Río Negro
En la audiencia pública, la Defensora dijo que «las tarifas deben tener en cuenta la realidad económica y social»
Nadina Díaz, Defensora del Pueblo de Río Negro, representó a la Provincia y a Neuquén y Chubut en la audiencia pública del pasado viernes.
La Defensora del Pueblo de Río Negro, Nadina Díaz, reivindicó el pasado viernes la necesidad de que la «Patagonia tenga un tratamiento diferenciado al resto del país en materia de tarifa de gas». Sostuvo que «los aumentos fueron arbitrarios en un servicio público que constituye un derecho humano básico».
Nadina Díaz habló en el marco de la Audiencia Pública convocada por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, para el tratamiento del nuevo cuadro tarifario para el gas dispuesto por el Gobierno Nacional y que generó la presentación de recursos de amparo en el ámbito de la Justicia Federal. La Defensora rionegrina asumió en este ámbito la representación de los Defensores de Neuquén y Chubut, exponiendo la posición de los organismos de control en torno a este debate nacional.
Expresó en su exposición que «la necesidad insoslayable de debatir la cuestión de fondo que es la afectación económica y social que los aumentos implican. Esta decisión atraviesa transversalmente a la familia, a la salud, a la educación, a los pequeños comerciantes, a los clubes de barrio, cooperativas, a las pymes, a la sociedad en su conjunto».
Luego de señalar la presentación de amparos para resguardar a los usuarios, expreso la necesidad de que cada decisión del Gobierno Nacional debe contemplar necesariamente al ser humano como único destinatario de los efectos de sus decisiones. «No podemos vaciar de contenido cada una de las medidas y que estas expresen solamente el resultado de una ecuación económica», sostuvo.
Dijo que «hay sectores de la sociedad que no están en condiciones de asumir este costo adicional, por ello señalamos la necesidad de que cada acción del estado tenga la necesaria cuota de racionalidad y sensibilidad».
Seguidamente dejó sentada la necesidad de la discusión regional para la aplicación de cualquier modificación en las tarifas de servicios públicos y reclamó que «se explicite la estructura de costos que determina el precio de gas en boca de pozo, cifra hoy muy superior al costo internacional».
Señaló además «la necesidad de que el Enargás asuma su objetivo principal motivo de su creación que es la adecuada protección de los derechos de los consumidores, ente que hoy tiene una virtual ausencia en la Patagonia».
Dijo que en esta región el clima impacta fuertemente en cada hogar. «Es por eso que no puede haber racionalidad en las decisiones si no se contemplan las desigualdades territoriales. La tarifa no puede ser una consecuencia aritmética. Debe ponderar indefectiblemente estas características por que sino cualquier decisión volverá a ser arbitraria desde lo económico y lo social».
Sostuvo en este sentido que «el costo de vida en el sur del país es mayor que en otras región por lo que esta diferenciación no debe verse como un privilegio sino como una cuestión de equidad».
Luego de reclamar que «las Provincias no pueden ser ajenas a estas decisiones por tener el dominio originario de sus recursos naturales y pasar a ser partícipes activos de las decisiones en materia hidrocarburífera, recordó los aspectos centrales en los que se fundamentaron los tres amparos por los que se reclamó la nulidad de las resoluciones que dispusieron los aumentos».
Se señaló en las acciones judiciales que se trataba de «actos administrativos ilegales y que vulneraban la protección económica y social de los usuarios al desconocer los preceptos jurídicos de proporcionalidad, igualdad racionalidad y legalidad».
Agregó que «además no se tuvo en cuenta a aquellos usuarios que deben abastecerse de garrafas y tubos que quedaron sujetos también a aumentos en los valores».
«Aun ahora a la luz de las modificaciones que se pretenden introducir para morigerar los impactos, sostenemos que todo aumento debe tener su cuota de racionalidad y progresividad y que coadyuve a la recuperación salarial de todos los trabajadores».
«Lo que más debe movilizarnos es el claro y justo reclamo social de lo que menos tienen, de los que por vivir en regiones frías y alejadas, son los más afectados. El reclamo es sencillo y directo. Dispongamos de tarifas racionales que contemplen la necesidad de ir adecuado los valores reales del producto pero que también tengan en cuenta la realidad de cada hogar, de aquellos que viven en regiones como la Patagonia, donde el frío impera y las condiciones sociales, económicas y de infraestructura de servicio, hacen necesario un tratamiento diferenciado».
«Tengamos una mirada más abarcativa ya que no solo son fríos los números. Hace frío en miles de hogares argentinos», concluyó Nadina Díaz.
Política
Weretilneck recorrió los trabajos que dejarán a Río Negro libre de PCB
Los equipos están siendo preparados para su exportación y tratamiento final en una planta especializada en el exterior.
El gobernador Alberto Weretilneck recorrió Sierra Grande y verificó los trabajos de acondicionamiento de transformadores contaminados con PCB almacenados en el predio de Hiparsa, en el marco del operativo que permitirá eliminar de manera definitiva este pasivo ambiental histórico.
Las tareas forman parte del plan provincial de gestión de pasivos ambientales y comprenden el acondicionamiento técnico de cerca de 70 transformadores que contenían PCB, una sustancia altamente contaminante. Los equipos están siendo preparados para su exportación y tratamiento final en una planta especializada en el exterior, conforme a la normativa internacional vigente.
Durante la recorrida, Weretilneck destacó que se desarrolla un trabajo «serio y profesional» para eliminar definitivamente esta sustancia. «Cuidar el ambiente también es hacernos cargo de estos pasivos, generar empleo calificado y aplicar rigor técnico para dejar a Río Negro libre de contaminantes peligrosos», indicó.
Desde el equipo técnico a cargo de las tareas señalaron que el proceso incluye el acondicionamiento de transformadores ya desaceitados, con estándares internacionales de seguridad, lo que permitirá concretar la exportación a fines de enero. Destacaron además el acompañamiento de la Provincia y del Estado Nacional para cerrar una etapa compleja desde el punto de vista ambiental.
El operativo es resultado del trabajo articulado entre la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y Hiparsa. Los componentes sólidos son embalados en big bags homologados y consolidados en contenedores marítimos dentro del predio, con control de Aduana y Prefectura.
Una vez finalizada esta etapa, los residuos serán trasladados al puerto y enviados a Francia, donde la empresa Trédi realizará el tratamiento final mediante procesos de descontaminación en autoclave e incineración de alta temperatura, garantizando la eliminación total del contaminante.
El proceso cuenta con financiamiento del PNUD, que cubre la logística, el transporte y el tratamiento final. Una vez certificada la eliminación, la Provincia gestionará la baja definitiva de los equipos en el Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCB, completando un hito clave en la política ambiental rionegrina.
Acompañaron la recorrida el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; el presidente del bloque de JSRN, Facundo López y el interventor del IPPV, Mariano Lavin, entre otras autoridades.
Policiales
Río Negro tendrá una nueva Agencia Antinarcóticos
Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.
El Gobierno avanza en la elaboración del proyecto de ley para crear la Agencia Provincial de Lucha contra el Narcotráfico, uno de los objetivos estratégicos definidos por el gobernador Alberto Weretilneck para 2026. Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.
La iniciativa fue anunciada por el gobernador durante el acto central por el Día de la Policía de Río Negro en Los Menucos, donde subrayó la necesidad de dotar al Estado provincial de más herramientas para enfrentar al narcotráfico, al que calificó como «la gran amenaza que tenemos como sociedad».
El secretario de Narcocriminalidad del Ministerio de Seguridad y Justicia, Darío Buonaventura, profundizó sobre el proyecto y detalló que la nueva Agencia se integrará al trabajo que hoy realizan la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) y las delegaciones de Toxicomanía de la Policía de Río Negro. «Es una sumatoria de capacidades, necesaria para enfrentar una temática cada vez más compleja, que exige recursos acordes y personal altamente capacitado», señaló.
Respecto de los ejes centrales del organismo, Buonaventura indicó que estarán enfocados en la profesionalización permanente del recurso humano, la capacitación continua y la conformación de equipos operativos dedicados exclusivamente a delitos complejos y lavado de activos.
El funcionario destacó que la Provincia viene consolidando su política de formación mediante capacitaciones nacionales e internacionales, incluyendo entrenamientos con especialistas de Colombia, la Embajada de Estados Unidos, la DEA y con el PROCUNAR. «La capacitación es una premisa fundamental establecida por el Ministro Daniel Jara. Este proceso se va a seguir revalorizando porque es clave para el personal que interviene en este tipo de actividades», afirmó.
Judiciales
Un emoji en redes sociales terminó en una prohibición de contacto entre dos vecinos
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con ‘me divierte’ al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería.
Lo que empezó como una simple reacción en redes sociales derivó en una causa contravencional, una audiencia en el Juzgado de Paz de Sierra Grande y la imposición de medidas de restricción entre dos vecinos.
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con un emoji al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería. El ícono representaba un ‘me divierte’. Esa interacción digital generó malestar y escaló rápidamente: según el denunciante, la situación derivó en actos de hostigamiento y mensajes que afectaron su tranquilidad.
Ambos vecinos fueron citados a audiencia. Allí se ratificó la denuncia y pidió que cesaran los actos molestos, tanto personales como a través de redes sociales. Por su parte, el otro hombre negó haber hecho amenazas y sostuvo que únicamente le pidió una explicación por el emoji que había reaccionado al comentario sobre su remisería. Incluso presentó los mensajes que él mismo envió.
La jueza de Paz analizó el caso y concluyó que los hechos denunciados encuadran en el artículo 40 de la Ley D 5592/22, que sanciona actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas. Destacó que el Estado debe actuar con «debida diligencia reforzada» frente a conflictos que, aun originados en espacios digitales, puedan derivar en situaciones de violencia.
Como resultado, la magistrada ordenó medidas preventivas, cautelares y provisorias para ambas partes: prohibición total de contacto por cualquier vía -verbal, telefónica, digital o por redes sociales-, tanto de manera directa como a través de terceros, y la prohibición de difundir comentarios o publicaciones relacionadas con el conflicto.
La Comisaría fue notificada para controlar el cumplimiento de la medida. Además, la jueza exhortó a ambos vecinos a evitar provocaciones, no exponer públicamente el conflicto y recurrir a mecanismos institucionales como la mediación comunitaria o programas de prevención de la violencia.
El fallo advierte que cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta trabajo comunitario, multa o arresto.
