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Para la CTA, el fallo de la Corte es «insuficiente, temporario y habilita el aumento»

Desde la Central de Trabajadores evalúan movilizarse el próximo 12 de septiembre, día de la audiencia pública por la tarifa de los servicios básicos.

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Tras al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en relación al aumento de las tarifas de servicios, desde la CTA Autónoma de Río Negro destacaron que «no sólo es insuficiente y temporario, sino que habilita el tarifazo del 500% para todos los clientes no residenciales y ampara la política nacional de vaciamiento y extranjerización de los recursos naturales».

«Si bien el pueblo lo estaba esperando con expectativas -tras haber presentado numerosas medidas cautelares y haber protestado en todo el país- el fallo de la Corte no hace otra cosa que postergar el golpe al bolsillo de los trabajadores. Si bien los medios difundieron la información como un freno al tarifazo, en realidad se trata de un fuerte aval a la política en materia energética que impulsa el Gobierno Nacional», sostuvo el Secretario General de la CTA Autónoma de Río Negro, Rodolfo Aguiar.

«Es que por un lado, el fallo de la Corte Suprema sólo contempla a los usuarios residenciales, permitiendo la aplicación del tarifazo para los comercios, la pequeña y mediana empresa, industrias, cooperativas y clubes. Por otro lado, la Corte garantiza la liberación del precio del gas en boca de pozo, ubicado cuatro veces más alto al valor real. Además, se contempla la realización de audiencias públicas, pero que, en ningún caso, serán vinculantes», agregó.

En tal sentido, desde la CTA se evalúa movilizar el día de la audiencia pública prevista para el 12 de septiembre, a fin de poner de manifiesto el repudio a la política de ajuste del Gobierno Nacional.

«El fallo de la Corte sólo contempla temporariamente a los usuarios residenciales. Es decir que todo el resto tendrá un 500% de aumento, que luego las empresas e industrias van a terminar trasladando al valor de los bienes, servicios y productos. Este es un fallo generador de inflación», aclaró Aguiar. «Esta resolución del máximo tribunal judicial del país, sólo puso un freno por unos días, pero en definitiva habilita al Gobierno Nacional para que aplique el tarifazo», agregó.

Finalmente detalló que «la producción de gas en boca de pozo representa entre un 50 y 60% de lo que paga el usuario, 25% corresponde a la distribución y el 15% restante al transporte. Si bien el fallo indica que deben realizarse las audiencias públicas para debatir el cuadro tarifario y estos tres componentes, el carácter no vinculante de las audiencias es central».

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Escándalo de las coimas: Ahora ATE exige investigar a Petri por el contrato de $50.000 millones que firmó en IOSFA con Suizo Argentina

«Hechos graves de corrupción están a punto de hacer colapsar a una de las obras sociales más grandes del país. El accionar del ministro de Defensa y el millonario contrato firmado con esta droguería tienen que ser investigados», indicó Aguiar.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció la firma de un contrato por 50.000 millones de pesos entre el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), a cargo del ministro de Defensa, Luis Petri, con la droguería Suizo Argentina SA, empresa apuntada por el escándalo de las coimas que involucra a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

«Hechos graves de corrupción están a punto de hacer colapsar a una de las obras sociales más grandes de todo el país. El accionar del ministro de Defensa y el millonario contrato firmado con esta droguería tienen que ser investigados, porque cuando asumió Petri la obra social casualmente tenía ahorros por 25.000 millones de pesos. Se los gastaron en medicamentos y no se los entregaron a los afiliados. Todas las prestaciones se encuentran cortadas y todos los hospitales desabastecidos», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

«No podemos aceptar estas graves irregularidades. Lo que ocurre en el IOSFA nos muestra que la representación del Gobierno es fraudulenta. Nos dijeron que venían a terminar con los curros y a la obra social la están saqueando. La Justicia tiene que intervenir. Hoy este instituto atraviesa una de sus peores crisis. Hay desidia en quienes la conducen y se sostiene gracias al esfuerzo de los trabajadores a pesar de sus pésimas condiciones laborales y sus salarios de hambre. Se están robando la plata que tenía que estar destinada a los beneficiarios. Los tenemos que parar. Vamos a definir medidas de fuerza en las delegaciones del organismo en todo el país», agregó el dirigente estatal.

El sindicato informó que se trata de un contrato de 25.000 millones de pesos que se renueva cada seis meses. En tanto los trabajadores de IOSFA, la tercera obra social más grande del país con más de 650.000 afiliados, denuncian faltantes de medicamentos oncológicos e insulina, prestaciones cortadas en todo el país e incluso que los hospitales militares se encuentran desabastecidos de insumos médicos.

Al inicio de la gestión de Petri como ministro de Defensa, IOSFA contaba con reservas positivas superiores a 25.000 millones de pesos y prestaciones en funcionamiento, sin cortes significativos. Sin embargo, en la actualidad el organismo que hoy tiene a Sergio Maldonado como gerente general afronta un déficit de más de 160.000 millones de pesos.

Ante esta situación, el sindicato exigió ampliar la investigación que se disparó luego de las filtraciones de audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que mencionaba el pedido de coimas involucrando directamente al presidente Javier Milei y su hermana Karina, secretaria general de la presidencia.

Cabe recordar que en las últimas horas incautaron como prueba más de 266.000 dólares y 7 millones de pesos en efectivo de Emmanuel Kovalivker, uno de los socios de la droguería.

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ATE definió un paro de 24 horas con movilización al Congreso y exige a senadores que «pulvericen los decretos truchos de Sturzenegger»

«Estamos cerca de frenar la motosierra. Tenemos que seguir movilizados. Es evidente que sin facultades delegadas, el Gobierno pierde fuerzas», indicó Aguiar.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional de 24 horas con movilización al Congreso para el día en que el Senado convoque a la sesión por el rechazo a los decretos presidenciales que «buscan alterar y eliminar distintos organismos y estructuras del Estado». Cada distrito del país podrá definir la metodología de protesta para adherir a esta jornada, considerándose los cese de tareas, retiros de los lugares de trabajo a partir del mediodía, asambleas, acampes y cortes de rutas, entre otras.

El sindicato también se movilizará este miércoles (20/08) a partir de las 12 del mediodía al Congreso para exigir a los diputados que rechacen los vetos del presidente Javier Milei a la extensión de la moratoria previsional, el aumento a jubilados y la Ley de Emergencia en Discapacidad.

«Estamos cerca de frenar la motosierra. Tenemos que seguir movilizados. Ahora le toca al Senado votar para voltear los decretos truchos de Sturzenegger y así salvar todos los bienes del Estado», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

«Es evidente que sin facultades delegadas, el Gobierno pierde fuerzas. Ahora es cuando tenemos que frenar e impedir el remate de todo el patrimonio estatal. Tenemos que seguir en la calle para lograr que el Congreso decida que no nos gobiernen por decreto y le ponga freno así a la degradación de nuestra democracia», agregó el referente estatal.

Si bien aún falta la confirmación oficial del Senado para la convocatoria al tratamiento legislativo, el sindicato adelantó que la medida de fuerza se realizará para cuando se efectivice la convocatoria. En el caso de no ser convocada para esta semana, se fijará fecha definitiva a la medida de acción directa a los efectos de exigir que se acelere el trámite parlamentario.

Los decretos que ATE exige su rechazo en la Cámara Alta incluyen el desguace del INTI y el INTA (DNU 462/25); la pérdida de autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos (351/25), y la disolución de Vialidad (461/25), entre otros. Todos ellos ya fueron rechazados en primera instancia por Diputados y, en caso de tener el mismo resultado en el Senado, dejarán de tener vigencia.

También cabe recordar que el pasado 29 de julio, el Juzgado Federal Civil Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín falló a favor de ATE y ordenó al Gobierno dejar en suspenso el ajuste en el INTI mediante el Decreto 462/25.

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Camioneros inició un paro por tiempo indeterminado en Vaca Muerta

El Sindicato alertó que hasta que no se resuelva la situación que afecta a trabajadores de la empresa NRG, se mantendrá la medida de fuerza.

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Foto: Gentileza AM 740 La Carretera.

El Sindicato de Camioneros de Río Negro inició un paro por tiempo indeterminado que mantiene bloqueado el ingreso a yacimientos en Vaca Muerta, en reclamo por el los despidos y deudas de la empresa NRG. La medida de fuerza, que cuenta con un acatamiento total según AM 740 La Carretera, paralizó las actividades en la zona y amenaza con extenderse si no se presenta una propuesta concreta y seria por parte de la compañía.

Gustavo Sol, secretario general de Camioneros Río Negro, declaró a La Carretera que el paro «es un éxito» y que «el acatamiento es total». Sol fue enfático al señalar que no van a ceder en sus demandas, ya que «demostramos que tenemos razón en nuestro planteo».

La tensión escaló luego de que las conciliaciones obligatorias no arrojaran resultados, lo que, según el titular de Camioneros, demuestra que «las empresas Total, Tecpetrol, Phoenix Y Shell insisten en no hacerse responsables de lo que les pasa a los trabajadores».

Hasta las 14 horas no se había informado de avances en las negociaciones. Sol se mostró activo en la jornada de paro y anunció que no dudarán en alistarse para estar el tiempo que sea necesario en los caminos de Vaca Muerta. «Estamos preparados para estar firmes en la medida el tiempo que sea necesario. Queremos la respuesta que necesitan los trabajadores», dijo de manera tajante el dirigente sindical.

El paro en los ingresos a los yacimientos podría afectar la producción de hidrocarburos, generando pérdidas millonarias y afectando la cadena de suministro. Las autoridades laborales se encuentran monitoreando la situación, aunque hasta el momento no se ha logrado un acuerdo que permita destrabar el conflicto.

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