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Judiciales

Piden 11 años de prisión para efectivo policial que habría abusado sexualmente de su ex pareja

Los hechos habrían ocurrido en Ramos Mexía el día 21 de abril de 2015.

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El Fiscal de Cámara, Andrés José Nelli solicitó ayer 11 años de prisión efectiva para un empleado policial al que atribuye haber abusado de su ex pareja, también empleada administrativa de la fuerza. El requerimiento fue efectuado en el marco de su alegato desarrollado en la audiencia que puso fin al juicio celebrado ante la Cámara Primera en lo Criminal de General Roca

Nelli solicitó además al Tribunal, que se proceda a la inmediata detención del imputado, conforme al monto de la pena prevista y ordenó que se dicte la prisión preventiva en razón del peligro de fuga. Al respecto, el Tribunal no hizo efectivo dicho pedido, haciendo expresa reserva ante la interposición del recurso de casación.

El representante del Ministerio Público Fiscal, consideró acreditados los distintos hechos atribuidos al imputado: violación de domicilio, lesiones leves agravadas por haber mantenido una relación de pareja no conviviente y por mediar violencia de género, coacción agravada por la utilización de un arma de fuego, abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, todos ellos en concurso real.

Los hechos habrían ocurrido en la localidad de Ramos Mexía el día 21 de abril de 2015. El imputado ingresó al domicilio de su ex pareja por la ventana «sin autorización presunta», sometió a la víctima «con el uso de la violencia y bajo amenaza de muerte», no sólo ejerció violencia sobre ella, mediante golpes de puño, sino que la obligó a tener relaciones sexuales, sin su consentimiento; luego de cometer el hecho, «cargó el arma reglamentaria y le apuntó sobre la cabeza». Esto último se desprende de la ampliación de la denuncia que realizó la víctima.

Durante los alegatos, el fiscal Nelli resaltó el informe de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITEL), dependiente de la Procuración General en el que se acreditan las llamadas entrantes y salientes de la línea telefónica de la víctima que corroboran que los llamados amenazantes provenían del imputado y que los mismas no fueron respondidos. Además valoró lo dicho por el Cuerpo Médico Forense, en el que se acreditan las lesiones de carácter leves de la víctima entre las que se destacan hematomas en la fosa nasal, brazo y antebrazo izquierdo, cara lateral y pómulo derecho, como en otras partes del cuerpo. Además consta como prueba fundamental el certificado médico expedido por el Consultorio de Salud Mental del Hospital de Sierra Colorada, que corrobora que la víctima fue atendida luego de lo acontecido.

En cuanto a las declaraciones de la víctima, el fiscal destacó que las mismas «no han incurrido en contradicciones o inconsistencias en sus elementos sustanciales» y que se corroboran con las demás pruebas incorporadas. Con respecto a las testimonios de los empleados policiales, el fiscal agregó que «dan por acreditado que el día del hecho el imputado se encontraba en servicio y que se había retirado de la Comisaría».

Por su parte, el defensor oficial, Miguel Salomón solicitó la absolución de culpa y cargo de su defendido y rechazó el pedido de prisión preventiva, solicitado por la Fiscalía. La Cámara Criminal Primera dará lectura de la sentencia el 6 de Septiembre al mediodía.

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No siempre tiene prioridad quien circula por la derecha: Condenan a conductor que no respetó la señal de Pare

Un juez hizo lugar parcialmente a una demanda por daños y perjuicios presentada por una conductora que fue embestida en una intersección, pese a haber ingresado con prioridad de paso.

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Un fallo del fuero civil de Bariloche resolvió que la prioridad de paso cede cuando existe una señal clara que la contradice. Con ese criterio, un juez hizo lugar parcialmente a una demanda por daños y perjuicios presentada por una conductora que fue embestida en una intersección, pese a haber ingresado con prioridad de paso. La colisión ocurrió en una esquina señalizada con un cartel de Pare que el otro conductor no respetó.

El incidente ocurrió cuando un automóvil que circulaba por la calle Villegas, en sentido norte-sur, fue impactado en su lateral derecho por otro vehículo que se desplazaba por Tiscornia en sentido oeste-este. En dicha esquina existe señalización vial que impone la detención total para quienes transitan por Tiscornia.

La presencia del cartel fue confirmada por la Oficina de Tránsito de la Municipalidad y por una testigo que se encontraba justo detrás del vehículo embestido. La prueba pericial también coincidió en la mecánica del hecho, al ubicar el daño en la parte media del lateral derecho del rodado.

El juez interviniente aplicó el artículo 41 de la Ley Nacional de Tránsito, que establece que la prioridad de paso corresponde a quien circula por la derecha, salvo que una señal indique lo contrario. En este caso, la existencia del cartel de Pare desplazaba la regla general. El fallo recordó que dicha señal no permite interpretaciones: impone la detención absoluta del vehículo y no una simple reducción de velocidad.

A la conducta del conductor que no respetó la señal se sumó la falta de prueba sobre la existencia de algún factor externo o culpa de la víctima que pudiera haber interrumpido el nexo causal. En consecuencia, la sentencia lo declaró responsable como guardián del vehículo, y también incluyó en la condena a la titular registral por la responsabilidad concurrente prevista en el artículo 1758 del Código Civil y Comercial de la Nación.

El fallo incluyó los daños materiales comprobados y la privación de uso del vehículo. Se rechazaron los rubros por desvalorización, daño psicológico y daño moral por ausencia de pruebas suficientes. La aseguradora fue alcanzada por la condena conforme a los límites previstos en la póliza y dentro del marco legal aplicable.

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Un juez rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la ley de reiterancia: Un detenido por lesiones seguirá con prisión preventiva

El hecho ocurrió cuando una vecina denunció ruidos molestos y el acusado agredió a efectivos policiales.

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Un hombre de General Godoy que ya tenía una formulación de cargos firme y ahora fue imputado permanecerá en prisión preventiva durante dos meses. El caso toma relevancia porque se enmarcó en la Ley de Reiterancia y el juez debió resolver un planteo de inconstitucionalidad de la flamante ley.

En efecto, el hombre recibió una nueva formulación de cargos, en este caso por atentado y resistencia a la autoridad, evasión y lesiones agravadas contra un miembro de la fuerza de seguridad.

De esta manera, la Fiscalía planteó la prisión preventiva en el marco de la Ley de Reiterancia. La defensa pública, por su parte, consideró que la norma vulnera el principio de inocencia. Argumentó que la legislación se basa en la sospecha de que el imputado cometerá nuevos delitos.

El juez consideró que el planteo de inconstitucionalidad formulado por la defensa pública no estuvo acompañado por antecedentes claros ni concretos.

Al rechazar este planteo, el juez Pierroni explicó que en principio la reiterancia no equivale a castigar por delitos futuros, sino que evita un riesgo procesal concreto. Agregó que la prisión preventiva no anticipa una pena, sino que asegura el desarrollo del proceso.

El juez remarcó que la declaración de inconstitucionalidad representa un acto de máxima gravedad en el sistema judicial. Solo debe recurrirse a ella conforme a la doctrina del Superior Tribunal de Justicia y de la Corte Suprema, cuando no exista posibilidad de una solución adecuada.

La ley rionegrina considera que la acumulación de procesos penales, incluso sin condenas previas, puede indicar una mayor probabilidad de que el imputado evada la justicia o interfiera en el proceso.

El juez afirmó que en este caso existen datos objetivos que evidencian un patrón de conducta en el comportamiento del imputado. «Esa es la base de demostración directa de un riesgo concreto, real y actual, por parte de la Fiscalía, en el sentido de influir sobre los testigos para que se comporten de manera desleal o reticente al momento de declarar en juicio», indicó.

El hecho ocurrió cuando una vecina denunció ruidos molestos. La policía llegó al lugar y según la acusación fiscal se produjo una agresión contra los efectivos. Otras personas rodearon el móvil, lanzaron objetos y atacaron a los policías. Minutos después acudió un refuerzo de la Comisaría N° 35 de Huergo.

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Quisieron robar un auto a la madrugada y terminaron detenidos

La dueña escuchó ruidos extraños fuera de su domicilio y se comunicó con la Policía.

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Este mediodía (30/06), el Ministerio Público Fiscal formuló cargos a un hombre y a una mujer por un intento de robo ocurrido ayer (29/06) a la madrugada en General Roca. Además solicitó la prohibición de acercamiento a dos domicilios y a dos personas.

Según la acusación fiscal, «alrededor de las 7 de la mañana del domingo, la pareja aprovechó que la víctima había dejado su auto en la vía pública, y actuando con un plan en común, habrían violentado el tambor de la cerradura de la puerta del conductor».

«Luego, se subieron al vehículo pero no terminaron de concretar su accionar ya que una de las damnificadas abrió la ventana de su casa que daba a la calle, verificó las cámaras de seguridad y dio aviso al personal policial», explicó la fiscal del caso.

Los dos sospechosos fueron reducidos por el personal de la Comisaría 3°, que tomó intervención en el hecho.

Forman parte del sustento probatorio de esta imputación el acta de procedimiento policial, la denuncia penal, las entrevistas, informes del Gabinete de Criminalística, el análisis de las cámaras de seguridad.

La Fiscalía solicitó además de la imputación, que ambos se abstengan de acercarse a las víctimas, como a dos domicilios.

Por su parte, el defensor público que asistió tanto a la mujer como al hombre no se opuso a la formulación de cargos como tampoco a la medida cautelar.

De esta manera, y tras escuchar a ambas personas imputadas, la jueza de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos por el delito de «tentativa de robo de vehículo dejado en la vía pública y amenazas», imputados por ser co-autores, y ordenó la prohibición de acercamiento.

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