Sociedad
Soria propone promover la reducción y reutilización de envases para cuidar el ambiente
Apunta a promover el compromiso de los productores, consumidores y usuarios con la gestión integral de los envases y los residuos de envases.
La Diputada Nacional del Frente para la Victoria, María Emilia Soria, presentó un proyecto de ley para establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de envases y residuos de envases. Esta iniciativa busca prevenir y minimizar el impacto que ocasionan sobre el ambiente los residuos de envases; reducir la cantidad de envases que se ponen en el mercado que no sean reutilizables o reciclables; y priorizar la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de los residuos de envases.
El proyecto también apunta a promover el compromiso de los productores, consumidores y usuarios con la gestión integral de los envases y los residuos de envases.
«El objetivo es aportar una herramienta para paliar la grave situación actual que atraviesa nuestro país en temas de generación de Residuos sólidos Urbanos (RSU). Actualmente se generan en promedio, por persona y por día, unos 0,910 gramos de residuos sólidos urbanos (en Capital Federal 1,52 kg). Al año totalizan 12.325 toneladas de residuos generados. De esa cantidad un 50% son residuos orgánicos, mientras que el 50% restante son residuos que pueden ser casi en su totalidad reciclables (vidrio, papel, cartón, metales, plásticos, etc.) y la mayoría de ellos se encuentran en alguna forma y/o modalidad de envase o genera residuos de envases. Si se logra tratar ese 50% de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), sería posible reducir la cifra de casi un kilo generado por persona y por día, llegando a generar solo ½ kilo de RSU por día en su totalidad orgánico», detalla Soria en el proyecto.
«Lamentablemente, hoy la gestión inadecuada de los RSU conlleva a contaminación de los suelos y las aguas, incendios provocados por la acción de sol sobre los residuo, emisión de gases de efecto invernadero, de otros gases y de material particulado a la atmósfera, ocupación no controlada del territorio, impacto negativo sobre el paisaje y los recursos naturales, creación de focos infecciosos, proliferación de plagas y vectores de enfermedades (roedores e insectos), generación de malos olores, sensación de abandono y suciedad, etc. Además, hay consecuencias indirectas, como la sobre explotación de recursos naturales no renovables y pérdida de especies de flora y fauna. Los problemas que conlleva la gestión inadecuada de RSU son graves y merecen de parte del Estado una solución urgente, integral, uniforme y práctica», expresó la Diputada.
La problemática de los envases está dada por el aumento considerable de la generación de este tipo de residuos, y por la conveniencia comercial de las empresas de fraccionar sus productos en envases desechables. Sobre este punto Soria explicó que «los envases responden a diferentes necesidades, ya sea de ergonomía, hábitos de consumo, publicidad e imagen corporativa y tienden a ser fabricados por el menor costo. Pero claro, si no existe un incentivo o una legislación específica que obligue a los productores a considerar, o al menos evaluar, el impacto ambiental que generan los envases que introducen a los mercados, éstos eligen fabricarlos al menor precio o con materiales nocivos o no reciclables».
Asimismo, Soria agregó que «además es importante legislar sobre la información que se les proporciona a los consumidores, muchos creen comprar envases reciclables que terminan en rellenos sanitarios. Esto es así porque los envases suelen tener un símbolo que los identifica como “reciclables”, pero si no se le suma un trabajo de gestión a ese residuo, terminan igual que el resto de los residuos en un basural. Por eso también es necesario informar y concientizar al consumidor sobre el impacto ambiental de los envases».
En este contexto, el proyecto de la Diputada Soria aporta una Ley nacional, uniforme y de acuerdo a lo que ordena el art. 41 de la Constitución Nacional (derecho a un ambiente sano y rol del Estado nacional en la disposición de normas que contengan presupuestos mínimos de protección).
El punto clave del proyecto de Presupuestos Mínimos para la Gestión de Envases es el principio de la “Responsabilidad E xtendida del Productor” (REP), es decir que el productor debe ser responsable por el producto que ingresa al mercado, desde su introducción hasta la finalización de la vida útil del mismo. Se busca que el productor no se desentienda del envase durante todo su ciclo útil, incluso que tenga la posibilidad de recuperarlo para reutilizarlo o reciclarlo. Por ello, se crearán incentivos individuales y se premiará financieramente a aquellos productores que utilicen materiales y diseños de sus productos reutilizables, fácilmente reciclables y que inviertan en la eliminación de sustancias tóxicas.
Roca
Roca puso en marcha una obra clave: Comenzó el conector vial de calle Güemes
Se intervendrá el tramo entre Jujuy y Mendoza con mejoras integrales.
Con el objetivo de mejorar la circulación y la conectividad urbana, el Municipio de General Roca comenzó la ejecución de una nueva obra vial sobre calle Güemes.
Se trata del conector vial Gral. M.M. Güemes, que abarca el tramo comprendido entre las calles Jujuy y Mendoza. El proyecto contempla pavimentación, construcción de cordón cuneta y badenes, además de la incorporación de estacionamientos a 45° y señalización horizontal.
Asimismo, se realizarán obras complementarias como la colocación de alcantarillas en calles Formosa, Río Negro y Norberto Blanes.
Esta intervención forma parte del Plan de Conectividad e Infraestructura Vial, que prevé una serie de mejoras en arterias clave de la ciudad para facilitar la circulación vehicular y la integración entre distintos sectores.
Política
El bloque opositor constituye mayoría en el Consejo Superior del IUPA y exige condiciones para una transición democrática plena
El 30 de marzo se llevará adelante la primera sesión del Consejo Superior, donde se elegirán las nuevas autoridades que conducirán la institución.
Los comicios celebrados los días 15 y 16 de marzo en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) han dado como resultado la conformación de un bloque opositor mayoritario en el Consejo Superior, integrado por las fuerzas Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa. Este bloque, que se identifica como Consejeros Electos por la Transparencia, emitió un comunicado manifestando su posición ante la comunidad universitaria y la opinión pública.
«El bloque opositor reconoce y valida la elección de los consejeros estudiantiles de La 17 y Unesa, obtenida de manera transparente y ajustada a derecho, con la presencia de autoridades de mesa reconocidas en los padrones oficiales y fiscales de todas las fuerzas participantes del acto electoral de la sede central», indicaron.
Asimismo, «desconoce los resultados irregulares provenientes de las urnas de las dependencias adicionales y autoridades de mesa (Disposición N° 005/2026), debidamente observadas por las listas en instancias previas y durante el acto eleccionario».
Además, el bloque opositor denunció que las autoridades normalizadoras «están realizando una manipulación maliciosa de la información al difundir resultados electorales a través de medios oficiales sin respaldo documental alguno, sin haber puesto a disposición de las fuerzas políticas ningún tipo de documentación oficial que los acredite. Este proceder constituye un acto de negligencia institucional que vicia de nulidad cualquier comunicación oficial en ese sentido».
En virtud de lo expuesto, el bloque considera pertinente la creación de una comisión de investigación sobre las actuaciones de la Junta Electoral a lo largo de todo el proceso electivo, con el objetivo de analizar si las acciones llevadas adelante han cumplido con los principios de transparencia e imparcialidad que deben regir todo acto democrático. El bloque se reserva el derecho de iniciar sumarios administrativos, disciplinares y legales si las irregularidades verificadas así lo requirieran.
Finalmente manifestaron que las fuerzas que conforman el bloque opositor electo exigen condiciones plenas para ejercer su mandato como representantes democráticos en la primera sesión del Consejo Superior, prevista para el 30 de marzo, instancia en la que se elegirán las nuevas autoridades que conducirán el período democrático de la universidad de las artes de la provincia.
Todas las autoridades designadas por el rector normalizador deben dar lugar a la nueva conducción elegida por los representantes democráticos. Esto incluye al rector, vicerrector, directores y secretarios. «No puede haber democracia universitaria plena mientras persistan en sus funciones autoridades no surgidas del voto de la comunidad», indicaron.
«El IUPA le debe a su comunidad una universidad democrática, transparente y abierta. Ese es el mandato que recibimos en las urnas y ese es el compromiso que asumimos», concluye el comunicado firmaron por Consejeros Electos por la Transparencia (Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa).
Política
Tensión en el IUPA tras las elecciones: Impugnaciones, acusaciones y disputa por el Consejo Superior
La oposición asegura haber logrado mayoría, mientras el oficialismo reivindica el resultado electoral.
Las elecciones en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), realizadas entre el domingo (15/03) y el lunes (16/03), marcaron un hecho clave en el proceso de normalización institucional, pero derivaron en un fuerte conflicto político y denuncias cruzadas entre distintos sectores de la comunidad universitaria.
Desde la institución se destacó la participación de docentes, estudiantes y personal no docente en la elección de representantes para el Consejo Superior, el máximo órgano de gobierno. Según el escrutinio provisorio, la lista oficialista La Unión obtuvo un amplio respaldo en varios claustros.
Sin embargo, la oposición y sectores estudiantiles denunciaron irregularidades en el proceso electoral. Agrupaciones opositoras, entre ellas la Lista 10 -que es la que más sufragios recibió de la oposición- impugnaron el resultado al sostener que se incorporó fuera de término un padrón de estudiantes vinculados a programas de extensión, lo que -según afirmaron- habría alterado el resultado final en el claustro estudiantil.
De acuerdo a esa denuncia, en la sede central votaron 611 estudiantes y ninguna de las listas con mayor respaldo en ese ámbito obtuvo representación, mientras que la lista oficialista logró las dos bancas a partir de votos provenientes de otras localidades.
Además, se cuestionaron aspectos vinculados a la fiscalización, el escrutinio y la conformación de mesas, lo que motivó pedidos de impugnación y la convocatoria a una asamblea para definir posibles medidas de protesta.
Desde el oficialismo, en tanto, rechazaron de manera categórica las acusaciones y denunciaron intentos de deslegitimar el proceso electoral. En un comunicado, sostuvieron que las elecciones se realizaron con todas las garantías institucionales y acusaron a sectores opositores de promover acciones de «violencia política» y desinformación.
En paralelo, desde espacios opositores también se difundieron resultados propios que indicarían una mayoría de consejeros contrarios al oficialismo dentro del futuro Consejo Superior, lo que podría incidir directamente en la elección del rector prevista para fin de mes.
El proceso continúa abierto a la espera del escrutinio definitivo, que será clave para validar los resultados y definir la composición final del órgano de gobierno.
