Una decena de trabajadores y trabajadores de una tienda de electrodomésticos que cerró en Cipolletti obtuvieron fallos favorables luego de la intempestiva desvinculación. Las empresas condenadas son Saturno Hogar y Lucaioli, cuya quiebra tramita en un juzgado de Bahía Blanca. La Cámara Laboral sostuvo que las firmas no probaron los despidos, tal como lo determina el procedimiento previsto en la ley.

El grupo de personas que interpuso la demanda reclamó las indemnizaciones por antigüedad, por falta de preaviso, la integración del mes de despido y la liquidación final. Sostuvieron que la firma empleadora prescindió de sus servicios por «falta de trabajo no imputable a la empresa, dificultades económicas y financieras imposibles de superar». Algunos de los trabajadores y trabajadores tenían más de 10 años de antigüedad.

En julio de este año, los abogados de la Sindicatura presentaron un escrito y adjuntaron el decreto de quiebra de ambas empresas demandadas. Ese proceso se tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de Bahía Blanca.

El fallo laboral de Cipolletti que condenó a las empresas a indemnizar a los trabajadores advirtió que las firmas demandadas no produjeron ninguna prueba para justificar los despidos. «Ciertamente no ha acreditado la falta de trabajo esgrimida, ni la caída de stock y ventas referidas, ni la reestructuración de deuda aludida, ni la posibilidad legal de evitar el procedimiento preventivo de crisis. Tampoco acreditó que los trabajadores hayan sido los empleados más recientes, ni que otros trabajadores no hubieren ingresado con posterioridad a su contratación», surge de la sentencia.

El Tribunal consideró las indemnizaciones por despido, liquidación final y un recargo indemnizatorio por obligar a las y los empleados a iniciar acciones legales para reclamar su derecho. También aplicó intereses hasta el momento en que se concrete el pago. Con esta resolución, los créditos de grupo de personas despedidas tienen prioridad en el trámite de la quiebra.

Un mayorista de Neuquén condenado por una oferta engañosa de huevos de Pascua en Semana Santa intentó revertir la sanción. Sin embargo en la apelación confirmaron la resolución del Juzgado de Paz de Cipolletti: si la multa es insignificante no produce efectos, se advirtió en el fallo.

La consumidora de Cipolletti ejerció sus derechos, aún cuando la diferencia fue de $260. En la previa de la Semana Santa, la mujer compró cuatro huevos de Pascua en una oferta de 2×1. Cuando fue a pagar, el cajero del mayorista Vital de Neuquén le cobró otro precio y le explicó que la promoción era para productos iguales, cuestión que no estaba aclarada. Recién le devolvieron la diferencia después de ese feriado largo.

En un reclamo por menor cuantía ante el Juzgado de Paz de Cipolletti la clienta consiguió una condena para el supermercado. Se consideró en esa sentencia que la información de la oferta fue insuficiente y poco clara y que esas condiciones no se ajustaron a la ley de Defensa del Consumidor. Se le aplicó en esa instancia una multa civil al mayorista.

El supermercado apeló la sanción por considerarla irrazonable. Pero una jueza del fuero Civil de Cipolletti revisó las actuaciones y confirmó la primera decisión. Valoró que el daño punitivo, que es la multa civil, proviene del derecho anglosajón y que varios fallos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) se han expedido respecto a esta cuestión. Incluso citó uno que constituye doctrina legal. Allí se menciona la fórmula de aplicación para no incurrir en discrecionalidades.

«Una multa de escaso valor para grandes empresas multinacionales no alcanza a generar un cambio en la conducta contumaz y desaprensiva para el consumidor, sino que lo único que consigue es que la corporación pague y siga actuando de idéntica manera», estimó la jueza de Cipolletti.

También se explicó que el daño punitivo tiende a ser ejemplificador para evitar que otros proveedores incurran en similares incumplimientos. Y que el objetivo de la sanción es impedir que se siga vendiendo u ofreciendo un producto o servicio que genere perjuicios «estimando que resulta más económico repararlo que prevenirlo», se explicó.

Este mediodía (30/11) la Fiscalía solicitó que Kevin López, de 26 años, sea declarado culpable por homicidio culposo triplemente agravado cuya víctima fatal fue Florencia Moreno.

En los alegatos de clausura, la fiscal del caso subrayó que «si el imputado hubiera hecho caso a los pedidos de las demás personas que estaban en el auto, hoy no estaríamos acá y tampoco habría una joven fallecida. Es fundamental dejar aclarado que la historia de este desgraciado hecho comenzó cuando el conductor se puso al mando de un auto estando inhabilitado para hacerlo, ya que tenía una multa del Juzgado de Faltas municipal, cuando se verificó que en un control de alcoholemia, anterior al hecho, había resultado positivo. Además, la noche del 24 de octubre de 2021 consumió bebidas alcohólicas».

«Por los efectos nocivos del alcohol, el muchacho se creyó invencible, aceleró y no pudo controlar el vehículo, y el resultado es el que todos conocemos. Esta Fiscalía se pregunta ¿Florencia hubiera fallecido si el imputado no manejaba sabiendo que no debía hacerlo?, todas esas actitudes nos demuestran una clara desaprensión a las leyes y a la vida ajena», agregó la representante fiscal.

La calificación legal por la cual la Fiscalía y la querella solicitaron la responsabilidad penal del hombre es la de homicidio culposo triplemente agravado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, con un nivel de alcoholemia superior a 1 gramo por litro de sangre, circulando a una velocidad superior a la permitida y estando inhabilitado para conducir por autoridad competente, en concurso ideal con lesiones leves reiteradas -dos víctimas-, según los Artículos 45, 84 bis segundo párrafo, 89 en función del 94 primer párrafo y 54 todos del Código Penal. en función de los art. 39 inc. b, 48 inc a y 51 inc a punto 1 de la Ley de Tránsito 24449.

El juicio oral y público se llevó adelante durante tres jornadas, donde se escuchó a las víctimas que también se movilizaban en el vehículo involucrado, al personal policial que intervino inmediatamente luego de ocurrido, también mencionaron a los Bomberos y al personal de salud pública del Hospital local que trasladaron a las víctimas al nosocomio. Además declararon testigos de actuación, el inspector municipal que realizó el control de alcoholemia, que tenía conocimiento que el conductor estaba inhabilitado para manejar. También lo hicieron las peritos especialistas, tanto las aportadas por la acusación como las de la defensa particular.

En el día de hoy, el imputado, asistido por sus abogados de confianza, declaró y respondió preguntas de las otras partes.

Por su parte, la defensa particular sostuvo en sus alegatos que «este accidente es distinto a los demás, hay condiciones que la propia víctima asumió y de alguna manera, para esta parte, asumió el riesgo de que podían llegar a tener un accidente en esas condiciones». Solicitaron al Tribunal que no se lo declare responsable.

El Tribunal de Juicio interviniente dará a conocer su veredicto el próximo martes 5 de diciembre a las 11 de la mañana.