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Sociedad

El Gobierno Provincial propuso la creación de una Secretaría de Narcocriminalidad

Estará destinada a la coordinación de una ofensiva contra el tráfico ilegal de drogas y la criminalidad.

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El Poder Ejecutivo Provincial elevó hoy a la Legislatura de Río Negro el proyecto de ley con acuerdo de Ministros que propone la creación, en el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia, de la Secretaría de Narcocriminalidad, destinada a la coordinación de una decidida ofensiva del Estado Provincial contra el tráfico ilegal de drogas y la criminalidad que conlleva.

La Secretaría de Narcocriminalidad promoverá la cooperación con la Justicia Federal y el Ministerio Público Fiscal Nacional, especialmente con la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y con la Procuraduría de Criminalidad Económica y lavado de Activos (PROCELAC).

Además, asistirá al Poder Ejecutivo en la elaboración de políticas públicas y formación de estrategias de actuación en la lucha contra la narcocriminalidad en todas sus etapas: tenencia, utilización, producción, fabricación, extracción, preparación, transporte, almacenamiento, comercialización, etcétera.

Esta nueva cartera originará y establecerá programas y convenios en la materia, de cooperación mutua y recíproca, con las Fuerzas de Seguridad federales, Ministerio de Seguridad de la Nación, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Fronteras, Ministerio de Justicia y DD.HH de la Nación, Secretaría para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el narcotráfico (SEDRONAR), Agencia Federal de inteligencia (AFI), Unidad de Información Financiera (UIF), y demás organismos provinciales o nacionales o internacionales involucrados en la lucha contra el flagelo de la droga, con el acuerdo previo del Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia.

La Secretaría de Narcocriminalidad centralizará la información de las bases de datos existentes o a crearse y los antecedentes que contribuyan a la inteligencia antinarcocriminalidad; así como también la capacitación específica de todo el personal comprendido, en especial las fuerzas de seguridad, en estrategias de investigación y técnicas de investigación; y diseñará y desarrollará una base de datos y estadísticas y un mapa del delito en Narcocriminalidad.

Sobre este tema, el ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro, Gastón Pérez Estevan, explicó que “esta Secretaría, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, será un nexo con la Justicia Federal, que tiene a su cargo los casos de narcocrimen, narcomenudeo o narcotráfico. Nos parece importante tener un espacio para poder trabajar políticas públicas contra el narcotráfico desde el Ejecutivo Provincial, más precisamente desde nuestro Ministerio”.

“Hoy trabajamos de manera aislada desde las Brigadas de Investigaciones de cada Unidad Regional o Comisaría a instancias de los Juzgados Federales. Consideramos que la Provincia debe tener un espacio para coordinar políticas públicas, aunar criterios, y trabajar coordinadamente, sabiendo las distintas realidades y poder así manejar un mapa del delito y las estadísticas correspondientes en materia de narcotráfico”, añadió.

Rescató que en los últimos tiempos ha habido muy importantes resultados del trabajo de la Policía contra el narcotráfico en el Alto Valle, Valle Medio y Valle Inferior.

Añadió que “el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, cuenta con presupuestos y partidas nuevas para trabajar fuertemente en materia de narcotráfico y narcocriminalidad. Generar este espacio hace que podamos tener un seguimiento y ejecución de estos convenios en los que la Provincia es beneficiaria”.

“Trabajar con personal específico y en forma coordinada para en análisis de la información que se posee sobre la política criminal, con un banco estadístico propio será una importante herramienta para tener como nexo entre las fuerzas federales, la Justicia Federal y la Policía de Río Negro”, añadió.

Pérez Estevan añadió que “el gobernador Alberto Weretilneck nos solicitó que trabajemos sobre la creación de esta Secretaría, porque hoy una de las principales falencias en la ejecución de las políticas está relacionada con la falta de un espacio para trabajar en conjunto en materia de narcotráfico y narcocriminalidad”.

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Río Negro

Río Negro abonó la totalidad de los salarios al personal estatal

Este martes cobraron todos los trabajadores públicos rionegrinos.

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El Gobierno Provincial concretó hoy (02/06) el pago de sueldos al personal de la Administración Pública, «ratificando la política sostenida de previsiblidad, con un orden financiero que permite llevar certezas a estatales de Río Negro», destacaron desde el Ejecutivo.

«De esta manera, se sostiene el rumbo que se enmarca en una gestión responsable de los recursos públicos, cumpliendo en tiempo y forma con las obligaciones en materia de salarios a la planta de trabajadores estatales», agregaron.

Percibieron sus haberes personal de la Salud Pública, con guardias y horas extras; Policía de Río Negro y Servicio Penitenciario Provincial; docentes y porteros; agentes de la Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, pensiones de Bomberos Voluntarios, y los poderes Legislativo y Judicial junto a organismos de control.

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Judiciales

Quisieron cobrarle una deuda en dólares, pero la firma del pagaré era falsa

El fuero Civil ordenó una pericia caligráfica y el estudio determinó que la rúbrica estampada en el documento era falsa.

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Una mujer de Cipolletti enfrentó un intento de cobro por una suma en dólares a través de un pagaré. Ella se opuso a la ejecución, negó que la firma fuera suya y el fuero Civil ordenó una pericia caligráfica. El estudio determinó que la rúbrica estampada en el documento era falsa, por lo que se rechazó el reclamo y se dejó sin efecto la sentencia monitoria dictada al inicio del trámite.

El reclamo fue promovido por un hombre que poseía un pagaré. En una primera etapa, el trámite avanzó con una sentencia monitoria. Luego, la mujer se presentó en el expediente y planteó una excepción de falsedad de título, una defensa prevista en el Código Procesal Civil y Comercial para discutir la autenticidad del documento utilizado como base de una ejecución.

En su presentación, la mujer sostuvo que la firma atribuida a ella no le pertenecía. También negó haber mantenido trato con la persona que reclamó el pago y desconoció la existencia de la deuda. El planteo abrió el análisis sobre la validez del pagaré presentado para exigir el cobro.

La contraparte no contestó el traslado de esa defensa. Ante esa situación, el fuero Civil dispuso la producción de prueba y ordenó una pericia caligráfica. La medida tuvo como objetivo examinar la firma cuestionada y comparar sus características con material indubitado de la mujer.

El informe técnico marcó varios puntos. La perita indicó que no resultaba posible determinar la antigüedad relativa de las inscripciones ni establecer si la firma y el resto del contenido del pagaré se realizaron en el mismo momento. También señaló que se utilizaron dos instrumentos escriturales distintos y que el completado del documento revelaba una secuencia de plasmación.

La conclusión central fue categórica: «La firma estampada en el documento base de la presente acción no fue realizada de puño y letra» por la mujer. En otros términos, según el dictamen, esa firma no le pertenecía. La pericia no recibió impugnaciones ni pedidos de explicaciones.

La resolución del fuero Civil destacó que, en los procesos ejecutivos, la excepción de falsedad de título puede plantearse cuando se cuestiona una adulteración del documento. En el caso de la firma, la falsedad puede configurarse si se acredita que la rúbrica inserta en el instrumento no pertenece a la persona contra la cual se dirige el reclamo.

El fallo también recordó que la pericia caligráfica resulta una prueba fundamental cuando se discute la autenticidad de una firma. Aunque ese dictamen no obliga de manera automática a quien decide, la resolución indicó que no corresponde apartarse de sus conclusiones sin fundamentos.

En este expediente, el informe fue considerado claro, preciso y ajustado a las exigencias procesales. La resolución valoró que la especialista detalló la metodología empleada, el instrumental científico utilizado, la bibliografía de base y los materiales de cotejo.

Con esos elementos, el fuero Civil hizo lugar a la excepción de falsedad de título presentada por la mujer. En consecuencia, rechazó la ejecución promovida en su contra y dejó sin efecto la sentencia monitoria. También dispuso que, una vez firme la resolución, se levante el embargo trabado sobre sus fondos.

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Roca

Retuvieron 45 vehículos en una semana de controles de tránsito en Roca

8 vehículos fueron retenidos por delegar la conducción a menores de edad y 7 por generar ruidos molestos.

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Los operativos de control de tránsito realizados en General Roca durante la última semana finalizaron con 93 actas de infracción labradas y la retención preventiva de 45 vehículos por distintas irregularidades.

Según informó el Municipio, los procedimientos fueron llevados adelante por inspectores de Tránsito entre el lunes (25/05) y el domingo (31/05) en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad vial tanto en el sector urbano como en la zona rural.

Como resultado de los controles, se detectaron 10 casos de alcoholemia positiva. Además, se procedió al secuestro preventivo de 33 motocicletas y 12 automóviles.

De acuerdo con el detalle oficial, 7 vehículos fueron retenidos por alcoholemia positiva, otros 7 por generar ruidos molestos, 8 por delegar la conducción a menores de edad y 23 por falta de documentación obligatoria.

Las infracciones más recurrentes estuvieron relacionadas con la falta de licencia de conducir, ausencia de seguro, falta de chapa patente y circulación en contramano.

Desde la Dirección de Tránsito recordaron que en la ciudad se encuentra vigente la Ordenanza N° 5020/23 de Alcohol Cero al Volante, que prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con una graduación alcohólica superior a cero.

La normativa contempla multas que van desde los 1.000 hasta los 3.000 USAM, equivalentes actualmente a entre $1.200.000 y $3.600.000, además de la inhabilitación de la licencia de conducir.

Las autoridades insistieron en la necesidad de evitar el consumo de alcohol antes de conducir y recomendaron designar un conductor responsable para prevenir siniestros viales y proteger la seguridad de toda la comunidad.

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