Judiciales
«Somos una provincia exitosa en métodos alternativos de resolución de conflictos»
Liliana Piccinini, presidenta del Superior Tribunal de Justicia, destacó el informe de la Corte de Suprema que resalta a Río Negro como una de las provincias con más mecanismos de acceso a la Justicia.
El Poder Judicial de Río Negro mantuvo hoy su reunión anual de áreas coordinadas, en procura de debatir nuevas herramientas de gestión para mejorar los mecanismos de acceso a justicia con que se cuentan en Río Negro. La apertura estuvo a cargo de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini, quien destacó que “somos una provincia exitosa en métodos alternativos de resolución de conflictos” pero instó a “no quedarse solo con ese orgullo de ser” e instó a “aggiornarse, autoanalizarse y buscar siempre la mejora continua”.
Además de la presidenta del STJ, estuvieron presentes el vocal del Superior Tribunal y presidente de la Escuela de Capacitación, Enrique Mansilla, la Secretaria de Superintendencia, Silvana Mucci, la titular de la Direccion de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (DIMARC), Norah Aguirre, el Secretario de la Escuela de Capacitación Judicial, Alejandro Coleffi, el responsable del Área de Mediación institucional, Francisco D´Angelo, y Alfredo Bozzetti, Coordinador de Desarrollo Organizacional, junto a más de 25 funcionarios y operadores de las distintas áreas.
Durante toda la jornada se compartieron las experiencias en cada una de las jurisdicciones de la provincia, a través de tres comisiones de trabajo, para luego arribar a conclusiones sobre como continuar mejorando el servicio de acceso a justicia.
La jueza Liliana Piccinini destacó que la reunión permite “compartir experiencias”, pero agregó que “para este año tenemos algo más, que parte del Plan Estratégico Consensuado del Superior Tribunal de Justicia. Cuando presentamos el plan, expuse que lo que nos habíamos propuesto los jueces del Superior Tribunal es avanzar en las políticas institucionales, rescatando aquellas políticas institucionales de gestión que hayan sido exitosas y que hayan sido cabal muestra de acceso a justicia”.
“Me refería a los Centros Judiciales de Mediación, a las Casas de Justicia, a las Oficinas de Atención al Ciudadano. Todas nacieron con muchas ideas, pero con pocos elementos y , en rigor a la verdad, se llevaron adelante y fueron exitosas gracias a la voluntad de ustedes. Entonces, ahora, creo que después de poder anunciar donde vamos y ante quien nos quiera escuchar que somos una provincia exitosa en los métodos alterativos de resolución de conflictos, que somos una provincia que ha implementado el primer sistema multipuertas, en El Bolsón”, destacó la presidenta del STJ.
Luego, agregó que “cuando decimos que tenemos Oficinas de Atención al Ciudadano que practican diariamente las derivaciones responsables y que dan respuesta continua al justiciable, lo decimos con convicción. Pero también como todo en cualquier aspecto de la vida del ser humano y también de las instituciones, es necesario que uno lo aggiorne, lo alimente y vaya mejorando; porque uno tiene que tender siempre a la mejora continua del trabajo y de cómo se gestiona el trabajo”.
“El Poder Judicial brinda un servicio público. Y como todo servicio, tiene que ir modernizándose, aggiornándose, autoanalizándose, autocriticándose, y aportar cada uno de nosotros todo aquello que veamos que puede contribuir al mejoramiento de esa gestión. No nos quedemos únicamente con el orgullo de ser, porque eso es lo peor que nos puede pasar, nos estancamos”, finalizó la presidenta del Superior Tribunal.
Río Negro fue destacada por el informe de la Corte Suprema de Justicia sobre mecanismos de acceso a justicia, porque es la provincia que cuenta con más sistemas en todo el país, junto a Córdoba.
Judiciales
Revocaron la condena condicional y Rubén Muñoz seguirá preso
El Tribunal desestimó los planteos de la defensa y avaló la decisión del juez de Ejecución.
En una audiencia de revisión, el Tribunal resolvió por unanimidad confirmar la revocación de la condena condicional de carácter suspensivo de Rubén Muñoz. En consecuencia, dispuso que continúe cumpliendo su pena de manera efectiva en prisión.
El juez de Ejecución, Fernando Romera, había adoptado esa decisión tras verificar un «nuevo incumplimiento de las pautas de conducta fijadas en la sentencia».
El defensor Eduardo Carrera expresó sus agravios y consideró que la medida resultó arbitraria y desproporcionada. También cuestionó la prueba aportada. Sin embargo, la fiscal Susana Carrasco argumentó que Muñoz posee un amplio conocimiento de las pautas que debía cumplir, por lo que el pedido de cumplimiento efectivo de la pena se ajusta a derecho.
Durante la audiencia, la fiscal mencionó que «no estamos frente a un ciudadano que realiza un simple reclamo. Muñoz está condenado por amenazas. Las reglas fueron claras y las aceptaron la defensa y el condenado. Estas reglas que debía cumplir constituían condiciones de su libertad».
Entre esas condiciones figuraban restricciones vinculadas con el contacto y la proximidad respecto del actual ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, Daniel Jara, víctima en uno de los expedientes. La resolución judicial estableció una prohibición expresa de acercamiento, hostigamiento o comunicación por cualquier medio con esa persona. Las pautas formaban parte de los puntos segundo y tercero de la sentencia que reguló la ejecución condicional de la pena.
El Tribunal, luego de un cuarto intermedio, consideró que los agravios no resultaron suficientes para conmover la decisión del juez de Ejecución respecto de la sentencia del 9 de marzo pasado. Los jueces rechazaron los argumentos de la defensa y descartaron que la decisión del juez Romera fuese arbitraria.
«La decisión es razonada, aparece como lógica y está debidamente fundada. Tiene respaldo en los hechos y en el derecho», expresó el Tribunal, integrado por los jueces Gastón Martín, Sandro Garrido y Alejandro Pellizon.
También descartaron que la decisión resulte desproporcionada o carente de pruebas. En ese sentido, señalaron que el video exhibido constituye prueba suficiente para la revocación.
Judiciales
Intento de robo frustrado: Declararon culpables a tres acusados en Roca
El hecho ocurrió en octubre de 2024 y gracias a la rápida intervención policial y el aporte de vecinos, los sujetos terminaron detenidos.
La Justicia de General Roca declaró la responsabilidad penal de tres hombres por una tentativa de robo en lugar poblado y en banda, agravado por escalamiento y por la intervención de un menor de 18 años, en un hecho ocurrido en octubre de 2024.
Durante el juicio, el Tribunal Colegiado consideró acreditado que los imputados forzaron el portón de una vivienda con intenciones de robo, aunque no lograron concretar el delito debido a la rápida intervención del personal policial.
En su resolución, los jueces destacaron que «el accionar policial permitió aprehender rápidamente a los imputados», y subrayaron además el rol clave de los vecinos, cuya atención y colaboración resultaron fundamentales para el esclarecimiento del hecho.
Por otra parte, dos de los acusados fueron absueltos por los delitos de encubrimiento y sustitución de chapa patente, cargos que no pudieron ser probados durante el debate.
Actualmente, los tres hombres permanecen detenidos con prisión preventiva en el Establecimiento Penal N° 2, mientras avanza otro legajo en el que se investiga una presunta asociación ilícita.
Judiciales
Una historia detrás de un cambio de apellido: cuando la identidad pesa más que el origen
El adolescente aclaró que su intención concreta consistía en llevar el apellido de su padre afín.
Un adolescente recurrió al Poder Judicial porque cargaba con un peso invisible: su apellido. Para él, ese nombre en su documento era solo un recordatorio de una ausencia total, lo que le provocaba rechazo y vergüenza.
En la escuela y con sus amigos, todos lo conocen por otro apellido: el de la persona que lo cuidó y lo sostuvo desde que tenía un año y medio. El padre de crianza ocupó el lugar que el progenitor dejó vacío por desinterés.
Aunque su madre ya no es pareja de ese hombre, el vínculo entre ellos permaneció intacto. Él lo acompaña a los actos escolares, lo apoya económicamente y comparte con él vacaciones y festejos familiares.
El fuero de Familia de Villa Regina hizo lugar a la acción iniciada por el adolescente y ordenó la supresión del apellido paterno. También dispuso la rectificación de la partida de nacimiento para que el joven lleve el apellido del hombre que lo crio. Además, ordenó comunicar la decisión al Registro Civil para modificar el acta correspondiente y emitir un nuevo documento nacional de identidad.
Ante una consulta del Juzgado, el adolescente aclaró que su intención concreta consistía en llevar el apellido de su padre afín. Durante el proceso intervino la Defensoría de Menores y se produjo prueba documental, testimonial y pericial psicológica. También se realizaron notificaciones al progenitor biológico, quien no se presentó en ningún momento. La fiscalía y el Registro Civil emitieron dictámenes favorables a la petición.
Los testigos coincidieron en que el joven no se identifica con el apellido paterno y reconoce como padre a quien lo acompañó en su crianza, con quien mantiene una relación cercana. También señalaron que, en ámbitos sociales, escolares y en redes, el adolescente ya utiliza ese apellido.
El fallo recordó que el derecho a la identidad incluye elementos como el nombre, la filiación y la pertenencia social y familiar. El Código Civil y Comercial permite modificar el nombre cuando existen justos motivos, lo que habilita valorar la dimensión dinámica de la identidad personal. En ese marco, la jueza consideró que el abandono del progenitor biológico y la consolidación de un vínculo socioafectivo con el padre de crianza constituyen razones suficientes para apartarse del principio de inmutabilidad del nombre.
También destacó la importancia del interés superior del adolescente y su derecho a ser escuchado. En la audiencia realizada durante el proceso, el joven reafirmó su decisión y explicó que reflexiona sobre el cambio de apellido desde hace años.
A partir de la prueba reunida, el Juzgado concluyó que el uso del apellido paterno genera una afectación en la identidad personal del adolescente y que la modificación solicitada refleja la realidad de sus vínculos familiares y sociales.
