Judiciales
Condenan a un sargento de Los Menucos por abusos sexual y lesiones con violencia de género
Los hechos se remontan a abril del año pasado. El imputado llegó a juicio en libertad y actualmente cumple funciones en la Comisaría N° 18 de Los Menucos.
Los jueces de la Cámara Criminal Primera de Roca, por unanimidad, condenaron a un sargento de la Policía de Río Negro a 5 años de prisión efectiva por los delitos de «violación de domicilio, lesiones leves calificadas, abuso sexual simple y coacción calificada por el uso de arma, todos en concurso real». La víctima fue una empleada civil de la Policía que había mantenido una relación de pareja con el acusado.
Los jueces Emilio Stadler (voto rector), Daniel Tobares y Alejandro Pellizzon coincidieron en que «la violencia de género ha teñido todo el accionar desplegado por el prevenido, aprovechándose de la mayor vulnerabilidad de la víctima, por tal condición, y por tratarse -además- de una subalterna de la misma repartición policial».
El imputado llegó a juicio en libertad y actualmente cumple funciones en Los Menucos. Los hechos investigados ocurrieron en otra localidad de la Línea Sur en abril de 2015, en el domicilio de la víctima.
Según sostuvo en el juicio el Fiscal de Cámara Andrés José Nelli, el acusado ingresó por una ventana e «intentó ahorcar» a la mujer «mientras le reclamaba por no atender sus llamados telefónicos». A eso siguieron «cachetadas, patadas y golpes de puño», en el marco de una agresión sexual que fue resistida por la víctima. En su declaración la mujer recordó amenazas con frases como «que no debía estar con nadie más, que la haría mierda y que de no estar con él, no estaría con nadie, porque siempre iba a ser suya». La acusación también indicó que al momento del ataque el hombre «se encontraba uniformado y en horario de servicio» y que en un momento «cargó el arma reglamentaria y le apuntó a la cabeza», reteniéndola cuando la víctima intentó escapar.
En su alegato final, el Fiscal de Cámara solicitó una pena de 11 años de prisión, pues agregó a la acusación original una ampliación de denuncia por «abuso sexual con acceso carnal» que formuló la mujer durante su declaración testimonial en el juicio oral.
A su turno, el Defensor Oficial Miguel Salomón solicitó la absolución por el beneficio de la duda, mientras que el acusado, en su indagatoria, negó los cargos y sostuvo que la mujer «se puede haber autolesionado».
El Tribunal valoró, entre otras pruebas, las certificaciones médicas, el informe de la Oficina de Atención a la Víctima y los informes de OITEL sobre las llamadas ingresantes al celular de la víctima en la madrugada del hecho, así como los testimonios recibidas a lo largo de las tres audiencias que tuvo el juicio. Toda la prueba complementó el relato de la víctima, otorgándole «credibilidad, no existiendo ninguna razón atendible que lleve a dudar acerca de la veracidad de sus manifestaciones», indicó el fallo.
En primer término la Cámara tuvo por acreditados los delitos de violación de domicilio, lesiones y la coacción con armas, esta última «configurada en la multiplicidad de acciones desarrolladas por C. desde y hasta que se retiró del domicilio de la víctima», lapso en el que «subyace la clara voluntad de producir intimidación, control y superioridad sobre la víctima; la intención de doblegar su voluntad, cosificándola, poniéndola a su merced».
También valoró que tras el hecho el uniformado se presentó «en la Unidad para retomar sus labores, como si nada hubiese ocurrido», lo cual «es una muestra evidente del grado de impunidad con el que se manejaba en ese pequeño pueblo, por su calidad funcional».
En cuanto al abuso sexual sin acceso carnal, el Tribunal lo tuvo por probado «tal como reiteradamente declaró la víctima en todas las oportunidades que tuvo». Sin embargo no pudo dar por acreditado el acceso carnal mencionado por la mujer, por primera vez, en el juicio oral. Los jueces sostuvieron que más allá del «convencimiento personal» sobre la verosimilitud de su declaración, la misma no cuenta con otras evidencias que la sostengan. En ese punto, señalaron que una denuncia oportuna «hubiese permitido (…) adoptar las medidas necesarias para preservar la prueba» mediante exámenes médicos y pericias.
El Tribunal no dispuso la prisión preventiva por no estar presentes los peligros procesales de fuga y entorpecimiento del accionar judicial, pero ordenó una serie de pautas de conducta al imputado entre las cuales está la prohibición de ausentarse sin autorización judicial por un lapso mayor a 24 horas de su lugar de trabajo y/o de su domicilio real, bajo apercibimiento de ordenarse su inmediata detención.
Judiciales
Se divorciaron y acordaron una compensación por la desigualdad económica de la mujer
La mujer percibía menos de la mitad de los ingresos de su ex cónyuge, situación que fue considerada al momento de fijar la compensación.
Después de poco más de 3 años de matrimonio, un hombre y una mujer decidieron poner fin a su vínculo. Ambos coincidieron en que la mejor manera de cerrar esta etapa era llegar a un acuerdo consensuado que evitara conflictos y permitiera una separación ordenada.
La pareja contrajo matrimonio en febrero de 2023 en el Alto Valle y contaba con bienes en común que requerían una distribución equitativa, incluyendo muebles del hogar y un automóvil financiado parcialmente.
El acuerdo presentado al fuero de Familia incluyó una compensación económica a favor de la mujer, considerando la marcada diferencia de ingresos entre ambos. Ella percibe menos de la mitad del salario de su cónyuge.
La compensación se estableció en una cuota única, a pagarse a 30 días. La suma busca equilibrar la situación financiera de la mujer tras la disolución del matrimonio. La decisión de las partes se basa en el artículo 441 del Código Civil y Comercial, que permite fijar retribuciones económicas para el cónyuge en desventaja, teniendo en cuenta su situación personal, laboral y económica.
Esta figura busca morigerar los desequilibrios económicos entre los cónyuges o convivientes inmediatamente después de finalizada la relación, cuando el origen de esos desequilibrios proviene del cese de la vida común.
El desequilibrio se evidencia en la capacidad económica o en las posibilidades de acceso a ingresos que tendrán uno y otro después de la separación, y pretende que la brecha existente no sea injustificadamente amplia.
La ley otorga al juez una serie de lineamientos para determinar si corresponde otorgar la compensación, su valor y la forma de pago.
En el divorcio, el reconocimiento del derecho a una compensación económica, así como la forma y el monto del crédito, puede establecerse conjuntamente en el convenio regulador que los cónyuges presenten al juez.
Cada cónyuge puede, al iniciar el proceso de divorcio, acompañar su propuesta para el convenio regulador y solicitar el reconocimiento de este derecho. La propuesta se pone en conocimiento del magistrado, quien procura acercar a las partes en la audiencia prevista por la ley.
En este caso, el hombre y la mujer también acordaron la división de los bienes muebles. Respecto del automóvil del matrimonio, la titularidad quedó a nombre del hombre, quien asumirá la deuda pendiente del financiamiento. La mujer no percibirá la parte correspondiente a las cuotas ya abonadas.
El trámite judicial fue ágil, ya que ambos cumplieron rápidamente con todos los requisitos formales, como la presentación del acta de matrimonio.
Esto permitió que la jueza dictara sentencia homologando el acuerdo y validando tanto la compensación económica como la distribución de bienes y la titularidad del automóvil, sin necesidad de audiencias extensas ni pruebas adicionales.
La sentencia también se notificó al Registro Civil para que constara la disolución del vínculo matrimonial y se realizara la correspondiente anotación.
Judiciales
La Fiscalía pide imputar a Cajarabilla y su socia por múltiples hechos de estafa en operaciones de vehículos
Según la acusación, los imputados habrían recibido dinero y autos de distintas víctimas sin cumplir con los acuerdos pactados, generando importantes perjuicios económicos.
El Ministerio Público Fiscal solicitó que se tengan por formulados los cargos de 14 legajos fiscales que se llevan contra José Cajarabilla y una mujer por delitos de estafa y defraudación por retención indebida en hechos vinculados a la venta, permuta o compra de autos.
Según la acusación fiscal, «entre el 22 de febrero de 2025 y el 21 de enero de este año, los imputados – en carácter de copropietarios de un local dedicado a la compra, venta y permuta de vehículos – a través de diversas maniobras defraudatorias habrían logrado que las víctimas realicen pagos o entregaran vehículos a favor de los imputados. Esto les provocó a las personas que confiaron en el hombre y la mujer, un perjuicio económico», explicó la fiscal a cargo de la investigación.
La calificación legal por la cual se solicitó este mediodía que se tengan por imputados los cargos es la de defraudación por retención indebida y estafa, debiendo responder en calidad de coautores según los Artículos 173 inc. 2º, 172 y 45 del Código Penal.
Entre el sustento probatorio que sostiene la acusación de los 14 legajos fiscales se encuentran: las denuncias fiscales de más de 14 damnificados, informes de dominios de vehículos, boletos de compra-venta, entrevistas en la Fiscalía N°4 a las víctimas, pólizas de seguro de autos, copia de transferencias bancarias, copia de contrato de locación de un local comercial donde funcionaba como gestoría del automotor.
Además el allanamiento con resultado positivo realizado en calle Rodhe al 400 de General Roca, donde reside uno de los imputados, y donde se secuestró un vehículo Mercedes Benz; se agrega el informe del ARCA respecto de la facturación y de COELSA respecto de cuantas bancarias y billeteras virtuales.
La Fiscalía mencionó también el informe técnico contable concretado por los especialistas del Departamento de Contaduría Forense y también la intervención de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OiTel), ambos organismos dependientes del Ministerio Público.
Las querellas que se han constituido en los legajos mencionados adhirieron a la solicitud fiscal, mientras que la defensa particular del imputado solicitó que no se tuvieran por formulados los cargos.
Ambos imputados, la señora conectada a través de la plataforma Zoom y el hombre presente en audiencia, hicieron uso de la palabra y dijeron que buscan resolver la situación mientras la empresa continúa funcionando.
Pese a la insistencia de la defensa y de los imputados, la Fiscalía solicitó que se tengan por formulados los cargos.
El juez de Garantías interviniente comunicará su resolución el próximo viernes 5 de junio en los Tribunales roquenses.
Judiciales
Un corte de luz dañó los motores de una gomería de Roca: El fallo judicial responsabiliza a EdERSA
Un golpe de tensión quemó dos motores trifásicos, esenciales para el funcionamiento del comercio.
Un golpe de tensión interrumpió la rutina de una gomería de Roca. Dos motores trifásicos, esenciales para el funcionamiento del negocio, se quemaron, dejando paralizada la actividad del comercio. Al intentar contactar a la empresa proveedora de energía, los usuarios del servicio no obtuvieron respuestas.
Ante la falta de soluciones, los afectados iniciaron un reclamo formal y solicitaron una mediación. La empresa EdERSA retiró los motores para su evaluación técnica, pero, según indicaron, nunca los reintegró de manera adecuada. La incertidumbre y la paralización del negocio provocaron un perjuicio económico y emocional para los dueños de la gomería.
El fuero Civil de Roca reconoció la responsabilidad objetiva de EdERSA por los daños ocasionados. La empresa deberá abonar una indemnización por los motores dañados y los perjuicios ocasionado.
La firma negó responsabilidad directa. Sostuvo que no tuvo culpa en la rotura de los motores y que los dueños no respetaron los plazos administrativos previstos por el procedimiento aprobado por el EPRE. Señalaron que el usuario inició la mediación antes de que la empresa pudiera realizar las evaluaciones técnicas correspondientes.
También indicaron que ofrecieron reparar los artefactos y reponerlos, pero la propuesta fue rechazada. Además, señalaron que la instalación eléctrica interna de la gomería carecía de elementos de protección y que estas deficiencias no tuvieron relación con la rotura de los motores.
La sentencia rechazó la aplicación de daños punitivos contra la empresa, considerando que no hubo gravedad ni intención de menoscabar los derechos del consumidor.
Finalmente, el fallo consideró que el servicio debía prestarse en condiciones de seguridad y que las fallas previsibles eran atribuibles al proveedor.
Los argumentos del magistrado se centraron en la protección del consumidor, que obliga al proveedor a brindar información adecuada, veraz y detallada sobre los bienes o servicios y a responder los reclamos.
La Ley de Defensa del Consumidor establece que el incumplimiento genera responsabilidad y regula la responsabilidad por servicios riesgosos o viciosos. Además, el fallo se enfocó en la responsabilidad civil, citando normas constitucionales, leyes especiales y el Código Civil y Comercial de la Nación.
Durante el trámite judicial, se realizó una pericia eléctrica sobre los motores y la instalación interna. Esta determinó que los motores estaban en poder del usuario y que se encontraban quemados por problemas de baja tensión en la alimentación eléctrica.
Se agregó un informe del EPRE sobre responsabilidades del usuario. Este sirvió de referencia en la sentencia para determinar que los daños a los motores fueron imputables a un incumplimiento parcial del proveedor y que ciertos elementos faltantes en la instalación interna no generaron relación causal con el daño.
Así, el juez concluyó que el daño a los bienes de los dueños de la gomería fue causado por un déficit en la prestación del servicio de electricidad. El suministro no fue apto para la actividad, activándose la responsabilidad emergente.
