Sociedad
El Gobierno Provincial propuso la creación de una Secretaría de Narcocriminalidad
Estará destinada a la coordinación de una ofensiva contra el tráfico ilegal de drogas y la criminalidad.
El Poder Ejecutivo Provincial elevó hoy a la Legislatura de Río Negro el proyecto de ley con acuerdo de Ministros que propone la creación, en el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia, de la Secretaría de Narcocriminalidad, destinada a la coordinación de una decidida ofensiva del Estado Provincial contra el tráfico ilegal de drogas y la criminalidad que conlleva.
La Secretaría de Narcocriminalidad promoverá la cooperación con la Justicia Federal y el Ministerio Público Fiscal Nacional, especialmente con la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y con la Procuraduría de Criminalidad Económica y lavado de Activos (PROCELAC).
Además, asistirá al Poder Ejecutivo en la elaboración de políticas públicas y formación de estrategias de actuación en la lucha contra la narcocriminalidad en todas sus etapas: tenencia, utilización, producción, fabricación, extracción, preparación, transporte, almacenamiento, comercialización, etcétera.
Esta nueva cartera originará y establecerá programas y convenios en la materia, de cooperación mutua y recíproca, con las Fuerzas de Seguridad federales, Ministerio de Seguridad de la Nación, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Fronteras, Ministerio de Justicia y DD.HH de la Nación, Secretaría para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el narcotráfico (SEDRONAR), Agencia Federal de inteligencia (AFI), Unidad de Información Financiera (UIF), y demás organismos provinciales o nacionales o internacionales involucrados en la lucha contra el flagelo de la droga, con el acuerdo previo del Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia.
La Secretaría de Narcocriminalidad centralizará la información de las bases de datos existentes o a crearse y los antecedentes que contribuyan a la inteligencia antinarcocriminalidad; así como también la capacitación específica de todo el personal comprendido, en especial las fuerzas de seguridad, en estrategias de investigación y técnicas de investigación; y diseñará y desarrollará una base de datos y estadísticas y un mapa del delito en Narcocriminalidad.
Sobre este tema, el ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro, Gastón Pérez Estevan, explicó que “esta Secretaría, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, será un nexo con la Justicia Federal, que tiene a su cargo los casos de narcocrimen, narcomenudeo o narcotráfico. Nos parece importante tener un espacio para poder trabajar políticas públicas contra el narcotráfico desde el Ejecutivo Provincial, más precisamente desde nuestro Ministerio”.
“Hoy trabajamos de manera aislada desde las Brigadas de Investigaciones de cada Unidad Regional o Comisaría a instancias de los Juzgados Federales. Consideramos que la Provincia debe tener un espacio para coordinar políticas públicas, aunar criterios, y trabajar coordinadamente, sabiendo las distintas realidades y poder así manejar un mapa del delito y las estadísticas correspondientes en materia de narcotráfico”, añadió.
Rescató que en los últimos tiempos ha habido muy importantes resultados del trabajo de la Policía contra el narcotráfico en el Alto Valle, Valle Medio y Valle Inferior.
Añadió que “el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, cuenta con presupuestos y partidas nuevas para trabajar fuertemente en materia de narcotráfico y narcocriminalidad. Generar este espacio hace que podamos tener un seguimiento y ejecución de estos convenios en los que la Provincia es beneficiaria”.
“Trabajar con personal específico y en forma coordinada para en análisis de la información que se posee sobre la política criminal, con un banco estadístico propio será una importante herramienta para tener como nexo entre las fuerzas federales, la Justicia Federal y la Policía de Río Negro”, añadió.
Pérez Estevan añadió que “el gobernador Alberto Weretilneck nos solicitó que trabajemos sobre la creación de esta Secretaría, porque hoy una de las principales falencias en la ejecución de las políticas está relacionada con la falta de un espacio para trabajar en conjunto en materia de narcotráfico y narcocriminalidad”.
Roca
El Municipio aseguró que la Fiesta de la Manzana dejó más de $10.000 millones en la economía local
El neto total invertido por la comuna roquense fue de $2.372 millones.
La Fiesta Nacional de la Manzana cerró su edición 2026 con un balance «altamente positivo», según evaluó el Municipio de Roca. La nueva disposición del predio y las condiciones climáticas favorables generaron el marco ideal para que miles de personas disfrutaran durante las tres jornadas.
Desde la organización destacaron la diversidad de propuestas artísticas, la integración de los espacios y la fluidez en la circulación dentro del predio. También se subrayó el operativo de seguridad, tanto en el interior como en el exterior del evento, que permitió un desarrollo sin incidentes de gravedad pese a la masividad.
En el plano económico, se estima que el movimiento generado en la ciudad y el Alto Valle superó los 10.000 millones de pesos, con fuerte repercusión en los sectores hotelero, gastronómico, turístico, comercial y de servicios.
La intendenta María Emilia Soria, presidenta de la Comisión Organizadora de la FNM, destacó el trabajo del personal municipal, fuerzas de seguridad, salud y bomberos. «El cuidado de cada detalle de la organización, el control de accesos, el predio bien iluminado, cómodo y limpio, permitió que el público disfrutara sintiéndose tranquilo y seguro», expresó.
En cuanto a los números oficiales, el neto total invertido en la FNM 2026 fue de $2.372.052.361, compuesto por $3.019.718.941 de egresos y $647.666.580 de ingresos.
Entre los principales ingresos se contabilizaron la venta de stands y puestos de artesanos ($303.713.549), entradas ($172.315.000), aportes de empresas auspiciantes ($138.538.031) y otros conceptos como licitaciones y publicidad ($33.100.000).
Respecto a los egresos, las mayores partidas se destinaron a la contratación de artistas ($1.211.991.460), escenario, sonido y pantallas ($859.887.916), alojamientos ($17.438.341) y gastos generales y preparación del predio ($930.401.224). Dentro de este último ítem se incluyó la contratación de adicionales de la Policía de Río Negro por $113.382.700, con el objetivo de reforzar la seguridad sin afectar el servicio en la ciudad.
Judiciales
Vendió su vehículo de trabajo para cancelar un plan, pero el auto nunca llegó: Deberán entregarle uno nuevo y compensar el daño causado
La sentencia ordenó entregar el vehículo pactado y una indemnización total de 13,5 millones de pesos.
Confió en la palabra del vendedor, reorganizó su economía familiar y tomó una decisión que afectó de manera directa su actividad profesional: vendió la camioneta con la que trabajaba para cancelar anticipadamente un plan de ahorro y así acceder al modelo que le habían prometido. El vehículo nuevo nunca fue entregado y el conflicto culminó con una sentencia del fuero Civil de Bariloche que ordenó cumplir con la entrega del rodado y pagar una indemnización millonaria.
El fallo responsabilizó en forma solidaria a Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados y a la concesionaria oficial Automotores Fiorasi y Corradi S.A., al considerar acreditado el incumplimiento contractual y la vulneración de derechos básicos del consumidor, en especial el deber de información clara y detallada.
El hombre, maestro mayor de obras, había suscripto un plan de ahorro para una Volkswagen Saveiro en su versión base, pero según expuso en la demanda, desde el inicio recibió la promesa de que podría cambiar a una versión superior si cancelaba la totalidad del plan antes de tiempo y abonaba la diferencia correspondiente, beneficio que incluía además ciertas bonificaciones comerciales ofrecidas por el concesionario.
Con esa expectativa y ante la necesidad de contar con un vehículo adecuado para su actividad laboral, decidió vender su camioneta, una Ford Ranger que utilizaba como herramienta de trabajo, y destinó el dinero obtenido a cancelar el plan en su totalidad, convencido de que ese paso destrabaría la adjudicación y permitiría concretar el cambio de modelo.
Sin embargo, tras la cancelación comenzaron las dilaciones, los pedidos de pagos adicionales sin precisión suficiente sobre los montos y las explicaciones cambiantes respecto de la disponibilidad de la unidad. En un momento se le informó que existía un vehículo asignado, pero la operación no avanzó y luego se le comunicó que esa unidad ya no estaba disponible, situación que lo llevó a formular reclamos administrativos ante Defensa del Consumidor, donde obtuvo una resolución favorable que tampoco logró la entrega efectiva.
Ante la persistencia del incumplimiento, promovió una demanda civil en la que reclamó la entrega del vehículo comprometido y una indemnización por los daños sufridos, entre ellos el impacto emocional, la imposibilidad de utilizar un rodado propio para trabajar y la conducta que consideró abusiva por parte de las empresas involucradas.
Uno de los ejes centrales de la sentencia fue el deber de información. El juez interviniente consideró probado que el plan estaba cancelado y que existía adjudicación, pero entendió que las demandadas no acreditaron haber brindado información cierta, clara y detallada acerca de los requisitos finales, los importes exigibles para el cambio de modelo y los pasos concretos para efectivizar la entrega. Aplicó el principio de cargas probatorias dinámicas, según el cual en las relaciones de consumo la empresa tiene la obligación de aportar al proceso la documentación y los datos que obran en su poder, de modo que la falta de precisión y respaldo documental jugó en su contra.
La sentencia ordenó entregar el vehículo pactado -o uno de similares características si el modelo ya no se comercializa- y respetar las bonificaciones ofrecidas en el marco de la operación. Además fijó una indemnización total de 13,5 millones de pesos en concepto de daño moral, privación de uso y daño punitivo.
Para cuantificar el daño moral, el juez tuvo en cuenta la frustración generada por la falta de respuesta eficaz, la prolongación del conflicto y la afectación emocional acreditada mediante pericia psicológica, que dio cuenta de ansiedad y malestar vinculados con la situación. Reconoció también un monto por privación de uso del vehículo, al considerar que la indisponibilidad impactó de manera directa en la actividad profesional del demandante. El fallo de primera instancia no está firme porque puede ser apelado.
Roca
Alcohol cero en Roca: Detectaron infracciones y retuvieron motos y autos
Se confeccionaron 121 actas y se detectaron 9 casos de alcoholemia positiva.
Como ocurre semanalmente, inspectores municipales de Tránsito realizaron controles en diferentes sectores de General Roca con el objetivo de preservar la seguridad vial, tanto en la zona rural como en el centro.
Los operativos, desarrollados entre el lunes (16/02) y el domingo (22/02), arrojaron como resultado la confección de 121 actas, de las cuales 9 fueron por alcoholemia positiva. En esos casos se procedió a la retención preventiva de 6 vehículos.
Además, se concretaron otras 4 retenciones por distintas infracciones, lo que elevó el total a 10 vehículos retenidos: 8 motos y 2 automóviles. Según se informó, las faltas más frecuentes fueron la ausencia de licencia de conducir y de seguro obligatorio.
Desde el Municipio recordaron que se encuentra vigente la Ordenanza N° 5020/23 de alcohol cero al volante, que prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre.
