Judiciales
Piden 11 años de prisión para efectivo policial que habría abusado sexualmente de su ex pareja
Los hechos habrían ocurrido en Ramos Mexía el día 21 de abril de 2015.
El Fiscal de Cámara, Andrés José Nelli solicitó ayer 11 años de prisión efectiva para un empleado policial al que atribuye haber abusado de su ex pareja, también empleada administrativa de la fuerza. El requerimiento fue efectuado en el marco de su alegato desarrollado en la audiencia que puso fin al juicio celebrado ante la Cámara Primera en lo Criminal de General Roca
Nelli solicitó además al Tribunal, que se proceda a la inmediata detención del imputado, conforme al monto de la pena prevista y ordenó que se dicte la prisión preventiva en razón del peligro de fuga. Al respecto, el Tribunal no hizo efectivo dicho pedido, haciendo expresa reserva ante la interposición del recurso de casación.
El representante del Ministerio Público Fiscal, consideró acreditados los distintos hechos atribuidos al imputado: violación de domicilio, lesiones leves agravadas por haber mantenido una relación de pareja no conviviente y por mediar violencia de género, coacción agravada por la utilización de un arma de fuego, abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, todos ellos en concurso real.
Los hechos habrían ocurrido en la localidad de Ramos Mexía el día 21 de abril de 2015. El imputado ingresó al domicilio de su ex pareja por la ventana «sin autorización presunta», sometió a la víctima «con el uso de la violencia y bajo amenaza de muerte», no sólo ejerció violencia sobre ella, mediante golpes de puño, sino que la obligó a tener relaciones sexuales, sin su consentimiento; luego de cometer el hecho, «cargó el arma reglamentaria y le apuntó sobre la cabeza». Esto último se desprende de la ampliación de la denuncia que realizó la víctima.
Durante los alegatos, el fiscal Nelli resaltó el informe de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITEL), dependiente de la Procuración General en el que se acreditan las llamadas entrantes y salientes de la línea telefónica de la víctima que corroboran que los llamados amenazantes provenían del imputado y que los mismas no fueron respondidos. Además valoró lo dicho por el Cuerpo Médico Forense, en el que se acreditan las lesiones de carácter leves de la víctima entre las que se destacan hematomas en la fosa nasal, brazo y antebrazo izquierdo, cara lateral y pómulo derecho, como en otras partes del cuerpo. Además consta como prueba fundamental el certificado médico expedido por el Consultorio de Salud Mental del Hospital de Sierra Colorada, que corrobora que la víctima fue atendida luego de lo acontecido.
En cuanto a las declaraciones de la víctima, el fiscal destacó que las mismas «no han incurrido en contradicciones o inconsistencias en sus elementos sustanciales» y que se corroboran con las demás pruebas incorporadas. Con respecto a las testimonios de los empleados policiales, el fiscal agregó que «dan por acreditado que el día del hecho el imputado se encontraba en servicio y que se había retirado de la Comisaría».
Por su parte, el defensor oficial, Miguel Salomón solicitó la absolución de culpa y cargo de su defendido y rechazó el pedido de prisión preventiva, solicitado por la Fiscalía. La Cámara Criminal Primera dará lectura de la sentencia el 6 de Septiembre al mediodía.
Judiciales
Se compró un container como casa y sufrió varios desperfectos que terminaron en una demanda
En invierno se filtraba mucho frío y en verano, era imposible estar dentro por las altas temperaturas. Además, la humedad deterioró las superficies y se obstruyeron caños que dejaron la vivienda sin agua caliente.
Promocionada en redes sociales como una solución moderna, sustentable y accesible, la vivienda se ofrecía con promesas de confort térmico, instalaciones completas y diseño funcional. El proyecto, difundido por Instagram, mostraba imágenes cuidadas de unidades construidas con containers marítimos reciclados, convertidas en hogares compactos listos para habitar.
Una de esas unidades fue vendida y entregada en Cervantes. La compradora pagó el valor total y recibió el módulo en el terreno acordado. En los papeles, se trataba de una pequeña casa con cocina-comedor, baño y dormitorio, equipada con servicios básicos y aislación térmica.
Pero la experiencia de uso fue muy distinta: en verano, las temperaturas interiores se volvieron insoportables; en invierno, el frío se filtraba por todas partes. La humedad, producto de la condensación, deterioraba las superficies. Los caños obstruidos, instalados sin criterio técnico, dejaron la vivienda sin agua caliente a pocos días de su uso.
La situación derivó en una demanda judicial por daños y perjuicios en el fuero civil de Roca. La compradora presentó pruebas documentales, fotografías, testimonios y conversaciones con el proveedor. El hombre no se presentó a contestar la demanda, fue declarado en rebeldía y la jueza interviniente tuvo por reconocida su responsabilidad.
Un informe técnico incorporado al expediente confirmó que la construcción no cumplía con ninguna normativa vigente en materia de aislamiento térmico. La aislación era insuficiente, mal colocada, sin barrera de vapor ni condiciones de confort mínimas. Se detalló que para hacerla habitable debía desmontarse gran parte de la estructura, reemplazar la aislación, rehacer muros, cielorrasos y pisos, y reacondicionar el sistema de agua.
El fallo acreditó el incumplimiento contractual, así como la violación a los deberes de trato digno e información previstos por la Ley N° 24.240. Se reconoció el derecho a una reparación integral, que incluye los costos de reconstrucción, los gastos ya afrontados, la necesidad de alojamiento alternativo durante las refacciones, y el daño moral provocado por la frustración del proyecto habitacional.
Judiciales
Separaron a un docente por presunto delito contra la integridad sexual
La denuncia fue realizada por la familia de la víctima. La Junta de Disciplina instruyó un sumario.
El Ministerio de Educación y Derechos Humanos separó a un docente de sus cargos tras una denuncia por presunto delito contra la integridad sexual, realizada por la familia de una estudiante de un establecimiento de San Antonio Oeste.
Tras recibir la misma, el equipo directivo de la institución llevó a cabo de manera inmediata la correspondiente denuncia en la Comisaría de la Familia de la localidad, a fin de que la Justicia pueda intervenir.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Educación, con sus equipos de intervención territorial y técnicos de apoyo, activó los dispositivos pedagógicos con la familia y la institución.
La ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, instruyó al Consejo Provincial de Educación y a la Junta de Disciplina Docente a que se realice una investigación dentro del sistema educativo y, a su vez, a ponerse a disposición de la Fiscalía que recibió la denuncia.
La secretaria de Educación, Ana Laura Giovanini y los equipos directivos, técnicos y supervisivos brindaron contención y acompañaron a la familia, poniendo todo el sistema educativo a disposición.
Por otro lado, el docente denunciado fue apartado de sus cargos y la Junta de Disciplina Docente instruyó el respectivo sumario.
Desde el Ministerio se informó a la Justicia sobre todo lo actuado hasta el momento y se continúa trabajando con acciones y acompañamiento con los diferentes equipos directivos de las instituciones y la comunidad educativa.
«Es prioridad para este Ministerio de Educación y para el Gobierno de Río Negro actuar en forma inmediata en estos casos, garantizando los derechos de las y los estudiantes y de la comunidad educativa, dando prioridad al resguardo y protección de los niños y niñas», destacó la ministra.
En ese sentido es muy importante tener en cuenta las legislaciones nacionales en cuanto a la reserva de la identidad. La Ley Nacional N° 26.061 en su Art. 22, prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar directa o indirectamente a niños, niñas y adolescentes, cuando constituyan injerencias arbitrarias en su vida privada o intimidad familiar.
Judiciales
Robos, hurtos y estafas, los delitos más comunes en Río Negro
Las estadísticas se desprenden de un informe del Poder Judicial de la Provincia sobre causas del 2024.
Durante 2024 ingresaron a las Oficinas Judiciales de toda la provincia de Río Negro un total de 6.942 legajos, lo que representa un incremento del 19% en comparación con el año anterior. De ese total, 6.189 causas fueron promovidas por el Ministerio Público ante la presunta comisión de algún delito.
Los delitos contra la propiedad fueron los más frecuentes, con 2.697 legajos, lo que representa el 43,59% del total promovido por el Ministerio Público. Esta categoría incluye hurtos, robos, estafas, daños materiales y otros hechos de similar naturaleza.
En segundo lugar se ubicaron los delitos contra la administración pública, con 933 legajos (14,75%). Comprenden atentado y resistencia a la autoridad, falsa denuncia, falso testimonio, encubrimiento y desobediencia a órdenes judiciales, entre ellas el incumplimiento de medidas cautelares por violencia de género.
Los delitos contra las personas generaron 829 causas (13,39%) e incluyen homicidios en todas sus formas, lesiones, abuso de armas y abandono de personas. Por su parte, los delitos contra la libertad sumaron 699 legajos (11,29%), entre ellos privaciones ilegítimas de la libertad, detenciones ilegales y violación de secretos.
También se contabilizaron 620 causas por delitos contra la integridad sexual (10,02%), como abusos sexuales con o sin acceso carnal, corrupción de menores, facilitación a la prostitución y exhibiciones obscenas.
El resto de los legajos registrados en 2024 corresponde a trámites de ejecución, exhortos y solicitudes administrativas (738 causas) y a querellas privadas (12 casos).
La información forma parte del relevamiento anual realizado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia.
