y la puerta de la vivienda con la intención de apoderarse de distintos elementos.
Sin embargo, el robo no llegó a concretarse debido a la intervención de personal policial de la Comisaría 31°, que acudió al lugar tras el aviso de vecinos.
Posteriormente, los sospechosos intentaron escapar en un Ford Fiesta conducido por un menor de edad, pero tras una persecución policial fueron detenidos.
La Fiscalía los acusa como coautores de los delitos de encubrimiento agravado con ánimo de lucro, sustitución de numeración y tentativa de robo en lugar poblado y en banda, agravado por escalamiento y por la intervención de un menor de 18 años.
El debate continuará mañana miércoles (11/03) desde las 8.30 en los Tribunales de General Roca, con la declaración de los testigos convocados por las partes.
Judiciales
Identificaron a las dos víctimas fatales que murieron tras caer en un auto al Canal Grande: Eran trabajadores judiciales
Una tercera ocupante logró salir del vehículo y permanece hospitalizada.
Un trágico siniestro vial ocurrido durante la mañana de este martes (10/03) generó conmoción en la región y especialmente en el ámbito judicial, luego de que dos trabajadores del Poder Judicial de Río Negro murieran tras caer el vehículo en el que viajaban al Canal Principal de Riego.
El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en la Ruta Provincial N° 65, en cercanías del Puente Palermiti. Por motivos que aún se investigan, un automóvil Ford Ka en el que viajaban tres personas terminó dentro del canal.
Según las primeras informaciones, la conductora, identificada como Laura Soledad Morales, de 37 años, logró salir del rodado en estado de shock y fue trasladada para recibir atención médica. Sin embargo, su pareja y otra mujer que los acompañaba quedaron atrapados en el interior del vehículo y fallecieron en el lugar.
Las víctimas fatales, por su parte, fueron identificadas como Yanet Daiana Amarilla Alba, de 34 años, quien se desempeñaba en la Oficina de Tramitación Integral del Fuero Civil (OTIC), y Diego Antú Díaz, de 37 años, trabajador de la Subdelegación de la Oficina Judicial (OJU). Eran oriundos de Roca y viajaban hacia Regina
Ante lo ocurrido, el Poder Judicial de Río Negro expresó su profundo dolor y condolencias a los familiares por el trágico accidente que produjo el fallecimiento de los dos trabajadores judiciales. También anhela la pronta recuperación de la trabajadora hospitalizada.
En este sentido, la presidencia del Superior Tribunal de Justicia dispuso asueto con suspensión de términos para el día de hoy (10/03) en todos los organismos judiciales de Villa Regina. Solo continuarán los trámites urgentes.
Judiciales
Disparos y persecución en Roca: Imputaron a dos personas y dictaron prisión preventiva para uno de ellos
El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo y comenzó cuando un auto escapó de un control policial.
Ayer (09/03) al mediodía el equipo fiscal de turno formuló cargos contra dos personas por hechos ocurridos durante la madrugada del domingo (08/03) pasado que derivaron en una persecución y posterior detención en General Roca. Tras el pedido fiscal, el hombre cumplirá prisión preventiva, mientras que a la mujer se le colocará un dispositivo de control satelital.
Según la acusación fiscal, «alrededor de la 1 de la madrugada del 8 de marzo, mientras personal de la Subcomisaría 69° realizaba tareas de prevención, observaron un automóvil Bora gris que, al advertir la presencia policial, aumentó la velocidad y emprendió la huida».
«En el marco de un plan común y con clara división de tareas para evadir a la policía, dispararon seis veces desde el vehículo. Luego, el hombre imputado y otro sujeto -que aún no ha sido identificado- se arrojaron del auto en movimiento y emprendieron la fuga a pie, mientras descartaban distintos elementos, entre ellos un arma tipo pistola, cuatro cartuchos, un revólver con un cartucho en su interior y un almacén cargador con nueve cartuchos, apto para el disparo, además de un teléfono celular», describió la Fiscalía.
«De manera paralela, el personal policial logró detener a la mujer mientras conducía el Bora. En el vehículo se encontró una escopeta con una vaina servida y un cartucho en el almacén cargador, un chaleco balístico, un portaplacas y una caja metálica. Todas las armas eran portadas sin la correspondiente autorización legal», explicó la representante fiscal.
La calificación legal por la cual quedaron imputados los cargos es para el hombre abuso de arma de fuego agravado para ocultar otro delito, lograr la impunidad y por haber sido cometido contra miembros de la fuerza de seguridad en concurso ideal con portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal en concurso real con atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido con arma de fuego, En relación a la mujer: tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal en concurso real con atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido con arma de fuego.
Entre el sustento probatorio presentado para esta instancia se encuentran el acta de procedimiento policial, entrevistas, el informe del Gabinete de Criminalística, el informe del perito armero y balístico, y fotografías.
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva del hombre por el plazo de dos meses, teniendo presente el peligro de fuga, «que quedó plasmado en la persecución que tuvo que realizar la policía para detenerlo», dijo la fiscal, además del riesgo de entorpecimiento de la investigación. En relación con la mujer, se solicitó por el mismo plazo la colocación de un dispositivo de pulsera electrónica.
La defensa penal pública se opuso al pedido respecto de su asistido, ya que «se vulnera el principio de inocencia y no se acreditó de manera fehaciente ninguno de los riesgos procesales que habilitan solicitar la medida cautelar más gravosa. Por ello solicitamos la colocación de una tobillera electrónica».
Finalmente, la jueza de Garantías resolvió tener por formulados los cargos en los términos solicitados por la Fiscalía, así como las medidas cautelares requeridas.
